El Mundo Indígena 2026: Indonesia
Indonesia tiene una población de aproximadamente 250.000.000 personas.[1] La Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), una organización indígena independiente que representa a 2.596 comunidades indígenas en toda Indonesia, con un total de alrededor de 21.000.000 de miembros, estima que la cantidad de personas indígenas se sitúa entre 50.000.000 y 70.000.000 en el país.[2]
Desde la independencia de Indonesia en 1945 y hasta el año 2024, el programa de transmigración del gobierno[3] ha trasladado a más de 10.000.000 personas desde las islas densamente pobladas de Java, Madura, Bali y Lombok hacia regiones con grandes extensiones de tierra en las islas de Sumatra, Sulawesi, Kalimantan y Papúa, que son consideradas vacías, pero que, en realidad, están habitadas por Pueblos Indígenas.[4]
La tercera enmienda a la Constitución de Indonesia reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 18b-2.[5] En la legislación más reciente, existe un reconocimiento implícito de algunos derechos de estos Pueblos, incluidos la Ley n.º 5/1960 sobre la Regulación Agraria Básica,[6] la Ley n.º 39/1999 sobre los Derechos Humanos[7] y el Decreto MPR n.º X/2001 sobre la Reforma Agraria.[8] La Ley n.º 27/2007 sobre la Gestión de la Zona Costera y las Islas Pequeñas,[9] y la Ley n.º 32/2009 sobre el Medioambiente[10] usan claramente el término Masyarakat Adat (Pueblos Indígenas) y la definición operativa (en términos de características) de AMAN.[11] El Tribunal Constitucional ratificó los derechos constitucionales de los Pueblos Indígenas a sus tierras y territorios en mayo de 2013,[12] incluidos sus derechos colectivos a los bosques consuetudinarios. Sin embargo, estos reconocimientos solo tienen carácter declarativo y establecen un mandato para que se promulguen leyes derivadas que regulen el reconocimiento de los Pueblos Indígenas en Indonesia.
Si bien Indonesia es signataria de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), los funcionarios del gobierno argumentan que el concepto de Pueblos Indígenas no es aplicable, ya que casi todos los indonesios (a excepción de las personas de etnia china) son indígenas y, por tanto, tienen los mismos derechos. En consecuencia, el gobierno ha rechazado las peticiones de necesidades específicas de los grupos que se identifican como indígenas. Esta postura es ampliamente rebatida por académicos, organizaciones de Pueblos Indígenas y la sociedad civil.
Papúa Occidental abarca la parte occidental de la isla de Nueva Guinea y ha estado bajo control indonesio desde 1969, tras haber sido controlada previamente por los Países Bajos. En 2022, el gobierno de Indonesia estableció cuatro nuevas provincias en Papúa Occidental conocidas como Nuevas Regiones Autónomas (DOB). Estas cuatro nuevas DOB son la provincia de Papúa Tengah, la provincia de Papúa Pegunungan, la provincia de Papúa Selatan y la provincia de Papúa Barat Daya. Con la creación de estas cuatro DOB, junto con las dos provincias existentes —la Provincia de Papúa y la Provincia de Papúa Barat—, Papúa Occidental ha quedado dividida en seis provincias.[13]
Según los datos del Buró Central de Estadísticas de 2024 para cada provincia, la población total de Papúa Occidental asciende a 6.200.000 personas, lo cual representa un importante aumento si se tiene en cuenta que entre las dos provincias existentes había 4.400.000 habitantes en 2022. Desde la división de Papúa Occidental en seis provincias, no existen datos válidos sobre el número exacto de papúes indígenas en cada una de ellas. Una parte de la población de estas seis provincias está compuesta por migrantes que han llegado desde otras regiones de Indonesia a través de programas gubernamentales de transmigración. En ciudades grandes como Jayapura, Merauke, Manokwari y Sorong, la población migrante ya supera en número a la población indígena, mientras que en las zonas del interior (particularmente, en las regiones montañosas), la población indígena sigue siendo mayoritaria.[14]
Papúa Occidental posee la mayor diversidad cultural y lingüística de Indonesia. Aunque el idioma oficial es el bahasa indonesio, actualmente los papúes indígenas hablan más de 250 lenguas tribales.[15] Papúa Occidental se divide en siete territorios consuetudinarios distintos: Mamberamo Tabi (Mamta) y Saireri en la provincia de Papúa; Mee Pago, en la provincia de Papúa Tengah; La Pago, en la provincia de Papúa Pegunungan y Ha Anim; en la provincia de Papúa Selatan; y Doberai y Bomberai en la provincia de Papúa Barat y la provincia de Papúa Barat Daya.[16]
Desde que Indonesia asumió el control de la región en 1969, los papúes occidentales han mantenido su lucha por la independencia del país. Desde entonces, los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental han sido objeto de desplazamientos forzados,[17] apropiación de tierras[18] y restricciones al acceso de periodistas extranjeros y observadores de derechos humanos,[19] entre otras violaciones.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Militarización estatal, ocupación de territorios indígenas y crisis de seguridad en Indonesia
La situación política y económica de Indonesia a lo largo de 2025 restringió aún más los derechos y el espacio vital de los Pueblos Indígenas. La opresión, el despojo de territorios, la criminalización y la violencia contra los Pueblos Indígenas persisten en diversas regiones del país, lo que refleja un agravamiento de las dinámicas jurídicas y políticas en materia de reconocimiento y protección de sus derechos. Los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas han sido objeto de ataques para silenciarlos e incluso asesinarlos, y se han producido movilizaciones masivas para reprimir las voces críticas y la resistencia indígena.[20]
El panorama político y jurídico de 2025 no supuso ningún avance en la situación de los Pueblos Indígenas en Indonesia, como puede observarse en tres aspectos.
