Mundo Indígena 2019: México

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en México

En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria distinta. De acuerdo con cifras oficiales, principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 6.5% de la población nacional está registrada como hablante de alguna lengua indígena, siendo alrededor de 7.4 millones de personas. También, el 10.6% de los habitantes del país mostró vivir en un hogar indígena, correspondiente a 12 millones de personas. Por último, 27.5 millones de personas manifestaron su auto adscripción como pertenecientes a algún pueblo indígena, representando el 21.5% de la población nacional.

La probeza en las comunidades indígenas sigue siendo un problema grave, ya que 71.9% de la población indígena vive en una situación de pobreza y 28% en la pobreza extrema.¹ Los pueblos indígenas en México han visto un crecimiento sostenido de la población debido a las elevadas tasas de fertilidad (3.1) en comparación con el promedio nacional (2.3), sobrepasadas solamente por la tasa de mortalidad general (con tasas de mortalidad infantil y materna significativas, persistentes y problemáticas que casi triplican el promedio nacional en algunos estados).

México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 se reconoció a México como una nación pluricultural al modificarse el artículo VI de la Constitución. En 2001, como resultado de la movilización de los pueblos indígenas demandando la legislación de los “Acuerdos de San Andrés”–negociados en 1996 entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución mexicana. A partir de 2003, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) iniciaron la puesta en práctica de los Acuerdos a lo largo de sus territorios, creando gobiernos indígenas autónomos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. En 2007, México votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Otro aspecto a resaltar es la presentación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018–2024, en donde el Estado mexicano:

El 3 de julio de 2018, el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó las elecciones presidenciales con una votación sin precedentes de 30 millones de personas. La llegada de este nuevo grupo político al poder ha generado, al menos en apariencia, una reestructuración de la instancia federal encargada de la política pública hacia los pueblos indígenas, con lo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue sustituida – el 2 de octubre de 2018– por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) mediante ley expedida. Dentro de sus artículos destacamos que este nuevo organismo descentralizado de la administración pública federal tiene personalidad jurídica propia y autonomía presupuestal y administrativa y estará encargado, entre otros, de: apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa y conservación de los territorios indígenas; garantizar e implementar los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado; elaborar e impulsar los Planes Integrales de Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas; integrar y operar un Sistema Nacional de Información sobre Pueblos y Comunidades Indígenas; promover las medidas para que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. De igual forma, contará con un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el cual se pretende que funcione como un órgano de participación, consulta y vinculación con los pueblos indígenas y afromexicanos. En efecto, el Estado Mexicano ha designado al INPI como su entidad encargada de atender también al llamado “pueblo afromexicano”, es decir, a la población afrodescendiente mexicana. Así pues, el nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha establecido tres principales propósitos: el cumplimiento de los tratados de San Andrés; la inclusión de las recomendaciones de Naciones Unidas acerca de la autonomía de los pueblos indígenas; la incidencia en la política pública que permita a las comunidades indígenas su soberanía y libre decisión sobre sus recursos naturales.²

Reconoce a los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, con capacidad de definir libremente sus formas de organización política, así como su desarrollo económico, social y cultural –conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional– para superar las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, exclusión y discriminación que histórica y estructuralmente han vivido.

Entre las diversas acciones que lo integran destacamos:

• La creación de 133 Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas;

• La ampliación del número de concesiones comunitarias indígenas y la creación de un programa de financiamiento a medios de comunicación comunitarios e indígenas;

• La elaboración de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas;

• La implementación de Sistemas Normativos Indígenas en el marco de un pluralismo jurídico y fortalecer las instituciones comunitarias para el autogobierno;

• Consolidar el Padrón Nacional de Traductores e Intérpretes en lenguas indígenas; elaboración de los Planes Integrales de Desarrollo Regional; realizar la actualización del protocolo para la implementación del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado;

• Construir el Sistema de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos;

• Generar tipologías en consulta en función de posibles impactos y efectos; en coordinación con instituciones académicas, construir los conceptos que integran el derecho a las consultas;

• Crear y apoyar el funcionamiento del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas.

