El Mundo Indígena 2023: Guyana
Según el censo de 2012, en la República Cooperativa de Guyana los pueblos indígenas —o amerindios, como se les identifica tanto colectivamente como en la legislación— suman unas 78.500 personas, lo que representa aproximadamente el 10,5 % de la población total de 746.955 habitantes.[1] Son el cuarto grupo étnico más numeroso, ocupando el primer lugar los indios orientales (40 %), seguidos de los guyaneses africanos (29 %) y los autoidentificados como “mixtos” (20 %). Los chinos, los portugueses y los blancos constituyen minorías pequeñas. Los amerindios se refieren a estas personas no indígenas como “costeños”, ya que la mayoría están asentados en la costa.
Los amerindios se agrupan en nueve naciones indígenas, según su lengua. En la costa viven los warao, los arawak y los caribes (karinya). Los wapichan, los arekuna, los makushi, los wai wai, los patamona y los akawaio habitan en aldeas dispersas por el interior. Los amerindios constituyen la mayoría de la población del interior, y en algunas regiones llegan a representar el 86 % de los habitantes. Los recursos forestales y madereros de las tierras indígenas tituladas por el gobierno (tierras de aldeas amerindias) están bajo la plena autoridad de gestión de los titulares amerindios, mientras que los minerales de esas mismas tierras siguen estando bajo la autoridad suprema del gobierno nacional. La explotación poco regulada de estos recursos por parte de multinacionales, mineros ilegales y madereros es uno de los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas. Su principal preocupación es, por tanto, lograr el pleno reconocimiento de los derechos territoriales indígenas para poder defender sus territorios ancestrales contra esta explotación.
El Acuerdo de Independencia del Reino Unido (1965) incluyó un proceso de titulación de tierras. Las recomendaciones sobre este proceso de la Comisión de Tierras Amerindias (1967-1969) nunca han sido plenamente adoptadas por los sucesivos gobiernos. Se han desestimado las solicitudes de títulos colectivos de distrito, lo que ha dado lugar a la fragmentación de los territorios tradicionales en pequeñas zonas bajo títulos de aldeas individuales. El preámbulo de la Constitución de Guyana reconoce “el lugar especial que ocupan en nuestra nación los pueblos indígenas” y consagra “su derecho como ciudadanos a la tierra y a la seguridad, así como a la promulgación de políticas para sus comunidades”.[2] En 2007, Guyana suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En agosto de 2020, tras el cambio de partido en el poder, el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas retomó su nombre anterior de “Asuntos Amerindios” (MoAA).
Introducción
Desde la perspectiva de un público internacional, este capítulo sobre Guyana podría servir para documentar un gran éxito en la lucha por asegurar la tenencia de la tierra, un éxito parcial y un fracaso potencialmente importante en 2022. La tenencia legal y efectiva de los recursos sigue siendo una cuestión central para la mayoría de las comunidades amerindias. No se ha dado prioridad a las promesas de revisar las leyes amerindias y sobre minería que son técnicamente defectuosas, y en 2022 no se inició ningún examen en este sentido.
La creciente tendencia al autoritarismo del actual gobierno político afecta a todos en Guyana, pero especialmente a las comunidades amerindias con menos poder político.
Una victoria hacia una tenencia más segura de los recursos amerindios
En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia sobre la admisibilidad y el fondo de la petición de la comunidad indígena Akawaio de Isseneru para obtener el título de propiedad de la tierra y defenderse contra la invasión de mineros del oro, que se remonta a 2013. La sentencia no se hizo pública hasta abril de 2022.[3] La CIDH identificó 16 violaciones de derechos de la comunidad y sus integrantes y formuló tres recomendaciones específicas al gobierno: (1) adoptar las medidas necesarias para garantizar que la comunidad de Isseneru y sus integrantes reciban una reparación integral por los daños materiales e inmateriales que sufrieron a causa de la violación de sus derechos humanos; (2) modificar la legislación; y (3) adoptar todas las medidas necesarias para apoyar a la comunidad de Isseneru y sus integrantes en el cumplimiento adecuado de su propio deber de preservar y proteger el medio ambiente.
La sentencia es significativa porque la CIDH aceptó que (1) la comunidad de Isseneru no podía obtener un resultado imparcial en los tribunales guyaneses tal y como funcionan en la actualidad, por lo que podía acudir a la CIDH incluso sin agotar formalmente los recursos legales internos; y (2) la comunidad de Isseneru había esperado durante un tiempo desmesuradamente largo debido al letargo de los tribunales y abogados guyaneses.
La CIDH se refirió con frecuencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948),[4] con la cual se ha comprometido Guyana en virtud de su pertenencia a la Organización de Estados Americanos. La CIDH denegó una solicitud posterior del gobierno para que se celebrara una audiencia completa, pero sí concedió algunos meses de prórroga para actuar en relación con las recomendaciones. En diciembre de 2022, el representante de la Asociación de Pueblos Amerindios señaló, lamentablemente, la escasa respuesta del gobierno a nivel político,[5] pero bajo un cariz más positivo mencionó que la Comisión de Minas y Geología de Guyana (GGMC), en su calidad de agencia técnica, había comenzado en junio a tomar medidas contra los mineros del oro en las tierras tituladas.[6]
Prioridad de la minería del oro sobre los antiguos derechos amerindios
Las tierras amerindias consuetudinarias siguen a disposición de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno, cuya adquisición y conservación año a año resulta barata. Los tribunales de Guyana asumen la prioridad de la minería del oro sobre el tema de los antiguos derechos amerindios, y esto sigue siendo un grave obstáculo para la titulación racional de las tierras. Por consiguiente, los amerindios apenas poseen aproximadamente un tercio de las tierras consuetudinarias reclamadas entre 1966 y 1967.
En 2022, persistieron tres importantes disputas con respecto a los mineros del oro en zonas amerindias de distintas partes de Guyana. Desde el punto de vista médico, el uso incontrolado de amalgama de mercurio en la minería artesanal del oro sigue produciendo efectos graves en algunas comunidades.[7],[8] En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU está examinando la situación de la comunidad de Chinese Landing, similar a la de Isseneru. Dicha comunidad, conformada por 200 amerindios, ha sido invadida por más de 500 mineros del oro que han excavado un pozo de más de 150 metros de profundidad.[9],[10] El gobierno parece incapaz de hacer cumplir ninguna ley en esa zona.
Algunos pasos hacia la seguridad de la tenencia amerindia en la cuenca fluvial de Alto Mazaruni
Otro caso judicial de larga duración tiene que ver con las tierras ancestrales de seis aldeas de los pueblos Akawaio y Arekuna en el oeste de Guyana, en la cuenca fluvial de Alto Mazaruni. La zona había sido designada oficialmente para facilitar la entrada de mineros de oro y diamantes. En 1959, un tercio del distrito fue desclasificado como reserva; en 1976 se reconoció a las aldeas y en 1998 se les ofrecieron títulos de propiedad comunal. Las aldeas rechazaron los títulos porque deseaban el reconocimiento legal de un distrito delimitado dentro del cual pudieran desplazarse por los suelos infértiles con agricultura rotativa tradicional.[11] Así pues, en virtud de la Ley Amerindia de 2006, solicitaron que se reconstituyera el distrito.
En parte debido a la presión de la Asociación de Mineros de Oro y Diamante de Guyana, perteneciente al sector privado, la petición cayó en el olvido por 24 años. Por fin, el 16 de diciembre de 2022, la propia presidenta en funciones del Tribunal Supremo reabrió el caso y reconoció los territorios tradicionales, ancestrales y no cedidos de los pueblos y su título radical desde tiempos inmemoriales.[12] Por desgracia, sus conocimientos sobre la tierra, la minería y las leyes amerindias eran insuficientes y en febrero de 2023 se interpondrá una apelación.[13]
Pérdida de control de los bosques en tierras amerindias tituladas
Fundamentándose en su función de apoyo al desarrollo del Sistema Nacional de Supervisión, Notificación y Verificación (MRVS) forestal de Guyana, la consultora estadounidense Winrock International ha desarrollado un sistema de “créditos de carbono jurisdiccionales” (Arquitectura para Transacciones REDD+ o ART) para facilitar el comercio internacional de volúmenes de reducción de emisiones de todo un país. A pesar de que no existen estimaciones actuales de reducción de emisiones en Guyana, el 1 de diciembre de 2022 Winrock concedió 33,47 millones de créditos de carbono (toneladas de CO2e) al gobierno de Guyana.[14]
Ese mismo día, Hess Corporation, una empresa estadounidense con una participación del 30% en los yacimientos petrolíferos de aguas profundas de Guyana, en la zona de licencia de Stabroek Tract, adquirió 37,5 millones de créditos de carbono por 750 millones de USD en el transcurso de diez años.[15] La solicitud presentada a Winrock para la certificación de créditos de carbono forestal por parte de la Comisión Forestal de Guyana (GFC) se basaba en 18 millones de hectáreas, es decir, la totalidad de la superficie de bosque natural de Guyana, incluidas los 2,3 millones de hectáreas de bosque de las tierras tituladas de las aldeas amerindias. Se le ha solicitado a Winrock que proporcione a la población de Guyana una explicación en lenguaje sencillo sobre la naturaleza de los créditos de carbono, cómo se calcularon, cuáles son los usos de dichos créditos y qué significa la venta de créditos de carbono para el control administrativo amerindio de sus propios recursos titulados.[16],[17] Para finales de 2022, ni Winrock ni el gobierno de Guyana habían respondido a dicha solicitud.
En ausencia de una aclaración por parte de Winrock, pareciera que el gobierno de Guyana ha vendido créditos de carbono que son propiedad legal de los pueblos amerindios titulados. Existe un procedimiento claro en las secciones 14 y 15 de la Ley Amerindia (cap. 29:01, 2006)[18] para dictar normas relacionadas con tierras aldeanas. La aprobación de una norma requiere una mayoría de dos tercios de los votos en una reunión formal de la aldea, y la transferencia del control de la gestión de los bienes comunales de la aldea al gobierno requeriría una norma aprobada de la misma manera. Para finales de 2022, no se había pedido a ningún pueblo amerindio que realizara dicha transferencia. Así pues, la venta de créditos de carbono de los bosques de los pueblos amerindios que poseen títulos de propiedad parece haber sido completamente ilegal.
En lugar de aclarar la situación, los ministros y partidarios del gobierno han insistido en que el 15 % de los ingresos procedentes de la venta de estos créditos de carbono se destinará al Fondo de Desarrollo Amerindio, controlado por el gobierno. Se pueden asignar fondos a los consejos de aldeas amerindias para elementos que figuren en sus planes de desarrollo, si así lo aprueba el gobierno. Por lo tanto, pareciera que el gobierno no solo ha asumido el control de los bosques amerindios titulados, sino que además tiene el control de los ingresos procedentes de la venta de los créditos de carbono forestal.
Distribución paternalista de los bienes
El gobierno del Partido Popular Progresista/Cívico (PPP/C) continuó con su relación paternalista tradicional hacia el 10,5 % indígena de la población, al sustituir las donaciones en forma de autobuses, bicicletas y barcos que había entregado entre 2015 y 2020, por tractores agrícolas y paneles solares en 2022. Aparentemente no se efectuó un estudio previo de las necesidades existentes ni está claro si 165 tractores idénticos servirán para cubrir las necesidades de tantas comunidades amerindias. En diversos intervalos durante el año, el gobierno hizo algunos intentos de suministrar piezas de repuesto y proporcionar cierta formación en el rubro de mantenimiento y reparación, así como para fomentar un acceso más equitativo a los equipos. Tras haber cancelado inmediatamente el programa de Empleo y Servicios para Jóvenes Hinterland al asumir el poder político a finales de 2020, el gobierno del PPP/C reinició en 2022 una suerte de formación para jóvenes amerindios, concentrándose en la tecnología de la información en lugar de en los temas agrícolas y mineros, más necesarios. Se han adquirido paneles solares de la India, que servirán para facilitar el acceso más amplio y confiable a la comunicación por Internet. Sin embargo, existe una marcada falta de planificación integrada: algunas comunidades tienen paneles y baterías de almacenamiento, pero aún no disponen de Internet fiable, y viceversa.
