• Pueblos indígenas en Camboya

    Pueblos indígenas en Camboya

    Camboya es el hogar de 24 pueblos indígenas diferentes y constituye el 2-3% de la población nacional.

Mundo Indígena 2019: Camboya

Camboya es el hogar de 24 pueblos indígenas diferentes, que hablan mon-khmer o lenguas austronesias, y constituyen el 2 3 % de la población nacional, cerca de 400,000 individuos.1

Los territorios indígenas incluyen las llanuras forestadas y las tierras altas del noreste de Camboya, aproximadamente el 25 % del territorio nacional. Si bien no se cuenta con datos desagregados en el Censo Nacional, otras fuentes confirman que los pueblos indígenas de Camboya siguen enfrentando la discriminación y el desplazamiento forzado de sus tierras, que amenazan con extinguirlos como grupos diferenciados.2 Estos patrones son impulsados por emprendimientos estatales o de empresas transnacionales para la extracción/transformación de recursos naturales (mayormente forestales, mineros, hídricos y de agronegocios), junto al crecimiento de la inmigración proveniente de otras partes del país.

En 2007, Camboya adoptó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los pueblos indígenas y ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. No ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Durante el último Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2013, Camboya aceptó la recomendación de “incrementar las medidas para abordar los desalojos ilegales de tierras [de los] pueblos indígenas, y considerar fortalecer el marco legislativo según los estándares internacionales”.3 Esto no ha significado remedio alguno para la discriminación y la inseguridad en la tenencia de la tierra que los pueblos indígenas enfrentaron durante 2017. Un movimiento por los derechos indígenas surgido a comienzos de 1990 continuó desarrollándose en 2017; sin embargo, con los recientes actos de represión cometidos por el gobierno sobre partidos políticos, ONG, medios de comunicación y otros actores sociales percibidos como “oposición” al Partido Popular de Camboya (CPP),4 el terreno sobre el cual se desarrolla el movimiento por los derechos indígenas se ha vuelto más precario.

La esperanza de que la Ley de Tierras de 2001 y la Ley de Bosques de 2002 serían un remedio sustancial para la protección de las tierras indígenas mediante la titulación colectiva/comunal (CLT) se desvanecieron aún más en 2017. Aun así, solo unas pocas comunidades indígenas habían logrado establecer su CLT.5 Mientras tanto, avanzó la ocupación de territorios indígenas por emprendimientos comerciales, con ayuda de la administración estatal de las comunidades afectadas que incluyó el uso de la fuerza y, en ocasiones, la ley para desplazar pueblos y talar lo que queda de los bosques de Camboya.6 Este breve capítulo destacará el costo para cinco pueblos indígenas que luchan por sus derechos a esos recursos y las consecuencias de esa lucha. Hay muchos más casos como estos.7 

Activista ecologista del Valle del Areng fue atacado

Un activista del Valle del Areng recibió amenazas de muerte de las autoridades locales de la comuna en los Montes Cardamomo en 2018. Presentó una denuncia a la administración policial de la comuna, pero no se resolvió. Tuvo que dejar su casa con su familia para esconderse temporalmente por su seguridad personal. Tras permanecer dos semanas ocultor regresó solo a casa, dejando escondida su familia, a fin de responder a su denuncia de amenazas de muerte en la estación local de policía. Se había llegado a un acuerdo entre ambas partes para resolver amistosamente el caso. Sin embargo, una noche del mayo un desconocido le disparó mientras se encontraba en casa y afortunadamente el proyectil no lo alcanzó. Él le manifestó a una fuente de noticias local: “Tengo miedo y me preocupa mi seguridad personal. Pienso que esta vez fallaron, pero moriré si me vuelven a atacar. Este ataque no es nada bueno, exhorto a las fuerzas armadas y a la policía a que [intervengan]”. La víctima y los grupos de derechos humanos siguen exigiéndoles a las autoridades que investiguen el caso y lleven a juicio al responsable. La víctima identificó dos motivos para la amenaza y el ataque:

Fui miembro del Partido de Rescate Nacional (CNRP)8 y querían que me uniera al Partido Popular de Camboya (CPP), a lo que me rehusé. En segundo lugar, soy activista ecologista, lo que es también un blanco para ellos. Los comerciantes de madera no podrían hacer lo que quieren sin protestas, y hemos coludido con algunas de [las] autoridades. Los activistas y las madereras están en conflicto.

