El Mundo Indígena 2022: Colombia
Colombia es un país que sobresale por su marcada diversidad geográfica, biológica y cultural. Inmensas regiones costeras, andinas, selvas tropicales sobre el Pacífico y el noroeste amazónico, llanuras orinoquenses, amplias zonas desérticas y tierras insulares, son el hábitat de 115 pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, las cuales están reconocidas como sujetos colectivos de derechos por la Constitución y la Ley.
De acuerdo al censo nacional de 2018, las poblaciones étnicas equivalen al 13. 6 % de la población total del país (48.258.494 personas), y están representadas por 1.905.617 que se autoreconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom. Aproximadamente el 58.3 % de la población indígena se localiza en 717 resguardos de propiedad colectiva, mientras que el 7.3 % de personas pertenecientes a comunidades afrodescencientes habita en 178 territorios colectivos de su propiedad, organizados en torno a Consejos Comunitarios. Sin embargo, salvo en la región amazónica, las tierras legalizadas en calidad de propiedad colectiva étnica son cada vez más deficitarias, mientras que los procesos administrativos y judiciales de constitución, ampliación, saneamiento y restitución de territorios étnicos se ralentizaron en los gobiernos de Alvaro Uribe y se paralizaron en la presidencia actual de Iván Duque.
Pueblos indígenas en primera línea de la movilización social
El 28 de abril del 2021 marca el inicio de un tiempo que será memorable en la historia reciente de Colombia. A partir de esa fecha y durante más de dos meses, el país asistió a una serie de movilizaciones y protestas sociales multitudinarias y multilocalizadas sin precedentes en su historia.
Este estallido social, que tuvo algunos antecedentes de menor magnitud en 2020, se exacerbó por las medidas tributarias draconianas que pretendía imponer el gobierno de Iván Duque bajo la excusa de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Aunque efectivamente esas medidas amenazaban con empeorar la pobreza y las enormes brechas de desigualdad en la que se encuentra sumido el país desde hace décadas, lo cierto es que la multitudinaria protesta fue la explosión de un acumulado de aberraciones económicas, sociales, políticas y humanitarias que ha padecido la mayor parte de la sociedad colombiana desde hace décadas con el telón de fondo del narcotráfico y el conflicto armado interno.
En 2021, los espacios urbanos fueron los escenarios privilegiados de las protestas, lo cual dejó a cielo abierto la gravedad de la represión oficial y el paramilitarismo que históricamente han afectado a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de zonas rurales, pero que se filtran a la opinión pública y la comunidad internacional bajo la bandera de un heroico combate sin fin contra facinerosos, guerrilleros y cultivadores de coca. Esta vez las ciudades fueron el escenario directo del accionar desproporcionado de la fuerza pública[1], y sus mismos habitantes pudieron registrarlo en directo a través redes sociales, medios comunitarios y académicos como la principal causa de la masiva violación de derechos humanos y la criminalización de la protesta social. En este clima de animadversión oficial contra quienes se tomaron las calles de manera pacífica, se produjeron decenas de homicidios, mutilaciones oculares, abusos sexuales, lesiones, detenciones ilegales, centenares de desaparecidos e, incluso, vandalismo encubierto. Solo en el lapso de dos meses llegaron a registrarse más de 3.000 agresiones[2], la mayoría de las cuales se atribuyeron a la fuerza pública y a civiles armados que apoyaron las acciones represivas policiales contra la juventud y las comunidades movilizadas en las diferentes ciudades.
