Mundo Indígena 2019: Guyana

Los pueblos indígenas o amerindios, como se identifican tanto colectivamente como en la legislación, representan alrededor de 78,500 de la República Cooperativa de Guyana, o aproximadamente el 10.5% del total de la población de 746,955 habitantes (censo de 2012).1 Constituyen el cuarto grupo étnico más grande, siendo los indígenas orientales el grupo predominante (40%), seguidos de los guyaneses africanos (29%) y de los autodenominados “mestizos” (20%).

Los chinos, portugueses y caucásicos representan minorías diminutas. Los amerindios se refieren a las personas no indígenas como “costeños”, puesto que la mayoría de estos se asentaron en las regiones costeras 3, 4 y 6. Como antigua colonia británica, Guyana es el único país de habla inglesa en Sudamérica.

Los amerindios se agrupan en nueve Naciones Indígenas según su idioma. Los waraos, los arahuacos y los caribes (kariña) viven en la costa (principalmente en las regiones 1 y 2). Los wapichana, los pemones, los makushi, los waiwai, los patamona y los akawayo viven en aldeas dispersas por todo el interior (principalmente en las regiones 7, 8 y 9). Los amerindios componen la mayoría de las poblaciones del interior, como por ejemplo en la región 1 (18,000) donde representan el 65% de los residentes, y en la región 9 (20,000) donde representan el 86%. Los recursos naturales de estas regiones — bosques lluviosos y minerales, entre los que se incluyen bauxita, oro y diamantes— se encuentran legalmente bajo el control de órganos del gobierno nacional o dentro de Tierras de Aldeas Amerindias con título de propiedad. La explotación escasamente regulada de estos recursos por parte de multinacionales, así como también la minería y la tala ilegales, son algunos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas. Por consiguiente, la preocupación principal es lograr el reconocimiento pleno de los derechos de los indígenas sobre la tierra (título de propiedad nativo), para que puedan defender sus territorios ancestrales (propiedad por derecho consuetudinario) contra las empresas mineras y madereras.

La situación de tenencia de la tierra de las comunidades

amerindias ha sido desde siempre una de sus principales preocupaciones. El Acuerdo de Independencia del Reino Unido (1965) incluyó un proceso para adjudicar títulos de propiedad sobre la tierra. Las recomendaciones de la Amerindian Lands Commission (Comisión para las Tierras Amerindias) (19671969) con respecto a dicho proceso, jamás han sido adoptadas plenamente por los gobiernos sucesivos. Se han desestimado las solicitudes presentadas para la obtención de títulos de propiedad colectivos en distritos, lo que ha producido la fragmentación de territorios tradicionales en pequeñas zonas bajo títulos de propiedad de aldeas individuales. Además, ha sido un proceso prolongado y muchas comunidades todavía no gozan de un título de propiedad.

El Preámbulo de la Constitución de Guyana reconoce “el lugar especial que tienen los pueblos indígenas en nuestra nación” y “su derecho a la tierra y la seguridad como ciudadanos que son, y a promulgar políticas para sus comunidades”.2 Existe un Ministerio para los Asuntos de los Pueblos Indígenas (MoIPA, anteriormente llamado Ministerio para Asuntos de los Amerindios o MoAA); y Guyana se suscribió a la DNUDPI en 2007. Guyana es uno de los pocos países sudamericanos que no ha ratificado el Convenio N.º 169 de la OIT.

El proceso de obtención de títulos de propiedad apenas vio avances en 2018. El programa gubernamental de Hinterland Employment and Youth Services (Servicio para la Juventud y el Empleo en el Interior o HEYS) fue, con mucho, la novedad más positiva del año para los amerindios. El resto de las novedades fue, en su mayoría, promesas electorales de 2015 que todavía no se han cumplido o incluso ni siquiera se han iniciado.

Derechos comunales de propiedad de la tierra de los amerindios

La coalición APNU (A Partnership for National Unity o Alianza Para la Unidad Nacional) y la AFC (Alliance for Change o Alianza para el Cambio), que ganó las elecciones en 2015, ha disminuido sus esfuerzos para resolver las disputas de larga data sobre los derechos de propiedad de la tierra. El proyecto de obtención de títulos de propiedad Amerindian Land Titling (ALT, de USD 10.5 millones),3 orientado a diseñar estrategias tendientes a disminuir las emisiones de carbono, financiado por Noruega según el Memorando de Entendimiento de 2009 y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debería concluir la obtención formal de títulos de propiedad para los amerindios, según el Acuerdo de Independencia de 1965. La obtención de títulos de propiedad comunales se estancó con el gobierno del Partido Progresista del Pueblo (PPP).4 Para 2009, noventa y siete (97) aldeas amerindias poseían títulos de propiedad impresos, lo que equivale a aproximadamente dos terceras partes de las comunidades que reunían los requisitos y que habían tenido al menos 250 habitantes en el transcurso de los cinco años antes del proceso de obtención de títulos de propiedad. Desde 2009, el gobierno ha presentado cifras incongruentes con respecto a los títulos de propiedad.

Contrario al procedimiento sencillo especificado en la State Lands Act (Ley sobre las Tierras del Estado) de 1972 y las normativas subsidiarias de 1974, en 2010 el PPP complicó el proceso de obtención de títulos de propiedad en el interior al separarlo en dos etapas, sin respaldo legislativo, y exigió en ese momento una demarcación innecesaria de límites físicos,5 que debían efectuar únicamente agrimensores autorizados. Puesto que no había agrimensores amerindios autorizados, las cuadrillas de agrimensores estaban conformadas por chinos y costeños quienes a menudo diferían con las comunidades amerindias en cuanto a la ubicación de los límites. Por consiguiente, la finalización del proceso de obtención de títulos de propiedad se convirtió en una labor dificultosa e incierta. A mediados de 2015, el gobierno de coalición entrante cerró la unidad del ALT sin ningún tipo de aviso, por lo que entre 2016 y 2018 no se emitieron ni prorrogaron títulos de propiedad amerindios.6 En septiembre de 2018 el PNUD contrató a un nuevo asesor internacional y posiblemente se acuerde el reinicio del proceso de obtención de títulos de propiedad en el interior para 2019.

El caso de las aldeas amerindias akawayo y pemona ante el Tribunal Superior

En la versión de 1951 de la ley Amerindian Act, algunas zonas indígenas se definieron como distritos. Desde hace mucho tiempo las aldeas de Paruima, Waramadong, Kamarang (Warawatta), Kako, Jawalla y Phillipai en Upper Mazaruni han solicitado títulos de propiedad colectivos como un solo distrito akawayo y pemón.7 Luego de más de dos décadas de evasivas del gobierno, en 1998 siete aldeas finalmente elevaron su caso ante el Tribunal Superior; sin embargo, desde entonces se han dado repetidas postergaciones, incluso en 2018. Otros grupos de aldeas amerindias también han solicitado títulos de propiedad colectivos y comunales individuales, ya que esto les permitiría realizar sus prácticas económicas tradicionales de agricultura rotativa seminómada que previene el agotamiento de la fertilidad de la tierra, así como también defender su territorio consuetudinario contra la imposición de licencias de minería de los costeños. No está claro por qué las siete aldeas no emplean otras vías para lograr que su caso avance, y por qué otras naciones amerindias, como por ejemplo la Wapichan en Rupununi del sur, no apoyan a las aldeas del Mazaruni dado que los mismos argumentos se aplican a la mayoría de las tierras amerindias tradicionales en Guyana.

La confluencia de intereses de propiedad impide la obtención de títulos de propiedad amerindios

Desde la State Lands Act de 1972, el otorgamiento de títulos absolutos en tierras amerindias tradicionales ha dependido de si otros partidos son titulares de licencias de explotación minera o maderera, las cuales son expresiones de propiedad y tienen precedencia según la legislación guyanesa.8 Los mapas adquiridos y compilados por el Forest Peoples Programme9 muestran extensas áreas de tierras tradicionales amerindias cubiertas por bloques de explotación adyacentes (que abarcan de un extremo a otro) de concesiones mineras. Resulta poco costoso adquirir estas concesiones y conservarlas como licencias “perennes”.10

Puesto que la Guyana Geology and Mines Commission (GGMC, Comisión de Geología y Minas de Guyana) otorga estas concesiones tan libremente, los bloques de explotación minera representan un obstáculo importante para las comunidades amerindias que intentan conseguir el título de propiedad de sus tierras tradicionales. Un ejemplo reciente es la disputa entre la comunidad de Batavia que en 2018 recibió su título de propiedad comunal amerindio y el minero Rickey Ramnarine, quien desde 2002 ha tenido dos bloques de explotación de oro, pero nunca los ha explotado.11 Otro ejemplo se encuentra en la subregión Rupununi del sur donde la disputa de larga data entre las comunidades amerindias wapichana y la empresa canadiense Romanex Guyana Exploration Company, prosiguió en 2018. La disputa versa sobre el acceso al oro en la concesión de la montaña Marudi que se otorgó a Romanex. Entre los numerosos desacuerdos, la evaluación del impacto ambiental y social presentado por Romanex no incluyó consultas con las comunidades wapichanas afectadas, en tanto que Romanex sostiene que los mineros indígenas incumplieron un acuerdo logrado mediante mediación con los mineros amerindios que trabajaban en la concesión de Romanex.12

Ni el PPP ni el gobierno de coalición han estado dispuestos a aplicar una moratoria a las concesiones mineras mientras culmina el proceso de obtención de títulos de propiedad de tierras amerindias. Asimismo, en 2017-2018 el gobierno de coalición anunció municipios superpuestos en algunas tierras tradicionales amerindias, sin haber hecho esfuerzo alguno por implementar el consentimiento libre, previo e informado de conformidad con la DNUDPI que los gobiernos sucesivos se han comprometido a llevar a cabo.13

Revisión de la Amerindian Act de 2006 

La revisión de la Amerindian Act abordó la mitad de las recomendaciones formuladas por las comunidades indígenas en 2003, pero ignoró sus inquietudes acerca de la falta de seguridad con respecto a las tierras.14 En 2018, el gobierno de coalición declaró que había iniciado consultas acerca de la revisión, tal como lo había prometido en el programa electoral de 2015. Sin embargo, dicha consulta parece haberse limitado a un solo subdistrito habitado principalmente por amerindios arahuacos (lokono) y no se ha publicado un cronograma más amplio de consultas.15

Atención al desempleo amerindio

Tras las elecciones de mayo de 2015 en las que el PPP perdió el poder, el nuevo gobierno de coalición eliminó el programa para jóvenes empresarios Youth Entrepreneurship and Apprentice Programme (YEAP) del PPP. Este programa estaba dirigido a los jóvenes amerindios desempleados, captados por el Ministerio de Asuntos de los Amerindios, y brindaba capacitación a 198 de ellos para adquirir destrezas básicas de computación y habilidades técnicas para la instalación de paneles solares.16 Los jóvenes actuarían además como Funcionarios de Apoyo a la Comunidad. La intención era contratar a tres o más jóvenes en más de 169 comunidades y pagarles GYD 25,000-35,000 (USD 125-175) al mes para ayudar a los Amerindian Village Councils (AVC, Consejos de Aldeas Amerindias) o a los consejos comunitarios (CC) a administrar los asuntos de la aldea.17 La capacitación y la supervisión eran mínimas y supuestamente solo se contactó a las familias que apoyaban al PPP, por lo que fue objeto de burlas por considerarlo un ardid para conseguir votos.18 El alto índice (40%) de desempleo formal es consecuencia de la baja calidad de la educación, causada en sí misma por la escasa calidad de las viviendas para los maestros y las limitadas posibilidades de ascenso para los maestros en las localidades del interior. Los jóvenes que salen de la escuela secundaria a menudo no poseen las calificaciones académicas ni siquiera para cargos de principiantes en empleos formales dentro del sector privado o en órganos gubernamentales. Por consiguiente, los hombres en busca de ingresos y aventura suelen trabajar como obreros en las hidráulicas artesanales de explotación de oro, a menudo sin contratos formales ni remuneración asegurada, en tanto que las mujeres se dedican al servicio doméstico, en condiciones igualmente precarias, en zonas urbanas.19

El Hinterland Employment Youth  Service (HEYS)20  es la respuesta del gobierno de coalición al índice de desempleo juvenil en las zonas ribereñas y del interior de Guyana. En el período de 2015 a 2018 ha estado bajo la responsabilidad de la ministra delegada Valerie Garrido-Lowe del Ministerio para los Asuntos de los Pueblos Indígenas (MoIPA).21 El plan del HEYS surge de la promesa que efectuó el Presidente Granger al Consejo Nacional de Toshaos (NTC) en 201522 de capacitar a jóvenes amerindios del interior (regiones 1, 7, 8 y 9). El HEYS no está vinculado a ningún partido político y sus objetivos son mejorar el estándar de vida de los jóvenes amerindios, y, por consiguiente, contribuir positivamente al desarrollo de sus respectivas comunidades.23 Entre 2016 y 2018, el grupo 1 de HEYS brindó seis meses de enseñanza de recuperación en aulas y seis meses de desarrollo comercial a 752 jóvenes. La admisión en el grupo 2 prácticamente fue el doble, con 1302 jóvenes. El HEYS captó más jóvenes por aldea, aunque dado el presupuesto existente se abarcaron menos aldeas. El HEYS paga GYD 30,000 (USD 140) al mes por persona, durante los 12 meses de capacitación, pero posteriormente otorga un pago único de hasta GYD 50,000 (USD 250) como subvención para abrir un negocio. El MoIPA afirma que en las cuatro regiones objetivo se han abierto 869 pequeñas empresas y microempresas. En las demás regiones administrativas surgieron otras 300 durante 2018,24 a partir del presupuesto de más de USD 4 millones. Algunos egresados del HEYS han unido sus subvenciones y actualmente administran empresas conformadas por varias personas. El HEYS también ofrece supervisión y mentoría después del curso para las empresas emergentes. En total, en la declaración presupuestaria de 2019, el Ministerio de Finanzas afirmó que tan solo en el año 2018 habían surgido 2054 empresas pequeñas, 1300 de las cuales pertenecían a 1965 egresados del programa.25 HEYS busca captar jóvenes en 215 aldeas amerindias y comunidades, pero no está claro si los presupuestos asignados permitirán dicha expansión.

Contratos comerciales amerindios

Si el programa HEYS continúa quizá ayude a abordar el reclamo de que a los contratistas comerciales amerindios prácticamente nunca se les otorgan contratos gubernamentales, en comparación con las empresas “costeñas” (no indígenas). Este reclamo alude no solamente al sesgo en la selección de contratistas, sino también a la escasa calidad de las obras de construcción que llevan a cabo los contratistas “costeños” en el interior.26

Paralelamente al programa HEYS, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha proporcionado un préstamo de USD 7.9 millones y una subvención de USD 500,000 al proyecto de agricultura sostenible Hinterland Environmentally Sustainable Agricultural Development (HESAD) al cual el Gobierno de Guyana ha aportado USD 2.4 millones y se prevé que los beneficiarios aporten USD 300,000. El HESAD busca beneficiar a 30,000 personas del interior, la mayoría de las cuales serán amerindios, en 4500 hogares pobres, 30% jóvenes y 50% mujeres.27 Este proyecto parece avanzar lentamente, ya que para 2018 se presupuestaron solamente USD 500,000 del FIDA y USD 200,000 de Guyana.28

El Fondo de Desarrollo Amerindio (ADF) con dinero de Noruega

El ADF proporciona dinero en efectivo procedente de Noruega para apoyar el desarrollo amerindio planificado para aldeas y comunidades. El Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas ha estimulado proyectos de mejoramiento de las aldeas (VIP) de 10 años,29 de los cuales ya se habían concluido 38 para finales de 2018, con un presupuesto de más de USD 1 millón.30

Alegatos de promesas incumplidas a los amerindios

Hacia mediados de 2018, el Consejo Nacional de Toshaos (NTC) reclamó que no se habían implementado cinco promesas realizadas durante la campaña preelectoral: la creación de una Comisión para las Tierras; el reconocimiento pleno del derecho a la tierra de los amerindios; la revisión de la defectuosa Amerindian Act de 2006; la reforma constitucional; y el otorgamiento de una parcela de terreno urbano para construir una sede permanente para el NTC.31 En la conferencia anual del NTC, el Presidente Granger negó que se hubieran incumplido las promesas y, en lugar de ello, exhortó a los líderes amerindios a que se concentraran en el desarrollo de la comunidad.32

Los informes de la prensa independiente indican que el gobierno de coalición está siguiendo los pasos de los 23 años del gobierno anterior del PPP al ignorar en gran medida a la población amerindia, excepto durante el período electoral. El descontento en este aspecto conllevó al lanzamiento del nuevo Liberty and Justice Party (Partido de Libertad y Justicia) en enero de 2019, que no será exclusivamente amerindio pero que asegura que representará los problemas de los amerindios de formas que no resultan tan evidentes en los dos partidos principales.33

Notas y referencias

  1. Censo de 2012, Compendio 2 en http://bit.ly/2TphLwE
  2. Véase la Constitución de Guyana, preámbulo, 1:01, p. 26 en http://bit.ly/2TkiKxZ
  3. Véase el Fondo de Inversión para REDD+ de Guyana, “Amerindian Land Titling” en http://bit.ly/2Tp3FLo
  4. El PPP ha sido el partido de gobierno en varias ocasiones, más recientemente entre 1992 y 2015 (ed.)
  5. Véase Low Carbon Development Strategy (LCDS), versión 3, Apéndice V: Status of Amerindian lands, the Process for Amerindian Lands, mayo de 2010, páginas 118-119 en http://bit.ly/2ThsMjo
  6. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2SMvCwr y Stabroeknews en http://bit.ly/2SIQNQ8
  7. George, Laura y Oda Almås. “Amerindian lands and resources in the Upper Mazaruni under siege. Key issues.” En APA, FPP. 2014 Indigenous peoples’ rights, forests and climate policies in Guyana. UK: Forest Peoples Programme.
  8. La Guyana Geology and Mines Commission (Comisión de Geología y Minas de Guyana o GGMC) emite las concesiones para la explotación minera, en tanto que la Guyana Forestry Commission (Comisión de Silvicultura de Guyana o GFC) otorga las concesiones para explotación maderera. Ambas comisiones exigen requisitos procesales mínimos de identificación y evaluación de reclamaciones y derechos antiguos de los amerindios, pero generalmente no prestan atención a la implementación de sus propios procedimientos. Véase Mining Act (Ley de Minería) de 1989, sección 111, cláusula de “goce pacífico” en http://bit.ly/2TaC8hu ; procedimiento de solicitud de la GFC para SFEP 1999, apéndices 1-4, sección 4; Forests Act (Ley de Bosques) de 2009, sección 5 (2).
  9. Griffiths, Tom y Jean La Rose. 2014. “Searching for justice and land security: Land rights, indigenous peoples and governance of tenure in Guyana” en APA, 2014, op. cit.
  10. Walrond, W., Heesterman, L.J.L., Goolsarran, J., 2015. Guyana Geology and Mines Commission Management and Systems Review. Informe inicial. (División de Minería, División de Gestión de Tierras, División de Servicios Geológicos). Georgetown, Guyana.
  11. Véase Stabroeknews en http://bit.ly/2STq7vU
  12. Véase Stabroeknews en http://bit.ly/2SNiNSJ y http://bit.ly/2SLgJuv
  13. Véase Stabroeknews en http://bit.ly/2SMvU6v
  14. Véase Land of six peoples en http://bit.ly/2SODZrt y http://bit.ly/2SLrHjA
  15. Véase el Departamento de Información Pública (DPI) de Guyana, “Consultation for revision of Amerindian Act 2006 begins” en http://bit.ly/2TioOa5
  16. Discurso del Ministerio de Finanzas sobre el presupuesto de 2014, para 110, en http://bit.ly/2Tjx4Xj
  17. Stabroeknews en http://bit.ly/2Tip5tD
  18. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2STroDc
  19. Información sobre entrevistas en campo y grupos de discusión en 2013 y 2017; véase también Pierre, Laureen Adele, “The Role of Training in the Development of Amerindian Communities in Guyana: A Qualitative Case Study” (2016). Disertaciones doctorales. En http://bit.ly/2SISb5i y http://bit.ly/2SN3zwY
  20. Véase MoIPA en http://bit.ly/2SR0s7a
  21. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2SNkG1v
  22. Todos los líderes electos de AVC y CC son automáticamente integrantes del NTC
  1. Véase MoIPA en http://bit.ly/2SR0s7a
  2. Véase Stabroeknews en http://bit.ly/2SGtcQb
  3. Ministerio de Finanzas, “Budget 2019 Speech” en https://finance.gov.gy/?p=6335
  4. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2SGtWEX
  5. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2SRvuf6
  6. Véase Ministerio de Finanzas en http://bit.ly/2SLqOYl (PDF)
  7. Véase MoIPA en http://bit.ly/2SM1Qb7
  8. Véase Ministerio de Finanzas en http://bit.ly/2SLqOYl (PDF)
  9. Véase Guyana Times en http://bit.ly/2SLt5mi
  10. Véase Kaieteurnewsonline en http://bit.ly/2SRvE6c
  11. Véase Stabroeknews en http://bit.ly/2SU0Zpb

Janette Bulkan es profesora asistente de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de British Columbia, en Canadá. Previamente se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Investigaciones Amerindias de la Universidad de Guyana (entre 1985 y 2000) y científica social superior del Centro Internacional Iwokrama para la Conservación y el Desarrollo de la Selva, en Guyana (entre 2000 y 2003). Janette lleva a cabo investigaciones de colaboración a largo plazo con pueblos indígenas y comunidades locales en Guyana. Sus campos de interés en la investigación son la gobernanza de bosques, sistemas indígenas de gestión de recursos naturales, sistemas de concesión de bosques y sistemas de certificación de bosques por parte de terceros.

 

John Palmer es asociado superior de silvicultura tropical e internacional en la Forest Management Trust, una ONG ambientalista radicada en Montana, EE. UU. Su experiencia en Guyana se remonta a 1974 e incluye consultorías financiadas por el Reino Unido sobre financiamiento para bosques e Iwokrama en la década de los 90, y estudios desde 2006 en adelante sobre la historia y los numerosos actos ilegales en los sectores de minería y silvicultura. Guyana también figura en su trabajo actual bre normas de certificación de calidad en la gestión de bosques.

 

Jerry Maedel es un analista de SIG que se enfoca en las cuestiones cartográficas de los pueblos indígenas. Es asociado honorario de investigación de la Facultad de silvicultura, UBC.

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