Mundo Indígena 2019: Canadá

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Canadá

Los pueblos indígenas de Canadá se denominan colectivamente “pueblos aborígenes”. La Ley Constitucional de 1982 reconoce tres grupos de pueblos aborígenes: Primeras Naciones, Inuit y Métis. Según el Censo de Canadá de 2016, había 1,673,785 aborígenes en Canadá, lo que representa el 4.9% de la población total¹, y 977,230 personas declararon que se identificaban como pertenecientes a las Primeras Naciones.

Las Primeras Naciones (cuyos pueblos son denominados “Indians” [indios] en la Constitución) comprenden diversas Naciones y pueblos que juntos representan más de 600 diferentes Primeras Naciones y abarcan más de 60 idiomas. Los métis constituyen una nación aborigen distinta y su población ascendía a 587,545 en 2016. Muchos de ellos viven en centros urbanos. La Ley Constitucional de 1982 reconoce y afirma los derechos de los pueblos, tanto los derechos aborígenes existentes como los previstos por tratados. La Corte Suprema ha definido la protección de estos derechos como “un importante valor constitucional de fondo” y un “compromiso nacional”. En 2010, el Gobierno canadiense anunció su adhesión a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y en 2016 Canadá reafirmó su apoyo “sin reserva”. Canadá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

En 2018, la Declaración se fue consolidando en las políticas y el derecho. Varias disposiciones legislativas del Gobierno federal incluyeron compromisos con la Declaración². La provincia de Columbia Británica también promulgó legislación que reafirma el compromiso con la implementación de la DNUDPI.³ 

El Proyecto de Ley C-262, propuesto de forma independiente por un diputado, la Ley sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (véanse anuarios anteriores) avanzó en el Parlamento canadiense. Superó el proceso en la Cámara de los Comunes y se transmitió al Senado de Canadá. Para que el proyecto se convierta en ley, será esencial que el Senado termine de examinar el proyecto de ley antes de la elección federal programada en 2019. El proyecto de ley ha sido apoyado masivamente por pueblos indígenas, comunidades confesionales, sindicatos y órganos de derechos humanos en Canadá.⁴

En febrero de 2018, el primer ministro anunció un alto compromiso con el reconocimiento de los derechos indígenas. En su declaración, afirmó que un nuevo marco podría “incluir nuevas medidas para apoyar la reconstrucción de naciones y gobiernos indígenas y promover la autodeterminación indígena, lo cual incluye el derecho inherente al autogobierno”.⁵ El proceso que siguió fracasó con los pueblos indígenas. Los funcionarios gubernamentales crearon confusión con un proceso de participación llamado “El Reconocimiento e Implementación de un Marco de Derechos”, que carecía de claridad y transparencia. La desconfianza natural llevó a líderes indígenas a rechazar el proceso y a reivindicar un proceso diseñado por los mismos pueblos indígenas. Lo extraordinario es que los sucesivos gobiernos no han entendido que es necesario que los pueblos indígenas expresen ellos mismos qué puede y debe formar parte de un esfuerzo de reconocimiento de derechos indígenas. 

El conflicto sobre el aprovechamiento de recursos

Con demasiada frecuencia, se impulsan proyectos de aprovechamiento de recursos sin respetar los derechos indígenas. Cuando eso ocurre, los pueblos indígenas y sus defensores suelen oponerse a los proyectos mediante la desobediencia civil, entre otras maneras. Dicha oposición puede derivar en la detención de defensores de derechos humanos.