En primer lugar, el Estado ha demostrado sistemáticamente una escasa voluntad política de reconocer a los Pueblos Indígenas. La paralización del debate sobre el proyecto de ley de Pueblos Indígenas[21] desde hace años —pese a la creciente atención y preocupación de la opinión pública y de organismos internacionales como la ONU— evidencia la reticencia del Estado a reconocer, respetar y proteger sus derechos.
En segundo lugar, el Estado recurre a marcos normativos complejos y sectoriales para disociar el reconocimiento de los Pueblos Indígenas de sus territorios. Instrumentos como la Ley de Creación de Empleo[22] y el Código Penal funcionan como herramientas para legitimar el acaparamiento de tierras en nombre de la inversión y los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN).
En tercer lugar, durante 2025 la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas adquirió un carácter militarista y represivo en torno a la gestión de los recursos naturales y la alimentación, lo que redujo el espacio de diálogo y acentuó el riesgo de violencia física sobre el terreno.
El régimen Prabowo-Gibran
La militarización siguió definiendo cada vez más el régimen Prabowo-Gibran a lo largo de 2025,[23] con un enfoque de seguridad erigido como eje principal de la gobernanza estatal en detrimento del fortalecimiento democrático y el respeto de los derechos humanos. Esta pauta de actuación tiene implicaciones directas para los Pueblos Indígenas, percibidos como objetos del control estatal mediante la criminalización, la confiscación de territorios consuetudinarios y la legitimación de la violencia en nombre de la estabilidad y el desarrollo.
La promulgación del Reglamento Presidencial n.º 5 de 2025,[24] relativo a la regulación de las zonas forestales, dio lugar a un entendimiento entre el Ministerio de Silvicultura y las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) que incluye la rehabilitación forestal, la protección de los bosques y la aplicación de la legislación forestal.[25] Esto ha suscitado preocupación por el retorno a un modelo de liderazgo autoritario y ha derivado en nuevos desplazamientos forzados de Pueblos Indígenas de sus tierras ancestrales, justificados en nombre de la gestión de zonas forestales estatales o de Proyectos Estratégicos Nacionales.
Además, la escalada de conflictos y la creciente criminalización de los Pueblos Indígenas a lo largo de 2025 no pueden considerarse hechos fortuitos, sino una consecuencia directa del fortalecimiento del paradigma de seguridad del Estado.
Este fenómeno agrava la vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, dado que el papel cada vez mayor del ejército en los asuntos civiles resulta desproporcionado frente a las escasas políticas de reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. Esta disparidad provoca que los Pueblos Indígenas se enfrenten con frecuencia a las TNI sobre el terreno, lo que a menudo redunda en conflictos y criminalización.
Atención internacional durante 2025
La ausencia de una ley de Pueblos Indígenas en Indonesia, que ha acentuado la vulnerabilidad de estos pueblos, recibió atención internacional en 2025, en particular por parte de la ONU. El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Dr. Albert K. Barume, expresó su profunda preocupación por la persistente falta de reconocimiento y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufren los Pueblos Indígenas en el país. Asimismo, señaló su preocupación por los Proyectos Estratégicos Nacionales y los proyectos extractivos que el gobierno lleva a cabo sin garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Estos proyectos han derivado en la apropiación de territorios indígenas, violaciones de derechos humanos, degradación ambiental, agravamiento de los impactos del cambio climático y militarización de los territorios indígenas.[26]
A lo largo de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) prestó especial atención a la situación de los defensores indígenas de los derechos humanos y de las comunidades indígenas en Indonesia, que enfrentan una creciente criminalización, represión y violencia, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.[27] Asimismo, varios Pueblos Indígenas de Indonesia están siendo empujados al borde de la extinción: su supervivencia física y cultural se ve amenazada por los desplazamientos forzados y el abandono obligado de sus territorios consuetudinarios.[28]
Persisten los retos para el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en 2025
Hasta la fecha, la superficie de tierras consuetudinarias cartografiada por las comunidades indígenas mediante métodos participativos abarca 33.600.000 hectáreas.[29] No obstante, de esa cifra, solo 6.400.000 hectáreas —correspondientes a 320 comunidades indígenas, es decir, el 18,75 %— han sido reconocidas y designadas por las normativas regionales, mientras que más del 81 % de las tierras consuetudinarias carece aún de reconocimiento estatal. Además, los bosques consuetudinarios designados hasta la fecha suman 332.505 hectáreas, repartidas entre 156 comunidades indígenas. Para acelerar la confirmación de los bosques consuetudinarios, el Grupo de Trabajo sobre Bosques Consuetudinarios constituido por el Ministerio de Silvicultura, integrado por académicos y organizaciones de la sociedad civil, incluida AMAN, trabaja actualmente con el objetivo de confirmar 1.400.000 hectáreas, según lo anunciado por el ministro de Silvicultura de la República de Indonesia.[30]
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio/Agencia Nacional de Tierras (ATR/BPN) ha identificado aproximadamente 4.000.000 hectáreas de tierras consuetudinarias en 20 provincias, lo que representa tanto una oportunidad como una amenaza para los Pueblos Indígenas. En la práctica, el ATR/BPN prioriza la certificación de los derechos de gestión (HPL) por encima de la inscripción de las tierras consuetudinarias en el Registro de Tierras Consuetudinarias (PDTU).[31] AMAN rechaza firmemente este tipo de certificación, estipulada en la Constitución indonesia.
Por último, en el sector costero y de islas pequeñas, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha designado 412 zonas consuetudinarias en 27 regiones costeras.
