Los Pueblos Indígenas de Canadá se conocen colectivamente como "Pueblos Aborígenes". La Ley Constitucional de 1982 reconoce tres grupos de Pueblos Aborígenes: Indígenas, Inuit y Métis. En Canadá, los Pueblos Indígenas siguen siendo perjudicados por la falta de reconocimiento de sus derechos y títulos de propiedad, los efectos negativos de las industrias extractivas sobre dichos derechos y la lenta implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración). Al mismo tiempo, los Pueblos Indígenas enfrentan desigualdades sociales de larga data en áreas como la atención médica, la educación, el bienestar infantil y la continua crisis de violencia contra las mujeres y niñas indígenas.

En 2010, el gobierno canadiense anunció su apoyo a la Declaración, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Esta decisión fue una reversión de la oposición previa de Canadá a la Declaración, que mantenía junto con Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Todos han revisado su actitud respecto a la Declaración, y dos Gobiernos de la Corona, el gobierno federal y el gobierno provincial de Columbia Británica, han desarrollado leyes dedicadas a la implementación de la Declaración: la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas (2023, Canadá) y la Ley de la Declaración (2021, Columbia Británica).

El Gobierno de Canadá ha destacado cuatro principios importantes que rigen sus relaciones con los Pueblos Indígenas: el reconocimiento de derechos, el respeto, la cooperación y la colaboración. Desafortunadamente, estos principios parecen estar basados en poco más que retórica política.

El Artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 reconoce y afirma los derechos aborígenes y los derechos derivados de los tratados de los Pueblos Indígenas en Canadá. El Subartículo (2) define a los “pueblos aborígenes de Canadá” como los “indios” (es decir, las Primeras Naciones), Inuit y Métis de Canadá. Cada grupo indígena tiene una historia y un sistema de gobernanza distintos. Además, la Corte Suprema de Canadá ha reconocido que el propósito del Artículo 35 es reconciliar la “soberanía aborigen preexistente con la soberanía asumida por la Corona”. Desde la promulgación del Artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982, la jurisprudencia canadiense en materia de derechos indígenas ha pasado por un desarrollo importante. En 1997, en el caso Delgamuukw contra Columbia Británica, la Corte Suprema de Canadá reconoció que el título aborigen constituye un derecho a la tierra y está protegido por el Artículo 35. La decisión de 2004 en el caso de la Nación Haida afirmó que los gobiernos tienen el deber de consultar con los Pueblos Indígenas antes de tomar medidas que puedan afectar sus derechos constitucionalmente protegidos. En una decisión crucial, la Corte Suprema de Canadá otorgó en 2014 una declaración de título aborigen que reconoce la propiedad de la Nación Tsilhqot'in sobre parte de su territorio tradicional. Los Pueblos Indígenas de Canadá siguen dependiendo en gran medida a las acciones legales para proteger y promover sus derechos.

Pueblos Indígenas (Primeras Naciones, Inuit y Métis)

Según el censo canadiense de 2021, había aproximadamente 1,8 millones de personas indígenas en Canadá, lo que representa el 5,0 % de la población total. 1.048.405 personas se identificaron como Primeras Naciones. Las Primeras Naciones (definidas como "indios" en la Ley sobre los Indios (C.R.S., 1985, c. I-5) y la Ley Constitucional (1982)) son naciones y pueblos diversos que representan a más de 600 Primeras Naciones distintas y abarcan más de 60 idiomas.

Los Métis constituyen una nación indígena distinta, con un total de 624.220 personas en 2021, muchas de las cuales viven en centros urbanos. Los inuit son un Pueblo Indígena que ha ocupado Inuit Nunangat en el norte de Canadá, y sumaban 70.545 personas en 2021.

Principales desafíos para los Pueblos Indígenas en Canadá

Los Pueblos Indígenas y sus aliados se enfrentan a la lentitud de las acciones sustanciales en la implementación de la Declaración. Incluso con un gobierno que apoya a nivel federal, incluyendo la adopción de la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas en 2023, la implementación sigue siendo un desafío para el estado. Las causas de esto incluyen presiones del sector corporativo y disputas dentro del gobierno sobre cómo avanzar en la implementación.

Otra lucha está relacionada con el bienestar infantil. El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos (CHRT) dictaminó que el Programa de Servicios para Niños y Familias de las Primeras Naciones (FNCFS), proporcionado por el Gobierno de Canadá a través del Departamento de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte, anteriormente el Departamento de Asuntos Indígenas y del Norte (INAC), ha negado los servicios de bienestar infantil a muchos niños y familias de las Primeras Naciones que viven en las reservas. A pesar de celebrar la decisión y comprometerse a actuar, el gobierno canadiense no ha cumplido.

Posibles avances para los Pueblos Indígenas en Canadá

Tras muchos años de llamados nacionales e internacionales, en 2016 Canadá lanzó la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas (MMIWG). En 2019, la Investigación publicó 231 Llamados a la Justicia destinados a abordar las causas sistémicas de la violencia contra las mujeres, niñas y personas 2SLGBTQI+ indígenas. En 2024, La Asamblea de las Primeras Naciones publicó un informe que concluyó que solo 2 de las 231 Llamadas a la Justicia se implementaron por completo, y la mayoría mostró un progreso mínimo o nulo.

A finales de 2016, el Primer Ministro anunció nuevos mecanismos bilaterales entre el gobierno federal y los tres órganos nacionales representativos de los Pueblos Indígenas: la Asamblea de las Primeras Naciones, los Inuit Tapiriit Kanatami y la nación Métis. Esta relación formalizada entre el gobierno federal y los Pueblos Indígenas es, sin duda, un paso para mejorar las relaciones y trabajar de forma más colaborativa.