En una situación de gran repercusión mediática, jefes hereditarios wet’suwet’en se opusieron al desarrollo de un gaseoducto que transportaría gas natural licuado por su territorio tradicional en el noroeste de Columbia Británica. Durante el último decenio, han vivido personas en el campamento unist’ot’en en señal de protesta por el desarrollo propuesto. El clan vecino –llamado los gidimt’en– estableció un segundo puesto de control en la entrada en el territorio en diciembre de 2018. La empresa que busca poner en marcha el gaseoducto Coastal GasLink solicitó una orden judicial para que el campamento fuera desmantelado para permitir la construcción, lo cual condujo a la detención de 14 personas el 7 de enero de 2019 y dio lugar a actos públicos de solidaridad hacia los wet’suwet’en en todo el país.⁶

En vista de que tanto el Gobierno federal como el Gobierno provincial se han comprometido con la DNUDPI y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) consagrado en ella, surgen serios interrogantes. ¿Por qué se dictaría tal orden judicial aparentemente sin tomar en cuenta los derechos humanos de los wet’suwet’en?⁷ Este caso también subraya la necesidad crítica de procesos independientes para ayudar a resolver conflictos.

La ampliación del oleoducto Trans Mountain

Los ductos representan una fuente de conflicto continuo entre los Gobiernos y pueblos indígenas. La ampliación del oleoducto Trans Mountain ofrece otro ejemplo de ello. En la primavera de 2018, Kinder Morgan vendió el oleoducto al Gobierno federal.⁸ En agosto de 2018, la Corte Suprema dictaminó que Canadá “no se involucró, ni dialogó significativamente, ni enfrentó las preocupaciones que le fueron expresadas de buena fe por los solicitantes para examinar de qué manera se pueden satisfacer”.⁹ Lo anterior fue el resultado de “un proceso de consultas irrazonable” que “estuvo muy lejos de cumplir con los estándares fijados por la Corte Suprema de Canadá”. Tras este dictamen, el Gobierno inició otro proceso de consultas también deficiente. Las protestas continuas sobre este proyecto ocasionaron la detención de varios indígenas y sus defensores.

El 14 de diciembre de 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó sus preocupaciones en torno a este proyecto y señaló que “el Comité quisiera recalcar que la realización del proyecto de ampliación del oleoducto Trans Mountain sin el consentimiento libre, previo e informado afectaría de manera permanente los derechos territoriales del pueblo secwepemc y en consecuencia, vulneraría sus derechos bajo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial”.¹⁰

Site C

La presa Site C en el noreste de Columbia Británica amenaza una de las pocas áreas en la provincia que aún quedan relativamente prístinas y donde las Primeras Naciones pueden realizar libremente prácticas tradicionales y protegidas por tratados, entre ellas la caza, la captura de animales y la pesca. A pesar de que el CERD ha pedido la suspensión inmediata de su construcción,11 continúan las obras en la presa. Una revisión ambiental conjunta, llevada a cabo en nombre de los Gobiernos federal y provincial, declaró que la presa socavaría “gravemente” la capacidad de los pueblos indígenas de cazar, haría inseguro el consumo de pescado durante por lo menos una generación y eliminaría centenares de sitios culturales e históricos, entre ellos tumbas.¹²

Pese a ello, ni el Gobierno federal ni el Gobierno provincial ha retirado su apoyo por el proyecto y las Primeras Naciones se han visto obligadas a cargar con la necesidad de defender sus derechos por vía judicial. Aunque la demanda civil interpuesta en 2017 por las Primeras Naciones West Moberly y Prophet River –que examina si la presa constituye una violación injustificable de las obligaciones de Canadá bajo los tratados– aún no ha iniciado y sin duda tardará años en resolverse, West Moberly ha solicitado protecciones más inmediatas de sus derechos mediante una orden temporal de suspender la construcción de la presa, aunque sea únicamente en algunas áreas críticas. Sin embargo, en octubre de 2018, la Corte Suprema de Columbia Británica rechazó esta solicitud.¹³ Aunque la Corte sí exigió que se resolviera la cuestión de las violaciones potenciales de derechos protegidos bajo tratados para mediados de 2023, antes de que se produzcan los peores daños cuando el valle sea inundado¹⁴, no protegió los sitios sagrados ni el hábitat crucial puestos en peligro por las primeras obras de construcción.

