El Mundo Indígena 2025: Canadá

Escrito en 25 Abril 2025. Publicado en Canadá

El marco contemporáneo de los derechos y la gobernanza indígena es diverso en Canadá. La Ley Constitucional de 1982, así como la Carta de Derechos y Libertades, reconocen explícitamente los derechos aborígenes y aquellos derivados de tratados junto con tres grupos de Pueblos Aborígenes (denominados comúnmente como Pueblos Indígenas): los indios (Primeras Naciones), los inuit y los métis. Cada grupo de indígenas es igual de diverso. Las Primeras Naciones se rigen por la Ley Indígena de 1876, con más de 630 “reservas” y más de 60 lenguas. Los inuit viven en Inuit Nunangat (patria de los inuit), distribuidos en cuatro regiones, y tienen acuerdos de reclamación de tierras en Nunavik (norte de Quebec), Nunatsiavut (norte de Labrador), Nunavut y la Región de Asentamiento Inuvialuit (Territorios del Noroeste). Los métis, que surgieron como Pueblo Indígena diferenciado en el noroeste histórico, ahora se encuentran en Manitoba, Saskatchewan y Alberta, y se extienden por partes de Ontario, Columbia Británica, los Territorios del Noroeste y el norte de Estados Unidos. Más de la mitad de estas poblaciones ahora residen en centros urbanos. Las Primeras Naciones, los inuit y los métis están representados por varias organizaciones regionales, provinciales y nacionales, entre ellas la Asamblea de las Primeras Naciones, la Inuit Tapiriit Kanatami y el Consejo Nacional Métis.

Si bien en 2007 el Gobierno canadiense votó en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), desde entonces cambió su postura y es uno de los primeros países del mundo en incorporarla a su legislación federal. En junio de 2021, se aprobó la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en cuyo preámbulo se reconoce que la UNDRIP proporciona un marco para la reconciliación, la justicia y la paz, y denuncia las doctrinas del descubrimiento y de terra nullius como “(…) racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. El Gobierno federal publicó su Plan de Acción 2023-2028 que comenzó a implementarse en 2023 y garantiza que las leyes federales se ajusten a la Declaración. En la provincia de Columbia Británica se adoptó una ley similar, aunque dos años antes, en 2019, y en 2022 se publicó un plan de acción. A pesar de la relativamente sólida protección de los derechos, los ciudadanos, los gobiernos y las organizaciones de las Primeras Naciones, los inuit y los métis siguen luchando contra el legado histórico y estructural de la colonización, la discriminación sistémica y la asimilación forzosa. Es posible que las inminentes elecciones agraven aún más este legado, ya que las encuestas de opinión se alejan de los liberales gobernantes y se inclinan por el Partido Conservador de Canadá, lo que podría amenazar con detener o incluso revertir gran parte de los avances logrados en la transformación de programas, leyes y políticas clave.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

El año 2024 representó otro periodo caótico para quienes viven en Canadá. Una terrible temporada de incendios forestales en el oeste de la nación devastó el parque nacional y la ciudad de Jasper,^[1] entre otros fenómenos meteorológicos extremos que se produjeron en todo el país. Además, la reelección de Donald Trump generó una mayor inestabilidad política, con amenazas de aranceles y un regreso al nacionalismo estadounidense. Por otra parte, se incrementó el sentimiento contra la inmigración y  aumentó la desigualdad en los ingresos. Sin embargo, no todo fue negativo para los Pueblos Indígenas, ya que el Tribunal Supremo de Canadá dio a conocer varios casos históricos relacionados con los derechos indígenas y la interpretación de los tratados. A su vez, la interlocutora especial independiente, Kimberley Murray, publicó su informe final sobre la situación de las fosas comunes.^[2] En respuesta a la lucha de los Pueblos Indígenas, el Primer Ministro Wab Kinew se comprometió a destinar recursos a la búsqueda de los restos de mujeres de las Primeras Naciones en un vertedero de la zona de Winnipeg.^[3] Asimismo, la Agencia de Parques de Canadá publicó su primera Política de Gestión Indígena, un avance en la lucha contra el arraigado colonialismo del movimiento conservacionista canadiense.^[4]

Tanto los Pueblos Indígenas como los no indígenas se mostraron consternados por el repentino fallecimiento de destacados líderes y lideresas indígenas, entre ellos la gran jefa Cathy Merrick, de la Asamblea de Jefes de Manitoba,^[5] y Murray Sinclair, quien fue el primer juez indígena de dicha provincia y el segundo de Canadá. Además, fue comisionado principal de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sobre las Escuelas Residenciales Indígenas de Canadá y senador federal entre 2016 a 2021. Será recordado como un líder que cambió radicalmente la trayectoria de las relaciones entre el Estado y los indígenas del país.^[6]

La mayor sorpresa se produjo en la política federal. Los escándalos a los que se enfrentaron durante todo el año los liberales en el poder y su líder, el Primer Ministro Justin Trudeau, provocaron un creciente descontento (y ataques acérrimos contra Trudeau) por parte de los primeros ministros provinciales y un claro deseo de los partidos de la oposición de convocar a elecciones, incluido el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh. Y para rematar, la ex viceprimera ministra y titular de Finanzas, Chrystia Freeland, dimitió repentinamente diciendo que fue debido a: “(…) costosas artimañas políticas, que mal podemos permitirnos y que hacen dudar a los canadienses de que reconozcamos la gravedad del momento”.^[7] A principios de 2025, Trudeau anunció su dimisión y recibió la aprobación del Gobernador General para prorrogar el Parlamento hasta finales de marzo.

Reforma a largo plazo del Programa de Servicios para la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones

A finales de 2023 y principios de 2024 se ultimaron los detalles del acuerdo de conciliación colectiva del Programa de Servicios para la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones (FNCFS), el Principio de Jordan y Trout y Kith. El acuerdo estipula un aporte de 23.300 millones de CAD para los niños, niñas y adolescentes de las Primeras Naciones afectados por el sistema racista de bienestar infantil. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo negociaciones para la reforma a largo plazo del Programa FNCFS (“reforma a largo plazo”), ya que los líderes y lideresas de las Primeras Naciones rechazaron los 19.807 millones de CAD originales durante cinco años y presionaron para conseguir más. En julio de 2024, la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN), junto con la asociación indígena Jefes de Ontario (COO), la nación Nishnawbe Aski (NAN) y el Gobierno de Canadá, anunciaron el resultado de un proceso de negociación cerrado, un proyecto de acuerdo que ofrecía 47.800 millones de CAD durante 10 años para reformar el Programa FNCFS.^[8]

Muchos celebraron el monto anunciado, ya que representaba un aumento considerable de la oferta inicial y se comprometía a garantizar una financiación estable, previsible y flexible para hacer frente a las necesidades de los menores y las familias de las Primeras Naciones. El proyecto de acuerdo se presentó en la Asamblea General Anual de las Primeras Naciones, celebrada en Montreal, e incluía fondos para servicios de prevención, representación de las Primeras Naciones, apoyo para jóvenes que cumplen la mayoría de edad, así como para las actividades operativas, protección, mantenimiento y cuidado y fondos de capital. Aproximadamente dos tercios de la financiación prevista en el proyecto de acuerdo se facilitarían directamente a las Primeras Naciones, con la flexibilidad necesaria para asignar estos recursos a las áreas más necesitadas. A pesar de su entusiasmo, los líderes y lideresas se mostraron escépticos y exigieron varios meses de revisión antes de que el acuerdo pudiera presentarse ante una asamblea para su aprobación. En este contexto, surgieron dos campamentos que viajaron por todo el país para crear conciencia y debatir las preocupaciones que suscitaba el acuerdo final.^[9] Los detractores del proyecto de acuerdo, entre ellos la Sociedad de Cuidado a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones, dirigida por la Dra. Cindy Blackstock, quien apoyó la propuesta original de discriminación ante el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos, expresaron sus inquietudes en relación con el papel de la AFN, la COO y la NAN; los niveles, la estructura y la sostenibilidad de la financiación, incluido lo que sucedería después de los 10 años; los mecanismos alternativos de resolución de disputas y las estructuras de gobernanza apropiadas en consonancia con la UNDRIP.^[10]

Posteriormente, se organizó un segundo encuentro para debatir las preocupaciones y dar a la Asamblea de las Primeras Naciones la oportunidad de responder. Del 16 al 18 de octubre de 2024 se celebró en Calgary la Asamblea Especial de Jefes. Desde el principio, el ambiente fue tenso y competitivo, ya que en el paquete de resoluciones presentado a tiempo se incluían propuestas contradictorias: una para apoyar la adopción del proyecto de acuerdo y varias otras que rechazaban el borrador y lo devolvían a la mesa de negociación con nuevas instrucciones. A pesar de los varios intentos de convocar sesiones de consenso para encontrar un punto de encuentro adecuado, las resoluciones se sometieron a votación. El 17 de octubre de 2024, la Asamblea de las Primeras Naciones votó a favor de rechazar el proyecto de acuerdo final de 47.800 millones de CAD. La Resolución N.º 60/2024, que aborda la reforma a largo plazo del Programa de Servicios para la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones y el Principio de Jordan^[11], así como la N.º 61/2024, relativa a la consulta significativa sobre dicha reforma,^[12] guían ahora el rumbo de las negociaciones de esta, que incluye crear una nueva Comisión Nacional de Jefes para la Niñez y nuevos equipos jurídicos. A principios de 2025, Canadá informó a la AFN que no tiene mandato para seguir negociando a nivel nacional, pero que apoyará las conversaciones regionales con la COO y la NAN a fin de alcanzar un acuerdo específico para Ontario, basado en los términos del proyecto de acuerdo. Ahora se debate para determinar si se necesitan más litigios.

Una revisión de casos trascendentales

A lo largo del año, las Primeras Naciones, los inuit y los métis lograron avances considerables a través del activismo y los litigios. En consonancia con esta tendencia, el Tribunal Supremo de Canadá dictó varias sentencias de gran repercusión relacionadas con los derechos territoriales, el autogobierno y las reparaciones para los Pueblos Indígenas.

En febrero de 2024, el Tribunal de Apelación de Columbia Británica dictó sentencia en el caso Thomas contra Rio Tinto Alcan Inc.^[13] La Primera Nación Saik’uz y la Primera Nación Stellat’en (las naciones de Nechako) presentaron una demanda contra Rio Tinto Alcan debido al impacto de la explotación de la represa Kenney por parte de la empresa, la cual se defendió bajo el amparo de la autoridad reglamentaria. El Tribunal concluyó que esta defensa era válida porque la provincia de Columbia Británica había promulgado un régimen legal inequívoco para permitir la operación de la represa. A pesar de este aspecto decepcionante de la decisión, el Tribunal reconoció que las naciones de Nechako cuentan con un derecho aborigen a pescar con fines alimentarios, ceremoniales y sociales. Además, declaró que el Gobierno federal y los Gobiernos provinciales tienen la obligación fiduciaria permanente de proteger el derecho de pesca de estas naciones y garantizar que la gestión de la represa respete sus derechos. Este elemento de la decisión demuestra la posible utilidad de los dictámenes y la responsabilidad constante de la Corona de proteger los derechos indígenas frente a cualquier perjuicio.

En marzo de 2024, el Tribunal Supremo evaluó si el requisito de residencia electoral de la Primera Nación Vuntut Gwitchin infringía injustificadamente la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Este criterio, que se instituyó en virtud de la constitución de esa Primera Nación, restringía la elegibilidad para los puestos de jefe y del consejo a las personas residentes en las tierras de esta nación. Un particular impugnó este requisito de residencia en virtud de la cláusula de igualdad de la sección 15(1) de la Carta. El Tribunal Supremo hizo pública su sentencia en la que determinaba que, aunque la Carta se aplica a la nación Vuntut Gwitchin y el requisito de residencia constituye una infracción de esta, queda a salvo por su sección 25.^[14] El propósito de esta sección es proteger los elementos distintivos de las sociedades indígenas que puedan entrar en conflicto con los derechos y las libertades individuales. Esta sentencia contribuye a aclarar las limitaciones de la Carta a la hora de restringir las decisiones adoptadas por los gobiernos indígenas en virtud de su derecho inherente al autogobierno.

