El Mundo Indígena 2026: Transición justa: de la transición verde a un imperativo de seguridad
La coyuntura actual
La transición verde mundial ha entrado en una fase nueva y mucho más peligrosa. Lo que antes se presentaba como una respuesta al cambio climático ahora está impulsado por la rivalidad geopolítica y por los imperativos de la seguridad nacional. En los últimos dos años, los minerales críticos han sido reclasificados: de recursos ambientales a activos estratégicos, y los gobiernos justifican cada vez más su extracción mediante un lenguaje centrado en la resiliencia, las cadenas de suministro para la defensa y la autonomía estratégica.
En este cambio, los derechos de los Pueblos Indígenas se debilitan de forma discreta y se restringen en términos procedimentales; las tierras indígenas se transforman en corredores para minerales, energía y logística; la participación se reduce cada vez más a la consulta; y el consentimiento se comprime en plazos acelerados. Aún más preocupante resulta que la interacción con instituciones internacionales, antes alentada como un medio pacífico y legítimo de incidencia, sea considerada de manera creciente como un riesgo para la seguridad.
Lo que se está desarrollando es el resultado de una economía política impulsada por la seguridad, en la que las prioridades se desplazan y la urgencia se impone al clima. Cuando la confrontación se intensifica, las protecciones de derechos son las primeras en debilitarse. Esta regresión está documentada en las principales economías y confirma que, sin normas claras y salvaguardias jurídicas, la transición verde es extremadamente vulnerable a una reversión de carácter geopolítico.
Y, una vez más, el Ártico es el terreno de prueba. Su visibilidad estratégica, su relevancia geopolítica y la concentración de recursos críticos lo convierten en una señal de alerta temprana, donde los patrones que hoy se observan ya se replican a escala mundial.
Este momento no se define por la erosión de los derechos de los Pueblos Indígenas, sino por un desplazamiento de consecuencias mucho mayores: quién decide cuándo esos derechos importan. Mientras la transición mundial se reorganiza en torno a la planificación geopolítica y la competencia, los Pueblos Indígenas son cada vez más percibidos no como actores políticos, sino como variables que deben ser gestionadas dentro de estrategias definidas en otros ámbitos.
Este informe documenta qué ha cambiado desde la Cumbre de los Pueblos Indígenas sobre una Transición Justa de 2024, qué es lo que ellos están perdiendo y por qué la trayectoria actual amenaza no solo sus derechos, sino también la legitimidad de la propia transición verde.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo
Introducción
En octubre de 2024 se celebró, en Ginebra, la primera Cumbre de los Pueblos Indígenas sobre una Transición Justa. Una vez más, los Pueblos Indígenas expresaron preocupaciones ya conocidas: que la economía verde avanzaba a un ritmo que superaba el reconocimiento y la aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas; que el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) se reducía a una formalidad; y que los proyectos extractivos presentados como “verdes” reproducían antiguos patrones de despojo bajo una nueva denominación. Estas preocupaciones no eran nuevas. Los Pueblos Indígenas las han planteado durante más de una década. Lo novedoso es el entorno político en el que se desarrollan estas preocupaciones ahora.
Desde la Cumbre, el contexto mundial ha pasado de ser uno de sostenibilidad en disputa a uno de confrontación geopolítica abierta. La transición verde ya no se negocia como un proyecto normativo que se fundamenta en los compromisos multilaterales, la justicia climática y el derecho internacional, sino como una necesidad estratégica configurada por la competencia en materia de seguridad y realineamiento del poder.
Justificado por la guerra y la rivalidad geopolítica, el giro hacia la seguridad ha cambiado el “sistema operativo” de la gobernanza.
La guerra en Ucrania ha transformado la energía, la infraestructura y los minerales críticos en instrumentos de supervivencia geopolítica. Los gobiernos ya no hablan principalmente de plazos de descarbonización, sino de autonomía estratégica, intereses nacionales y resiliencia frente a actores hostiles. En este entorno, la urgencia se ha convertido en la moneda de cambio política dominante.
Al mismo tiempo, el sistema multilateral en el que los Pueblos Indígenas han confiado para obtener visibilidad y protección se ha debilitado. El retorno de Donald Trump al centro de la política estadounidense y su hostilidad explícita hacia las instituciones multilaterales han acelerado este deterioro.
Los recortes al financiamiento de las Naciones Unidas en enero de 2026, la retirada de 31 entidades de la Organización, el escepticismo manifiesto frente al derecho internacional y la priorización del bilateralismo transaccional han reducido tanto la autoridad como la capacidad de protección de los mecanismos de la ONU. Esto resulta significativo para los Pueblos Indígenas, porque cuando el multilateralismo se debilita, también se debilita una de las pocas plataformas desde las cuales las voces indígenas pueden cuestionar el poder estatal.
En paralelo, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el aumento de la postura militar han reforzado la securitización de vastos territorios, en particular en el Ártico y el subártico. Lo que antes se presentaba como un espacio ecológico frágil y un ámbito de cooperación ha ido desapareciendo de la memoria de las políticas públicas. La región se gestiona ahora como una infraestructura estratégica, en la que los minerales, las rutas marítimas, los puertos y la movilidad militar se consideran de manera conjunta, y los territorios ancestrales indígenas han quedado integrados, de forma conveniente, en los mapas de seguridad.
Aquí es donde el cambio adquiere un carácter decisivo.
Dos años que lo cambiaron todo: geopolítica, guerra y economía verde
Cambio 1 – Los minerales se han convertido en activos de seguridad
El período comprendido entre 2022 y 2025 ha reconfigurado de manera fundamental el entorno político que orienta la transición verde. En primer lugar, se ha acelerado la securitización de los minerales críticos. La guerra en Ucrania no solo alteró los mercados energéticos, sino que también reordenó las prioridades mundiales. Los compromisos climáticos no desaparecieron, se incorporaron a un marco más amplio de competencia por el poder y la planificación estratégica.
La guerra y su impacto prolongado en las cadenas de suministro mundiales han puesto de relieve que el acceso a minerales críticos constituye una cuestión de seguridad nacional y de los aliados. Los gobiernos compiten por asegurar suministros de litio, níquel, cobalto y tierras raras: no como insumos para la energía renovable, sino como elementos esenciales de las industrias de defensa, infraestructura digital y preparación geopolítica. Expresiones como “cadenas de suministro seguras”, “reservas estratégicas”, “friend-shoring” (relocalización en países aliados) e “interés nacional” se mencionan cada vez más en las estrategias destinadas a abordar las preocupaciones en materia de seguridad económica.
En todo el Ártico, el renovado nacionalismo de los recursos y el escepticismo hacia la dependencia multilateral han resurgido como narrativas centrales. Estas posturas se ven reforzadas por el enfoque de seguridad de la OTAN posterior a 2022, que vincula cada vez más la infraestructura, la movilidad y el acceso a los recursos del Ártico con la preparación y la disuasión de la alianza.
En marzo de 2023, la Comisión Europea presentó la Ley de Materias Primas Críticas, que clasifica explícitamente el litio, las tierras raras, el cobalto y el níquel como “estratégicos” para la seguridad económica y las industrias de defensa de Europa.
En 2024, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos amplió el financiamiento en el marco de la Ley de Producción de Defensa para el procesamiento nacional de minerales críticos, y citó explícitamente los riesgos que plantea la dependencia de proveedores extranjeros en un contexto de “competencia entre grandes potencias”.
Groenlandia ha pasado a ocupar el centro del discurso de seguridad en el Ártico, no solo por sus recursos, sino por su posición estratégica que conecta América del Norte, Europa y el Ártico. La renovada atención de los Estados Unidos en el papel geopolítico del país, junto con el interés chino y europeo en sus reservas, ha intensificado la presión para alinear el desarrollo de los recursos con las prioridades de seguridad.
En un contexto de sanciones, Rusia ha impulsado cada vez más el desarrollo del Ártico mediante canales bilaterales y orientados a la seguridad, a menudo en coordinación con socios asiáticos.
Estos cambios se han visto reforzados por el debilitamiento de los compromisos climáticos al más alto nivel político. La retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París en 2020 y en 2026, así como la incertidumbre posterior en torno a su reincorporación enviaron una señal clara de que las obligaciones climáticas siguen siendo políticamente reversibles cuando intervienen prioridades de seguridad.
En este contexto, la economía verde deja de tratarse solo de descarbonización y pasa a centrarse en el control, la velocidad y el posicionamiento geopolítico. A medida que los minerales se convierten en activos estratégicos, la gobernanza se desplaza desde la deliberación hacia la ejecución. Los derechos continúan siendo mencionados, pero su peso práctico disminuye bajo la presión de la urgencia.
Cambio 2 – Los combustibles fósiles regresan como herramientas de seguridad
En las realidades securitizadas, la transición verde no sustituye a la extracción, sino que se le superpone. En los últimos cuatro años, el petróleo, el gas y el carbón –antes consideradas industrias en declive controlado– han sido reclasificados una vez más como herramientas de influencia geopolítica, junto a los minerales críticos y la infraestructura renovable. En nombre de la independencia energética y la preparación militar, los gobiernos han reabierto plantas, ampliado las concesiones de petróleo y gas y justificado nuevas extracciones.
Lo que se presentó como un ajuste temporal, hoy se asemeja a un retroceso estructural. El retorno de los combustibles fósiles como activos estratégicos desde 2022 demuestra la rapidez con la que los compromisos climáticos se vuelven negociables cuando aumentan las presiones de seguridad.
En Alemania, las centrales eléctricas de carbón programadas para su desmantelamiento fueron reactivadas entre 2022 y 2024 bajo medidas de emergencia de seguridad energética tras la guerra en Ucrania. Noruega ha ampliado las rondas de licencias de petróleo y gas en el mar de Barents, mientras mantiene públicamente su papel de liderazgo en la transición verde. A su vez, Estados Unidos ha aprobado nuevas concesiones de petróleo y gas frente a las costas de California, el Golfo de México, partes de Florida y grandes áreas de Alaska.
Cambio 3 – A medida que los minerales se vuelven estratégicos, los derechos se tornan negociables
Durante gran parte de la última década, los Pueblos Indígenas fueron marginados por las agendas de desarrollo justificadas en nombre de la sostenibilidad y el crecimiento. Estos desafíos resultaban familiares y se impugnaban mediante herramientas establecidas: la ley, la consulta, la participación, y la promoción y defensa internacional.
Lo que ha cambiado es la forma en que se tratan, ponderan e instrumentan esos derechos. En el entorno actual impulsado por la seguridad, los derechos indígenas funcionan cada vez más dentro de plazos comprimidos y un espacio político reducido, donde cualquier desacuerdo se convierte en una obstrucción. Los proyectos vinculados a los minerales críticos, la infraestructura y la seguridad energética se presentan como urgentes, estratégicos y de ejecución apremiante. Las decisiones se justifican como respuestas necesarias ante las amenazas externas, las interrupciones del suministro o la incertidumbre geopolítica. El lenguaje formal del CLPI permanece intacto, pero su significado práctico cambia. Dentro de este encuadre, el consentimiento no se elimina: se acelera. Cuando la urgencia impulsa las decisiones, los derechos indígenas se convierten más en un obstáculo de procedimiento que en una condición sustantiva. Este cambio sutil transforma la participación en gestión de riesgos. En este contexto, los derechos indígenas no solo resultan inconvenientes, sino que son cada vez más incompatibles con la celeridad y los intereses nacionales.
La superposición de antiguas y nuevas presiones extractivas agrava este efecto. Cuando se busca una transición justa como estrategia y no como un compromiso, las opciones fósiles siempre se mantendrán abiertas. En última instancia, las tierras indígenas cargan con el costo de la vieja y la nueva economía extractiva. Esta doble carga revela algo mucho más profundo: sin una gobernanza vinculante y derechos protegidos, la transición verde no se aplica por sí sola. Puede estancarse, retroceder o reorientarse por completo.
Los riesgos trascienden la gobernanza nacional. Durante décadas, la participación en los mecanismos de la ONU brindó a los Pueblos Indígenas una plataforma crucial para plantear preocupaciones más allá de las limitaciones nacionales. Ahora, ese espacio se reduce. A medida que se agudizan las tensiones geopolíticas, algunos Estados ven cada vez más la incidencia internacional indígena –conquistada tras décadas de lucha– desde la perspectiva de la seguridad, y se sienten tentados a utilizar la participación indígena en foros multilaterales de forma estratégica, lo que vuelve la interacción internacional más conflictiva en el plano político.
Los representantes indígenas, en particular quienes operan en entornos políticos sumamente restrictivos, enfrentan ahora un riesgo mayor. Los líderes indígenas que se expresan abiertamente sufren intimidación, vigilancia y criminalización. La interacción internacional ya no se percibe como una cooperación rutinaria, sino como una posible injerencia. Como resultado, la representación y la promoción y defensa de los derechos indígenas siguen siendo posibles en términos legales, aunque políticamente inseguras.
En diciembre de 2025, los líderes indígenas de la Federación Rusa que habían participado en mecanismos de la ONU (entre ellos foros sobre el clima y derechos indígenas) fueron objeto de allanamientos, confiscación de dispositivos electrónicos, detenciones y cargos relacionados con el terrorismo. Estas medidas se produjeron tras su vinculación con los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, lo cual transformó, en la práctica, la participación internacional: de ser un derecho protegido pasó a convertirse en un acto de alto riesgo.
Este informe sostiene que el cambio decisivo no es la pérdida de los derechos indígenas, sino su creciente condicionalidad bajo una gobernanza impulsada por la seguridad. El reconocimiento legal persiste, pero la importancia práctica de las protecciones indígenas se vuelve secundaria frente a las consideraciones estratégicas y de seguridad y, por ende, termina siendo neutralizada administrativamente. Precisamente por esa razón, resulta difícil de impugnar y peligroso de ignorar.
¿Por qué es importante el Ártico?: lo que ocurre hoy en esta región indica lo que se normalizará mañana a nivel mundial
Ningún lugar ilustra mejor esta transformación que el Ártico. Esta región ya no está simplemente "securitizada", sino que está regida por cuestiones de seguridad. En los últimos cuatro años, la zona ha pasado de ser considerada un posible foco de competencia estratégica a ser gobernada activamente como tal.
Las reservas minerales de Groenlandia, la infraestructura ártica de Rusia y la apertura de las rutas de navegación septentrionales ya no se analizan por separado, sino como elementos interconectados de un panorama de seguridad más amplio. Los ejercicios militares y la planificación de infraestructura en el Ártico se han expandido considerablemente; de este modo, los puertos, las pistas de aterrizaje y los corredores de transporte se debaten cada vez más junto a la extracción de minerales y la infraestructura energética.
La pregunta ha cambiado discretamente: ya no se trata de si el desarrollo debe proseguir, sino de con qué rapidez puede alinearse con las prioridades de seguridad. En un clima de competencia entre los Estados árticos por los minerales, las rutas de navegación y la infraestructura, los gobiernos tratan cada vez más la participación indígena como una gestión de riesgos, con lo cual marginan la toma de decisiones y la gobernanza compartidas.
Los marcos multilaterales de gobernanza del Ártico, en particular, el Consejo Ártico y su sistema de Participantes Permanentes, han brindado históricamente a los Pueblos Indígenas un acceso estructurado e institucionalizado a los procesos de toma de decisiones. Aunque imperfectos, estos mecanismos ofrecían, al menos, cierta protección institucional para la participación indígena. Sin embargo, en un contexto de confrontación geopolítica sostenida, estas instituciones no estaban preparadas a nivel estructural para una ruptura de la seguridad y se vieron superadas con rapidez. En este escenario, la participación indígena fue una de las primeras víctimas.
A medida que la cooperación se fractura, la toma de decisiones se vuelve más centralizada, se reduce la transparencia y los aportes indígenas se integran de manera menos sistemática. Las voces indígenas se vuelven más fáciles de eludir, de reencuadrar y de postergar. Como resultado, se resta prioridad a los derechos y la gobernanza compartida –ya de por sí frágil– se ha debilitado drásticamente.
Las mismas dinámicas se desarrollan en América Latina, África y Asia, donde confluyen los minerales críticos y los intereses geopolíticos. Lo que se pone a prueba en el Ártico no es solo la infraestructura o la preparación militar, sino un modelo de gobernanza bajo presión. La región revela el futuro de forma anticipada porque el Ártico es donde estas narrativas (competencia por los recursos, visibilidad estratégica y rivalidad geopolítica) colisionan en un mismo lugar, con menos amortiguadores institucionales para frenar el cambio. No es un caso excepcional. Es predictivo.
Conclusión: ¿por qué esta es una crisis mundial de derechos indígenas y qué se decide ahora?
La transición verde mundial no se ha estancado. Se ha reorientado. Desde la Cumbre sobre una Transición Justa, hace apenas un año, el mundo se ha alejado de forma decisiva de la narrativa de la transición verde hacia una frontera de recursos impulsada por la seguridad. Este cambio no ha eliminado los derechos indígenas, pero ha alterado las condiciones bajo las cuales se ejercen y, lo que es crucial, quién determina cuándo se aplican.
La seguridad ya no es un simple sector de políticas más; se convierte en el principio organizador que, de manera silenciosa, anula la gobernanza ambiental, social e indígena. Cuando domina la rivalidad, la celeridad se impone a la deliberación. Al final, la lógica de los derechos se ve superada por la lógica de la seguridad en la toma de decisiones políticas. Si los derechos se tratan como variables, la transición se convierte en otro proyecto extractivo: estratégico y, en última instancia, insostenible.
Y si la economía verde puede dejarse de lado cuando la seguridad lo exige, entonces su legitimidad (y su pretensión de justicia) se erosiona. El retorno de los combustibles fósiles, el retroceso de las salvaguardias ambientales y la retirada de los compromisos climáticos internacionales han revelado, en conjunto, una debilidad estructural en el corazón de la transición verde. Esto demuestra que la transición misma no solo es extremadamente frágil, sino que sigue condicionada a la estabilidad política, los cálculos de seguridad y el poder. En el Ártico y sus alrededores, la nueva fase de la transición verde puede ahora replicar fácilmente las injusticias del pasado a mayor velocidad y escala.
Cuando aumentan las presiones de seguridad, ya sea debido a la guerra, la escasez de energía o la rivalidad estratégica, los compromisos a largo plazo son los primeros en ceder. Los derechos indígenas están experimentando el mismo patrón.
Cuando el consentimiento se comprime, la participación se instrumentaliza y la interacción internacional se vuelve peligrosa. La libre determinación indígena se socava mediante su implementación, en lugar de debilitarse por la ley. Esto no elimina los derechos, pero reduce su alcance práctico. Estos cambios rara vez se anuncian como violaciones; por el contrario, son presentados como ajustes menores, medidas de emergencia o necesidades estratégicas, y se acumulan con el tiempo, reconfigurando la gobernanza mientras se preserva el lenguaje de la inclusión. La seguridad lograda a costa de los derechos no produce estabilidad; genera resistencia, fragilidad y fracaso a largo plazo.
El mayor riesgo de la trayectoria actual no es la confrontación, sino la normalización. Cuando avanzamos en la transición limitando el consentimiento indígena, tolerando la participación solo cuando es coherente con las prioridades estratégicas y tratando la gobernanza indígena como algo negociable, los derechos indígenas se convierten en obstáculos en lugar de aceleradores, y las instituciones destinadas a garantizar el orden se transforman en campos de batalla.
La pregunta principal, ahora, es quién decide cuándo importan esos derechos.
En un mundo cada vez más securitizado, las grandes potencias ya no se preguntan cómo defender los derechos indígenas, sino cuánta presencia indígena pueden tolerar sin frenar sus ambiciones estratégicas. Este cambio –de los derechos como cimientos a los derechos como variables, o, peor aún, como factores de riesgo– está destinado a socavar no solo los derechos indígenas, sino también la legitimidad misma de una transición justa.
La lección no es que la economía verde haya fracasado, sino que carece de futuro si no existen una gobernanza vinculante y derechos exigibles.
Los Pueblos Indígenas no le piden al mundo que desacelere. Piden que rinda cuentas mientras avanza.
Una transición que no puede sobrevivir a los derechos no es una transición: es una apropiación.
Liubov Sulyandziga, doctora (PhD), es académica visitante en el Centro Davis de Estudios Rusos y Euroasiáticos de la Universidad de Harvard e investigadora afiliada a la Iniciativa del Ártico del Belfer Center.
Rodion Sulyandziga es presidente de la cumbre Transición Justa: Perspectivas, Conocimientos y Experiencias Vividas de los Pueblos Indígenas (2024) y del Comité de Coordinación Global de los Pueblos Indígenas (IPGCC).
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo
Notas y referencias
Amnistía Internacional. 2023–2025. Russia: Misuse of extremism and terrorism legislation (Rusia: uso indebido de la legislación sobre extremismo y terrorismo). Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/eastern-europe-and-central-asia/russia/
Arctic Yearbook. 2023–2025. https://arcticyearbook.com/
Borozna, Angela. “The Evolution of Russia’s Arctic Strategy after the War in Ukraine” (La evolución de la estrategia ártica de Rusia tras la guerra en Ucrania). En Arctic Yearbook 2025. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2025
Dordoni, Marco. “NATO’s Arctic Narrative After 2022: Conferences as Promoters of Security or Drivers of Destabilization?” (La narrativa de la OTAN en el Ártico después de 2022: ¿las conferencias como promotoras de seguridad o impulsoras de la desestabilización?) En Arctic Yearbook 2025. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2025
Comisión Europea. Reglamento por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales (Ley de Materias Primas Críticas). COM, 2023, 160 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0160
Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania (BMWK). Reactivación temporal de las centrales eléctricas de carbón en el marco de las medidas de seguridad energética. 2023. https://www.bmwk.de/
Giboi, Mihai. “Bypassing NATO Enlargement: Explaining Russian Naval Power Projection through the Arctic” (Eludir la ampliación de la OTAN: explicación de la proyección del poder naval ruso a través del Ártico). En Arctic Yearbook 2024. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2024
Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut). 2023. Estrategia mineral de Groenlandia 2023–2027. https://govmin.gl/
Heininen, Lassi, Heather Exner-Pirot, y Justin Barnes. “Introduction – Arctic Relations: Transformations, Legacies and Futures” (Introducción – Relaciones árticas: transformaciones, legados y futuros). En Arctic Yearbook 2024. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2024
Agencia Internacional de la Energía (AIE). The role of critical minerals in clean energy transitions (edición revisada) (El papel de los minerales críticos en las transiciones de energía limpia). AIE, 2023. https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
Agencia Internacional de la Energía (AIE). 2024. Perspectivas de la energía mundial 2024. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024
Consejo Circumpolar Inuit (ICC). 2022–2024. Documentos de posición sobre la seguridad en el Ártico y los derechos indígenas. ICC. https://www.inuitcircumpolar.com/
Janssen, Niall Juval. “European Union–Indigenous Relations in Arctic Governance: The Inclusion and Articulation of Indigenous Realities in Policy Papers since 2008” (Relación entre la Unión Europea y los indígenas en la gobernanza del Ártico: la inclusión y articulación de las realidades indígenas en los documentos de política desde 2008). En Arctic Yearbook 2024. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2024
Memorial Human Rights Center. 2024–2025. Represión de activistas indígenas y ambientales en Rusia. Memorial Human Rights Center. https://memohrc.org/
Ministerio de Energía de Noruega. Rondas de licencias de Adjudicaciones en Áreas Predefinidas (APA). Ministerio de Energía de Noruega, 2023. https://www.regjeringen.no/en/dep/ed/id291/
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Perspectivas globales de los recursos materiales a 2060. OCDE, 2023. https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm
Federación Rusa. Fundamentos de la política estatal de la Federación Rusa en el Ártico. Federación Rusa, 2023. http://government.ru/en/docs/
Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). Evolución militar y de seguridad en el Ártico. SIPRI, 2024. https://www.sipri.org/
Sukhankin Sergey, y P. Whitney Lackenbauer. “Looking Beyond China: Non-Western Actors in the Russian Arctic after February 2022” (Mirando más allá de China: actores no occidentales en el Ártico ruso después de febrero de 2022). En Arctic Yearbook 2024. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2024
Asamblea General de las Naciones Unidas. Reducciones y retiros del presupuesto por programas. 2026. https://www.un.org/en/ga/
Secretario General de las Naciones Unidas. 2023–2025. Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos: represalias (serie A/HRC). https://www.ohchr.org/en/documents
Oficina de Gestión de Energía Oceánica de los Estados Unidos (BOEM). 2023–2024. Concesiones de petróleo y gas. BOEM. https://www.boem.gov/oil-gas-energy/leasing
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estrategia nacional para la región del Ártico. Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2022. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-Arctic-Region.pdf
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 2024. Inversiones del Título III de la Ley de Producción de Defensa para minerales críticos. Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2024. https://www.defense.gov/News/Releases/
Wilson Center Polar Institute. El Ártico en una era de competencia estratégica. Wilson Center Polar Institute, 2023. https://www.wilsoncenter.org/program/polar-institute
Wheelersburg, Robert P. “Incorporating North American Arctic Indigenous Peoples and Northern Residents into Regional Security” (Incorporación de los Pueblos Indígenas del Ártico norteamericano y de los residentes del norte a la seguridad regional). En Arctic Yearbook 2024. https://arcticyearbook.com/arctic-yearbook/2024
Etiquetas: Derechos Humanos, Procesos internacionales
