• Pueblos indígenas en Colombia

    Pueblos indígenas en Colombia

    La población indígena en Colombia es de 1.500.000 personas, el 3.4% de la población total. Junto con los afrodescendientes y campesinos, muchos pueblos indígenas del país deben enfrentarse al desplazamiento forzado y al despojo territorial como resultado del conflicto armado de larga duración que sufrió Colombia. ´

El Mundo Indígena 2021: Colombia

En Colombia, tanto los pueblos indígenas como las comunidades tradicionales negras, raizales y palenqueras son reconocidas como grupos étnica, histórica y culturalmente diferenciados, con derechos humanos y territoriales de naturaleza colectiva. Según las cifras del censo de 2018, la población indígena colombiana asciende a 1.905.617 personas que, a su vez, pertenecen a 115 pueblos originarios diferentes. Aproximadamente el 58.3% de esta población habita en 717 resguardos de propiedad colectiva.

Por su parte, el mismo censo contabilizó 4.671.160 personas (9.34% del total nacional) que se autoreconocen como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Cerca del 7.3% de esta población habita en 178 territorios colectivos de su propiedad, organizados en torno a Consejos Comunitarios.

Durante 2020, como efecto del avivamiento del conflicto armado interno luego de la llegada del nuevo Gobierno de Iván Duque adverso al Acuerdo de Paz, se recrudeció la violencia y la retoma armada de muchas de las regiones habitadas por estos pueblos. En este contexto, tal como lo afirma la Defensoría del Pueblo, son ostensibles el rezago en la implementación del Capítulo Étnico que hace parte del Acuerdo de Paz, y el agravamiento de la situación humanitaria que solo en 2020 dejó un saldo de 112 indígenas asesinados en diferentes regiones, sin contar a los integrantes de comunidades afrodescendientes cuyo registro no está completamente discriminado.

Pueblos indígenas y comunidades étnicas en tiempos abismales de pandemia

Durante 2020, la fuerza de poderes hegemónicos y delincuenciales que apuntan a la médula de pueblos indígenas y comunidades étnicas, sus territorios, recursos y derechos colectivos, se hizo sentir con especial rigor en Colombia. En una atmósfera generalizada de violencia, debilitamiento de la democracia y pandemia, el Gobierno actual y sus mayorías parlamentarias avanzaron con pie firme en el desmonte de una legalidad más afín a los principios constitucionales anclados en los derechos individuales y colectivos, para sustituirla por leyes y normas de menor jerarquía como decretos, resoluciones y circulares expedidas a su acomodo gracias a las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para legislar durante el Estado de Excepción declarado en virtud de la pandemia del COVID-19, y al debilitamiento de las fuerzas de oposición en el Congreso de la República que fue reducido a la parálisis del trabajo virtual permanente so pretexto de la misma pandemia.

De esta manera, durante 2020 el plano declarativo y el alcance jurídico de los principios enunciados en la Constitución Política colombiana, entre ellos, el de un Estado pluriétnico y multicultural, siguieron cayendo en la corriente mundial que apaga el vigor de las democracias y, con ello, los espacios de existencia de sociedades y culturas incrustadas en nuestro Estados-nación.

Entre la maquinaria de la muerte y el desmonte del Acuerdo de Paz

Hablar sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia en el marco del conflicto armado durante el 2020 pareciera un déjà vu, porque si bien las masivas violaciones a derechos humanos y colectivos de décadas pasadas ligadas al conflicto armado interno dejaron millones de víctimas en el país –en buena parte integrantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas–, durante los años comprendidos entre 2012 y 2016 cuando se produjo la formalización del diálogo y la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se vivió una paulatina desactivación del conflicto, baja en el número de víctimas, retorno de algunas comunidades a sus territorios y un clima de relativa paz.

Luego de esta transición que permitió experimentar la desactivación de factores claves del conflicto especialmente en zonas rurales, empezó a darse un nuevo ciclo de violencia exacerbado con la llegada del nuevo Gobierno de Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, hacia finales de 2018. Este sector, con influencia determinante en lo que ha sido el devenir del conflicto y la retoma de regiones por parte de actores armados, puso en marcha su consigna de “hacer trizas la paz”, es decir, destruir la estructura del Acuerdo de Paz, especialmente en sus componentes de justicia tradicional; reforma rural integral; verdad, justicia reparación y no repetición; desmonte del paramilitarismo, y planes de sustitución de cultivos de uso ilícito.[1]

En este contexto, tal como lo informa la Defensoría del Pueblo en su más reciente Informe sobre el pos-acuerdo en territorios étnicos, no solo es ostensible el rezago en la implementación del capítulo étnico que hace parte del Acuerdo de Paz, sino que la situación humanitaria se viene agravando de forma dramática en los territorios étnicos del país:

Aumentan las amenazas, atentados, asesinatos y desplazamientos a los líderes, autoridades y comunidades étnicas por sus actividades en defensa de los derechos humanos. La Defensoría ha constatado la grave situación que se vive en departamentos como Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Guajira y Magdalena, por parte de autoridades y líderes étnicos. La vinculación a los procesos de sustitución de cultivos, restitución de tierras, reparación de víctimas y defensa de derechos ambientales son algunos de los principales factores que desencadenan amenazas, asesinatos y señalamientos contra las comunidades étnicas, sus autoridades y líderes. [2]

Uno de los saldos humanitarios más crueles de este resurgir de la violencia en 2020, es el asesinato individual o en medio de masacres de centenares de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, trabajadores, periodistas, activistas de partidos y movimientos de oposición, y desmovilizados en el marco del Acuerdo de Paz. Entre estas nuevas víctimas de 2020 llegaron a contabilizarse 112 indígenas de diferentes regiones, sin incluir en esta cifra a los integrantes de comunidades afrodescendientes cuyo registro no está completamente discriminado.[3]

Las regiones más afectadas comprenden, en su orden, los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, zonas en las que confluyen fenómenos como cultivos de uso ilícito y, a la vez, planes de sustitución voluntaria que fueron comprometidos en el Acuerdo de Paz pero que han sido obstruidos tanto por el Gobierno actual -que ha preferido imponer la estrategia forzada de aspersión aérea con glifosato pese a su ineficacia y graves secuelas ambientales y sociales-[4], como por los mismos actores armados que aspiran a mantener el control de zonas de producción y rutas del narcotráfico. Sobre estos territorios se cierne también la amenaza de despojo territorial; proyectos extractivos; desarrollo de mega obras de infraestructura y, en general, la fuerte presencia de actores armados legales e ilegales: paramilitares,[5] guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de disidentes de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

La consulta y el consentimiento en el camino de la insignificancia

El 2020 tampoco fue un año favorable para la garantía de los derechos a la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, aunque el Gobierno se precia de haber alcanzado la cifra de 14.242 consultas previas en 1.838 proyectos que involucran a pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales. [6]

Esta insólita proliferación de consultas previas, lejos de representar una verdadera garantía para la protección de todos los derechos de los pueblos y comunidades en Colombia, ha reducido este derecho a un mero requisito de procedimiento automatizado y rediseñado para dar paso a obras de infraestructura y proyectos extractivos.[7]

En 2020, tan pronto se impusieron las medidas para el control de la pandemia del COVID-19 a nivel nacional, el Ministerio de Interior expidió una circular inconsulta que daba vía libre a la realización de consultas previas por medios virtuales, decisión que posteriormente tuvo que ser revocada por el mismo ministerio debido a la presión ejercida por las organizaciones indígenas, diversos actores sociales, ambientalistas, y por la Procuraduría General de la Nación, quien señaló taxativamente que este mecanismo para la consulta se apartaba de los mínimos estándares internacionales para la garantía de este derecho.[8]

Ahora bien, todos los esfuerzos del Gobierno nacional por convertir la consulta y el consentimiento en derechos insignificantes con nulo efecto sobre el desarrollo de obras de infraestructura o proyectos extractivos que tengan llamado de urgencia y supuesta “prioridad nacional”, no se agotó en el intento de la virtualidad. Durante 2020, se abrió franco camino a un “Test de Proporcionalidad” (aplicado ya en 66 casos), que fue diseñado por el Gobierno nacional para sustituir la consulta en aquellos casos en los que las comunidades étnicas decidan no asistir a los procesos consultivos convocados por el Gobierno y las empresas, o cuando no se logre su consentimiento. Este instrumento, también inconsulto y violatorio de la esencia del derecho a participar en las decisiones que los afectan, ha sido rechazado por las organizaciones y cuestionado por la misma Defensoría del Pueblo en estos términos:

Conviene advertir cómo no puede tampoco considerarse del todo desprovisto de arbitrariedad un mecanismo que se implementa con arreglo a una normativa que, como la Directiva Presidencial 10 de 2013, no fue concertada ni consultada con los pueblos y comunidades étnicas titulares del derecho en cuyo cumplimiento esta busca lograr eficiencia y buenas prácticas (…) Es, por tanto, función de la Defensoría del Pueblo alertar sobre los riesgos de aplicar el test de proporcionalidad en los términos establecidos en la Directiva de 10 de 2013. Lo anterior para efectos de evitar que un mecanismo de garantía de derechos como este se confunda con una herramienta de procedimiento (…).

El retroceso del siglo en el derecho al territorio colectivo

Otro de los hechos que en 2020 empezó a poner en entredicho la seguridad jurídica de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas del país, fue la inédita declaración de nulidad retroactiva emanada del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar sobre el título de propiedad colectiva de la Comunidad Negra de La Boquilla, previamente otorgado por el Estado reconociendo una deuda histórica con esta comunidad afrodescendiente que habita desde hace siglos un área que está siendo absorbida por el desarrollo urbanístico de Cartagena de Indias.

La nulidad producida como consecuencia de un fallo judicial que presenta varios problemas jurídicos, permite evidenciar que “los derechos fundamentales en nuestro país no son victorias permanentes” tal como lo afirma el profesor Pablo Ruíz,[9] y que para el mismo Estado es posible quebrantar los principales atributos de los territorios colectivos de pueblos indígenas y comunidades negras, constitucionalmente reconocidos como inembargables, imprescriptibles e inalienables aun sin haber sido objeto del otorgamiento de títulos de propiedad por parte del Estado. [10]

Específicamente en materia de garantías del derecho al territorio de comunidades negras o afrodescendientes, el Tribunal Constitucional colombiano se ha manifestado reiteradamente en el sentido de que la Carta Política reconoce a las comunidades negras sus derecho al territorio colectivo en condiciones equiparables a la de los pueblos indígenas, y que, en consecuencia, el goce de este derecho también significa la garantía de otros derechos colectivos tales como la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado.[11]

Lamentablemente, al determinar la nulidad de este título con el fin velado de gentrificar el área y satisfacer intereses de hoteleros y urbanizadores, este fallo judicial permite advertir no solo el resquebrajamiento del derecho al territorio colectivo de una comunidad afrodescendiente, sino que se abre la puerta a la revisión de títulos ya otorgados a Consejos Comunitarios Negros por vía administrativa para posicionar argumentos jurídicos espurios que hagan posible la destitución del derecho al territorio colectivo de otros pueblos y comunidades étnicas.

La Minga en el ojo del huracán

Para cerrar este breve balance sobre algunos acontecimientos relevantes que involucraron a los pueblos indígenas y las comunidades étnicas en la Colombia del 2020, debe mencionarse un hecho que tuvo revuelo nacional por su fuerza y magnitud pero que, por otras razones, sugiere interrogantes sobre el estado de salud del relacionamiento de los pueblos y sus organizaciones con el Estado.

Se trata de la Minga Indígena acaecida en el mes de octubre de 2020, una gran movilización de pueblos y comunidades que deriva su nombre del término quechua “minka”, forma tradicional de trabajo colectivo para el bien común que se ha extendido a diversos pueblos desde las regiones indígenas de los Andes colombianos. Este movimiento, que logró congregar a miles de indígenas y afrodescendientes del centro y suroccidente del país, fue impulsado por algunas organizaciones indígenas y negras del departamento del Cauca, y se articuló a un paro nacional convocado por diversos sectores sociales y de trabajadores que exigían al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos previos, así como garantías de protección de la vida, los territorios, el trabajo, la salud, la educación, y medidas de alcance nacional con el fin de mitigar los graves efectos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19.