En diciembre de 2018, en respuesta a un llamamiento urgente de la Unión de Jefes Indios de la Columbia Británica y al hecho de que Canadá no respondió a una solicitud de información sobre Site C dentro del plazo, fijado para agosto¹⁵, el CERD instó a Canadá a que indicara las medidas tomadas para suspender la construcción de la presa y que informara al respecto antes del 8 de abril de 2019.¹⁶ En su solicitud, el Comité subrayó su preocupación por el hecho de que “la realización de la presa Site C sin consentimiento libre, previo e informado, afectaría de forma permanente los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados en la provincia de Columbia Británica”.¹⁷

Grassy Narrows

Los Gobiernos de Canadá y Ontario aún no han brindado apoyo suficiente para atender los impactos de la intoxicación por mercurio en la Primera Nación Grassy Narrows. Aunque el Gobierno de Ontario se comprometió en 2017 a limpiar el sistema fluvial ese mismo año, no se ha tomado ninguna medida en ese sentido.

No obstante, el pueblo de Grassy Narrows sigue trabajando incansablemente en la lucha para exigir cuentas e indemnización por los múltiples impactos culturales y sanitarios de la intoxicación por mercurio que enfrenta su Primera Nación. En diciembre de 2018, una delegación de Grassy Narrow, que incluía a defensores jóvenes, viajó a Ottawa para crear conciencia sobre los resultados de un nuevo estudio sobre la salud de la comunidad, el cual documenta cómo los niños cuyas madres consumían pescado por lo menos una vez por semana durante su embarazo son cuatro veces más proclives a padecer una discapacidad de aprendizaje o un trastorno del sistema nervioso. 

El bienestar infantil en las Primeras Naciones

En febrero de 2018, el Tribunal de Derechos Humanos de Canadá dictó su quinta orden por incumplimiento para abordar la omisión continua, por parte del Gobierno federal, de implementar plenamente el dictamen del Tribunal de 2016 sobre el bienestar infantil en las Primeras Naciones (véanse anuarios anteriores).¹⁸ En respuesta a una queja presentada en 2007 por la Sociedad de Atención a Niños y Familias de las Primeras Naciones y la Asamblea de las Primeras Naciones¹⁹, el Tribunal había dictaminado que el Gobierno federal discriminó a los niños de las Primeras Naciones al subfinanciar los servicios para niños y familias de las Primeras Naciones y ordenó a Ottawa que asegurara que los conflictos jurisdiccionales entre los Gobiernos federal y provinciales no obstaculizaran la entrega eficaz de servicios a los niños de las Primeras Naciones.²⁰

El dictamen de febrero de 2018 subrayó que “la gravedad y urgencia del asunto” aún “no han sido comprendidas, a juzgar por las acciones y respuestas de Canadá” y exhortó a que Canadá no se demorase en atender necesidades concretas y urgentes expresadas por las Primeras Naciones.21 En su dictamen, el Tribunal también señaló: “De especial importancia en este caso es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas […]”.²²

Poco tiempo después del dictamen del Tribunal, la ministra de servicios indígenas Jane Philpott anunció que el departamento a su cargo aumentaría la financiación para servicios de bienestar infantil en las Primeras Naciones.²³ En noviembre, la ministra Philpott también anunció la intención de desarrollar nuevas leyes sobre servicios para niños y familias en colaboración con los pueblos indígenas.²⁴ Queda por ver cuán eficazmente la legislación final responderá a las inquietudes planteadas por las Primeras Naciones y si la legislación será aprobada antes de la elección federal programada para el otoño de 2019.²⁵