Crímenes contradefensores ambientales indígenas

México se ubicó en 2018 como uno de los países más peligrosos y letales para los defensores de medio ambiente. Así lo señaló la organización Global Witness, organización inglesa que reporta los homicidios de defensores ecologistas en el mundo, quien a través de su informe “¿A qué precio?”, calificó a México como el tercer país en América Latina con más asesinatos de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente, sólo después de Brasil y Colombia.³

El país experimentó un incremento sin precedentes respecto a la cantidad de estos crímenes, pues mientras en 2016 tres activistas medioambientales fueron asesinados, al año siguiente la cifra se quintuplicó, elevándose a 15 los homicidios, de los cuales 13 de ellos fueron contra activistas indígenas.⁴ Las agresiones en contra de los activistas del medio ambiente poseen un amplio antecedente. De 2008 a 2018 se cometieron 125 crímenes contra defensores del medio ambiente en el país, de los cuales 82 tuvieron como víctimas a indígenas, es decir, alrededor dos de cada tres casos. Incluso, en los primeros cinco años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto –de 2013 a 2017– se registraron 335 conflictos originados por la oposición de las comunidades a los diversos megaproyectos que se pretendían asentar en sus territorios.3 En consecuencia, los 125 crímenes cometidos contra activistas y defensores del medio ambiente se conformaron por 108 asesinatos y 17 desapariciones forzadas; 76 de estos casos ocurrieron en la administración presidencial de Felipe Calderón (2006-2012) y 49 en el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Del total de todos los crímenes, 82 de sus víctimas eran originarios de pueblos indígenas, es decir, aproximadamente el 66%, es decir, dos de cada tres casos. Se registraron 45 de estos crímenes en contra de habitantes pertenecientes a comunidades nahuas, 19 de pueblos purépechas, 8 de rarámuris, 4 de triquis, 3 de wixárikas, y uno de las comunidades yaquis, ayuuk, tsotsil y mixteco.⁵

El 75% de estas disputas respondió al desacuerdo de las comunidades en que se desarrollaban proyectos de índole extractivista y contaminante de recursos naturales tales como el agua, el viento, los minerales y la biodiversidad en su conjunto. Una de las luchas más características se desarrolla en contra de los proyectos mineros, ya que sus leyes son las más ambiguas, sus grados de contaminación son bastante altos debido a su realización a cielo abierto, además de ser el ramo empresarial que menos recursos aportan a las finanzas públicas del país. Las concesiones mineras se distinguen por permitir el pago entre 25 y 6 dólares por hectárea para explotar, extraer y vender los minerales por 50 años prorrogables por otro periodo temporal similar.⁶ 

Migración

En la actualidad, la presencia de la población indígena en los campos agrícolas de California, Estados Unidos, es significativa. Su presencia en estos mercados de trabajo corresponde al proceso que Durand denomina “indigenización de la mano de obra agrícola en Estados Unidos”.7 Esta población se ha incorporado a los trabajos que requieren un esfuerzo físico mayor y de los peor pagados, por lo que se considera que constituyen una reserva de mano de obra: “El último grupo dispuesto y capaz de trabajar en la agricultura bajo las condiciones actuales [...]”.⁸

En este país los indígenas mexicanos se insertan en condiciones de alta vulnerabilidad. Solís y Fortuny explican que ésta se asocia a la posición que ocupan en la estructura social: “la vulnerabilidad se multiplica debido a su posición de subordinación política, social y cultural, así como de explotación económica en México y en Estados Unidos”.⁹

La presencia indígena en los mercados de trabajo agrícola contradice las políticas de control migratorio, porque en las actividades agrícolas se incorpora un elevado número de población indocumentada. Una investigación de la Universidad de California, en Berkeley, reportó datos al respecto: “en cinco años (de 1992 a 1997) la proporción de trabajadores agrícolas en California que no están autorizados para trabajar legalmente en EU, se incrementó de 9 a 43%”. Lo anterior coincide con lo planteado por Barrón¹⁰ 7 respecto a que existe un mercado de trabajo que los absorbe.

En México, los indígenas mexicanos fueron “etnizados”, pasaron a ser minorías étnicas despojadas física y simbólicamente de sus territorios originales.¹¹ Con la formación del Estado fueron nuevamente etnizados, en tanto que el grupo en el poder no los incluyó como parte de la nación, por el contrario, buscó la homogenización de la sociedad nacional y la disolución de sus culturas. Ahora, como migrantes internacionales, vinculados al mercado de trabajo agrícola, forman parte de las minorías étnicas más desfavorecidas, por lo que viven un triple proceso de etnización. No obstante lo anterior, y ante las problemáticas que viven en su propio país,el trabajo agrícola asalariado sigue siendo una opción laboral en EEUU. 

EZLN, Tren Maya y Consulta

En 2017, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena postularon como precandidata a la presidencia del país a María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy, indígena nahua), quien no logró el registro como candidata independiente que le permitiría participar en la contienda electoral por la presidencia. Por el contrario, en un proceso nacional que tenía como objeto obtener su registro, Marichuy padecío una contienda desigual, plena de irregularidades y sin posibilidades reales de obtener una postulación por el 1% del padrón electoral federal. Sin embargo, a pesar de que en febrero de 2018, el Instituto Nacional Electoral anunció que Marichuy no logró el número de firmas necesarias para su postulación, reconoció que fue la precandidata que mayor número de firmas reales obtuvo, ya que sus contrapartes hicieron gala de fraudes diversos para lograr dicha nominación. Sin embargo, el candidato ganador de las elecciones no goza del respaldo del EZLN, quien através del subcomandante Galeano (antes Marcos), manifestó su profundo desacuerdo, considerándolo como “representante de la falsa izquierda”, señalando que varios funcionarios integrados a su proyecto de nación fueron responsables en matanzas como la de Acteal, Chiapas. Además, el EZLN ha señalado que López Obrador no representa un cambio genuino, considerando que pertenece más bien a la derecha moderada. Por su parte, el nuevo presidente señaló al ejército zapatista por considerar que dividió el voto en la izquierda al haber presentado a Marichuy a las elecciones.¹²

Otro punto que aumenta el desacuerdo en este contexto es el anuncio de la nueva administración federal del proyecto multimillonario del Tren Maya, en la península de Yucatán,“uniendo” cinco estados del país, atravesando diversos territorios indígenas y reservas ambientales, ante el cual el EZLN ha anunciado abiertamente su rechazo, manifestando que no permitirá que atraviese por su territorio. Tal declaración surge en un contexto en el que el gobierno federal ha impulsado una consulta pública para el proyecto del Tren Maya y un tren más que “unirá” al oceáno Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.El instrumento que se consolidó como un garante de los derechos de las comunidades indígenas –reconocido en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo– da la apariencia de haber sido retomado por el gobierno federal con fines de legitimizar los proyectos que pone a consulta, desvirtuando los objetivos de una consulta previa, libre e informada, en lo que algunos críticos han señalado como un proceso de banalización del mecanismo. Es un hecho que, en vísperas de cumplir 25 años de haber irrumpido en la realidad política de México, la relación del EZLN con el nuevo régimen se avisora conflictiva.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. CONEVAL, Medición de la pobreza 2014. Available at: http://bit.ly/2TeAYS6

2. García, J. (7 de julio, 2018). “Sólo el zapatismo se resiste a Obrador”. En El País [en línea].

3. Lira, I. (2018). “Corrupción de empresas y Estado hacen a México un país letal para defensores de la tierra: Informe”. En sin embargo [en línea]

4. García, J. (7 de julio, 2018). “Sólo el zapatismo se resiste a Obrador”. En El País [en línea].

5. López Bárcenas, (28 de diciembre, 2018). “El extractivismo y las luchas socioambientales”. En La Jornada [en línea].

6. López Bárcenas, (28 de diciembre, 2018). “El extractivismo y las luchas socioambientales”. En La Jornada [en línea].

7. Castellanos, L. (14 de noviembre, 2018). “Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos”. En Mexico.com [en línea].

8. Durán, Jorge, 2009, Massey, Douglas, Karen Prem, “Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos, las consecuencias de la guerra antimigrante”, en Papeles de Población, vol. 15, No 61, México, julio-septiembre.

9. Solís Lizama, Mirian y Patricia Fortuny Loret de Mola, 2010, “Otomíes hidalguenses y mayas yucatecos. Nuevas caras de la migración indígena y viejas formas de organización”, en Migraciones Internacionales, vol. 5, N_o 4, México, julio-diciembre, pp. 101-138.

10. Barrón Pérez, Antonieta, 2005, “Trabajadores agrícolas mexicanos en Ontario y California. El caso de los jornaleros en Salinas, Greenfield y Watsonville, California, USA y Simcoe, Ontario, Canadá”, en Revista Mexicana de Estudios Canadienses, vol. 1, No 9, México, junio, pp. 49-72.

11. Oommen, K., 1997, Citizenchip, Nationality and Ethnicity, Cambridge (USA), Polity Press, Blackwell Publishers.

12. Lira, I. (2018). “Corrupción de empresas y Estado hacen a México un país letal para defensores de la tierra: Informe”. En sin embargo [en línea]

José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la (PUIC-UNAM); Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico del PUIC-UNAM; Carolina Sánchez García, secretaría académica del PUIC-UNAM.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas