El Mundo Indígena 2021: Filipinas
El censo de población de 2010 incluyó por primera vez la variable de origen étnico, pero aún no se ha publicado una cifra oficial sobre los pueblos indígenas en Filipinas. Por lo tanto, la población indígena del país continúa estimándose entre el 10% y el 20% del total nacional de 100.981.437 personas, según los datos del censo de 2015.
Los grupos indígenas de las montañas del norte de Luzón (Cordillera) son conocidos colectivamente como Igorot, mientras que a los grupos de la isla meridional de Mindanao se les denomina Lumad. En la isla de Mindoro, hay grupos más pequeños conocidos colectivamente como Mangyan, así como otros más pequeños y dispersos en las islas Visayas y Luzón, que incluyen varios grupos de cazadores-recolectores en transición.
Los pueblos indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura, instituciones sociales y prácticas de subsistencia tradicionales precoloniales. Por lo general, viven en áreas geográficamente aisladas con falta de acceso a los servicios sociales básicos y pocas oportunidades para las actividades económicas principales, la educación o la participación política. En contraste, los recursos naturales comercialmente valiosos, como los minerales, los bosques y los ríos, se encuentran principalmente en sus áreas, lo que los convierte vulnerables a la agresión del desarrollo y al acaparamiento de tierras continuamente.
En 1997, se promulgó la Ley de la República Nº 8371, conocida como Ley de los Derechos Indígenas (Indigenous Peoples’ Rights Act, IPRA). Esta ley ha sido elogiada por su apoyo al respeto de la integridad cultural de los pueblos indígenas, el derecho a sus tierras y el derecho a desarrollarlas a partir de su propia determinación. Sin embargo, todavía está pendiente una implementación más sustancial, además de que existen críticas fundamentales a la ley misma. Filipinas votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), pero el Gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Respuesta al COVID-19 e impactos
La pandemia del COVID-19 agarró desprevenido al Gobierno de Filipinas. Aunque entre enero y febrero se había constatado un aumento en el número de casos, Filipinas permaneció abierto a viajeros procedentes de China y otros países. Ya tardíamente, a partir del 15 de marzo de 2020, el Gobierno impuso un confinamiento total y una cuarentena comunitaria reforzada. Esto implicó cancelación de vuelos, restricción de movimientos en casi todas las provincias y ciudades, paralización de la actividad laboral, cierre de colegios, toque de queda de 24 horas, cuarentena domiciliaria general excepto de trabajadores esenciales y suspensión del transporte público menos para casos de emergencia. Empleando un enfoque militarista para abordar la crisis sanitaria, el Gobierno movilizó a los militares y la policía con el fin de hacer cumplir los protocolos de salud y seguridad: se arrestó a 177.540 supuestos infractores por “violaciones de la cuarentena”,[1] y de esta cifra 52.535 personas han sido detenidas al 21 de mayo de 2020.[2]
Esta situación afectó a comunidades indígenas del país y alteró su vida económica, política y social. Muchos perdieron sus medios de vida, algunos quedaron abandonados en comunidades y ciudades con limitado acceso a suministros alimentarios, servicios sanitarios básicos o tests del COVID-19. Organizaciones indígenas respondieron a la pandemia llevando a cabo operaciones de ayuda, elaborando material informativo sobre el virus y medidas para protegerse, y comercializando productos para aportar una fuente de ingresos a los agricultores. Estos esfuerzos se vieron desvirtuados en algunas áreas porque los militares lanzaron panfletos desde helicópteros advirtiendo a la población de no hacer uso de los suministros de socorro distribuidos por supuestas “organizaciones pantalla” de terroristas comunistas. Por otra parte, también se informó del uso de conocimientos y prácticas indígenas, tales como la cuarentena comunitaria tradicional y remedios herbales.
La pandemia sobrevino en medio de la deteriorada situación de derechos humanos que impera bajo la administración del presidente Rodrigo Duterte. La crisis del COVID-19 ha acelerado la contracción del espacio democrático del país. En un ímpetu por implementar sus programas económicos neoliberales y terminar con la insurgencia comunista para 2022, el Gobierno ha continuado con su denominada “guerra contra las drogas”, ha intensificado sus operaciones contra la insurgencia y ha recrudecido la represión política.
Legislación que afecta a los pueblos indígenas
El 24 de marzo de 2020, el Congreso de Filipinas aprobó la Ley Bayanihan to Heal as One (Bayanihan para Curarse como Uno) (Ley de la República Nº 11469), en virtud de la cual se declara el estado de emergencia nacional, se crea un equipo de trabajo interinstitucional para combatir la pandemia del COVID-19, se imponen sanciones por infringir la ley y se otorga al presidente autoridad adicional para apropiarse fondos con el fin de financiar paquetes de estímulo y proyectos de desarrollo.[3] A la Ley Bayanihan le siguió, en muy breve tiempo, la Ley de la República Nº 11332, en cuyo texto se estipulaban las directrices de la Cuarentena Comunitaria Reforzada (Enhanced Community Quarantine, ECQ). Estas dos leyes se utilizaron conjuntamente para impulsar la agenda de desarrollo de Duterte, inhibiendo al mismo tiempo la movilización y las protestas públicas. Organizaciones indígenas criticaron la ley porque sus disposiciones facilitaban más vulneraciones de los derechos civiles, políticos y socioeconómicos.[4]
El 4 de junio de 2020, se aprobó el proyecto de ley Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy of the Philippines (Recuperación Acelerada y Estímulo a la Inversión para la Economía de Filipinas, ARISE Filipinas). La ley adjudicó un paquete de estímulo de 1.3 billones de pesos filipinos (PhP), de los cuales 650.000 millones se destinaron a incrementar el programa de infraestructuras Build Build Build (Contruir Construir Contruir) del Gobierno.[5] Este programa incluye más de 100 proyectos, muchos de ellos en territorios de pueblos indígenas.[6]
El 27 de julio de 2020 se aprobó la Ley Bayanihan to Recover as One (Bayanihan para Recuperarse como Uno) (Ley Bayanihan 2), a través de la cual se “proveen respuestas frente al COVID-19 e intervenciones de recuperación y se establecen mecanismos para acelerar la recuperación y potenciar la resiliencia de la economía de Filipinas”.[7] El presidente Duterte está usando sus poderes ejecutivos mediante estas leyes para desviar y apropiarse fondos destinados a dar respuesta al COVID-19 y para financiar proyectos de infraestructura que recibirán respaldo incentivador.
El 3 de julio de 2020, la Ley de la República Nº 11479 o Ley Antiterrorista de 2020 fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente.[8] La imprecisa definición de terrorismo que se plasma en dicha ley es tan amplia que cubre todos los actos dirigidos a causar violencia, destruir o matar. Viola el derecho de libertad de expresión y prohíbe reivindicaciones legítimas, sin las debidas garantías procesales. Fija severas penas para posibles actos de terrorismo, como cadena perpetua sin libertad condicional. Establece un Consejo Antiterrorista (Anti-Terrorism Council, ATC) compuesto por funcionarios de gabinete y con autorización para “señalar” a individuos y organizaciones como terroristas. El ATC puede ordenar el arresto de personas calificadas como terroristas sin orden judicial oficial y su detención sin cargos formales durante un período de entre 14 y 24 días en instalaciones no especificadas. En su conjunto, la ley es inconstitucional y vulnera el principio de separación de poderes de las diferentes esferas del Gobierno. Está diseñada para detener y evitar protestas legítimas, restringiendo libertades fundamentales y derechos humanos. A fecha de septiembre de 2020, se habían presentado un total de 34 peticiones en el Tribunal Supremo cuestionando la constitucionalidad de dicha ley por parte de varios grupos, entre ellos, el Colegio de Abogados Integrado de Filipinas y organizaciones de pueblos indígenas.[9]
Ataques a pueblos indígenas
Después de la emisión de la Orden Ejecutiva 70 por el presidente Duterte en diciembre de 2018, el Grupo Operativo Nacional para el Fin del Conflicto Armado Comunista Local (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC) aceleró, en 2020, el programa del Gobierno para luchar contra la insurgencia. Bajo el liderazgo del asesor de Seguridad Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (National Commission on Indigenous Peoples, NCIP), el NTF-ELCAC tiene como objetivo no solo aplastar la resistencia armada en el campo sino también detener el supuesto apoyo procedente de organizaciones jurídicas progresistas con base en ciudades. En el proceso, NTF-ELCAC está etiquetando activamente a organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales como parapetos legales del Partido Comunista de Filipinas y del Nuevo Ejército del Pueblo (CPP-NPA).[10] Defensores de los derechos de los pueblos indígenas que tratan de salvaguardar sus dominios ancestrales de los despojos se encuentran entre las personas en el punto de mira y marcados como frentes comunistas, siendo vilipendiados como terroristas a través de redes sociales y materiales de propaganda distribuidos por el NTF-ELCAC.[11],[12]
Informes de inteligencia militar incluyen a comunidades indígenas entre los principales partidarios del CPP-NPA y, por consiguiente, los militares están aplicando un enfoque “centrado en pueblos indígenas” en su estrategia contra la insurgencia en toda la nación.[13] El NTF-ELCAC de manera intensa está poniendo etiqueta roja a organizaciones indígenas, sus líderes, ONGs y defensores de apoyo, propiciando un marcado incremento de violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Extensa campaña para desacreditar y deslegitimar a organizaciones indígenas
El Gobierno está focalizando su actuación sobre organizaciones de pueblos indígenas, utilizando una combinación de diversas estrategias a través de las ramas judicial, legislativa y ejecutiva. Leyes e instituciones estatales como los militares, los tribunales, la policía, unidades de gobierno local y organismos gubernamentales nacionales son convertidos en armas para atacar a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas y negarles acceso a la justicia. Informes sobre el terreno muestran que se está desacreditando a ONGs para el desarrollo como supuestos terroristas o izquierdistas y se les impide el acceso a comunidades para la entrega de ayuda y otros servicios. Además, las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) han estado embaucando y forzando a miembros de organizaciones locales de pueblos indígenas a “limpiar” sus nombres como partidarios del NPA y a renunciar a su membresía en organizaciones con etiqueta roja.
El etiquetado de terroristas se agravó durante la pandemia del COVID-19 y se prevé que se intensifique con la aplicación de la Ley Antiterrorista de 2020. Los militares han estado utilizando numerosas cuentas de Facebook para difundir mentiras, sembrar conspiración y destruir la reputación de líderes indígenas que son buenos ciudadanos. Un ejemplo es el caso del presidente de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (Cordillera Peoples Alliance, CPA), Windel Bolinget, víctima de numerosos mensajes malintencionados en redes sociales contra él y su familia.[14] Además se han distribuido lonas, posters y folletos con calumnias contra él y otros líderes y miembros del CPA, sumado a amenazas de muerte recibidas por texto, llamadas de teléfono y correo. Las Fuerzas Armadas de Filipinas están llevando a cabo una campaña de desinformación en barangays (distritos), refiriéndose al CPA como una organización tapadera del CPP-NPA-NDF.
Las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG) están ejerciendo una agresiva presión sobre unidades de gobierno local para que dicten resoluciones declarando a CPA persona no grata y coloquen lonas anunciándolo. Todos estos movimientos apuntan a una campaña sistemática de los militares para desacreditar y deslegitimar a CPA y para privar a la organización de acceso a comunidades en la región de la Cordillera. Asimismo, se ha intentado negar el papel histórico de CPA en el movimiento de los pueblos indígenas, mediante una serie de mensajes en Facebook por parte del alcalde del municipio de Sadanga, difundiendo información falsa sobre el movimiento del pueblo de la Cordillera y CPA. De igual manera, la Oficina Regional de Policía en la Cordillera (PRO-COR) instigó maniobras para demoler el monumento a los héroes en Tinglayan, Kalinga, erigido por CPA y la comunidad local Butbut para honrar la valiente defensa que esas personas hicieron durante las décadas de 1970 y 1980 para que la tierra no quedará sumergida por las propuestas presas de Río Chico.
En Mindanao, prosiguieron los ataques contra escuelas Lumad incluso durante el confinamiento. Desde marzo a mayo de 2020, la Red Salvar Nuestras Escuelas (Save Our Schools, SOS) documentó 32 ataques sobre escuelas Lumad, incluyendo el cierre forzado, arresto ilegal de estudiantes y bombardeos aéreos. El último recuento contabiliza 178 escuelas Lumad clausuradas forzosamente desde 2016, negando a 5.500 estudiantes su derecho a la educación.[15] Además, con el sistema de “nueva normalidad” de clases online y enseñanza a distancia, los niños indígenas están particularmente en desventaja, ya que en las comunidades indígenas remotas apenas hay acceso a electricidad y mucho menos a internet.
Criminalización, falsos cargos, asesinatos
La Ley de la República Nº. 10591, o Ley de Regulación Completa de Armas de Fuego y Municiones (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act), se ha utilizado para acusar falsamente, criminalizar, arrestar y detener a pueblos indígenas. No se hace distinción entre combatientes y civiles. Se están presentando acusaciones penales falsas contra líderes y miembros indígenas mediante registros ilegales, colocación ilícita de pruebas de posesión de armas de fuego y explosivos para imputar cargos criminales, realización de arrestos ilegales, detención y denegación de las garantías procesales. Una de las últimas víctimas es Beatrice Belen, lideresa de Uma, Kalinga, quien es activa en la lucha contra el proyecto geotérmico de Chevron en su comunidad. Fue arrestada el 25 de octubre de 2020 tras un registro ilegal basado en falsas acusaciones de posesión ilegal de explosivos. En Mindanao, Gloria Tumalon, una activista indígena Manobo que se opone al proyecto de minería, fue arrestada en Surigao del Sur. Tumalon fue una de las 468 personas acusadas de ser miembro de NPA.[16]
En Zambales, cuatro miembros de la comunidad indígena Ayta (dos hombres agricultores y dos mujeres menores) fueron ilegalmente arrestados por los militares y sometidos a torturas, como forzarlos a comer heces. Por otra parte, Japer Gurung y Junior Ramos fueron arrestados mientras se evacuaban junto a sus familias de su tierra ancestral debido a operaciones militares en curso. Se presentaron cargos penales contra ellos, incluyendo posesión ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Es el primer caso públicamente conocido de imputación de cargo utilizando la Ley Antiterrorista de 2020.[17]
El incidente atroz más reciente sucedió en la isla de Panay el 30 de diciembre de 2020. Nueve líderes indígenas Tumandok no combatientes y desarmados fueron masacrados en Tapaz, Capiz, durante una operación conjunta de la Policía Nacional Filipina, el Ejército y el Grupo de Investigación Criminal y Detención. Tras ordenar a los miembros de la familia de Eliseo Gayas salir de la casa, agentes armados allanaron su morada y lo asesinaron instantáneamente de cuatro disparos. Mientras, varios agentes entraban a la fuerza en las casas de Mario Aguirre y de Roy Giganto, asesinándolos a tiros mientras dormían, en presencia de sus familias. En la misma operación, otros 16 indígenas Tumandok de diferentes barangays de Calinog, Iloilo y Tapaz, Capiz fueron arrestados utilizando órdenes de registro firmadas por un juez de Manila metropolitana. Las personas arrestadas tenían armas de fuego y explosivos que les habían sido colocados ilícitamente como prueba y fueron acusados de violar la Ley de la República 10591 y la Ley de la República 9516 por posesión ilegal de explosivos. Esas personas asesinadas y arrestadas eran respetados líderes indígenas en sus respectivos barangays, que opusieron firme resistencia a la construcción de las destructivas presas de Jalaur Mega y Pan-ay. Su incansable lucha para defender los derechos de los pueblos indígenas fue la razón por la que los militares los etiquetaran como miembros de grupos rebeldes.[18]
Continúa el desarrollo agresivo
Las operaciones de minería y otros proyectos de desarrollo agresivo prosiguieron sus actividades en territorios indígenas incluso durante la cuarentena comunitaria. En julio de 2020, Sagittarius Mines, Inc. (SMI), promotor del proyecto de cobre y oro de Tampakan de 5.900 millones $US ubicado en territorio indígena B’laan en Cotabato del Sur, “readquirió” su certificado de cumplimiento ambiental (environmental compliance certificate, ECC), uno de los requisitos necesarios para proceder a la fase de producción comercial. El certificado de cumplimiento ambiental de SMI, cancelado en 2017, fue restablecido por la Oficina del presidente.[19] Posteriormente se produjo una novedad positiva al mantener un tribunal la prohibición de minería a cielo abierto en la provincia de Cotabato del Sur.[20]
Otro ejemplo son las presas de Kaliwa, Kanan y Laiban en las provincias de Quezón y Rizal que se planean construir para suministrar agua al área metropolitana de Manila y que desplazarán a miles de indígenas Dumagat y Remontado. Durante el confinamiento, se siguió con la construcción de la carretera de acceso al enclave del proyecto. Otro caso emblemático es el de New Clark City en Luzón Central que está desplazando a indígenas Ayta de su tierra ancestral para dejar sitio a un complejo deportivo, un aeropuerto y una zona económica especial para inversores extranjeros.[21]
Por otra parte, se utilizaron los protocolos de cuarentena para criminalizar a miembros de comunidades que defendían sus tierras ancestrales frente a operaciones mineras de OceanaGold. El 6 de abril de 2020, unos 100 agentes de policía con equipamiento completo de batalla escoltaron a camiones de la compañía que traían suministros de combustible para la explotación minera y dispersaron con violencia la barricada erigida por Tuwali-Ifugao en Barangay Didipio, Nueva Vizcaya. Los integrantes de la barricada intentaban detener la destructiva y continuada explotación minera a cielo abierto de OceanaGold, dado que su Acuerdo de Asistencia Técnica y Financiera con el Gobierno ya había expirado.[22] El incidente provocó el arresto de Rolando Pulido, presidente de la organización indígena Didipio Earth Savers Movement Association (DESAMA) (Asociación del Movimiento de Salvadores de la Tierra de Didipio), junto con otras 14 personas que fueron acusadas de violar las directrices de la Cuarentena Comunitaria Reforzada y de resistencia y desobediencia a la autoridad. Al menos tres mujeres indígenas integrantes de la barricada resultaron heridas durante la violenta dispersión.[23] Tras una serie de tifones que golpearon Luzón en octubre de 2020, la balsa de residuos de OceanaGold se desbordó derramando desechos tóxicos mineros sobre campos de arroz, jardines y corrientes de agua.[24] También en octubre, unos 30 agentes de la Policía Nacional Filipina (PNP) de Nueva Vizcaya escoltaron a 50 vigilantes de seguridad de la compañía para entregar combustible al emplazamiento minero. Funcionarios locales de barangays y grupos ecologistas intentaron evitar la entrada ilegal pero la policía supuestamente amenazó a los manifestantes con arrestarles.[25]
Asimismo, se ha informado que el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales planea fomentar la minería y el dragado de ríos con el fin de impulsar el programa de recuperación económica del país.[26] La minería a gran escala en Filipinas es muy destructiva y genera amplias protestas de comunidades indígenas afectadas y defensores ecologistas en numerosas partes del país.
Además, el Departamento de Agricultura y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) conjuntamente propusieron implementar el programa Plant, Plant, Plant (Plantar Plantar Plantar) en Mindanao, fijándose como objetivo las tierras ancestrales de los Lumad como tierras sin uso.[27] El plan del gobierno consiste en usurpar tierras ancestrales para desarrollarlas invirtiendo en agricultura comercial, plantaciones de aceite de palma, minería, zonas económicas especiales y otros agresivos proyectos de desarrollo. Todo ello representa una amenaza para los dominios ancestrales de los agricultores tradicionales indígenas, así como para quienes dependen de los bosques para su sustento.
Informe del ACNUDH al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
En respuesta a la resolución 41/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó, el 6 de junio de 2020, un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas durante su 44 período de sesiones celebrado en Ginebra.[28] Dicho informe describía que la realidad de los derechos humanos en Filipinas está marcada por un dominante foco en el orden público y seguridad nacional, incluyendo la lucha contra el terrorismo y las drogas ilegales. Se consideró que el Estado de Filipinas ha violado derechos humanos en su respuesta para combatir el terrorismo y conflictos. Además, el ardid de “etiquetar como rojos” o marcar a individuos y grupos como comunistas o terroristas se consideró una amenaza persistente y poderosa para la sociedad civil y la libertad de expresión.
En particular sobre la situación de los pueblos indígenas, el informe del ACNUDH confirmó que siguen pendientes varios controvertidos proyectos a gran escala a los que las comunidades indígenas no han dado su consentimiento. Defensores de derechos a las tierras y del medio ambiente fueron algunos de los defensores de derechos humanos asesinados en medio de una impunidad generalizada. Además, se constató que profesores y estudiantes de centros de enseñanza en comunidades indígenas gestionados por ONGs habían sido atacados y hostigados.
Entre las principales recomendaciones de medidas al Gobierno de Filipinas se especificó desmantelar y desarmar a todos los grupos paramilitares privados o apoyados por el Estado; revisar la Orden Ejecutiva 70 para garantizar el cumplimiento del estado de derecho y de normas y estándares internacionales de derechos humanos; asegurar pleno respeto al principio de consentimiento libre, previo e informado y participación efectiva en todas las fases de proyectos de desarrollo que afecten a comunidades indígenas; y garantizar el acceso universal de los niños indígenas a educación de calidad en consonancia con su identidad cultural, lengua y valores. En respuesta al informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, el 7 de octubre de 2020, durante su 45 período de sesiones una resolución reclamando “asistencia técnica y fomento de capacidades” para medidas nacionales de derechos humanos, instando a la Alta Comisionada Michelle Bachelet a “proporcionar apoyo al país para el continuo cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. Asimismo, la resolución reseñó la cooperación y participación del Gobierno con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo su “anuncio de creación de un comité de revisión que reevaluaría casos en los que se produjeron muertes durante operaciones llevadas a cabo bajo la campaña contra las drogas ilegales”. Grupos defensores de derechos expresaron decepción con la resolución “ya que se quedaba muy lejos de las expectativas de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.[29]
En vista de la continuada pandemia del COVID-19 y el empeoramiento de la situación de derechos humanos en el país, la perspectiva general para el 2021 es desoladora. Los pueblos indígenas se están preparando para aún más días difíciles hasta que finalice el mandato del presidente Duterte en 2022.
Jill K. Cariño, indígena del pueblo Ibaloi Igorot, es la actual vicepresidenta de Relaciones Exteriores de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (Cordillera Peoples Alliance, CPA) y coordinadora y directora Ejecutiva del Grupo de Trabajo de Filipinas para los Derechos de los Pueblos Indígenas (TFIP), una red de 11 organizaciones no gubernamentales de Filipinas que promueven la causa de los pueblos indígenas.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] IBON International. “CPDG: Philippine CSOs denounce human rights violations and closing civic space amid COVID-19.” 26 de mayo de 2020. Disponible en https://iboninternational.org/2020/05/26/cpdg-philippine-csos-denounce-human-rights-violations-and-closing-civic-space-amid-covid-19/
[2] Torres-Tupas, Tetch. “What you need to know when arrested for quarantine violation.” Inquirer, 22 de mayo de 2020. Disponible en https://newsinfo.inquirer.net/1279565/what-arrested-for-quarantine-violators-need-to-know
[3] UP sa Halalan. “A Primer Bayanihan to Heal as One Act 2020.” https://polisci.upd.edu.ph/resources/bayanihan-primer/
[4] Katribu. “Phil. IPs amidst Covid-19 pandemic.” Informe Especial, junio de 2020. Disponible en
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/06/IPs-and-Covid-19_-Katribu-Special-Report.pdf
[5]Cepeda, Mara. “House approves P1.3-trillion economic stimulus package vs pandemic.” Rappler, 4 de junio de 2020. Disponible en
https://www.rappler.com/nation/house-3rd-reading-bill-economic-stimulus-package-coronavirus-pandemic
[6] El programa Build Build Build (Construir Construir Construir) de la administración Duterte se inició en julio de 2018 como programa insignia del Philippine Development Plan, PDP (Plan de Desarrollo de Filipinas) 2017-2022.
[7] Decimoctavo Congreso de la República de Filipinas. Ley de la República (RA) Nº 11494, Ley Bayanihan II. 27 de julio de 2020. Disponible en https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/09sep/20200911-RA-11494-RRD.pdf
[8] Decimoctavo Congreso de la República de Filipinas. Ley de la República (RA) Nº 11479, Ley Antiterrorista de 2020. 22 de julio de 2019. Disponible en https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/06jun/20200703-RA-11479-RRD.pdf
República de Filipinas Departamento de Justicia Consejo Antiterrorista. Las Normas y Reglamentos de Aplicación de 2020 de la Ley de la República Nº 11479. 16 de octubre de 2020. Disponible en https://www.doj.gov.ph/files/2020/news%20articles/IRR%20ATA%202020%20-%20CTC.PDF
[9] Buan, Lian. ”IBP files 34th petition: Hard to defend suspects under vague anti-terror law.” Rappler, 12 de septiembre de 2020. Disponible en https://www.rappler.com/nation/ibp-34th-petition-anti-terror-law
[10] Agoot, Liza. “IPs most affected by terrorist insurgency: NCIP chief.” Philippine News Agency, 3 de diciembre de 2019. Disponible en https://www.pna.gov.ph/articles/1087719
[11] Asia Democracy Chronicles. “New Normal, Old Crisis.” 10 de diciembre de 2020. Disponible en https://adnasia.org/philippine-task-force-for-indigenous-peoples-rights-on-the-human-rights-situation-of-indigenous-peoples-during-the-covid-19-pandemic/
[12] Katribu. “Phil. IPs amidst Covid-19 pandemic.” Informe Especial, junio de 2020. Disponible en https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/06/IPs-and-Covid-19_-Katribu-Special-Report.pdf.
[13] Según Katribu, en un informe presentado al Examen Periódico Universal, la Iniciativa Toda la Nación del Ejército de Filipinas identifica comunidades de pueblos indígenas, particularmente los Lumad del este de Mindanao, como parte del Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA). Afirma que en el este de Mindanao “el 74% del NPA son pueblos indígenas” y que “el 90% de las bases del NPA están en dominios ancestrales”.
[14] Cordillera Peoples Alliance, 2020. “Appeal for Urgent Action on the Attacks Against the CPA and its Leaders.” Facebook, 11 de mayo de 2020. Disponible en https://www.facebook.com/cpaphils/posts/3052051951498312
[15] Save Our Schools Network, 2021. “Save Our Schools Network’s Facebook Page.” Facebook. Disponible en https://www.facebook.com/saveourschoolsnetwork
[16] Aspinwall, Nick. “Philippines: brutal crackdown on activists and environmental defenders amid spread of Covid-19.” Business & Human Rights Resource Centre, 6 de abril de 2020. Disponible en https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/philippines-brutal-crackdown-on-activists-and-environmental-defenders-amid-spread-of-covid-19/
[17]Torres-Tupas, Tetch. “Anti-Terror Law’s first hit: Two Aetas from Zambales – group.” Inquirer, 18 de noviembre de 2020. Disponible en https://newsinfo.inquirer.net/1362348/anti-terror-laws-first-hit-two-aetas-from-zambales-group#ixzz6iZcLN5Mp
[18] Panay Today, 2021. Facebook. Disponible en https://www.facebook.com/panaytoday
[19] Sarmiento, Bong S. “Environmental certificate for Tampakan project ‘restored’ by Office of the President.” Mindanews, 11 de julio de 2020. Disponible en https://www.mindanews.com/environment/2020/07/environmental-certificate-for-tampakan-project-restored-by-office-of-the-president/
[20] Sarmiento, Bong S. “Philippine court upholds open-pit mining ban in Mindanao.” Mongabay, 19 de octubre de 2020. Disponible en https://news.mongabay.com/2020/10/philippine-court-upholds-open-pit-mining-ban-in-mindanao/
[21]Beltran, Bernice. “Philippines’ ‘Smart City’ Threatens Tribal Displacement.” The Diplomat, 8 de enero de 2020. Disponible en https://thediplomat.com/2020/01/philippines-smart-city-threatens-tribal-displacement/
[22]En una resolución reciente, el Tribunal de Apelación denegó la petición de OceanaGold (Filipinas), Inc., (OGPI) de obtener un mandato judicial que le permitiera reanudar sus operaciones en la mina de Didipio en Nueva Vizcaya. Las medidas cautelares hubieran permitido a la mina de Didipio mantener la explotación hasta que se resolviera su recurso judicial contra la orden de 15 de junio de 2019 del gobernador Carlos Padilla de cerrar la mina en Barangay Didipio, municipio de Kasibu. La orden de clausura se produjo tras la expiración en la media noche del 20 de junio de 2019 de un acuerdo de asistencia técnica y financiera de 25 años de duración.
Abogado. “CA won’t stop Didipio mine closure, but won’t let OceanaGold save face by withdrawing case.” Última modificación 23 de octubre de 2020. Disponible en https://abogado.com.ph/ca-wont-stop-didipio-mine-closure-but-wont-let-oceanagold-save-face-by-withdrawing-case/?fbclid=IwAR3PfASTyStfIIukYg3AZpUbh_UOVUahlo0RmvmMbcOEcL0Dh0QGI0f7Zxg
[23] Visaya, Vince Jacob A. “Police dismantle human barricade.” The Manila Times, 8 de abril de 2020. Disponible en https://www.manilatimes.net/2020/04/08/news/regions/police-dismantle-human-barricade/711197/
[24] Judy Pasimio, LILAK. Facebook, noviembre de 2020. Disponible en https://www.facebook.com/judy.a.pasimio/posts/10216017927274827
[25] Alyansa Tigil Mina. ”ATM Statement on illegal entry of fuel trucks in Nueva Vizcaya.” Última modificación 26 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.alyansatigilmina.net/single-post/2020/11/26/ATM-Statement-on-illegal-entry-of-fuel-trucks-in-Nueva-Vizcaya?fbclid=IwAR3R21qi_aeZKaKGj5eOqRdHMhA0yklYmWY5pL_xle_uHkuGf3Xm6fL7_yo
[26] Magsino, Dona. “DENR eyes mining, river dredging to spur economic recovery amid COVID-19.” GMA News, 10 de junio de 2020. Disponible en https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/742025/denr-eyes-mining-river-dredging-to-spur-economic-recovery-amid-covid-19/story/
[27] DA Communications Group. “DA eyes idle ancestral lands as food prod’n areas.” Departamento de Agricultura, 16 de abril de 2020. Disponible en https://www.da.gov.ph/da-eyes-idle-ancestral-lands-as-food-prodn-areas/
[28] Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas. 4 de junio de 2020 (disponible en inglés). Disponible en https://reliefweb.int/report/philippines/report-united-nations-high-commissioner-human-rights-situation-human-rights
[29] Subingsubing, Krixia. ”UNHRC resolution: No drug war probe but support, cooperation for PH efforts on human rights.” Inquirer, 7 de octubre de 2020. Disponible en https://globalnation.inquirer.net/191417/unhrc-resolution-no-drug-war-probe-but-support-cooperation-for-ph-efforts-on-human-rights#ixzz6iZ6aNQBv
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