La investigación sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas

La Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas concluyó sus últimas audiencias en diciembre de 2018 y su informe final se debe presentar al Gobierno federal antes del 30 de junio de 2019.²⁶ Originalmente, la Investigación –la cual recibió críticas importantes por demoras así como por las deficiencias en la comunicación con familias y sobrevivientes– debía presentar su informe final para noviembre de 2018, pero se le concedió una prórroga controvertida.²⁷ Algunos consideraron que en lugar de la prórroga, habría sido mejor destinar esos fondos a las necesidades más inmediatas de las mujeres y niñas indígenas, como la vivienda asequible.²⁸

De igual manera, se ha criticado la respuesta del Gobierno ante la crisis de violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas y personas “dos espíritus” por demoras. Pese a llamamientos que exigían la implementación inmediata de soluciones previamente identificadas o una pronta respuesta a las recomendaciones formuladas en el informe intermedio de la Investigación en 2017, el Gobierno federal no tomó medidas para responder hasta junio de 2018.²⁹ Esta demora en el inicio de reformas, junto con los avances lentos de la Investigación, ha exacerbado las frustraciones y ha supuesto una carga adicional para los sobrevivientes y familiares, así como una mayor preocupación sobre la eficacia de la respuesta gubernamental al informe final de la Investigación.³⁰ Entre 2001 y 2014, las mujeres aborígenes tenían seis veces más probabilidades de ser asesinadas que las mujeres no aborígenes.³¹

Comunicaciones del CERD para Canadá

El CERD envió tres consultas a Canadá en 2018, todas ellas en respuesta a solicitudes por parte de pueblos indígenas bajo los Procedimientos de Alerta Temprana y Acción Urgente. En respuesta a problemas continuos con conflictos en torno al aprovechamiento de recursos, el CERD exhortó a Canadá a que solicitara asesoramiento experto e independiente sobre la implementación del derecho al CLPI.

Aunque Canadá va avanzando poco a poco con políticas y leyes que apoyan los derechos de pueblos indígenas, el CLPI aún suscita recelo, o peor. Incluso con un excelente análisis jurídico a su disposición³², los responsables políticos siguen creando confusión, alimentando el conflicto actual en torno a tierras, territorios y recursos y criminalizando a los defensores de tierras. Para que Canadá cumpla su compromiso con la reconciliación, los responsables políticos deben descolonizar su forma de pensar y respetar de verdad los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido el CLPI.³³

