• Pueblos indígenas en Colombia

    Pueblos indígenas en Colombia

    La población indígena en Colombia es de 1.500.000 personas, el 3.4% de la población total. Junto con los afrodescendientes y campesinos, muchos pueblos indígenas del país deben enfrentarse al desplazamiento forzado y al despojo territorial como resultado del conflicto armado de larga duración que sufrió Colombia. ´

Mundo Indígena 2019: Colombia

La población indígena de Colombia registrada según datos oficiales asciende a 1.500.000 personas (3,43% la población). Las zonas rurales concentran 78,6% de la población indígena y las zonas urbanas un 21,4%. Del total de la población indígena en Colombia registrada en el año 2005, 796.916 habitaban en resguardos (57,2% de la población indígena). Resulta destacable el crecimiento que ha tenido la población indígena en los últimos años, ya que en el año 1993 ésta representaba apenas el 1,6% del total nacional.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) agrupa el 80% de la población indígena colombiana, equivalente a 1.394.202 personas y 335.784 familias, población agremiada en 49 asociaciones regionales y 530 resguardos filiales1 . ONIC también es uno de los principales interlocutores en los procesos de negociación e implementación del acuerdo final de Paz en Colombia.

La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y ratificó el Convenio 169 de la OIT (hoy Ley 21). En 2009, Colombia apoyó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al Estado la protección de 34 pueblos indígenas en riesgo de desaparición por el conflicto armado. El presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 1953 del 7 de octubre de 2014, por el cual se crea un régimen especial para que se pusiera en funcionamiento la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas en sus territorios mientras el Congreso expida la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que definirá las relaciones y la coordinación entre las entidades territoriales indígenas y los municipios y departamentos.

En diciembre de 2016 culminaron las negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cerrar un conflicto armado de más de medio siglo de duración, que expulsó de sus territorios a muchas familias campesinas, indígenas y afrocolombianas.

En 2018

Durante el año 2018 se presentó una serie de acontecimientos que afectaron de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que representa a la mayoría de los pueblos indígenas en el país, ha reportado hechos graves que lo ha llevado a hacer denuncias a diferentes organismos nacionales e internacionales.Se puede destacar que los hechos más alarmantes son transversales al proceso de negociación de paz entre el Gobierno nacional y las FARC–EP, pues desde entonces ha habido alrededor de 87 indígenas asesinados y 11.644 violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas.3

Siendo así las cosas, se señala lo siguiente:

  • 39 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural
  • 35 pueblos indígenas con menos de 200 habitantes
  • 37 líderes indígenas asesinados en el actual Gobierno de Duque
  • 87 líderes indígenas asesinados en los dos años de la firma del Acuerdo de Paz

Por su parte, las organizaciones indígenas señalan que el Gobierno nacional se niega a aceptar la sistematicidad de estos hechos, expresando que el origen de estos homicidios son venganzas personales o problemas ajenos a móviles políticos. Esta negación no permite focalizar y superar el problema, exponiendo a que se repitan dichos hechos en pleno post acuerdo de paz, cuando deberían superarse toda clase de vulneraciones de derechos humanos.4

Además, es importante señalar que en los territorio de los resguardos indígenas se han acelerado los enfrentamientos entre grupos armados y organizaciones criminales, causando zozobra, inseguridad y desplazamientos. Por ello, los indígenas consideran que la actividad económica basada en la agricultura, pesca, artesanías y ganadería – entre otros– ha disminuido, trayendo desnutrición, hambre y pobreza en los territorios. Lo anterior demuestra que el Estado colombiano está incumpliendo su deber de garantizar la seguridad de la población, ya que no ha actuado de manera efectiva contra los grupos armados y organizaciones criminales.

Las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos es un fenómeno que creció durante el año 2018. Los distintos grupos armados, como las denominadas Águilas Negras, grupos paramilitares, y la disidencia de las FARC, hacen circular panfletos donde ofrecen dinero por la vida de líderes de los Cabildos Indígenas, principalmente de la región del Cauca. Según la ONIC, solo en diciembre de 2018 se presentaron, por lo menos, 15 asesinatos a indígenas.5

Pese al desarme del grupo guerrillero más antiguo de Latinoamérica, las FARC-EP, aún no se ha percibido la mejoría en superar la crítica y sistemática violaciones de derechos humanos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, especialmente en contextos de ruralidad, pues las cifras de violaciones está ascendiendo y perjudicando el bien estar y el buen vivir de los pueblos y comunidades indígenas.6

Por otro lado, la riqueza de recursos naturales en territorio de pueblos indígenas es una característica que atrae a grandes multinacionales y grupos armados al margen de la ley, que buscan la explotación minera y el control territorial. En departamentos como el Chocó, La Guajira y Amazonas, esta situación ha causado desplazamientos, contaminación ambiental, violencia e inseguridad, lo cual perjudica de manera directa los usos y costumbres de estos pueblos.

Según un artículo publicado por la revista Semana, los pueblos Yurí y Passé en situación de aislamiento, se pasean sin saber lo que pasa a su alrededor. Se alimentan de ese millón de hectáreas de selva que conforman el Parque Nacional Natural Río Puré, un área protegida que se creó en 2002 con el objetivo de salvaguardarlos. Se mueven entre los bosques sin sospechar los peligros que los rodean y que están poniendo en riesgo el estado natural en el que se encuentran. Los acechan la minería ilegal, la tala indiscriminada, los grupos al margen de la ley y hasta los religiosos.

Las políticas gubernamentales en varias oportunidades han ido en contra del bienestar y el buen vivir de los pueblos indígenas, ejemplo de ello es la situación actual que está habiendo en las comunidades localizadas en el Bajo Cauca Antioqueño, a causa del represamiento del Río Cauca con el proyecto hidroeléctrico conocido como Hidruituango. La obra incluye una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen, con la que se crearía un embalse de 70 kilómetros de longitud.7

Dicho proyecto ha tenido en alerta roja a una buena parte de las poblaciones vecinas, ya que se han presentado fallas en las estructuras, advirtiendo un posibles avalanchas que podrían destruir algunos resguardos localizados a las orillas del río Cauca. Podría ser afectado el pueblo indígena Senú, ubicado entre los municipios de Cáceres y Caucasia; y los pueblos Embera Chamí y Embera Katío, que habitan entre Tarazá y Cáceres. El desplazamiento de indígenas evacuados pone en riesgo su salud, pues no tienen acceso al agua potable ni servicios sanitarios, y la comida escasea por la gravedad de la situación.8

En enero de 2019, la alarma sigue, pues aún se presentan movimientos al interior de la represa, amenazando la seguridad de cientos de familias indígenas y no indígenas.

Las consultas

Por otro lado, durante el año 2018 se llevaron a cabo tres consultas, libres, previas e informadas, siendo éstas un derecho y un instrumento para la participación en las decisiones sobre todos los asuntos que les conciernen a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

En el primer semestre se realizó la consulta “Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de género en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural y proyectos productivos. Se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto buscaba modificar el régimen de baldíos de las tierras de la nación que, según la Ley 160 de 1994, deberían ser destinadas para comunidades que carecen o no tienen tierra suficiente. Y concluyen que esos baldíos podrán ser entregados en propiedad o en derechos de uso sin límites a empresarios mineros, petroleros y de hidroeléctricas, desconociéndose la deuda histórica del Estado a nivel de territorio a las comunidades y pueblos indígenas. Aunque la consulta se realizó, las propuestas de las comunidades y pueblos indígenas en relación a salvaguardas para con sus territorios sagrados y/o ancestrales no se tuvieron en cuenta. En efecto, las cinco organizaciones indígenas de Colombia con asiento en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, demandaron el proyecto de ley que busca modificar la Ley 160 de 1994, siendo éste, entonces, el objeto de la consulta. Aún no se ha respondido a la demanda, como tampoco se ha radicado el proyecto que busca modificar la Ley 160 de 1994 ante el Congreso, teniendo en cuenta que la modificación de dicha ley es dañina, regresiva a los derechos obtenidos en tierras de los pueblos indígenas de Colombia.

Asimismo, finalizando el año 2018 se realizó la segunda consulta para los pueblos indígenas sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), teniendo como antecedentes los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la FARC-EP. Allí se les brindó a los pueblos indígenas un espacio de participación donde se logró un capítulo étnico en dichos acuerdos, incorporando la Justicia Especial para la PazJEP. La consulta se realiza con el objeto de establecer lineamientos/acciones frente los instrumentos del SIVJRNR, sin que éstos afecten los sistemas propios de territorio, espiritualidad, participación, mujer y familia y sin desconocer el orden institucional de la Comisión de la Verdad – CEV, Unidad de búsqueda para personas desaparecidas – UPBD y la justicia especial para la Paz, con enfoque étnico. Entre los acuerdos destacamos la coordinación y articulación de la reparación integral, restaurativa y transformadora de los pueblos indígenas de Colombia; el protocolo para la coordinación y articulación de la reparación integral, restaurativa y transformadora de los pueblos indígenas de Colombia; el protocolo de relacionamiento y coordinación entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD y los Pueblos Indígenas de Colombia.9

Por último, se realizó la consulta previa libre e informada al Plan Nacional de DesarrolloPND 2018–2022. En comparación al Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un nuevo País”; éste no superó el nivel de cumplimiento con el pasado Plan Nacional de Desarrollo, llegando a tan solo un 6%, lo cual realmente fueron actividades de gestión y no de inversión para el cumplimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas.

A pesar de lo anterior, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas, los pueblos indígenas como sujetos político-colectivos exigimos nuevamente el derecho fundamental y constitucional que tenemos a ser consultados e incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018– 2022. Para ello se firmó el 96% de las propuestas indígenas en la sesión de protocolización de acuerdos y desacuerdos del Plan Nacional de Desarrollo – PND 2018–2022 en el marco de la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado con los 102 pueblos indígenas del país.

Los pueblos indígenas de Colombia han luchado desde siempre por sus derechos, y es así como se refleja en la Constitución política vigente –que se consolidó en el año de 1991– donde se reconoce a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, son pocas las garantías e implementación de aquellos logros. Aun así, el movimiento indígena ha estado alerta a los distintos escenarios políticos estratégicos para solicitar el cumplimiento de los pactos que se han acordado.

Cabe señalar que, en las políticas públicas emitidas por el Gobierno, la ONIC ha estado trabajando para que en ellas se implementen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, con enfoque diferencial indígena, pues estos objetivos son claves para el bienestar y buen vivir de los pueblos indígenas.

La mujer indígena colombiana, a través del tiempo, ha tomado peso en la economía, pues así se demostró en los encuentros de artesanía tradicional “Expo artesanías”, donde diferentes países se encontraron en Colombia con el propósito de comercializar sus productos y, de esta manera, sacar un beneficio económico para el sustento familiar. Es así que la mujer indígena por medio de sus saberes ancestrales ha trazado un rol primordial para la pervivencia de su cultura, lo cual ha demostrado pasos para el reconocimiento de los derechos de la mujer en distintos escenarios y, de este modo, permitiéndole a la artesana proyectarse hacia mercados nacionales e internacionales. Lo anterior son situaciones que demuestran los alcances que se están dando en Colombia en pro del bienestar de las familias indígenas.

A pesar de las distintas situaciones que se presentaron durante el año 2018 en referencia a los derechos de los pueblos indígenas, el movimiento indígena colombiano sigue en pie de lucha para promover aquellos valores propios por los que se han tejido camino desde siempre.

Notas y referencias

  1. Véase ONIC, “La ONIC ratifica posible exterminio estadístico en el Censo 2018 por incumplimiento de acuerdos”, disponible en: http://bit.ly/2IPbjdW
  2. Véase ONIC, “National Indigenous Organization of Colombia”, Disponible en: http://bit.ly/2IRQui9
  3. Ibidem
  4. Véase ONIC, “National Indigenous Organization of Colombia” 2018. Disponible en: http://bit.ly/2IRQui9
  5. Verdadabierta, Disponible en: http://bit.ly/2IMGTJh
  6. El espectador, Disponible en: http://bit.ly/2ISba9G
  7. Semana Sostenible, 2018. Disponible en: http://bit.ly/2ISaP6U
  8. Semana, 2018. Disponible en: http://bit.ly/2ISaoJO
  9. Véase ONIC, “National Indigenous Organization of Colombia”, Disponible en: http://bit.ly/2INK6bG

Este artículo fue escrito por el Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC

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