Luego de la insistente solicitud de diálogo directo y de que el Presidente Iván Duque rehusara el encuentro, la Minga decidió movilizarse en masa a Bogotá,[12] donde tampoco fue recibida por el mandatario. En su lugar, el Presidente salió de viaje y delegó la tarea a emisarios dispuestos a tratar temas técnicos y no “políticos” en las regiones y con otros líderes, actitud interpretada como una burla a las comunidades y las organizaciones que legítimamente los representan.

Pero más allá de la anécdota, esta respuesta del Gobierno nacional pone de relieve la estrategia divisionista que continuó impulsándose en 2020 desde la misma institucionalidad del Estado, porque mientras los pueblos y algunas de sus organizaciones obedecen el mandato de preservación y defensa de los derechos y los territorios colectivos, se han conformado nuevas organizaciones y liderazgos cooptados por gobiernos y empresas con el fin de convertirlos en instancias de legitimación de intervenciones públicas y privadas que contravienen el proyecto de vida y los intereses de las comunidades, sus integrantes y organizaciones legítimas (ver también el caso del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta).[13]

De esta forma, bajo la consigna de “divide y reinarás”, durante el 2020 se pretendió el debilitamiento de la unidad desde el corazón mismo de los pueblos y comunidades, y aunque aún prevalece el poder de las mayorías, sus autoridades y organizaciones, las fuerzas que intentan fragmentar a los pueblos son una realidad que requerirá esfuerzos adicionales de resistencia en los tiempos venideros.

Diana Mendoza es antropóloga colombiana, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Asociada a INDEPAZ e IWGIA como investigadora independiente. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.

Este artículo es parte de la 35a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

[1] Noticias Uno. “Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz”. Video de Youtube, mayo 7 de 2017. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=vIRJK2d84-8

[2] Defensoría del Pueblo de Colombia. “Informe defensorial: El posacuerdo en los Territorios Étnicos”. 2020. Disponible en www.defensoria.gov.co

[3] Indepaz. “Líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020”. 2020. Disponible en http://www.indepaz.org.co/lideres/

[4] Ver línea de tiempo en “Colombia: pese a evidencias científicas sobre daños a la salud y la baja efectividad de la aspersión de cultivos ilícitos, el Gobierno busca reanudar uso del glifosato”. Disponible en https://www.business-humanrights.org/es

[5] Los paramilitares antes identificados como Bandas Criminales (Bacrim), son actualmente denominados por el Gobierno como Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO).

[6] Defensoría del Pueblo. “Informe defensorial: Garantía y Protección del Derecho Fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos y Comunidades Étnicas en Colombia”. 2020.

[7] Diana Mendoza. “Protocolos Autonómicos de Consulta Previa en Colombia: restablecimiento de los derechos a la autonomía y la autodeterminación en pueblos y comunidades étnicas de Colombia”. En: Protocolos Autonómicos de Consulta Previa Indígena en América Latina. IWGIA, 2020. Disponible en www.iwgia.org/images/documentos/Protocolos_Autonmicos_de_Consulta_Previa_Indgena_en_Amrica_Latina.pdf 

[8] Ibídem.

[9] Pablo Ruiz Sáiz. “La sentencia que anuló el título colectivo de La Boquilla y la precariedad de los derechos fundamentales”. Ámbito Jurídico, 13 de octubre de 2020. Disponible en https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/constitucional-y-derechos-humanos/la-sentencia-que-anulo-el-titulo-colectivo-de

[10] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-661-15. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-661-15.htm

[11] Corte Constitucional, Sentencia T-680-12. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-680-12.htm

[12] “Siete cosas ejemplares que dejó el paso de la minga indígena”. Diario El Tiempo, 22 de octubre de 2020. Disponible en https://www.eltiempo.com/politica/cosas-ejemplares-que-dejo-la-minga-indigena-2020-544659

“Pueblo Arhuaco rechaza nombramiento de gobernador sin su participación”. [13] El campesino.co, 14 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.elcampesino.co/pueblo-arhuaco-rechaza-nombramiento-de-gobernador-sin-su-participacion/

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