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs

Notas y referencias

1. Statistics Canada, en http://bit.ly/2TaEb4B
2. Esto incluye la Ley del Departamento de Mujeres e Igualdad de Género, promulgada en la Ley de Administración Presupuestaria, 2018, 2, S.C. 2018, c. 27, en la s. 661, preámbulo y enmienda del preámbulo de la Ley de Gestión de Tierras de las Primeras Naciones y la Ley de Gestión Fiscal de las Primeras Naciones, ambas promulgadas en la Ley de Administración Presupuestaria, 2018, supra
3. Ley de Evaluación Ambiental, B.C. 2018, c. 51, s. 2(2) y Ley de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, S.B.C. 2018, c. 40
4. Véanse declarationcoalition.ca y www.adoptandimplement.ca
5. Oficina del Primer Ministro, Government of Canada to create Recognition and Implementation of Rights Framework, en http://bit.ly/2T80yrp
6. Justin Brake, “AFN intervened in Wet’suwet’en and RCMP conflict amid negotiations” en http://bit.ly/2TcZl1X
7. Rachel LaFortune, “‘Rule of Law’ is not a justification for colonial violence”, en http://bit.ly/2TdyYca
8. Véase CBC news, “The Trans Mountain deal unpacked — what you need to know” en http://bit.ly/2T8084j
9. Véase Tribunal de Apelación Federal, “Executive Summary Trans Mountain case” en http://bit.ly/2Tk0JQf
10. Véase UNHRC. 2018. CERD/EWUAP/Canada-Trans Mountain Pipeline/2018/JP/ ks en http://bit.ly/2TcmYaP
11. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados del Canadá, UN Doc CERD/C/CAN/CO/21-23 (2017), párr. 20(e).
12. Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental, Report of the Joint Review Panel: Site C Clean Energy Project: BC Hydro (1º de mayo de 2014), http://bit.ly/2TgWVPL; Véase también, Prophet River First Nation Canada (Attorney General), 2015 FCA 15, párr. 13.
13. West Moberly First Nations British Columbia, 2018 BCSC 1835 (24 de octubre de 2018).
14. en el párr. 363.
15. UBCIC, Carta dirigida al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (20 de noviembre de 2018), en http://bit.ly/2TfkR68
16. Noureddine Amir, presidente, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Carta dirigida a su Excelencia la Rosemary McCarney, representante permanente de Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas, UN Doc CERD/ EWUAP/Canada-Site C dam/2018/JP/ks (14 de diciembre de 2018), en http://bit.ly/2T8KoxF
17. Sociedad de Atención a Niños y Familias de las Primeras Naciones, “Canada Fails to Grasp the ‘Emergency’ in First Nations Child Welfare: Canadian Human Rights Tribunal Finds Federal Government Non-Compliant with Relief Orders” (1º de febrero de 2018), en http://bit.ly/2TgWt41
18. Para saber más sobre este caso, consulte http://bit.ly/2TllB9I
19. Véase, p. ej., First Nations Child and Family Caring Society of Canada Canada (Attorney General), 2017 CHRT 14.
20. First Nations and Family Caring Society of Canada Attorney General of Canada, 2018 CHRT 4 (1º de febrero de 2018), párrs. 67 y 121.
21. First Nations Child and Family Caring Society of Canada (FNCFCS) et v. Attorney General of Canada (for the Minister of Indian and Northern Affairs Canada [INAC]), 2018 CHRT 4. Véanse también párrs. 69 a 82 y 191.
22. Jorge Barrera, “Ottawa to increase funding for First Nations child welfare services” CBC (1º de febrero de 2018), en http://bit.ly/2TgW3ut
23. Mia Rabson, “Feds to introduce co-developed legislation on Indigenous child services in 2019,” National Post (30 de noviembre de 2018), en http://bit.ly/2IB5wZA
24. Jorge Barrerra, “First Nations groups want fixes to draft child welfare law as Ottawa faces time crunch” CBC (6 de febrero de 2019), en http://bit.ly/2ICmQNG
25. Asuntos Indígenas y del Norte, Canadá, “Statement from Minister Bennett on the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls request for an extension and Interim report” (5 de junio de 2018), en http://bit.ly/2IBdMJ6
26. Janice Dickson, “Embattled MMIW inquiry asked for two-year extension, gets six more months” CTV News (5 de junio de 2018), en http://bit.ly/2IKVFAe
27. Laura Glowacki, “Manitoba MMIWG advocates call for action after national inquiry given 6-month extension” CBC (5 de junio de 2018), en http://bit.ly/2IxTK25
28. Gloria Galloway, “Head of inquiry into missing, murdered Indigenous women says scope will narrow after extension limited to six months” The Globe and Mail (5 de junio de 2018), en https://tgam.ca/2IzOrPF
29. Justin Brake, “MMIWG commissioners reprimanded, warned not to let families down in final week of hearings” APTN (10 de diciembre de 2018), at http://bit.ly/2ICm9ny
30. Véase Amnistía Internacional, “New statistics on violence against Aboriginal people released | Amnesty International Canada” disponible en http://bit.ly/2EpJkvY
31. Paul Joffe, “Veto and Consent – Significant Differences”, 2018, en http://bit.ly/2ICTNJX
32. Coalición para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Federal, provincial and territorial interpretation and implementation of free, prior and informed consent must be aligned with Canada’s human rights obligations, en http://bit.ly/2IDzaNM

Jennifer Preston es coordinadora de programas sobre derechos indígenas para el Canadian Friends Service Committee (Cuáqueros).

Rachel LaFortune es becaria jurídica en Amnistía Internacional Canadá.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas