El Mundo Indígena 2024: Canadá
En Canadá, el marco contemporáneo de gobernanza y derechos indígenas varía dependiendo de la zona del país. La Ley Constitucional de 1982, así como también la Carta de Derechos y Libertades, explícitamente reconocen derechos aborígenes y derechos dimanantes de tratados y tres grupos de pueblos aborígenes (comúnmente denominados pueblos indígenas): indios (primeras naciones), inuit y métis. Cada uno de los grupos engloba pueblos distintos y diversos: las primeras naciones, que se rigen por la Ley India de 1876, cuentan con más de 630 “reservas” y más de 60 lenguas; los inuit viven en Inuit Nunangat (territorios ancestrales de los inuit), repartidos por cuatro regiones y zonas de asentamiento tras acuerdos de reivindicación territorial: Nunavik (norte de Quebec), Nunatsiavut (norte de Labrador), Nunavut y la Región de Asentamiento Inuvialuit (Territorios del Noroeste); y los métis, que emergieron como un pueblo indígena distinto en el histórico noroeste pero que ahora abarcan Manitoba, Saskatchewan y Alberta y se extienden también por partes de Ontario, Columbia Británica, Territorios del Noroeste y el norte de Estados Unidos.
Más de la mitad de estas poblaciones reside en núcleos urbanos. Las primeras naciones, los inuit y los métis están representados por diversas organizaciones a nivel regional, provincial y nacional, incluyendo entre otras, la Asamblea de las Primeras Naciones, la Inuit Tapiriit Kanatami y el Consejo Nacional Métis.
Aunque en 2007 el Gobierno de Canadá votó inicialmente en contra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), desde entonces ha ido virando su enfoque y tono, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en adoptar la DNUDPI como ley federal. La Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aprobó como legislación nacional en junio de 2021, reconociendo, en su preámbulo, que dicha declaración proporciona un marco para la reconciliación, la justicia y la paz, y denunciando las doctrinas de descubrimiento y terra nullius como “(...) racistas, científicamente falsas, jurídicamente nulas, moralmente condenables y socialmente injustas”. El año 2023 fue importante para la implementación de la DNUDPI, ya que el Gobierno federal anunció su Plan de Acción 2023-2028 para su aplicación práctica y para asegurar que las leyes federales son consistentes con la misma. Una ley similar, aunque de 2019, se aprobó en la provincia de Columbia Británica, haciéndose público su correspondiente Plan de Acción en 2022. A pesar de las protecciones de derechos relativamente sólidas, ciudadanos, gobiernos y organizaciones de primeras naciones, inuit y métis continúan batallando contra el legado histórico y estructural de la colonización, la discriminación sistemática y la asimilación forzada que se manifiesta de numerosas formas como los casos de mujeres, niñas y niños asesinados y desaparecidos; la fosas comunes en internados escolares indígenas; y el agua no apta para consumo.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
En 2023, Canadá tuvo que hacer frente a: la más devastadora ola de incendios jamás conocida que calcinó más de 15 millones de hectáreas en Quebec, Columbia Británica, Territorios del Noroeste, Alberta y Yukón; la crisis por el encarecimiento del coste de vida; y las relaciones cada vez más hostiles entre el Gobierno federal y las provincias. Sin embargo, no todo fue negativo, ya que Wab Kinew se convirtió en la primera persona de las Primeras Naciones, y la segunda persona indígena, en ser elegida como primer ministro de la provincia de Manitoba, trayendo esperanza a la política provincial[i]. En el contexto indígena, algunas de las noticias más destacadas fueron la elección de un nuevo Jefe Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones[ii]. la aprobación del acuerdo resolutorio de compensación por valor de 23.000 millones de CAD (aproximadamente 15.800 millones de euros) para niños y familias de primeras naciones que sufrieron discriminación racial por el déficit crónico de financiación de los servicios de bienestar y protección infantil[iii], y la visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, que visitó Canadá del 1 al 10 de marzo de 2023[iv].