Estancamiento del proyecto de ley de Pueblos Indígenas
El proyecto de ley de Pueblos Indígenas[32] sigue figurando en la agenda legislativa nacional. Sin embargo, pese a haber sido incluido en reiteradas ocasiones en el programa legislativo nacional prioritario, a finales de 2025 el gobierno aún no lo había sometido a debate. A lo largo de 2025, el gobierno ha favorecido sistemáticamente los intereses de la inversión mediante la promulgación de diversos reglamentos y políticas que discriminan a los Pueblos Indígenas, entre ellos el Reglamento Gubernamental n.º 28 de 2025 relativo a la aplicación de licencias empresariales basadas en el riesgo,[33] el Reglamento Gubernamental n.º 10 de 2025 relativo al Fondo Soberano de Indonesia[34] y el Reglamento Presidencial n.º 5 de 2025 relativo a la regulación de las zonas forestales.
La ausencia de debate sobre el proyecto de ley de Pueblos Indígenas está estrechamente vinculada con las prioridades del desarrollo nacional, que sigue sustentándose en el extractivismo y la expansión del capital. El reconocimiento legal de los Pueblos Indígenas se percibe como una barrera estructural para la aceleración de la inversión y los proyectos estratégicos. En consecuencia, el Estado dilata o incluso evita deliberar sobre el proyecto de ley de Pueblos Indígenas, mientras que elabora normativas sectoriales que amplían el margen de impunidad de las empresas y las fuerzas de seguridad. Esta práctica evidencia una contradicción fundamental entre el mandato constitucional que garantiza la existencia y los derechos de los Pueblos Indígenas y las políticas estatales que los sitúan sistemáticamente como víctimas del desarrollo.
Militarización de la regulación de las zonas forestales y su impacto en los Pueblos Indígenas
El Reglamento Presidencial n.º 5 de 2025 relativo a la regulación de la superficie forestal amenaza los bosques consuetudinarios que, conforme a la Decisión del Tribunal Constitucional n.º 35 de 2012,[35] fueron diferenciados de los bosques estatales como categoría jurídica propia. Los intentos de regular las zonas forestales mediante la fuerza militar tienen el potencial de vulnerar gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular en los bosques consuetudinarios que carecen de reconocimiento estatal. Casi el 70 % de la superficie de Indonesia está cubierta de bosques y, según datos de AMAN de 2025,[36] 124 comunidades indígenas distribuidas en 10 provincias —con una población de aproximadamente 1.600.000 personas— residen en zonas forestales o en sus inmediaciones. Por consiguiente, la militarización a consecuencia de la regulación forestal amenaza directamente la seguridad de estos Pueblos Indígenas.
En términos generales, la regulación de las zonas forestales prevista en el Reglamento Presidencial n.º 5 se ejecuta mediante la aplicación de sanciones tanto administrativas como penales, así como a través de la recuperación de las zonas forestales en los casos en que haya personas físicas o jurídicas que realicen actividades en ellas sin la debida autorización. Las sanciones por reocupación de zonas forestales por parte del Estado pueden utilizarse en cualquier momento como pretexto para apropiarse de territorios consuetudinarios en nombre del desarrollo, en particular en el marco de los Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN),[37] dado que se considera que los Pueblos Indígenas ocupan ilegalmente dichas áreas.
Expansión del control estatal sobre los territorios indígenas
A medida que Indonesia busca acelerar su programa de desarrollo, la transición energética y la ampliación de las zonas de conservación, los Pueblos Indígenas enfrentan una presión creciente sobre su espacio vital y su soberanía. La Agenda 2030 —incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Meta 3 del Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF),[38] que establece la protección del 30 % de la superficie terrestre y del 30 % de los océanos para 2030— se ha convertido en un referente de gran influencia que está reconfigurando de manera significativa la relación entre los Pueblos Indígenas y el Estado.
El Sudeste Asiático, donde habita una proporción significativa de los Pueblos Indígenas del mundo, ilustra con claridad cómo la Agenda 2030 puede convertirse en un instrumento de marginación para quienes más contribuyen a la sostenibilidad de sus tierras, territorios y recursos naturales. Los regímenes de conservación y desarrollo se enmarcan en compromisos relativos al cambio climático y la protección de la biodiversidad, pero su aplicación a menudo pasa por alto los derechos de los Pueblos Indígenas.
Paralelamente, el gobierno indonesio amplió sus Proyectos Estratégicos Nacionales mediante el Reglamento Presidencial n.º 12 de 2025, relativo al Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo 2025-2029, que incluye 77 de estos proyectos en sectores que van desde la educación, la salud, la seguridad alimentaria y las infraestructuras hasta la energía y el desarrollo de complejos industriales.[39] De hecho, más de 20.600.000 hectáreas de bosque han sido taladas o destinadas a Proyectos Estratégicos Nacionales en los sectores alimentario y energético, abarcando desde zonas de producción alimentaria hasta plantaciones industriales e infraestructuras energéticas. Estos proyectos no solo han acelerado el ritmo de deforestación, sino que también han desencadenado desalojos, criminalización y pérdida de espacio vital para los Pueblos Indígenas.[40] Los compromisos internacionales que deberían reforzar la protección de los Pueblos Indígenas han sido instrumentalizados, en cambio, para ampliar el control estatal sobre los territorios indígenas. La ambición del KMGBF 2030 corre el riesgo de reproducir la misma injusticia histórica, al provocar la expulsión de los Pueblos Indígenas de sus territorios consuetudinarios.
Conflictos y criminalización de los Pueblos Indígenas
Durante 2025 se registraron 135 casos de acaparamiento de tierras consuetudinarias, con una superficie incautada de 3.800.000 hectáreas en nombre del desarrollo, la inversión y la conservación. Estos conflictos afectaron a 109 comunidades indígenas, y 162 miembros de dichas comunidades fueron víctimas de violencia y criminalización. Los casos de acaparamiento de tierras consuetudinarias a lo largo de 2025 estuvieron vinculados principalmente a conflictos entre comunidades indígenas y proyectos mineros (69 casos), proyectos de plantaciones (34 casos), proyectos de infraestructuras (11 casos), concesiones forestales (11 casos), así como a varios casos relacionados con proyectos energéticos, turísticos y agrícolas. Estos datos evidencian que el extractivismo desarrollista no genera beneficios económicos para las comunidades indígenas, sino que tiene efectos devastadores que se traducen en la pérdida de sus territorios. Entre los conflictos registrados en 2025 que amenazaron la seguridad de los Pueblos Indígenas cabe destacar: el ataque y secuestro de miembros de la comunidad indígena Sihaporas por empleados de PT Toba Pulp Lestari en Sumatra Septentrional; la apropiación de los territorios de las comunidades indígenas Soge y Goban por PT Krisrama en Nusa Tenggara Oriental; la criminalización y violencia estatal contra las comunidades indígenas de Pocoleok a raíz de los proyectos geotérmicos; la confiscación del territorio indígena de Punti Kalo por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia en Tebo, Jambi; y la destrucción de la isla Kei Besar en el marco del Proyecto Estratégico Nacional en Merauke.[41]
La COP 30 y los derechos de los Pueblos Indígenas
La COP 30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se convirtió en una plataforma central de debate sobre la deforestación. La degradación y destrucción de los ecosistemas en los territorios indígenas sigue siendo limitada, precisamente porque estos están protegidos por los Pueblos Indígenas. No obstante, las amenazas persisten: la expansión de las industrias extractivas, el desarrollo de infraestructuras y los proyectos energéticos sin CLPI siguen ejerciendo presión sobre estos territorios. Aunque cada vez se reconoce más el valor ecológico de los territorios indígenas, la protección jurídica sigue siendo insuficiente. La transición energética constituye un tema especialmente controvertido: los Pueblos Indígenas rechazan los modelos que se limitan a sustituir las fuentes de energía sin modificar los patrones de explotación que dañan sus territorios. Los proyectos de extracción de minerales, las grandes represas y otros proyectos energéticos en territorios indígenas no representan soluciones climáticas si vulneran los derechos de los Pueblos Indígenas.
Las acciones de los Pueblos Indígenas reflejan tanto indignación como esperanza. AMAN, junto con la Alianza Global de Comunidades Territoriales, sostuvo que la COP 30 debía dar lugar a decisiones concretas que se tradujeran en acciones reales.[42] En términos generales, la COP 30 evidenció un reconocimiento creciente de las contribuciones de los Pueblos Indígenas, pero la brecha entre ese reconocimiento y los compromisos y acciones concretos sigue siendo un desafío fundamental. En la COP 30, los Pueblos Indígenas exigieron de manera explícita que los derechos sobre la tierra, el CLPI, el acceso a la financiación y la protección de los conocimientos indígenas constituyeran la base de todas las decisiones climáticas.
A su vez, AMAN acogió con satisfacción el anuncio del gobierno indonesio en la COP 30 sobre el reconocimiento de 1.400.000 hectáreas de bosques consuetudinarios y el fortalecimiento de los derechos de tenencia de los Pueblos Indígenas como parte de su estrategia de mitigación de la deforestación.[43] Reconocer los derechos de tenencia y el control sobre los territorios consuetudinarios posiciona a los Pueblos Indígenas como actores clave en la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. Los Pueblos Indígenas no son meros beneficiarios, sino guardianes fundamentales de bosques, ríos, ecosistemas y conocimientos ancestrales. Desde esta perspectiva, los Pueblos Indígenas pueden fortalecer la acción climática basada en el territorio consuetudinario y garantizar que el reconocimiento gubernamental de los bosques consuetudinarios no quede reducido a un gesto político, sino que constituya una base concreta para la justicia social y ambiental sostenible.
PAPÚA OCCIDENTAL
El año 2025 estuvo marcado por una dinámica cada vez más compleja para los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental. A lo largo del año, estos pueblos enfrentaron una combinación de escasos avances en el reconocimiento de sus derechos a nivel político como crecientes amenazas a la paz y la seguridad derivadas de los conflictos armados, la militarización de los territorios indígenas y la expansión de proyectos de desarrollo e industrias extractivas. El presente artículo resume los principales acontecimientos —tanto positivos como negativos— ocurridos entre enero y diciembre de 2025, con breves referencias a ediciones anteriores de El Mundo Indígena para contextualizarlos.
Políticas y legislaciones que afectan a los Pueblos Indígenas
En 2025 se impulsaron diversas iniciativas a escala regional orientadas a fortalecer el reconocimiento de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental, en particular mediante la promoción de normativas regionales sobre Pueblos Indígenas y territorios consuetudinarios. La Asamblea Popular de Papúa Occidental (MRP) y el Consejo Regional de Representantes del Pueblo (DPRP) promovieron normativas que se esperaba sentaran las bases jurídicas para el reconocimiento de los derechos sobre los territorios consuetudinarios, su cartografía y la protección de la gestión consuetudinaria de los recursos naturales.[44]
A nivel nacional, la defensa de la aceleración en la ratificación de la ley de Pueblos Indígenas sigue cobrando fuerza.[45] En 2025 se celebró una consulta pública en la que los Pueblos Indígenas emitieron una declaración sobre el proyecto de ley en Sorong. La gran tribu Mairasi de Papúa Occidental también emitió un pronunciamiento en el que reafirmó su exigencia de un marco jurídico indonesio que garantice la certidumbre sobre sus derechos a la tierra, a los territorios consuetudinarios y a las fuentes de sustento, así como el reconocimiento del papel de las mujeres indígenas. No obstante, a finales de 2025 el proyecto de ley aún no había sido aprobado, por lo que la protección jurídica de los Pueblos Indígenas seguía siendo parcial y dependiente de las políticas sectoriales.
Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales
Varias comunidades indígenas de Papúa Occidental, como la gran tribu Mairasi de la provincia de Papúa Occidental, han cartografiado sus territorios consuetudinarios, que abarcan aproximadamente 1.400.000 hectáreas. Asimismo, han emprendido otras iniciativas para preservar sus recursos naturales, como la replantación de árboles merbau autóctonos de sus bosques, devastados por las empresas madereras. Estas acciones reflejan el esfuerzo de las comunidades indígenas por recurrir a los mecanismos estatales disponibles para obtener el reconocimiento formal de sus territorios consuetudinarios.[46]
Sin embargo, los informes de las organizaciones de la sociedad civil indican que el reconocimiento internacional de los bosques consuetudinarios sigue siendo muy limitado en comparación con la superficie total de tierras consuetudinarias en Papúa Occidental. Este desequilibrio aumenta la vulnerabilidad a los conflictos por la tierra, especialmente en zonas que se han convertido en blancos de proyectos de desarrollo a gran escala e industrias extractivas, como el Proyecto Estratégico Nacional de Merauke.[47]
Conflictos, seguridad y derechos humanos
A lo largo de 2025, la situación de seguridad en Papúa Occidental siguió suscitando graves preocupaciones. La escalada del conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indonesias y los grupos armados independentistas de Papúa Occidental ha tenido un impacto directo sobre los Pueblos Indígenas como población civil. Human Rights Watch señala que las reiteradas operaciones de seguridad y los enfrentamientos han incrementado el riesgo de violaciones de derechos humanos, como desplazamientos internos, restricciones en el acceso a servicios básicos y traumas prolongados entre las comunidades indígenas.[48] Según los últimos datos de Human Rights Monitor, el número de desplazados internos a causa del conflicto en Papúa Occidental ascendía a más de 105.878 personas al 1 de enero de 2026. Esta cifra comprende varios distritos, entre ellos Nduga (58.981 personas) e Intan Jaya (12.859 personas), donde la mayoría de los afectados son Pueblos Indígenas desplazados por operaciones militares y conflictos armados. La situación humanitaria se ha agravado, con escasez de alimentos, medicamentos, agua potable y acceso limitado a la ayuda, a lo que se suma la negativa de los desplazados a regresar mientras no se retiren las fuerzas militares.[49]
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) supervisó decenas de presuntas violaciones de derechos humanos en Papúa durante 2025, muchas de ellas vinculadas a operaciones de seguridad y conflictos armados en territorios consuetudinarios.[50] Esta situación confirma que los enfoques de seguridad que no se fundamentan en la protección y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas tienden a profundizar y perpetuar el ciclo de violencia.
Paz y seguridad: impacto en los medios de subsistencia de los Pueblos Indígenas
La militarización de los territorios consuetudinarios a lo largo de 2025 ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental. La presencia prolongada de fuerzas armadas ha restringido el acceso de las comunidades a huertos, bosques, ríos y lugares sagrados, que constituyen la base económica, espiritual y cultural de los indígenas papúes. Esta situación también ha debilitado los mecanismos consuetudinarios de resolución pacífica de conflictos. Además, el ejército ha constituido abiertamente una serie de batallones destinados a operar en espacios civiles con funciones territoriales y de desarrollo, conocidos como Batallón de Infantería de Desarrollo Territorial o Batallón de Apoyo Regional. Estos batallones respaldan proyectos de “seguridad alimentaria” como el Proyecto Estratégico Nacional de Merauke, que implican la apropiación de territorios indígenas mediante la fuerza militar y provocan no solo el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado de los Pueblos Indígenas, sino también deforestación, degradación de ecosistemas y contaminación.[51] La formación de estos batallones se lleva a cabo de manera intensiva en Papúa Occidental desde 2024, con el objetivo de crear un batallón por distrito y aproximadamente 150 nuevos batallones al año.[52]
En su informe provisional ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentado en octubre de 2025, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas subrayó la urgente necesidad de reconocimiento, demarcación y protección jurídica de las tierras consuetudinarias como requisito previo para una paz y seguridad sostenibles.[53] El informe sostiene que la falta de protección estatal de los derechos consuetudinarios sobre la tierra incrementa el riesgo de criminalización y violencia contra los Pueblos Indígenas.
Las mujeres indígenas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en el contexto de los conflictos y la inseguridad. Durante 2025, las mujeres indígenas papúes no solo soportaron el peso del desplazamiento y la inseguridad alimentaria, sino que también desempeñaron un papel fundamental en el mantenimiento de la continuidad familiar, la transmisión de los conocimientos indígenas y la cohesión social. No obstante, su papel en la resolución de conflictos y los procesos de paz sigue sin recibir un reconocimiento adecuado en las políticas oficiales.
Los jóvenes indígenas también enfrentan retos significativos, derivados de las escasas oportunidades de participación y de una creciente sensación de inseguridad. Sin embargo, al mismo tiempo están involucrándose en iniciativas de documentación de territorios indígenas, defensa digital y educación en derechos humanos, que pueden convertirse en los cimientos de una consolidación de la paz a largo plazo basada en la comunidad.
Aunque los Pueblos Indígenas poseen una larga tradición en resolución de conflictos y justicia reparadora, estos conocimientos y prácticas siguen sin integrarse de manera significativa en las políticas de seguridad estatales ni en los marcos internacionales de paz. El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayan la importancia de una inclusión efectiva de los Pueblos Indígenas en los procesos de paz y seguridad, desde lo local hasta lo internacional.[54] En Papúa Occidental, en particular, los Pueblos Indígenas siguen enfrentados entre sí, y las instituciones consuetudinarias de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental se ven socavadas por instituciones creadas por el Estado con el fin de controlar los territorios indígenas, como se ha evidenciado con el PSN de Merauke y la formación de nuevos batallones.
Proyectos de desarrollo e industrias extractivas
La presión de los proyectos de desarrollo a gran escala y las industrias extractivas sobre los territorios consuetudinarios se mantuvo durante 2025. Según diversos informes, estos proyectos se ejecutan sistemáticamente sin el debido CLPI, lo que desencadena conflictos por la tierra y amenaza la sostenibilidad ambiental de las comunidades indígenas.[55]
Por otra parte, la revocación de varios permisos de explotación de níquel en Raja Ampat tras las protestas públicas demuestra que existe margen para prácticas más respetuosas con la protección ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas, aunque esta medida aún no garantiza plenamente su protección estructural.[56]
Compromiso internacional
La situación de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental siguió siendo abordada en los mecanismos internacionales de derechos humanos a lo largo de 2025. Las declaraciones de los expertos en derechos humanos de la ONU y la atención sostenida del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas subrayaron la obligación del Estado de reconocer a los Pueblos Indígenas como socios en el desarrollo, la paz y la seguridad, y no como meros objetos de políticas.[57]
Perspectiva para 2026-2027
La situación de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental estará determinada en gran medida por el rumbo que tome la política estatal en materia de conflictos, reconocimiento de los derechos consuetudinarios y espacio para la participación de los Pueblos Indígenas. La aprobación de la ley de Pueblos Indígenas y el fortalecimiento de la normativa regional pueden constituir avances significativos, siempre que se implementen adecuadamente y sin un enfoque de seguridad que vulnere los derechos humanos. La inclusión efectiva de los Pueblos Indígenas en el proceso de paz resulta esencial. De lo contrario, se prevé que el riesgo de escalada del conflicto y de inseguridad se mantenga elevado e incluso se intensifique.
Yayan Hidayat es indígena de Tebo, Jambi, y doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Indonesia. El Sr. Hidayat trabaja actualmente para Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Nicodemus A. P. Yomaki es un observador independiente radicado en Jayapura, Papúa Occidental. Gracias a su experiencia en la observación directa de la dinámica de las comunidades indígenas de Papúa Occidental, documenta activamente cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los conflictos por la tierra y los recursos naturales, la preservación de los valores y la cultura indígenas, y el impacto del desarrollo en las comunidades indígenas de la región. Sus trabajos han sido publicados en medios de comunicación nacionales e internacionales, y ha colaborado en informes sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Su labor se enmarca en el compromiso de amplificar la voz de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental en el ámbito de los derechos colectivos y la protección de los territorios indígenas, en consonancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta contribución forma parte de un esfuerzo por documentar la realidad de los Pueblos Indígenas de Papúa Occidental. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] AMAN. “Catatan Akhir Tahun 2024: Transisi Kekuasaan dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara”. AMAN, Yakarta, 2025. https://www.aman.or.id/publication-documentation/292
[2] Ibid.
[3] B. RI. “Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Bappenas RI, Yakarta, 2024.
[4] AMAN. “Catatan Akhir Tahun 2024: Transisi Kekuasaan dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara”. AMAN, Yakarta, 2025. https://www.aman.or.id/publication-documentation/292
[5] U.-U. D. N. R. I. 1945, “JDIH BPK”. 4 de noviembre de 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--. [Consultado el 13 de enero de 2026].
[6] U.-U. N. 5. T. 1960, “JDIH BPK RI”. 4 de enero de 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960. [Consultado el 16 de febrero de 2026].
[7] U.-U. N. 3. T. 1999, “JDIH BPK RI”. 4 de junio de 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999. [Consultado el 6 de febrero de 2026].
[8] K. M. N. I. T. 2001, “FAO”. 9 de noviembre de 2001. https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC143985/. [Consultado el 6 de febrero de 2026].
[9] U.-U. N. 2. T. 2007, “JDIH BPK RI”. 27 de julio de 2007. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007. [Consultado el 6 de febrero de 2026].
[10] U.-U. N. 3. T. 2009, “JDIH BPK RI”. 3 de octubre de 2009. https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009. [Consultado el 6 de febrero de 2026].
[11] M. Arman. Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat, Yakarta: Lamalera, 2020.
[12] M. Konstitusi, “aman.or.id”, 23 de marzo de 2018. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf. [Consultado el 6 de febrero de 2026].
[13] Kompas. “6 Provinsi di Papua beserta Ibukotanya”. https://regional.kompas.com/read/2023/08/26/220042478/6-provinsi-di-papua-beserta-ibukotanya?page=all
[14] Jubi. “Jumlah Orang Asli Papua semakin berkurang, bahkan di PBD sudah minoritas” https://jubi.id/tanah-papua/2024/jumlah-orang-asli-papua-semakin-berkurang-bahkan-di-pbd-sudah-minoritas/
[15] Peta Lokasi Bahasa-Bahasa Daerah di Propinsi Irian Jaya. https://www.sil.org/system/files/reapdata/82/25/11/82251156459381736844114448312784262289/PETA_LOKASI_BAHASA_BAHASA_DAERAH_DI_PROPINSI_IRIAN.pdf
[16] Perpres Nomor 24 Tahun. 2023.
[17] Jubi. “Riwayat Pengungsian di Tanah Papua”. Jubi, 18 de diciembre de 2024. https://jubi.id/pasifik/2024/riwayat-pengungsian-di-tanah-papua/
[18] Catatan Akhir Tahun. “Perampasan Tanah, Kekerasan dan Deforestasi di Papua”. 2017. http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/01/Laporan-Bersama-Catatan-Akhir-Tahun-2017-Vrs.pdf
[19] Human Rights Watch. “Something to Hide: Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua” (Algo que ocultar: las restricciones de Indonesia a la libertad de prensa y la vigilancia de los derechos en Papúa). 10 de noviembre de 2015. https://www.hrw.org/report/2015/11/11/something-hide/indonesias-restrictions-media-freedom-and-rights-monitoring-papua
[20] AMAN. “Catatan Akhir Tahun 2021: Tangguh di Tengah Krisis”. AMAN, Yakarta, 2025. https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20(1).pdf
[21] AMAN. “RUU Masyarakat Adat Masih Mandek Dalam Labirin Legislasi”. AMAN, Yakarta, 2025. https://aman.or.id/news/read/2099
[22] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
[23] Véase: Hidayat, Yayan. “Indonesia”. En El Mundo Indígena 2025, editado por Dwayne Mamo, 2025. https://iwgia.org/es/indonesia/5661-mi-2025-indonesia.html
[24] Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt679b0357dca41/peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2025/
[25] AMAN. “Catatan Akhir Tahun AMAN 2025: Di Tengah Krisis Berlapis: Masyarakat Adat Bertahan, Negara Mengabaikan”. AMAN, Yakarta, 2025. https://aman.or.id/news/read/2283
[26] Barume, Albert K. “Identificación, demarcación, registro y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas: prácticas y enseñanzas”. Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 2025.
[27] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Indonesia must recognise Indigenous Peoples and consider them partners: UN experts warn human rights violations including arbitrary detention, torture and enforced disappearance” (Indonesia debe reconocer a los Pueblos Indígenas y considerarlos socios: los expertos de la ONU advierten de violaciones de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas). 4 de noviembre de 2025. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/11/indonesia-must-recognise-indigenous-peoples-and-consider-them-partnerships
[28] Mariani, D. R. H. y Hidayat, A. R. Marginalisasi dan diskriminasi masyarakat adat dalam film dokumenter Tanah Moyangku [Artikel penelitian]. Universitas Padjadjaran. 2025.
[29] BRWA. “Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia”. BRWA, Bogor, 2025. https://brwa.or.id/assets/image/rujukan/1754885406.pdf
[30] Kementerian Kehutanan RI. “Minister Raja Antoni at the United for Wildlife Global Summit in Rio: Indonesia accelerates recognition of indigenous forests up to 1.4 million hectares” (El ministro Raja Antoni en la Cumbre Mundial United for Wildlife en Río: Indonesia acelera el reconocimiento de los bosques consuetudinarios hasta 1,4 millones de hectáreas). Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 4 de noviembre de 2025. https://www.kehutanan.go.id/news/minister-raja-antoni-at-the-united-for-wildlife-global-summit-in-rio-indonesia-accelerates-recognition-of-indigenous-forests-up-to-1-4-million-hectares
[31] Hukumonline. Sertifikat HPL atas Tanah Ulayat, antara kepastian hukum dan kritik akademisi. 27 de septiembre de 2015. https://www.hukumonline.com/berita/a/sertifikat-hpl-atas-tanah-ulayat-antara-kepastian-hukum-dan-kritik-akademisi-lt68d7bc805517d/
[32] AMAN. “RUU Masyarakat Adat Masih Mandek Dalam Labirin Legislasi”. AMAN, Yakarta, 2025. https://aman.or.id/news/read/2099
[33] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
[34] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7098.
[35] Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012”. Mahkamah Konstitusi Tahun 2012.
[36] AMAN. “Menakar Keragaman Ekonomi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Masyarakat Adat: Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumberdaya Alam Dalam Pengelolaan Lanskap Yang Berkelanjutan”. AMAN, Yakarta, 2018.
[37] BPK RI. “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029”. BPK RI, 2025. https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/Perpres-nomor-12-tahun-2025-Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-Nasional-Tahun-2025-2029
[38] Convenio sobre la Diversidad Biológica. “CBD/COP/DEC/15/4: Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal”. 2022. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-es.pdf
[39] Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id
[40] Republik Indonesia. “Kebijakan alokasi 20,6 juta hektare hutan untuk pangan, energi dan ketahanan air nasional”. DPR RI E-Media. 2025. https://emedia.dpr.go.id/2025/03/03/kebijakan-206-juta-hektare-untuk-pangan-dan-energi-dianggap-miskonsepsi-fungsi-hutan/
[41] AMAN. “Catatan Akhir Tahun AMAN 2025: Di Tengah Krisis Berlapis: Masyarakat Adat Bertahan, Negara Mengabaikan”. AMAN, Yakarta, 2025. https://aman.or.id/news/read/2283
[42] Alianza Global de Comunidades Territoriales. “The Answer Is Us: How the World Saw Our Answers at COP 30” (La respuesta somos nosotros: cómo el mundo vio nuestras respuestas en la COP 30). 2025. https://globalalliance.me/the-answer-is-us-how-the-world-saw-our-answers-at-cop30/
[43] Republik Indonesia. “Indonesia pledges faster recognition of customary forests at COP30” (Indonesia se compromete a acelerar el reconocimiento de los bosques consuetudinarios en la COP30). Antara News, 2025. https://en.antaranews.com/news/392565/indonesia-pledges-faster-recognition-of-customary-forests-at-cop30
[44] Majelis Rakyat Papua Barat Daya. “MRP dan DPRP Dorong Perda Masyarakat Adat”. (2025). Consultado en enero de 2026, https://mrp.papuabaratdayaprov.go.id/news/mrp-sepakat-dorong-perda-masyarakat-adat-di-papua-barat-daya.
[45] The Coalition to Guard the Indigenous Peoples Bill, #LegitimizeIndigenousCommunitiesBill. Consultado en febrero de 2026. https://sahkanruumasyarakatadat.id/en/tentang-kami/; véase también: AMAN. “Southwest Papua Supports the Ratification of the Indigenous Peoples Bill” (Papúa Sudoccidental apoya la ratificación del proyecto de ley de Pueblos Indígenas). Consultado el 17 de febrero de 2026. http://aman.or.id/index.php/news/read/2156; véase también: Greenpeace, “Sorong Declaration: Communities in 7 Papuan Customary Territories Compact Urge the Ratification of the Indigenous Peoples Bill” (Declaración de Sorong: Comunidades de 7 territorios consuetudinarios de Papúa instan a la ratificación del proyecto de ley de Pueblos Indígenas). Consultado el 17 de febrero de 2026. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/64871/deklarasi-sorong-masyarakat-di-7-wilayah-adat-papua-kompak-desak-pengesahan-ruu-masyarakat-adat/.
[46] YALI Papua, Menjaga Tanah Leluhur Lewat Peta: Lokakarya III Pemetaan Wilayah Adat Suku Mairasi (febrero de 2025). Consultado en febrero de 2026. https://yalipapua.org/menjaga-tanah-leluhur-lewat-peta-lokakarya-iii-pemetaan-wilayah-adat-suku-mairasi-di-kaimana/.
[47] Jaringan Advokasi RUU Masyarakat Adat. “Pengakuan Hutan Adat di Papua Masih Minim Dibanding Potensi Wilayah Adat” (2025). Consultado en enero de 2026. https://sahkanruumasyarakatadat.id/siaran-pers-rma/siaran-pers-pengakuan-hampa-hak-evaluasi-10-tahun-pengakuan-masyarakat-adat-papua-dalam-rezim-pembangunan-presiden-jokowi/.
[48] Human Rights Watch. “Indonesia: Renewed Fighting Threatens West Papua Civilians” (Indonesia: la reanudación de los combates amenaza a la población civil de Papúa Occidental). 29 de mayo de 2025. Consultado en enero de 2026. https://www.hrw.org/news/2025/05/29/indonesia-renewed-fighting-threatens-west-papua-civilians
[49] Human Rights Monitor. “Humanitarian Crisis Deteriorates as Indigenous Communities Bear Brunt of Expanding Security Operations” (La crisis humanitaria se agrava a medida que las comunidades indígenas soportan el peso de las operaciones de seguridad en expansión). 7 de enero de 2026. Consultado en enero de 2026, https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-january-2026-humanitarian-crisis-deteriorates-as-indigenous-communities-bear-brunt-of-expanding-security-operations/; véase también: Mambor, Victor. “Indonesia”. En El Mundo Indígena 2025, editado por Dwayne Mamo 590-597. IWGIA, 2025. https://iwgia.org/es/indonesia/5661-mi-2025-indonesia.html
[50] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). “Rights violations continue unabated in Papua: Komnas HAM” (Las violaciones de derechos siguen sin disminuir en Papúa: Komnas HAM). The Jakarta Post, 2 de diciembre de 2025. Consultado en enero de 2026, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/03/rights-violations-continue-unabated-in-papua-komnas-ham.html.
[51] Mongabay. “Military-backed Plantation Project in Indonesian Papua Triggers Rights Concerns” (El proyecto de plantación respaldado por el ejército en Papúa Indonesia suscita preocupaciones en materia de derechos). Mongabay, abril de 2025. https://news.mongabay.com/2025/04/military-backed-plantation-project-in-indonesian-papua-triggers-rights-concerns/.
[52] KOMPAS. “TNI Bentuk 150 Batalyon Baru Tiap Tahun, Targetkan Satu Kabupaten Satu Batalyon”. 24 de noviembre de 2025. Consultado en enero de 2026. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-january-2026-humanitarian-crisis-deteriorates-as-indigenous-communities-bear-brunt-of-expanding-security-operations/.
[53] Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “A/HRC/60/29: Reconocimiento de los Pueblos Indígenas — Informe del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Albert K. Barume”. 7 de agosto de 2025. Consultado en enero de 2026. https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc6029-recognition-indigenous-peoples-report-special-rapporteur-rights.
[54] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Indonesia Must Recognise Indigenous Peoples and Consider Them Partners for National Development: UN Experts” (Indonesia debe reconocer a los Pueblos Indígenas y considerarlos socios para el desarrollo nacional: expertos de la ONU). 4 de noviembre de 2025) Consultado en enero de 2026, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/11/indonesia-must-recognise-indigenous-peoples-and-consider-them-partners.
[55] TEMPO. “AMAN Catat 135 Kasus Perampasan Wilayah Adat Sepanjang 2025” (19 de diciembre de 2025). Consultado en febrero de 2026, https://www.tempo.co/politik/aman-catat-135-kasus-perampasan-wilayah-adat-sepanjang-2025-2100640
[56] Reuters. “Indonesia Revokes Nickel Mining Permits in Raja Ampat after Protests” (Indonesia revoca los permisos de extracción de níquel en Raja Ampat tras las protestas). Reuters, 10 de junio de 2025. Consultado en enero de 2026. https://www.reuters.com/sustainability/indonesia-revokes-nickel-ore-mining-permits-raja-ampat-after-protest-2025-06-10/.
[57] Asia Pacific Solidarity Network. “Criminalisation of Indigenous Communities Reported to UN Special Rapporteur” (Denuncia ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la criminalización de las comunidades indígenas). 2 de junio de 2025. Consultado en enero de 2026. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-06-02/criminalisation-of-indigenous-communities-reported-un-special-rapporteur.html; véase también: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “A/80/181: Identificación, demarcación, registro y titulación de las tierras de los Pueblos Indígenas: prácticas y enseñanzas - Informe provisional del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”. 13 de octubre de 2025. Consultado en febrero de 2026. https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a80181-identification-demarcation-registration-and-titling-indigenous.
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