De este levantamiento social que, sin lugar a dudas, fue el acontecimiento más relevante de 2021 y de la historia reciente del país, hicieron parte activa las comunidades y organizaciones étnicas que, esta vez, salieron de sus propios territorios para sumarse a la gran movilización. Desde todos los puntos cardinales del país, integrantes de diferentes pueblos indígenas se desplazaron a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Quibdó, Popayán, y se unieron a la protesta haciendo gala de nuevas formas de diálogo e interacción con la población. Las guardias indígenas ofrecieron su capacidad de protección a los manifestantes en lugares de concentración y durante las marchas; shamanes y sabedores organizaron y llevaron a cabo ceremonias de cuidado y celebraciones culturales; las mujeres indígenas se pusieron al frente de ollas comunitarias para alimentar a los manifestantes, y algunos jóvenes indígenas protagonizaron el derribamiento de estatuas y símbolos del colonialismo, el despojo y el saqueo del pueblo colombiano, al tiempo que participaron en el levantamiento de nuevas representaciones de la resistencia popular y la emancipación. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC):
Durante este tiempo, la minga se propuso regar y abonar esa semilla de lucha que estaba sembrada aquí. Lo hizo acompañando la mayor cantidad posible de puntos de resistencia, al son de la danza, las flautas y los tambores. Repartiendo comida en barrios marginales, desenmascarando y aplicando remedio a civiles y militares que infiltraban y vandalizaban el paro nacional. Abriendo corredores humanitarios para el abastecimiento de medicamentos, alimentos y combustibles. Enseñando qué es la minga y las formas ancestrales de organización y lucha[3].
La capacidad de movilización masiva y pacífica del movimiento indígena y sus formas de resistencia, calaron en la población que protestaba generando nuevas formas de reconocimiento mutuo, cuestionando formas seculares de discriminación y exclusión, y reposicionando al movimiento indígena y afrodescendiente como parte vital en los procesos de transformación social, económica, política y en la construcción de paz que reclaman las mayorías del país.
Lamentablemente, la renovada empatía entre sectores indígenas y la población general que protestaba empezó a registrarse en los medios de comunicación del régimen como una amenaza contra la “gente de bien” que habita en las ciudades, llegando al extremo de proponer justificaciones al ataque armado de la fuerza pública y paramilitares urbanos contra los indígenas movilizados, especialmente en las ciudades de Cali, Popayán y Bogotá[4]. Estas agresiones se mantuvieron en el tiempo pese a los llamados de diversos organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
La Comisión Interamericana rechaza que, durante las protestas [en Colombia], se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la Minga Indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes” [5].
La consecuencia de estos señalamientos por parte de funcionarios del mismo gobierno e integrantes de sus partidos aliados[6], fue una abierta estigmatización que tuvo eco en los sectores sociales y medios de comunicación más guerreristas, y un número aún indeterminado de indígenas violentados durante el clímax de las protestas en diferentes partes del país. Lo que sí es cierto, es que pudo documentarse ampliamente el ataque conjunto entre la fuerza pública y civiles armados contra la Minga Indígena en la ciudad de Cali. El CRIC detalla:
Más de 10 mingueros y mingueras sufrieron en carne propia los ataques de la policía y sus amigos; unos vestidos de negro y los otros de blanco, pero ambos con pistola en mano. Hubo que soportar el peso de los monopolios de comunicación departamental y local que no hicieron otra cosa que señalarnos, discriminarnos y estigmatizarnos[7].
Para la mayoría de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas colombianas, las movilizaciones de 2021 contra la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la guerra y la cartelización del poder político y económico, fueron apenas una continuación de sus luchas históricas, pero es indudable que su participación en ellas estrechó los vínculos con poblaciones urbanas, trabajadores, estudiantes, comerciantes, ambientalistas, entre otros. Además, contribuyó de manera decisiva en la ruptura de los símbolos y las representaciones en las que se han soportado las élites y los grupos de poder durante siglos. Así, el país entró en un proceso de transformación inédito, y los pueblos indígenas y comunidades étnicas fueron protagonistas de primera línea abriendo caminos en medio de la diversidad, dando ejemplo de organización, e instalando en el imaginario colectivo los cambios que se avecinan.
La prolongación de la guerra y las crisis humanitarias
En 2021, la mayor parte de las 24 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia con el fin de advertir a las autoridades la probable ocurrencia de hechos de violencia[8], estuvieron centradas en las amenazas que se ciernen sobre regiones habitadas por pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare y Vichada.
En general, el análisis que subyace a las alertas tempranas de la defensoría indica la reconfiguración de escenarios de riesgo creados por grupos armados ilegales que nunca han dejado de operar en estas regiones y se mantienen en permanente disputa por el control de los territorios, las rutas del narcotráfico, el tráfico de insumos y gasolina para el procesamiento de coca, la minería ilegal, el tráfico de armas, el sostén de políticos y gobiernos corruptos, entre otros. Los actores que hacen parte de esta disputa perpetua son los llamados GAOMIL (Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley), específicamente facciones de guerrillas y narcoparamilitares[9].
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en su Tercer Informe de Afectaciones a los Derechos Humanos y Territoriales en los Pueblos Indígenas de Colombia[10], también indicó que en el 2021 el accionar de los grupos armados ilegales y la fuerza pública entró en una nueva espiral de violencia y masivas violaciones a los derechos individuales y colectivos en la forma de confinamiento territorial de poblaciones; desplazamiento masivo forzado; hostigamientos y reclutamiento forzado de menores (con un importante registro de 134 indígenas reclutados). A estas cifras hay que sumar el reporte de Indepaz según el cual, en 2021, fueron asesinados 48 indígenas, la mayor parte de ellos en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó. Es decir la franja occidental del país en el andén del Pacífico, afectando con mayor saña a los pueblos Embera, Wounaan, Nasa y Awá, y a las comunidades tradicionales afrodescendientes que habitan en sus territorios colectivos.
La respuesta del gobierno colombiano al avance de la violencia en estos territorios ha sido nula. Pese a las alertas de riesgo inminente emitidas por la Defensoría del Pueblo, las comunidades están completamente abandonadas a las agresiones de estos grupos armados.
Fuente: Elaboración propia a partir de Indepaz, 2021[11]
Finalmente, es necesario subrayar que muchos de los territorios étnicos con mayores índices de violaciones a los derechos humanos e incremento de acciones armadas, están ubicados en el Pacífico chocoano, en áreas sobre las cuales se prevé el desarrollo de grandes proyectos extractivos y de infraestructura:
(Además del Puerto de Tribugá) Se habla también de una serie de proyectos de desarrollo nada sostenibles que inciden sobre la vida en esta región. El Puerto de Cupica en bahía Solano, la privatización del río Atrato, los proyectos hidroeléctricos en los ríos San Juan y Baudó y la construcción de un canal seco interoceánico, que uniría por medio de trenes al Pacífico y Caribe, afectando al ecosistema y a las comunidades que por años han defendido el territorio del Darién. Este plan se compone de una serie de subproyectos (…). A esto se suman el monocultivo de palma ligado al despojo de tierras, la megaminería legal e ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas, la explotación ilegal de maderas y el tráfico de personas. (Redepaz)[12]
Mujeres indígenas en la mira
Luego del confinamiento y el repliegue de las dinámicas organizativas por efecto de la pandemia del COVID-19, en 2021 las mujeres de la mayor parte de los pueblos étnicos colombianos continuaron consolidando su incidencia en la organización y el gobierno de sus comunidades y territorios. Durante este año, continuó multiplicándose la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes no solo en la jefatura de los gobiernos propios y las organizaciones regionales y nacionales (gobernación de cabildos, cacicazgos, consejerías, cargos administrativos), sino que se implicaron aún más en el diseño y el manejo directo de los planes de vida y proyectos de desarrollo propio en sus territorios.
Lamentablemente, la entrada franca de las mujeres en el ámbito político y administrativo de sus comunidades ‒muchas de ellas expuestas a la guerra, el narcotráfico, el extractivismo y la degradación ambiental‒, no está exenta de amenazas contra su vida y su integridad. En abril de 2021, por ejemplo, se produjo el emblemático asesinato de Sandra Liliana Peña, indígena nasa, gobernadora de su reguardo en el departamento del Cauca[13]. Las causas del homicidio estuvieron directamente relacionadas con su decisión de hacer cumplir la ley propia, proteger su territorio de daños ambientales, y combatir los cultivos de coca y corredores de narcotráfico. Casos similares de amenazas y homicidios contra defensoras de los territorios étnicos se han producido en otras regiones del país, haciendo evidente la mayor vulnerabilidad de las mujeres que lideran procesos de autogobierno y protección de sus derechos, territorios y bienes naturales.
Otro hecho notable que corrobora el ascenso de las mujeres en la vida social y política no solo al interior de sus comunidades sino del país en su conjunto, fue la aparición en la escena política nacional de Francia Márquez y María Uriana Guariyú, la primera oriunda de los territorios étnicos del norte del departamento del Cauca y, la segunda, indígena wayúu del departamento de la Guajira.
Estas mujeres, luchadoras por los derechos humanos y ambientales en sus territorios, se abrieron un espacio político de envergadura nacional y se lanzaron como candidatas a la presidencia de la República para los comicios que se llevarán a cabo en 2022. Es indudable que la aspiración de estas mujeres en igualdad de condiciones y capacidades a los demás candidatos, es otra señal de los profundos cambios políticos que vienen produciéndose al interior de las comunidades étnicas, pero también constituye un real desafío a los poderes dominantes y anquilosados que intentan mantener el statu quo y sus privilegios destruyendo los fundamentos democráticos.
Raizales de San Andrés y Providencia en el ojo del huracán
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe colombiano, es el territorio insular más alejado del área continental. La mayor parte de sus habitantes es integrante de un pueblo afrocaribeño con idioma, cultura y tradiciones propias, razón por la cual han sido reconocidos por la Constitución y la ley como sujeto colectivo de derechos.
Es evidente, que la enorme distancia geográfica que existe entre el archipiélago y el continente ha constituido una barrera de protección para el pueblo raizal y su cultura, pero igualmente, ha sido un factor de aislamiento y abandono por parte del Estado que se hizo dramático luego de la devastación que produjo el paso del huracán Lota en noviembre de 2020.
Este huracán de categoría 5 dejó el 98 % de la isla destruida, razón por la cual el presidente Iván Duque prometió su reconstrucción en un lapso de 100 días. No obstante, durante todo el año 2021 el pueblo raizal continuó sufriendo los efectos del siniestro sin que hubiera respuesta efectiva, al punto que decidió instaurar acciones de amparo constitucional con el fin de contener la masiva vulneración de derechos a la que los ha condenado el gobierno nacional, y de lograr el retorno a las islas de un elevado número de familias raizales que se vieron obligadas a migrar luego del huracán.
En esta dolorosa crisis para el archipiélago, en que la calamidad por el huracán se suma a los impactos devastadores de la pandemia por la caída del turismo, el Estado tiene que tomar medidas urgentes de asistencia humanitaria para superar los retos más vitales, como provisión de refugio, alimentos, medicamentos y agua potable. (Dejusticia)[14]
Lamentablemente, los fallos judiciales de primera y segunda instancia negaron la tutela de los derechos colectivos del pueblo raizal y ahora se encuentran a la espera de su revisión por parte de la Corte Constitucional. Entre tanto, los raizales guardan el temor bien fundado de que la desatención del gobierno y su intención de “reubicar” a las familias damnificadas por el huracán en el continente, pueda deberse a la continuación de un plan siniestro de “colombianización” y explotación de las islas sin la incómoda presencia del pueblo raizal.
En aquel tiempo, a mediados del siglo XX, hubo planes del gobierno colombiano de "mudar" la población completa de las islas a la costa cerca de Barranquilla y recolonizar las alejadas islas con grupos de población del interior. De esta manera se debería concluir una completa colombianización y acabar para siempre con todos los argumentos para la independencia cultural y política de San Andrés y Providencia. Las temidas protestas y la impracticabilidad de tal mudanza llevaron a renunciar a dicho plan, a favor de uno más sutil. [15]
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga colombiana, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Está asociada a INDEPAZ e IWGIA como investigadora independiente. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] “Colombia: brutalidad policial contra manifestantes”. HRW, 9 de junio de 2021. https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes
[2] Ver cifras del Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz y Temblores, 2021. https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/06/3.-INFORME-VIOLENCIAS-EN-EL-MARCO-DEL-PARO-NACIONAL-2021.pdf
[3] CRIC. “¡Gracias Cali!” 2021. https://www.cric-colombia.org/portal/gracias-cali/
[4] Santiago Torrado. “Civiles armados disparan a grupos indígenas y el caos se apodera de Cali”. Diario El País Internacional, 9 de mayo de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-05-10/civiles-armados-disparan-a-grupos-indigenas-y-el-caos-se-apodera-de-cali.html
[5] CIDH. “La CIDH condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales”. 25 de mayo de 2021. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/137.asp
[6] El gobierno de Iván Duque logró concentrar el manejo de las diferentes ramas del poder público y los organismos de control con la complicidad de su partido, el Centro Democrático cuyo jefe es Álvaro Uribe Vélez, y de otros partidos aliados de derecha moderada, radical y cristianos, como son el Partido Conservador, Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres. Los representantes de estos partidos hacen las mayorías en el Congreso de la República y ocupan la mayor parte de los cargos públicos de alto y mediano nivel.
[7] CRIC. “¡Gracias Cali!. 2021. https://www.cric-colombia.org/portal/gracias-cali/
[8] Defensoría del Pueblo, Delegada para Prevención de riesgos y Sistema de Alertas Tempranas. “Informes 2021”. https://alertastempranas.defensoria.gov.co/?page=1&anioBusqueda=2021
[9] Entre los principales grupos ilegales que se encuentran activos en los territorios están la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no hicieron parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos; y los fortalecidos grupos paramilitares que hacen parte de las estructuras del narcotráfico como son Sinaloa, La Mafia, el Clan del Golfo (también llamado Autodefensas Gaitanistas –AGC-, Los Urabeños o Clan Úsuga), Los Paisas, Los Boyacos, y otros de incidencia local como, Los Shotas, Los Espartanos, entre otros.
[10] Organización Nacional Indígena de Colombia. Tercer Informe de Afectaciones a los Derechos Humanos y Territoriales en los Pueblos Indígenas de Colombia. Noviembre de 2021. https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4407-tercer-informe-de-la-organizacion-nacional-indigena-de-colombia-sobre-afectaciones-a-los-derechos-humanos-y-territoriales-en-los-pueblos-naciones-y-comunidades-indigenas-de-colombia-2021
[11] Indepaz. “Líderes Sociales, Defensores de DD.HH y Firmantes de Acuerdo Asesinados en 2021”. 14 de noviembre de 2021. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
[12] Redepaz. “El puerto de Tribugá: genocidio, sometimiento y desarrollo nada sostenible”. 21 de julio de 2020. https://redepaz.org.co/el-puerto-de-tribuga-genocidio-sometimiento-y-desarrollo-nada-sostenible/
[13] Diana Mendoza. “El homicidio de una gobernadora indígena en Colombia: el límite en la resistencia del pueblo Nasa”. Debates Indígenas, 1º de mayo de 2021. https://debatesindigenas.org/notas/104-homicidio-gobernadora-indigena-colombia.html
[14] Rodrigo Uprimny Yepes. “Providencia y las tierras raizales”. Dejusticia, 23 de noviembre de 2020. https://www.dejusticia.org/column/providencia-y-las-tierras-raizales/
[15] Ruby Jay-Pang Somerson. “San Andrés, Providencia y Santa Catalina: huracanes, despojo y 'reubicación en Barranquilla'". Las 2 Orillas, 25 de noviembre de 2020. https://www.las2orillas.co/san-andres-providencia-y-santa-catalina-huracanes-despojo-y-reubicacion-en-barranquilla/
Etiquetas: Derechos Humanos, Mujeres
