El Mundo Indígena 2022: Costa Rica
En el país habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y Chorotega, que constituyen un 2.4 % de la población. Según el Censo Nacional de 2010, poco más de cien mil personas se reconocen como indígenas.
Aunque, casi un 7 % del territorio nacional (3.344 km²) es ocupado por 24 territorios indígenas, esta es una superficie que figura solamente en los decretos de creación de esos territorios y una gran parte está invadida por ocupantes no indígenas. En un país donde cerca de un 20 % de la población vive bajo el nivel de pobreza, en el caso de los pueblos indígenas, ese porcentaje alcanza cifras alarmantes: Cabécar 94.3 %; Ngäbe 87 %; Bröran 85.0 %; Bribri 70.8 %; Brunka 60.7 %; Maleku 44.3 %; Chorotega 35.5 % y Huetar 34.2 %.
Costa Rica ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993 y agregó a la Constitución Política de la República el reconocimiento de su carácter multicultural en 2015. Aun así, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su informe preliminar de 2021, indicó que “siguen sin reconocerse explícitamente en la Constitución a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos”[1].
A su vez, la Ley Indígena 6172 de 1977 reconoció a las organizaciones tradicionales indígenas. Pero un reglamento posterior impuso una figura completamente ajena a sus estructuras de poder tradicionales, las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII), cuya supervisión está a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, entidad que no posee capacidades para comprender la diversidad cultural, los derechos indígenas y el enfoque intercultural
Entre las organizaciones indígenas que gozan de legitimidad nacional y regional y que actúan en defensa de sus derechos se destacan la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la Red Indígena Bribri-Cabécar, la Asociación Ngäbe del Pacífico, la Asociación Regional Aborigen del Dikes, el Foro Nacional de Mujeres Indígenas y el Movimiento Indígena Interuniversitario.
Las mujeres recuperadoras de tierra
Durante 2021, las mujeres indígenas de Costa Rica han tenido un papel protagónico en el movimiento de recuperación de tierras. Este movimiento, desde 2010, ante el desinterés y la inacción del Estado, inició el proceso de desalojo de los ocupantes ilegales dentro del perímetro de los títulos de propiedad indígenas. En los territorios de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá y Guatuso, principalmente, el saneamiento interno se caracterizó por la participación de las mujeres, incluyendo algunas recuperaciones constituidas únicamente por ellas. La violencia por parte de los ocupantes ilegales de tierras, finqueros y sus partidarios, incluyendo autoridades del gobierno, este año fue más intensa que los anteriores.
En ese contexto, las recuperadoras de tierras recibieron amenazas contra sus vidas, sus hijos e hijas y sus bienes materiales. En China Kichá, finqueros y sus sicarios armados bloquearon las entradas del territorio indígena y amenazaron directamente a las mujeres con violencia sexual a ellas y sus hijas. La respuesta de la policía y el gobierno fue recomendarles no provocar a los finqueros armados y respetar sus posiciones en aras de la convivencia democrática.
Organizaciones de mujeres indígenas recuperadoras de territorios, de Térraba, Salitre, Cabagra y China Kichá, han unido fuerzas y experiencias de lucha para elaborar, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Agenda de Mujeres Indígenas en Defensa de los Territorios del Sur[2], que “constituye un instrumento de consulta para autoridades y funcionariado público de diversas instituciones, encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas, a través de acciones institucionales y políticas públicas”. Este documento hace evidente la participación de las mujeres en el proceso de recuperación de tierras y el hecho que, para ellas, los derechos territoriales y la seguridad alimentaria constituyen el eje de las reivindicaciones indígenas.
El informe sobre Costa Rica del Relator Especial de la ONU[3] indica su preocupación por el abordaje del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en relación con “los niños y niñas indígenas involucrados en los procesos de recuperación de tierras” sustraídos de sus familias.
Continúa el secuestro de niños y niñas indígenas
En el informe del Mundo Indígena de 2019[4] se citó la denuncia de las mujeres Cabécares sobre la política del PANI de extraer violentamente niños indígenas de sus familias alegando alcoholismo y violencia doméstica, colocándolos luego en familias de acogida sin ninguna previsión ni estrategia de respeto de su cultura. Como estableció la denuncia, los niños y las niñas Cabécares eran asignadas a hogares no indígenas, donde recibían burlas por no hablar castellano, por su color de piel, por sus distintas costumbres, en general.
La denuncia fue respondida unos meses después por la presidenta Ejecutiva del PANI, quien ofreció solicitar la asistencia técnica de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) en cuestiones interculturales. Esa institución es conocida precisamente por no contar con ninguna sensibilidad respecto a la diversidad cultural y por los conflictos que frecuentemente genera con las comunidades al intervenir en asuntos internos irrespetando la legislación y los derechos indígenas.
En 2021, según expresaron lideresas de Alto Chirripó, cuyos nombres no se citan para evitar represalias, los secuestros continuaron, se intensificó la agresión del PANI contra las familias Cabécares y no se creó ninguna capacidad intercultural en esta institución.
En el territorio indígena de Duchí (Alto Chirripó según la terminología oficial), un grupo de lideresas han logrado, con el apoyo de un abogado que ofreció sus servicios ad-honorem, después de varios años de numerosas diligencias administrativas y legales, la personería jurídica de su organización, la Asociación de Mujeres Indígenas Kajala Batca para el fortalecimiento de su identidad y de su cosmovisión. Esta organización reitera su posición de denuncia hacia el PANI por su constante agresividad e incomprensión de las estructuras de crianza indígenas. Es notoria la voluntad etnocida de esta institución que, en el siglo XXI, reproduce acciones similares a las de los internados de indígenas en Canadá y Australia en los siglos anteriores.
Los obstáculos atravesados por las mujeres de Duchí para obtener reconocimiento legal hacen evidente que, cuando se trata de formar organizaciones con el propósito de defender la cultura y los derechos de las mujeres, se encuentran resistencias solo explicables por la discriminación hacia los pueblos indígenas. Solo se facilita a las organizaciones productivas, pero cuando las postulaciones son con el propósito de defender la autodeterminación y los derechos, la reacción es el rechazo y los trámites interminables.
Nuevos retos frente a la diversidad
Desde la década de 1980, la diversidad étnica y cultural en el país se ha incrementado debido a los procesos migratorios, notablemente desde Nicaragua, incluyendo la región de la Moskitia que abarca también una parte significativa del departamento de Gracias a Dios en Honduras. Integrantes del pueblo Miskito se han establecido en Costa Rica, la mayoría en un barrio situado en el distrito de Pavas, al oeste de la capital, que constituye el centro de referencia para ese pueblo en el resto del país y el canal de comunicación con las comunidades de origen, tanto en Nicaragua como en Honduras.
Fuentes no oficiales estiman la población Miskita en más de 2.000 personas, de las cuales, cerca de 1.500 se concentran en Pavas, en un barrio identificado ya, por otros pobladores urbanos, como Miskito. Es probable que el número sea mayor, en parte porque el censo nacional de 2011 registra más de 8.000 indígenas extranjeros.
El pueblo Miskito se ha organizado en la Asociación Indígena Moskitia Multiétnica Internacional de Costa Rica y su presencia actual, identidad y reclamo de derechos constituye un desafío para un país que únicamente ha reconocido pueblos indígenas rurales con territorios que las instituciones públicas insisten en llamar ”reservas”[5].
Sigue postergada la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas
El proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue publicado en el Diario Oficial en 1994[6]. En 2021 se cumplieron 27 años durante los cuales el Parlamento se ha negado a discutirlo y el Poder Ejecutivo no le ha dado prioridad, aunque su promulgación ha constituido varias veces una promesa electoral. Persisten fuertes resistencias de carácter racista entre diputados y diputadas y la oposición férrea del sector privado y los partidos políticos conservadores que la creen riesgosa para las inversiones extractivas y no aceptan un concepto de territorio que no considere la tierra como mercancía.
Continúa la imposición de formas de organización ajenas a los sistemas indígenas
Como se ha mencionado en años anteriores, el Estado continúa violando la Ley Indígena 6172 de 1977 y el Convenio 169 al imponer una forma de organización a los territorios indígenas. En 2021, el Relator Especial expresó en su informe preliminar: “Al tratarse de instituciones estatales impuestas, no son idóneas para garantizar la representación de las comunidades de los pueblos indígenas. Que se rigen por su sistema propio de gobierno, llevando a una debilitación de las estructuras tradicionales de representatividad (…)”[7].
La lucha por la tierra: más violencia e impunidad contra los pueblos indígenas
En Costa Rica, las tierras indígenas fueron tituladas sin previo saneamiento y delimitación física. Desde la década de 1950, distintos decretos ejecutivos adjudicaron 24 territorios. La Ley Indígena de 1977 asignó un presupuesto anual para la compra de las tierras de no indígenas dentro de los perímetros de esos territorios. Sin embargo, el Estado, hasta 2021, no ha cumplido ese compromiso y, al contrario, ha tolerado la invasión y el despojo de las tierras indígenas por parte de terratenientes y políticos locales.
Durante 2021, el proceso de regularización de tierras iniciado en 2016 no tuvo avances significativos. En gran parte debido a los recursos insuficientes asignados para ese trabajo y en parte, por las limitadas capacidades del Instituto de Desarrollo Rural, que aún no ha comprendido que los procesos de saneamiento y los conflictos asociados superan la dimensión topográfica y jurídica y tienen complejidades históricas, sociales, culturales y políticas que hacen preciso un abordaje interdisciplinario y un enfoque intercultural e interseccional que no figuran entre sus competencias.
La asignación presupuestaria para el pago de indemnizaciones a poseedores que califican para ello es insuficiente y las órdenes de desalojo para los ocupantes ilegales son detenidas por los jueces que toleran la violencia contra los y las recuperadoras de tierra por terratenientes y sus matones. Durante 2021, en China Kichá, territorio indígena del pueblo Cabécar, finqueros y sus esbirros, todos armados, bloquearon las entradas del territorio exigiendo que las tierras recuperadas les fueran restituidas y amenazando de muerte a los indígenas. La respuesta del gobierno fue aconsejar a los indígenas de no generar conflictos y no agredir a los matones armados. Ninguna acción fue tomada para detener la manifestación racista.
Las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2015, no habían sido aún puestas en práctica seis años después y dirigentes y pobladores involucrados en la recuperación de tierras, continúan siendo amenazados. El crimen de Sergio Rojas, dirigente indígena Bribri del territorio de Salitre y uno de los fundadores del FRENAPI, fue archivado en 2020 y reabierto a principios de 2021 debido a varios recursos interpuestos por las organizaciones indígenas. Sin embargo, aún no ha sido investigado y el asesinato continúa impune. En 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Bröran, también fue asesinado. Sus homicidas quedaron en libertad por una resolución del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas[8] y el juicio, al 31 de diciembre de 2021, aún no se había llevado a cabo.
En 2021, no avanzó la resolución de conflictos sobre la tierra, la regularización se caracterizó por su lentitud y la incomprensión institucional de la complejidad de la cuestión. Según FRENAPI, en algunos territorios como China Kichá, cerca del 95 % de sus tierras están ocupadas por invasores no indígenas y en Térraba, alrededor del 70 %, por ejemplo. A su vez, el movimiento de recuperación de tierras indígenas fue agredido por los finqueros en total impunidad y los jueces detuvieron todos los desalojos de ocupantes ilegales en territorios indígenas, cuyo saqueo continuó.
Es particularmente importante subrayar que líderes indígenas, como Pablo Síbar Síbar, presidente del FRENAPI, continuaron recibiendo amenazas de muerte. En el caso de Pablo, su vivienda y tierras sufrieron atentados incendiarios que nunca fueron investigados por el Estado.
Perspectivas al futuro
El año 2021 registró significativos retrocesos respecto a los derechos indígenas en Costa Rica. Como se indicó antes, el Estado, fuera de la construcción de infraestructuras, no avanzó en la resolución de las cuestiones estructurales, principalmente los derechos a la tierra y el territorio y a la gestión autónoma de sus recursos naturales. El derecho de autodeterminación continuó siendo violado cotidianamente al imponer estructuras organizativas ajenas a las culturas indígenas y al supervisarlas por una institución sin un enfoque intercultural y prácticas discriminatorias hacia las formas indígenas de toma de decisiones.
Como se indicó el año pasado, los usurpadores de tierras siguen actuando en la impunidad, amenazando y asesinando sin que el Estado tome disposiciones capaces de terminar con el problema.
En 2021, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Estado inició la formulación participativa de una política pública para pueblos indígenas. Para coordinar el proceso contrató a una cooperativa profesional que en poco tiempo demostró su falta de conocimiento sobre la cuestión y los derechos indígenas y el contrato fue rescindido. No está claro qué ocurrirá en el futuro sobre el tema.
En 2022 habrá un cambio de gobierno y solo una de las personas candidatas ha expresado preocupación por los aspectos estructurales de los derechos indígenas, el resto se ha limitado a proponer estrategias asistencialistas. El candidato con mayor intención de voto al final de 2021, el expresidente José María Figueres, violó el principio de consulta reduciendo el territorio indígena Bribri de Kéköldi durante su mandato (1994-1998), cuando ya estaba vigente el Convenio 169. En 2020, un fallo judicial obligó al Estado a devolver las tierras despojadas en 1996 y a indemnizar al pueblo de Kéköldi. Durante 2021 no hubo ningún avance en el cumplimiento de este fallo.
Carlos Camacho-Nassar es antropólogo y geógrafo. Ha realizado estudios sobre derechos indígenas, en particular sobre cuestiones territoriales y sus conflictos asociados en América del Sur, México, Centroamérica y el Caribe. Cuenta con varias publicaciones sobre la temática. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Bettina Durocher PhD. es ingeniera agrónoma, mediadora intercultural e investigadora. Ha realizado y publicado estudios sobre saberes femeninos e indígenas en seguridad alimentaria y resiliencia climática inclusiva. Trabaja como consultora especialista en igualdad de género y derechos de las mujeres en programas humanitarios y de desarrollo internacional en América Latina, África y Asia. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Francisco Calí Tzay. “Declaración final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay al concluir su visita de Costa Rica”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diciembre de 2021. https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27997&LangID=S
[2] UNFPA. Agenda de mujeres indígenas en defensa de los territorios del sur. UNFPA, abril de 2021 https://costarica.unfpa.org/es/publications/agenda-de-mujeres-ind%C3%ADgenas-en-defensa-de-los-territorios-del-sur#:~:text=Esta%20agenda%20%2D%2Dconstruida%20por,social%20y%20cultural%20de%20los
[3] Francisco Calí Tzay. Ibid.
[4] IWGIA. El mundo indígena 2019. IWGIA, abril de 2019. https://www.iwgia.org/images/documentos/indigenous-world-esp/ElMundoIndigena2019_ES.pdf
[5] Millaray Villalobos Rojas. “La población indígena miskita nicaragüense y el estado costarricense: regularización migratoria y empleo formal”. Revista Trama, Volumen 7, número 1, Enero-Junio de 2018. Entrevista a Elsser Brown, director regional de MOPAWI, ONG miskita, en Puerto Lempira, Honduras, septiembre de 2021. https://www.uned.ac.cr/acontecer/a-diario/deporte-y-cultura/3784-institucion-realizo-el-foro-la-comunidad-miskita-en-costa-rica-voces-vivencias-y-visiones#:~:text=Los%20ind%C3%ADgenas%20Miskitos%20a%20parte,costa%20de%20habla%20este%20lenguaje. Entrevistas varias a dirigentes indígenas e investigadores universitarios.
[6] Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Expediente N° 14.352. http://proyectos.conare.ac.cr/asamblea/14352%203M137.pdf
[7] Francisco Calí Tzay. Ibid.
[8] “Térraba lleva dos días bajo ataque, nuevas amenazas de muerte, incendios y vandalismo”. Informa-Tico, 4 de marzo de 2020. https://www.informa-tico.com/4-03-2020/terraba-lleva-dos-dias-ataque-nuevas-amenazas-muerte-incendios-vandalismo?fbclid=IwAR0fz9K2rqWvwauQ2vys2gqEP2bavAWFwQUSolNrD9Yb9Nx82HyaCnQn_Ww
Etiquetas: Derechos Territoriales, Mujeres, Autonomía