El Relator Especial elaboró un informe exponiendo sus observaciones al respecto, reseñando las medidas tomadas tras las visitas de sus predecesores en 2004 y 2014. A su vez, señaló los numerosos desafíos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, incluyendo, por ejemplo, los internados escolares y el hallazgo de fosas comunes; el Sistema de Protección y Bienestar Infantil; los casos de mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas; las elevadas tasas de encarcelamiento y el acceso a la justicia; y el impacto del cambio climático en los pueblos indígenas. Concluyó su informe con una serie de recomendaciones al Gobierno de Canadá sobre estas cuestiones, instándoles a:
(...) abordar, como prioridad, el racismo profundamente arraigado, sistémico y estructural que afecta a los pueblos indígenas y, sin más dilación, a poner en práctica los llamamientos emitidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Asesinadas y Desaparecidas y otras comisiones temáticas[v].
Una parte fundamental de esta exhortación se enfocaba en “(…) respetar sus relaciones de nación a nación en igualdad de condiciones, los tratados y acuerdos de libre gobierno y a garantizar su plena y equitativa participación en decisiones que afecten a sus derechos, título de propiedad e intereses”[vi]. El núcleo de estas recomendaciones se centra en el objetivo de la reconciliación (y por ende la descolonización), sobre la cuestión de la tierra, y la reafirmación de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación sobre ella.
El Plan de Acción Nacional
En junio de 2023, tras dos años de trabajo con primeras naciones, inuit y métis por todo el país, el Gobierno de Canadá publicó un Plan de Acción Nacional (“Plan de Acción”) para la aplicación práctica de la DNUDPI[vii]. El Plan de Acción, según el Gobierno, no tenía el propósito de ser exhaustivo, ni limitado, sino más bien de ser un documento perdurable que durante el transcurso del tiempo continúe identificando nuevas prioridades. Se divide en cinco capítulos que pivotan sobre una serie de principios rectores: prioridades comunes; prioridades de primeras naciones; prioridades de métis; prioridades de inuit; y prioridades de socios de tratados modernos. Dentro de cada capítulo, las medidas propuestas (180 en total) están agrupadas en temas identificados, precedidas por una clarificación de los objetivos prioritarios de Canadá.
En su conjunto, el Plan de Acción tiene como finalidad abordar injusticias departamentales, violencia, prejuicio, racismo sistémico y discriminación, así como asegurar consistencia con la DNUDPI. La respuesta al Plan de Acción fue variada, pues muchas naciones indígenas reconocieron la importancia de la medida pero lamentaron la ausencia de compromisos claros para un cambio transformador.
Un ámbito de especial prioridad, entre otros muchos, se refiere a las tierras, los territorios y los recursos. En general, se incluyen compromisos para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos inherentes; para reafirmar y respetar jurisdicciones indígenas sobre tierras y recursos, incluso mediante procesos de armonización; y para respetar el deber y las responsabilidades sagradas de los pueblos indígenas hacia sus tierras, aguas y recursos. Una adhesión importante dentro de este ámbito fue el compromiso del Gobierno de derogar la Política General de Reclamaciones de Titularidad de Tierras (Comprehensive Land Claims Policy, CLCP). Su actual versión genera muchas críticas de las primeras naciones porque se fundamenta en la extinción de derechos indígenas. En su lugar, el Gobierno se comprometió a realizar una declaración pública aclarando que la extinción de los derechos indígenas a la tierra ya no es un objetivo normativo del Gobierno federal. Esta declaración es significativa y podría tener importantes repercusiones para las primeras naciones que actualmente están en la mesa de negociaciones. En particular, este cambio de política podría posibilitar a las primeras naciones negociar el reconocimiento y la implementación de su libre determinación sin tener que aceptar la extinción de ningún derecho existente.
Otro compromiso relevante del Plan de Acción es trabajar con las primeras naciones para codesarrollar y rediseñar la Política de Adiciones a Reservas (Additions-to-Reserve, ATR). Mediante esta política, las primeras naciones pueden presentar propuestas para añadir tierra a sus reservas, lo que consecuentemente les permitiría tener el control sobre zonas de significativo valor cultural, aprovechar oportunidades económicas y crear espacios para las necesidades de las comunidades. Este proceso está sufriendo graves retrasos y un masivo atasco de propuestas de adiciones a reservas.
Por último, el Plan de Acción también admitió el papel de la libre determinación al alentar el liderazgo indígena en la problemática del cambio climático, una posición que ha sido avanzada por los pueblos indígenas a lo largo del país y constituye el pilar de la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático de la Asamblea de las Primeras Naciones (AFN).
Análisis de los dictámenes de casos jurídicos
Al reconocer las medidas tomadas por el actual Gobierno, el Relator Especial de las Naciones Unidas también recalcó que:
(...) los logros más significativos a menudo se obtienen a través de decisiones judiciales o resolución de litigios, más que mediante la implementación de políticas gubernamentales, si bien todos estos avances en el fondo son el resultado de la fuerte determinación y el inquebrantable coraje de los pueblos indígenas para defender sus derechos[viii].
Aquellos pueblos indígenas que siguen dependiendo de los tribunales para el reconocimiento de sus derechos deben hacer frente a procesos largos y costosos. En 2023 se emitieron varias decisiones judiciales que ponen de relieve algunas de las dificultades que encuentran para establecer el reconocimiento del título de propiedad a través de los tribunales.
En mayo de 2023, en el caso de los Nuchatlaht contra Columbia Británica, el Tribunal Supremo de Columbia Británica deliberó sobre la reclamación de un título de propiedad aborigen presentada por la Primera Nación Nuchatlaht relativa a una zona de la Isla de Nootka en esa provincia[ix]. El tribunal determinó que la primera nación no había aportado pruebas históricas adecuadas que con suficiente evidencia demostraran que ocupaba la zona reclamada. Para llegar a esta decisión, el tribunal señaló que el test existente para probar la evidencia del título aborigen podía no ser idóneo para grupos indígenas de zonas costeras pero declinó modificar algún aspecto del mismo.
También en 2023, el Tribunal de Apelación de Ontario hizo pública su decisión en el caso Primera Nación Chippewas de Nawash Unceded contra Canadá[x]. En el juicio, el juez determinó que la Nación Saugeen Ojibway no había logrado demostrar el título de propiedad aborigen sobre tierras sumergidas en el lago Hurón y la bahía Georgiana. Para llegar a esta determinación, el juez de instrucción razonó que el agua en movimiento por encima de la tierra sumergida no puede ser objeto de propiedad y que la reclamación de título de la Nación Saugeen Ojibway era incompatible con el derecho público de navegación. El tribunal consideró innecesario determinar si el derecho público de navegación es incompatible con título aborigen y remitió el caso al juez de instrucción para determinar si podría establecerse título de propiedad a una zona más reducida de la reclamada inicialmente por la Nación Saugeen Ojibway.
En ambos casos, Nuchatlaht y Chippewas de Nawash, las reclamaciones de las primeras naciones a título aborigen fueron remitidas a juicio para dictaminar si podría establecerse el título en zonas más reducidas. Tomadas en su conjunto, estas decisiones inciden en algunos de los principales obstáculos que afrontan los pueblos indígenas al tratar de conseguir el reconocimiento de sus derechos a la tierra en tribunales canadienses. En particular, ambos casos evidenciaron incertidumbre en los enfoques judiciales relativos al título aborigen sobre zonas marinas. Además, estos casos ponen de relieve el riesgo de tratar de obtener el reconocimiento territorial más amplio de título de propiedad aborigen. Magnificando el alcance de esta injusticia se suma el creciente reconocimiento judicial y académico de que la argumentación de Canadá de propiedad de tierras fuera de zonas de tratados se basa en la mera afirmación de la soberanía de la Corona, que es una ficción jurídica utilizada para justificar el robo de tierras indígenas[xi].
Mientras que en 2023 las primeras naciones sufrieron algunos reveses al intentar establecer título de propiedad sobre sus tierras en los tribunales, defensores indígenas de la tierra tuvieron éxito en varios casos destacados. En julio de 2023 el Tribunal de Justicia de Ontario evaluó si Skyler Williams, un defensor mohawk de tierra, había actuado contra el interés público al ocupar un proyecto de construcción de viviendas sobre una disputada extensión de tierra en Caledonia, Ontario[xii]. El juez se basó en parte en la ley de los haudenosaunee para determinar que Williams estaba actuando para el mejor interés de los haudenosaunee y lo dejó en libertad sin ningún cargo. De manera similar, el Tribunal Supremo de Columbia Británica tuvo en consideración la ley de los wet’suwet’en en su absolución de Sabina Dennis, una defensora dakelh de tierra acusada de desacato por su papel en las acciones de protesta contra el oleoducto Coastal Gaslink[xiii]. Si bien estas decisiones de tribunales inferiores no son vinculantes para otras jurisdicciones de Canadá, podrían representar una creciente buena voluntad de los tribunales para reconocer y dotar de validez ordenamientos jurídicos indígenas. A medida que los pueblos indígenas continúan haciendo valer y cumplir sus derechos a la tierra, el reconocimiento de las leyes indígenas puede seguir proporcionando una importante defensa jurídica.
Los pueblos indígenas reafirman sus derechos a tierras, aguas, hielo y aire
En vista de los contundentes desafíos planteados en la esfera de los tribunales coloniales, así como también los flagrantes retrasos en decisiones de políticas transformadoras por parte de gobiernos colonizadores a nivel federal, provincial y territorial, los pueblos indígenas tomaron las riendas para resolver asuntos por su propia cuenta y directamente ejecutaron sus derechos a la tierra y el agua. Skyler Williams, mencionado anteriormente, fue un miembro clave de los defensores de la tierra en el movimiento 1492 Land Back Lane (Senda para Recuperar la Tierra de 1492) en Caledonia. Los defensores de tierras en Wet’suwet’en prosiguen su lucha contra la construcción del oleoducto Coastal Gaslink en Columbia Británica, y consiguieron sus objetivos al presionar a la Real Policía Montada de Canadá para que abriera una investigación sobre las actuaciones de su Grupo de Respuesta Comunidad-Industria, la cara visible de la Real Policía Montada de Canadá, que en 2021 expulsó de manera violenta a defensores de la tierra. Estos ejemplos, incluyendo los custodios de la tierra Nuluujaat en Nunavut, se centran no solo en devolver tierra bajo autoridad y jurisdicción indígena sino también en el concepto y la filosofía de recuperar la tierra que acrecienta su importancia para reafirmar el papel de la jurisdicción indígena sobre tierras y aguas. Una forma concreta de recuperar la tierra que sigue en auge son las Áreas Indígenas Protegidas y Conservadas (Protected and Conserved Areas, IPCAs) y los programas de custodia indígena. Las Áreas Indígenas Protegidas y Conservadas van en aumento a lo largo del país, como la declaración de la Primera Nación Simpcw de la cuenca del río Raush, gracias al continuo apoyo del Gobierno federal, comprometiéndose a más de 1.200 millones de CAD para labores de conservación dirigidas por población indígena desde 2018. A pesar de estos apoyos, perduran desafíos en materia de Áreas Indígenas Protegidas y Conservadas, como la extracción de recursos, leyes y legislación, financiación, relaciones y capacidad, y jurisdicción y gobernanza[xiv].
La violencia contra la tierra y el agua es violencia contra mujeres y niños indígenas
Existe una profunda conexión entre la violencia contra la tierra y el agua, y la violencia contra las mujeres indígenas[xv]. En 2023 continuó la crisis por las mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas. A principios de año tuvo lugar una mesa redonda de líderes y representantes indígenas y ministros federales y provinciales/territoriales. Esta mesa redonda supone el primer diálogo nacional sobre mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas y sobre personas del colectivo 2SLGBTQI+, con especial foco en mejorar la colaboración entre jurisdicciones, examinar prácticas exitosas y resolver las demandas de justicia[xvi]. Varios meses más tarde, se hizo público un Informe Anual de Progreso Federal[xvii]. Sin embargo, el trabajo no es del todo positivo, ya que un análisis de la Corporación Canadiense de Radiodifusión (Canadian Broadcasting Corporation, CBC) mostró que solo dos de las 231 demandas de justicia se habían completado y más de la mitad ni siquiera habían comenzado[xviii]. Un perfecto ejemplo de ello es la búsqueda de los restos de dos mujeres de primeras naciones en un vertedero de reciclaje de Winnipeg, que generó serias controversias cuando un antiguo primer ministro utilizó mensajes racistas de campaña para justificar no gastar dinero en la búsqueda.[xix]
En 2023, los pueblos indígenas tuvieron que seguir soportando la crudeza de la existencia y el creciente número de fosas comunes en terrenos de antiguos internados escolares. En junio de 2022 se nombró a una interlocutora especial independiente, Kimberley Murray, quien en junio de 2023 presentó su informe preliminar, Sacred Responsibility: Searching for the Missing Children and Unmarked Burials (Responsabilidad sagrada: búsqueda de los niños desaparecidos y las fosas comunes), anticipo de su informe final que dará a conocer en junio de 2024. En este informe preliminar describió sus hallazgos tras cuatro reuniones nacionales en Edmonton, Winnipeg, Vancouver y Toronto[xx]. Durante este tiempo, otras cinco primeras naciones de diversas partes del país, Naciones Star Blanket Cree, Nación Wauzhushk Onigum, Primeras Naciones Tseshaht, Nación Saddle Lake Cree y la Nación Shíshálh, encontraron anomalías que pudieran corresponderse con posibles enterramientos comunes.
El futuro
La obligación jurídica del Gobierno de Canadá de implementar la DNUDPI ha generado un cauto optimismo sobre los derechos indígenas a la tierra en 2024 y más adelante. Los más de 180 compromisos que plantea el Plan de Acción, como la retirada de la Política General de Reclamaciones de Titularidad de Tierras (CLCP), proporcionan a Canadá la oportunidad de transformar la relación entre los pueblos indígenas y la Corona. El radical cambio que abandona el enfoque de extinción de derechos crea una oportunidad única, con la posibilidad de trabajar con los pueblos indígenas a fin de desarrollar mecanismos justos, abiertos y transparentes para negociar el reconocimiento de los derechos indígenas a la tierra. Adicionalmente, el compromiso de Canadá de rediseñar la Política de Adiciones a Reservas (ATR) podría acelerar la devolución de tierras a primeras naciones en forma de ampliación de reservas. Con recursos adecuados y fuerza de voluntad política, estos compromisos podrían tener significativas y positivas repercusiones sobre los derechos indígenas a la tierra en Canadá.
Mientras estas reformas siguen su curso, los pueblos indígenas continuarán haciendo valer sus derechos a la tierra mediante los tribunales, las acciones directas y el establecimiento de acuerdos de gestión exclusiva de la tierra, como las Áreas Indígenas Protegidas y Conservadas. Puede que sea necesario redoblar estos esfuerzos ya que los pueblos indígenas se preparan para la posible vuelta al poder de un gobierno conservador.
Graeme Reed es un anishinaabe de los Grandes Lagos (Territorio No Cedido de Wiikwemkoong) con ascendencia mixta de Inglaterra, Escocia y Alemania. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones dirigiendo su involucración en la política climática federal e internacional, incluyendo como representante indígena de América del Norte en el Grupo de Trabajo Coordinador de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la CMNUCC, y antiguo copresidente del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático. Es doctorado por la Universidad de Guelph.
Jesse Donovan es un métis red river. Trabaja en la Asamblea de las Primeras Naciones como director adjunto del sector de tierras. Su trabajo se centra en la restitución de tierras, territorios y recursos a las primeras naciones. Es licenciado en derecho por la Universidad de Saskatchewan.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[i] Hoye, Bryce. “Solid NDP win cements Kinew as 1st First Nations premier in Manitoba history”. CBC News, 4 de octubre de 2023. https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/2023-manitoba-election-results-1.6985468
[ii] Forester, Brett. “Cindy Woodhouse wins election for Assembly of First Nations national chief”. CBC News, 8 de diciembre de 2023. https://www.cbc.ca/news/indigenous/afn-national-chief-winner-1.7051907
[iii] Major, Darren & Stefanovich Olivia. “Judge approves historic $23B First Nations child welfare compensation agreement”. CBC News, 26 de octubre de 2023. https://www.cbc.ca/news/politics/judge-approves-23-billion-first-nations-child-welfare-agreement-1.7006351
[iv] Calí Tzay, José Francisco. “Visit to Canada Report of the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples,
José Francisco Calí Tzay”. Naciones Unidas, 2023. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/139/12/PDF/G2313912.pdf?OpenElement
[v] Ibid, pág. 17
[vi] Ibid
[vii] “The Action Plan”. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act - Action Plan 2023-2028, Departamento de Justicia, 2023.. https://www.justice.gc.ca/eng/declaration/ap-pa/index.html.
[viii] Calí Tzay, p. 17
[ix]The Nuchatlaht v. British Columbia, 2023 BCSC 804 (Nuchatlaht).
[x] Chippewas of Nawash Unceded First Nation vs. Canada (Attorney General), 2023 ONCA 565 (Chippewas of Nawash).
[xi] Thomas and Saik’uz First Nation vs. Rio Tinto Alcan Inc., 2022 BCSC 15 en párrafo 198.
[xii] Williams, Kierstin. “Haudenosaunee law used for ruling on Land Back Lane defender”. APTN News, 12 de julio de 2023. https://www.aptnnews.ca/featured/judge-relies-on-haudenosaunee-law-in-court-decision-for-1492-land-back-lane-defender/.
[xiii] McKay, Jackie. “Woman arrested during Wet'suwet'en pipeline blockade found not guilty”. CBC, 29 de noviembre de 2023. https://www.cbc.ca/news/indigenous/wet-suwet-en-coastal-gaslink-court-1.7044494.
[xiv] Para más información, véase Townsend, J., & Roth, R. Indigenous and Decolonial Futures: Indigenous Protected and Conserved Areas as Potential Pathways of Reconciliation. Frontiers in Human Dynamics, 5, 1286970.
[xv] Para más información, véase el trabajo de Women’s Earth Alliance (Alianza de Mujeres de la Tierra) y la Native Youth Sexual Health Network (Red de Salud Sexual de la Juventud Indígena) (2016) aquí: http://landbodydefense.org/uploads/files/VLVBReportToolkit2016.pdf?
[xvi] Más información sobre la Mesa Redonda Nacional aquí: Report of the Roundtable on Missing and Murdered Indigenous Women, Girls and 2SLGBTQI+ People (rcaanc-cirnac.gc.ca)
[xvii] Gobierno de Canadá. “2022-23 Federal Pathway Annual Progress Report”. https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1685130575787/1685130639029
[xviii] Para más información sobre el análisis de CBC, véase: A report card on the MMIWG inquiry's calls for justice (cbc.ca)
[xix] Petz, Sarah. “Chiefs, families push for search for remains at Winnipeg landfill that could take years, cost up to $184M”. CBC News, 12 de mayo de 2023. https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/landfill-feasibility-study-results-manitoba-1.6840411.
[xx] “Sacred Responsibility: Searching for the Missing Children and Unmarked Burials”. Office of the Independent Special Interlocutor, Junio de 2023. https://osi-bis.ca/wp-content/uploads/2023/07/Interim-Report_ENG_WEB_July11.pdf
Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Mujeres, Defensores de derechos humanos indígenas, Conservación