En abril de 2024, el Tribunal Supremo dictó sentencia en el caso Shot Both Sides contra Canadá, el cual tiene su origen en la reclamación de la tribu Blood de que Canadá no había proporcionado la cantidad de tierras de reserva prometidas en virtud del Tratado N.º 7^[15]. La sentencia confirmó la decisión del Tribunal Federal de Apelación de que la demanda de la tribu Blood había prescrito debido al paso del tiempo. Sin embargo, ordenó una reparación declaratoria “dada la prolongación y la magnitud de la conducta deshonrosa de la Corona”. El desagravio declaratorio supuso un resultado positivo que puede animar a la Corona a entablar negociaciones significativas con la tribu Blood. Al mismo tiempo, esta decisión pone de manifiesto las continuas dificultades a las que se enfrentan las Primeras Naciones para acceder a la justicia frente a agravios históricos.

El año 2024 también fue testigo de continuos avances hacia la resolución de las reclamaciones relacionadas con los Tratados Robinson-Huron y Robinson-Superior, los cuales contienen una cláusula de aumento que estipula que los pagos de las anualidades en virtud de estos tratados se incrementarán con el tiempo si la Corona puede hacerlo sin incurrir en pérdidas. A pesar de esta cláusula, las anualidades se congelaron en 4 CAD desde 1875. En 2001 y 2014, las Primeras Naciones de Robinson-Superior y Robinson-Huron presentaron demandas en las que alegaban que la Corona había incumplido la cláusula de aumento de los tratados al no incrementar los pagos de las anualidades.

Si bien en 2023 las Primeras Naciones de Robinson-Huron llegaron a un acuerdo de 10.000 millones de CAD con los Gobiernos provinciales y el federal, las Primeras Naciones de Robinson-Superior procedieron a litigar ante el Tribunal Supremo. En julio de 2024, el Tribunal emitió su tan esperada sentencia en el caso Ontario contra Restoule, en el que determinó que Canadá había incumplido deshonrosamente sus obligaciones con los signatarios del Tratado Robinson-Superior al no considerar la posibilidad de aumentar los pagos de las anualidades.^[16] El Tribunal describió este fracaso como una “burla de la promesa del tratado hecha por la Corona a los anishinaabe de la parte alta de los Grandes Lagos”. Con su decisión, sentó las bases para negociaciones exhaustivas entre Canadá, Ontario y las Primeras Naciones demandantes, fijando el 27 de enero de 2025 como fecha límite para alcanzar un acuerdo negociado.^[17]

Ratificación de la titularidad de las Primeras Naciones

En abril de 2024, el Gobierno de Columbia Británica aprobó la Ley de Reconocimiento de la Nación Haida,^[18] que concede la titularidad aborigen a esta nación sobre Haida Gwaii. Era la primera vez que una provincia de Canadá reconocía legislativamente este tipo de título, lo cual supone una victoria histórica para la nación Haida y demuestra que existe una clara alternativa a los costosos y prolongados litigios.

En junio de 2024, la nación Tsilhqot’in celebró el décimo aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de Canadá de reconocer su titularidad sobre 1700 km² de tierras. Durante la celebración, el nits’ilʔin (jefe) Joe Alphonse señaló:

La titularidad aborigen es mucho más que la tierra: se trata de recuperar la fuerza de la que gozaban nuestros antepasados antes de la colonización, de reconstruir nuestra nación en todos los aspectos de la vida y de volver a ser un pueblo con libre determinación. Gracias a las alianzas, estamos logrando cambios transformadores en todos los ámbitos, como la gobernanza, las comunidades y la lengua.

La celebración del aniversario estuvo acompañada de la renovación del Acuerdo de Itinerario Gwets’en Nilt’i, que impulsa la cooperación entre Columbia Británica y la nación Tsilhqot’in en materia de gobernanza y en la mejora de la vida para sus miembros.^[19]

En contraste con los logros de las naciones Tsilhqot’in y Haida, el Gobierno canadiense no mostró ningún avance perceptible durante 2024 en su compromiso de retirar las Políticas Integrales de Reivindicación de Tierras y de Derecho Inherente al Autogobierno. Las Primeras Naciones han rechazado ampliamente estas políticas, impuestas unilateralmente y que se basan en la extinción de los derechos y títulos aborígenes. El éxito del reconocimiento del título de la nación Haida contrasta con la incapacidad del Gobierno de Canadá de reformar sus leyes y políticas.

En diciembre de 2024, el Gobierno canadiense anunció mejoras provisorias a la Política de Adiciones a la Reserva (ATR), que es el único mecanismo político disponible en Canadá que permite a las Primeras Naciones incorporar tierras a sus reservas. Estos cambios temporales eliminan varios obstáculos administrativos a la incorporación de tierras a las reservas, pero distan mucho del rediseño de la política que buscan las Primeras Naciones. Durante el año, solo se aprobaron 17 propuestas de ATR en todo el país. Esto supone una continuación del declive de más de media década en la aprobación de las adiciones y un indicio preocupante del compromiso del Gobierno canadiense con la restitución de tierras indígenas.

Camino por seguir

El panorama general para 2025 es bastante incierto. A pesar de los destacados logros conseguidos en los tribunales, los avances legislativos y políticos a nivel federal decayeron. Es probable que en 2025 siga aumentando el fuerte contraste entre los avances en estos dos frentes. La suspensión del Parlamento y las próximas elecciones federales han acabado con varios proyectos de ley y estudios directamente relacionados con las prioridades de las Primeras Naciones, los inuit y los métis. No está claro si se reintroducirán en una nueva sesión del Parlamento o si la presión de celebrar las elecciones federales empujará la aplicación de las obligaciones legales de Canadá respecto a la UNDRIP hacia otro periodo de ambigüedad. Esto se ve aún más amenazado por el enfoque político del Partido Conservador de Canadá (CPC) que, según las encuestas de opinión, es probable que conforme el próximo gobierno. El planteamiento del CPC sobre las cuestiones indígenas amenaza con detener o incluso revertir gran parte de los avances logrados en la transformación de programas, leyes y políticas clave.

Graeme Reed es de ascendencia mixta anishinaabe (Grandes Lagos, territorio no cedido de Wiikwemkoong), inglesa, alemana y escocesa. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones y participa en la política climática federal e internacional, además de como representante indígena de América del Norte saliente del Grupo de Trabajo Facilitador de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas de la CMNUCC y como antiguo copresidente del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Además, tiene un doctorado de la Universidad de Guelph.

Jesse Donovan es métis del río Rojo. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones como Director en funciones del Área de Tierras. Su labor se centra en la restitución de tierras, territorios y recursos a las Primeras Naciones. Además, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Guelph.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

Notas y referencias 

^[1] La extensión total del incendio forestal en el Parque Nacional de Jasper puede consultarse aquí: https://parks.canada.ca/pn-np/ab/jasper/visit/feu-alert-fire/feudeforet-jasper-wildfire. Más información sobre la gravedad del suceso aquí: https://www.nationalobserver.com/2024/07/29/opinion/jasper-and-great-sadness

^[2] El informe final, así como el resumen ejecutivo, pueden consultarse aquí: https://osi-bis.ca/report/final-report-october-2024-2/

^[3] El anuncio oficial del Primer Ministro Kinew puede consultarse aquí: https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=65698

^[4] Más información sobre la Política de Gestión Indígena aquí:https://parks.canada.ca/agence-agency/aa-ia/politique-policy/complete

^[5] La gran jefa Cathy Merrick fue una formidable defensora de las Primeras Naciones; más información aquí: https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/cathy-merrick-mko-news-conference-1.7316313

^[6] La pérdida del juez Sinclair es sustancial. El obituario oficial puede consultarse aquí https://sincmurr.com/2024/11/06/official-obituary-for-the-honourable-murray-sinclair-1951-2024/, junto con numerosos homenajes destacados, entre ellos el del Gobernador General (https://www.gg.ca/en/media/news/2024/eulogy-honourable-murray-sinclair), el Primer Ministro Trudeau (https://www.pm.gc.ca/en/news/speeches/2024/11/10/prime-ministers-remarks-paying-tribute-murray-sinclair) y la Jefa Nacional Woodhouse-Nepinak (https://afn.ca/all-news/press-releases/assembly-of-first-nations-afn-national-chief-cindy-woodhouse-nepinak-joins-in-mourning-for-justice-calvin-murray-sinclair/), entre muchos otros.

^[7] La carta de dimisión de la Ministra Freeland puede consultarse aquí: https://www.reuters.com/world/americas/full-text-canadian-finance-ministers-resignation-letter-pm-trudeau-2024-12-16/

^[8] El proyecto de acuerdo puede consultarse aquí: https://afn.bynder.com/m/5b1f4b4db156231/original/Final-Agreement-on-Long-Term-Reform-of-the-First-Nations-Child-and-Family-Services-Program.pdf

^[9] La Asamblea de las Primeras Naciones preparó un resumen de las sesiones de participación regionales que puede consultarse aquí: https://afn.bynder.com/m/22fdd86a7cc729c3/original/Draft-AFN-Regional-Engagement-Summary.pdf

^[10] Muchas de las inquietudes de la Sociedad para el Cuidado de las Primeras Naciones pueden consultarse aquí: https://fncaringsociety.com/sites/default/files/2024-08/WEB_FSA%20Report%20Card_EN_0.pdf

^[11] La Resolución 60/2024, que aborda la reforma a largo plazo del Programa de Servicios para la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones y el Principio de Jordan, puede consultarse aquí: https://afn.bynder.com/m/1d8134439b372274/original/60-2024-Addressing-Long-Term-Reform-of-the-First-Nations-Child-and-Family-Services-Program-and-Jordan-s-Principle.pdf

^[12] La Resolución 61/2024, relativa a la consulta significativa sobre la reforma a largo plazo del Programa de Servicios para la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones, puede consultarse aquí: https://afn.bynder.com/m/60b02db3a0692a05/original/61-2024-Meaningful-Consultation-on-Long-Term-Reform-of-First-Nations-Child-and-Family-Services.pdf

^[13] Para obtener una descripción más detallada de la decisión, véase In Brief: Thomas v. Rio Tinto Alcan Inc., 2024 BCCA 62 (Resumen: Thomas contra Rio Tinto Alcan Inc., 2024 BCCA 62).

^[14] El resumen del caso, elaborado por el Tribunal Supremo de Canadá, puede consultarse aquí: https://www.scc-csc.ca/judgments-jugements/cb/2024/39856/

^[15] El resumen del caso, elaborado por el Tribunal Supremo de Canadá, puede consultarse aquí: https://www.scc-csc.ca/judgments-jugements/cb/2024/40153/

^[16] El resumen del caso, elaborado por el Tribunal Supremo de Canadá, puede consultarse aquí: https://www.scc-csc.ca/judgments-jugements/cb/2024/40024/

^[17] Toda la información actualizada sobre el estado de las negociaciones puede consultarse aquí: https://afn.ca/all-news/bulletins/assembly-of-first-nations-afn-bulletin-update-on-canadas-mandate-on-long-term-reform-of-first-nations-child-and-family-services/. En enero de 2025, las Primeras Naciones rechazaron la oferta de acuerdo del Gobierno canadiense, lo que dio pie a nuevos litigios.

^[18] Para conocer más antecedentes sobre la Ley de Reconocimiento de la Nación Haida y las reacciones de los líderes y lideresas indígenas de Columbia Británica, véase aquí: https://news.gov.bc.ca/releases/2024IRR0020-000610

^[19] Para obtener más información sobre este importante aniversario, véase: https://iwgia.org/en/news/5543-t%C5%9Dilhqot%E2%80%99in-naton-10-year-anniversary-aboriginal-title.html

Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Defensores de derechos humanos indígenas