Asimismo, la combinación de la pandemia de COVID-19 y los aumentos del costo de la vida estimulados por el petróleo condujeron a una serie de entregas de dinero en efectivo o sacos de enseres domésticos (conocidos como “cestas”) a grupos de ciudadanos elegidos arbitrariamente. En las zonas amerindias, estas donaciones parecen y se interpretan como técnicas para comprar votos, pero son difíciles de resistir en las comunidades pobres.
Las amenazas de las megagranjas y del petróleo afectan a la pesca
No pareciera que en el gobierno del PPP/C haya asesores con conciencia ecológica ni que se entienda que la baja densidad de población en el interior de Guyana se debe principalmente a la presencia de suelos antiguos e infértiles. El gobierno ha estado invitando a inversionistas externos, incluso en el sector agrícola, sin explicarles que se requerirán grandes cantidades de fertilizantes sintéticos y pesticidas para garantizar cosechas comerciales. Es probable que al perturbar estas zonas infértiles pero ecológicamente estables con productos químicos sintéticos se reduzca la biodiversidad natural terrestre y acuática. La biodiversidad de brillantes colores y lo espectacular del paisaje son precisamente los elementos que atraen a grupos de ecoturistas. También es probable que la agricultura industrial genere efectos adversos en los ingresos monetarios de los amerindios que, en algunos lugares, están fuertemente orientados a los servicios de ecoturismo de bajo impacto. Además, estas zonas están sujetas principalmente a derechos consuetudinarios amerindios. Dado que Guyana suscribe el concepto del consentimiento libre, previo e informado (CLPI, a través de su respaldo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y su confirmación explícita en la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono [LCDS] de 2009), se debería informar a los inversionistas invitados sobre los derechos indígenas y el CLPI. Sin embargo, esto no ocurrió en 2022.
El litoral del distrito Noroccidental de Guyana corre el riesgo de verse afectado por los derrames procedentes de los yacimientos petrolíferos marinos. Este peligro se reconoce y está mapeado en las evaluaciones de impacto ambiental de los cuatro primeros yacimientos identificados por ExxonMobil. Ni la Comisión de Defensa Civil de Guyana ni la propia ExxonMobil disponen en el país de equipos para controlar los grandes derrames producto del estallido de cabezales de pozos. En el distrito Noroccidental no se ha instalado previamente ningún equipo ni producto químico dispersante de derrames para evitar que las mareas negras contaminen los caladeros, las playas de anidamiento de tortugas o los manglares. Tanto el gobierno como ExxonMobil hacen oídos sordos a estas preocupaciones, incluidas las de los pescadores amerindios, que capturan una mayor variedad de peces que sus homólogos indios orientales.
Los amerindios sindicalizados podrían formar un tercer partido
En comparación con la coalición gubernamental anterior, el gobierno del PPP/C es más consciente de que los amerindios sindicalizados podrían formar un tercer partido que rompería el equilibrio de poder existente entre los dos grandes partidos. Sin embargo, las grandes distancias físicas entre las comunidades amerindias dificultan la formulación de una visión colectiva, y la pandemia de COVID-19 ha provocado un mayor aislamiento. A pesar de ello, el incremento de mejores tecnologías de la información y conexión a Internet, junto con una energía eléctrica local más fiable mediante la instalación de paneles solares familiares, podrían facilitar el desarrollo de posiciones políticas expresamente amerindias. La última vez que esto resultó evidente fue bajo el liderazgo del arahuaco Stephen Campbell, fallecido en 1966, el año de la Independencia del dominio colonial británico.
Perspectivas para 2023
Incluso sin la presencia de un partido político amerindio colectivo, los pequeños ingresos del gobierno procedentes de los gigantescos yacimientos petrolíferos podrían repartirse para destinar un mayor presupuesto a los asuntos amerindios. El discurso del Ministro de Finanzas sobre el presupuesto de 2023 incluía 2,5 millones de USD para la titulación de tierras, 23,5 millones de USD para el desarrollo amerindio en general y, posiblemente, 13,5 millones de USD para financiar “planes de sostenibilidad de las aldeas” aprobados.
Janette Bulkan es profesora asociada de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Columbia Británica (Canadá). Anteriormente, fue coordinadora de la Unidad de Investigación Amerindia de la Universidad de Guyana (1985-2000) y científica social principal del Centro Internacional Iwokrama para la Conservación y el Desarrollo de la Selva Tropical (2000-2003). Janette lleva a cabo investigaciones en colaboración a largo plazo con los pueblos indígenas y las comunidades locales de Guyana. Sus temas de investigación son la gobernanza forestal, los sistemas indígenas de gestión de recursos naturales, los sistemas de concesiones forestales y los sistemas de certificación forestal por terceros.
John Palmer es asociado principal de silvicultura tropical e internacional del Forest Management Trust, una ONG con sede en Montana (Estados Unidos). Su experiencia en Guyana se remonta a 1974, e incluye consultorías financiadas por el Reino Unido sobre financiación forestal e iwokrama en la década de 1990, y estudios a partir de 2006 sobre la historia y las numerosas ilegalidades en los sectores forestal y minero. Guyana también figura en su trabajo actual sobre normas de certificación de la calidad de la gestión forestal.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Oficina de Estadística, Guyana. “2012 Census, Compendium 2 Population Composition” (Censo de 2012, Compendio 2 Composición de la población). Julio de 2016. Disponible en https://statisticsguyana.gov.gy/wp-content/uploads/2019/11/Final_2012_Census_Compendium2.pdf
[2] Ministerio de Asuntos Jurídicos, Guyana. Constitución de la República Cooperativa de Guyana, capítulo 001:01, preámbulo, p. 26. Disponible en https://mola.gov.gy/information/laws-of-guyana/410-chapter-101-the-constitution-of-the-co-operative-republic-of-guyana
[3] “IACHR recommends `full reparations’ by state to Isseneru villagers for human rights violations” (CIDH recomienda la “reparación completa” del Estado a pobladores de Isseneru por violaciones a derechos humanos). Stabroek News, 28 de abril de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/04/28/news/guyana/iachr-recommends-full-reparations-by-state-to-isseneru-villagers-for-human-rights-violations/
[4] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
[5] “APA asks Govt. to end ‘inexcusable pattern of inaction’ on Chinese Landing matters” (La APA pide al gobierno que ponga fin a una “inexcusable pauta de inacción” en asuntos relacionados con Chinese Landing). Kaieteur News, 4 de diciembre de 2022.
[6] Bhagirat, L. “Isseneru says GGMC addressing mining issues in wake of IACHR ruling-but still no official word from gov’t on way forward” (Isseneru dice que la GGMC aborda las cuestiones mineras a raíz de la sentencia de la CIDH, pero aún no hay noticias oficiales del gobierno sobre el camino a seguir). Stabroek News, 12 de junio de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/06/12/news/guyana/isseneru-says-ggmc-addressing-mining-issues-in-wake-of-iachr-ruling/
[7] Papannah, D., y Laurel Sutherland. “Parabara still in the dark on high mercury exposure - after no follow up to alarming findings of study” (Parabara sigue sin información en cuanto a la elevada exposición al mercurio: no ha habido ningún seguimiento tras los alarmantes resultados del estudio). Stabroek News, 30 de mayo de 2021. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2021/05/30/news/guyana/parabara-still-in-the-dark-on-high-mercury-exposure/
[8] “A filthy business” (Un negocio asqueroso). Stabroek News, 1 de octubre de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/10/01/opinion/editorial/a-filthy-business/
[9] Bhagirat, Lakhram. “Livelihoods, health under threat as miners’ grip on Chinese Landing tightens -besieged leaders say laws being flouted, call for promised action” (Los medios de subsistencia y la salud, amenazados por el creciente control de los mineros sobre Chinese Landing: los líderes sitiados afirman que se incumplen las leyes y piden que se tomen medidas). Stabroek News, 7 de agosto de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/08/07/news/guyana/livelihoods-health-under-threat-as-miners-grip-on-chinese-landing-tightens/
[10] “Chinese Landing Part 2” (Chinese Landing, parte 2). Stabroek News, 12 de agosto de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/08/12/opinion/editorial/chinese-landing-part-2/
[11] Butt Colson, A. J. Land. Its occupation, management, use and conceptualization: the case of the Akawaio and Arekuna of the Upper Mazaruni District, Guyana (Tierras. Su ocupación, gestión, uso y conceptualización: el caso de los akawaio y arekuna del distrito de Alto Mazaruni, Guyana). Last Refuge Ltd. 2009.
[12] “High Court rules in historic Amerindian land rights claim” (El Tribunal Supremo se pronuncia sobre una reclamación histórica de derechos territoriales amerindios). News Room, 16 de diciembre de 2022.
[13] “Amerindian group files notice of appeal to CJ’s ruling in decades-old Upper Mazaruni land titling case” (Un grupo amerindio interpone una apelación contra la sentencia del TJ en un caso de titulación de tierras del Alto Mazaruni que se remonta a hace décadas). Kaieteur News, 2 de febrero de 2023. Disponible en https://www.kaieteurnewsonline.com/2023/02/02/amerindian-group-files-notice-of-appeal-to-cjs-ruling-in-decades-old-upper-mazaruni-land-titling-case/
[14] “ART issues world’s first jurisdictional forestry carbon credits to Guyana” (ART emite a Guyana los primeros créditos de carbono forestal jurisdiccionales del mundo). Winrock International, 1 de diciembre de 2022. Disponible en https://winrock.org/art-issues-worlds-first-jurisdictional-forestry-carbon-credits-to-guyana/
[15] “Hess Corporation and the Government of Guyana announce REDD+ carbon credits purchase agreement” (Hess Corporation y el gobierno de Guyana anuncian un acuerdo de compra de créditos de carbono REDD+). Business Wire, 2 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.businesswire.com/news/home/20221202005187/en/Hess-Corporation-and-the-Government-of-Guyana-Announce-REDD-Carbon-Credits-Purchase-Agreement
[16] “The range of tenures (property rights) that underlie the jurisdictional carbon credits sold by Guyana to oil company Hess Corporation” (La gama de tenencias [derechos de propiedad] detrás de los créditos de carbono jurisdiccionales vendidos por Guyana a la petrolera Hess Corporation). Stabroek News, 15 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.stabroeknews.com/2022/12/15/features/the-range-of-tenures-property-rights-that-underlie-the-jurisdictional-carbon-credits-sold-by-guyana-to-oil-company-hess-corporation/
[17] Bulkan, J. “Queries about the purchase by Hess Corporation of jurisdictional carbon credits from the Government of Guyana” (Consultas sobre la compra de créditos de carbono jurisdiccionales al gobierno de Guyana por parte de Hess Corporation). Oil and Gas Governance Network, 16 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.oggn.org/2022/12/16/queries-about-the-purchase-by-hess-corporation-of-jurisdictional-carbon-credits-from-the-government-of-guyana/
[18] Ley N.º 6 de 2006. Ley Amerindia de 2006. Disponible en https://parliament.gov.gy/documents/acts/4680-act_no_6_of_2006.pdf
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