LICADHO (una organización camboyana por los derechos humanos) pide a las autoridades competentes una investigación urgente para llevar a juicio al responsable. Un funcionario de derechos humanos de LICADHO expresó a los autores:

Mientras [las] dos partes estaban en negociaciones, se le preguntó a [ellos] si estaba recibiendo apoyo de alguien. Pero [ellos] no se atrevió a decir nada, por lo que [se puede] suponer que hubo un tercero [involucrado]. Así que la policía no debería cerrar el caso de esta manera, a pesar del acuerdo entre ambas partes de que se trata de un caso penal que llegó hasta el ataque […]. Debería haber una investigación concreta de quién está detrás [de esto]. Esto hará que se dé a conocer quién es el atacante.

El funcionario de derechos humanos determinó que ellos fue objeto de discriminación y que su vida se vio amenazada tras la entrega de peticiones al Ministerio de Desarrollo Rural y otras instituciones para solicitar una intervención y la aceleración de la identificación indígena en Areng Valley. Él es un activista ecologista que ha luchado contra la construcción de una presa hidroeléctrica en el Valle del Areng y fue miembro del CNRP, y se niega a sumarse al CPP después de la CPP disolución del CNRP.

Activistas de Kui enfrenta arrestos arbitrarios

Por muchos años, un activista de la provincia de Preah Vihear ha participado en la lucha por la protección de la tierra recursos naturales de su comunidad. La mayoría de los casos recientes involucran dos empresas grandes: China Group y Dellcom Cambodia, las que están asociadas con las autoridades locales, y quieren saquear territorio indígena Kui, bosques, fincas, tierras y recursos naturales. Además de esto, la  comunidad está lidiando con extracción minera ilegal, tanto de personas como de empresas.

El activista está movilizando su comunidad para tomar acción a fin de detener las actividades de las empresas; hacer protestas, demostraciones, peticiones, llevar a cabo diálogos y bloquear caminos. A lo largo de los años su comunidad ha enfrentado muchos retos, incluso arrestos arbitrarios de las autoridades locales, especialmente del gobernador del distrito. A la fecha, él y miembros de su comunidad siguen recibiendo amenazas constantes del gobernador del distrito, inclusive arrestos arbitrarios, si siguen sus acciones de protesta.

Estas amenazas se añaden a los retos que sufre la comunidad como resultado de las acciones de las empresas en la región, las que derivan en desechos de sustancias químicas y contaminación del aire y del agua, lo que representa una amenaza a la salud física y mental de la comunidad. No pueden seguir cultivando sus terrenos tradicionales ya que las empresas los ocupan. Las mujeres y los niños se ven afectados de forma desproporcionada porque otros se han apropiado de tierras, bosques y fincas. En consecuencia, pierden su fuente de ingresos diarios y se incrementa la tasa de abandono escolar local de los niños indígenas. La contaminación del agua ha matado muchos animales y las comunidades no pueden usar el agua.

En otra comunidad Kui de Preah Vihear, en otro activista desempeña un papel vital para ayudar a los pueblos indígenas de su provincia. En 2017, aumentó la cantidad de eventos de acaparamiento de tierras, tala arbitraria de bosques y explotación forestal ilegal, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de la empresa Heng Fu. Las comunidades indígenas utilizan las tierras acaparadas para muchos propósitos: agricultura viable, conservación, usos colectivos de las tierras y la protección de bosques espirituales. Tres áreas indígenas Kui se vieron especialmente afectadas: Tbeng Meanchey, Chey Sen y Chheb. Las personas indígenas y sus comunidades trabajan arduamente para proteger sus tierras, bosques y fincas. Las acciones tomadas incluyen acampar en la cuenca en disputa, hacer patrullas de vigilancia, hacer peticiones y organizar demostraciones. Hasta ahora, en 2018 ocho activistas han recibido amenazas y el tribunal provincial los ha citado por obstruir ilegalmente dos excavadoras en 2014.

El activista recibió muchas amenazas de muerte, así como amenazas de arresto por parte de la policía local. Él no ha tomado acción alguna frente a estos actos de intimidación. Sin embargo, a finales de 2018 fue parte del grupo que el tribunal provincial citó por obstruir ilegalmente dos excavadoras en 2014 y por impedir gestiones de desarrollo del gobierno. A fin de hacer frente a esta acusación, trabajó con su abogado para demorar su comparecencia en 2018. Recibió apoyo de ONG locales como NGOForum, CIYA y del CCHR. Publicaron comunicados de prensa, condenas a las acciones e hicieron labor de difusión en las noticias y redes sociales. Él recalcó que estos problemas han tenido un impacto negativo en muchos miembros de la comunidad indígena, sobre todo en lo que se refiere a sus ingresos, seguridad alimentaria y salud mental y física. Se ha incrementado considerablemente la cantidad de personas de fuera. Los miembros de la comunidad se quejan de que muchos de ellos trajeron drogas, lo que perjudica a muchos jóvenes locales. El activista y su familia se han visto afectados por el proceso judicial en curso, ya que limita su libertad de movimiento, palabra y asociación, y también amenaza con afectar su salud física y mental.

Las luchas de los defensores de derechos humanos indígenas en Mondulkiri

Un activista, un indígena Bunong de la provincia de Mondulkiri es uno de los activistas más proactivos y es un movilizador clave de las comunidades indígenas en esa provincia. Tiene dos hijos y mantiene a su familia como agricultor sostenible. Él comenzó su labor de activista en 2015 al ver el incremento de violaciones a los derechos humanos y de discriminación a los pueblos indígenas. Si bien reconoce el peligro de sus actividades, siente la necesidad de hacerlo para prevenir el sufrimiento de los pueblos indígenas. Teme que sin sus tierras, esos pueblos perderán su identidad, cultura, tradiciones, recursos natural y hogares. Ha luchado en varios casos, incluso en concesiones de terrenos, degradación ambiental, y explotación de recursos forestales, petroleros y minerales. Hasta ahora ha tomado muchas iniciativas para intervenir en las acciones de las empresas. Ha ayudado a bloquear caminos, hacer protestas, demostraciones y marchas, así como también ha organizado diálogos con las autoridades locales y las autoridades de nivel provincial.

Él es un coordinador del Indigenous Networking Group, donde desempeña una función a vital al ofrecer asistencia directa a las comunidades a medida que surgen los problemas. En cuanto una comunidad envía una petición, él llama a las autoridades provinciales para intervenir y difundir el problema por las redes sociales. Debido a estas actividades ha recibido una serie de amenazas anónimas. Él y su familia han recibido reiteradas amenazas de muerte si sigue defendiendo los derechos de su comunidad y actúa contra las medidas que toman la empresa y el gobierno. Asimismo, la policía de distrito lo amenazó con arrestarlo cuando obstruyó la tala ilegal de árboles en 2017. Él sigue firme en su compromiso de proteger las comunidades indígenas y los bosques. Dice que no teme morir. No obstante, las amenazas a su persona y su familia tienen un impacto económico, así como también a su salud física y mental. Además, las autoridades locales limitan su libertad de movimiento, palabra, asociación, vida y todos aquellos derechos consagrados en la DUDH, DNUDPI, ICCPR e ICESPR. Aunque presentó un recurso, el departamento provincial no le ha dado soluciones.

Otro activista, un indígena Bunong, vive a 26 kilómetros de la capital provincial, en la aldea de Kbal Romeas, provincia de Steung Treng, Camboya. Es un activo defensor de los derechos humanos de los indígenas, y es además agricultor. Su comunidad solía suplementar sus ingresos con los recursos naturales alrededor de la aldea. Todo cambió en 2012 cuando se firmó un acuerdo entre The Royal Group of Cambodia e Hydrolancang International Energy de China, lo que forzó la reubicación de muchos de ellos. La presa de 400 MW de capacidad ha dañado el ambiente, los cultivos, las fincas, las tierras de conservación y sitios espirituales. Se completó en 2017 a pesar de que la comunidad Bunong intentó protestar contra este proyecto de muchas maneras. Sus protestas hicieron que muchos miembros de la comunidad, especialmente el activista, su hermana y su sobrina fueran acusados de oponerse a gestiones de desarrollo del gobierno.

En septiembre de 2017, se cerraron las compuertas de la presa, lo que ocasionó la inundación de la aldea Kbal Romeas. En esa época la comunidad organizó una ceremonia tradicional pidiéndoles perdón a los ancestros, y los espíritus del bosque y agua por no haber protegido la aldea. Cuando S. fue al mercado a comprar provisiones, un bus de turistas captó su atención. Cuando las fuerzas policiales, que incluían al gobernador de distrito, llegaron a detener el paso del bus, acusaron a de invitar a los turistas, quienes iban en camino a la ceremonia Bunong. S. negó las acusaciones, y el gobernador le arrebató la llave de su moto, lo tomó por el cuello estrangulándolo y lo obligó a subirse a su auto. S. logró escapar, pero perdió su moto, que fue confiscada por la policía, lo que afectó sus ingresos y debilitó su salud física y mental. Las autoridades locales lo amenazaron de muerte y lo acusaron de obstrucción a proyectos de desarrollo del gobierno. Debido a estas amenazas, su familia le pidió que no siga con su activismo. No ha podido recuperar lo confiscado a la fecha.

Notas y referencias

  1. Hay cierta variabilidad en la estimación del número de grupos debido a que los distintos autores perciben las fronteras lingüísticas de distinta manera, Ediciones pasadas de El Mundo Indígena, así como “Indigenous Groups in Cambodia 2014: An Updated Situation” de Frédéric Bourdier (publicado por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia).
  2. Esto incluye a múltiples agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ONG. El último estudio sobre la situación de las tierras de los pueblos indígenas desarrollado por el Centro Camboyano por los Derechos Humanos (CCHR, 2016) es un Véase “Access to Collective Land Titles for Indigenous Communities in Cambodia”, disponible en http://bit.ly/2IIG9F4
  3. Ver documentos de la ONU A/HRC/26/16 y A/HRC/26/16/Add.1. El próximo examen de Camboya está programado para enero de 2019, véase http://bit.ly/2IDdlxM
  4. Human Rights Watch tiene a la disposición un resumen rápido y preciso de las acciones del Estado a enero de 2018 en http://bit.ly/2IIGE1U
  1. cit. CCHR, 2016. Once comunidades, de un total estimado de 500.
  2. A pesar de la aprobación de la legislación nacional que prohíbe la tala de bosques de Camboya, el Estado bajo el control de CPP tiene una larga historia de complicidad con la industria maderera ilegal en la que H.S. y su familia están directamente implicados. Véase Global Witness 2016 en http://bit.ly/2IR1Djs
  3. Las víctimas compartieron los casos aquí citados con los autores de este artículo que se publicará en El Mundo Indígena
  4. Véase Phnom Penh Post, “‘Death of democracy’: CNRP dissolved by Supreme Court ruling” en http://bit.ly/2IIIeAS
  5. Esta cita proviene de una fuente de noticias local que se ha mantenido en el anonimato para proteger la identidad del activista

 Los activistas en esta sección de país se han mantenido en el anonimato para proteger sus identidades y mantener su seguridad y la de sus familias.

Este artículo fue producido por Alianza de Pueblos Indígenas de Camboya (CIPA). CIPA es una alianza de comunidades indígenas y organizaciones, asociaciones y redes de pueblos. Sirve como plataforma de solidaridad, cooperación y coordinación de acciones para la promoción y la afirmación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Camboya en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [DNUDPI]. El gobierno real de Camboya votó favorablemente por la adopción de la DNUDPI en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

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