El Mundo Indígena 2026: Brasil
Según datos del Censo Demográfico de 2022, Brasil alberga a 1.693.535 personas indígenas, lo que representa aproximadamente el 0,83 % del total nacional. El censo identificó 391 Pueblos Indígenas (grupos étnicos) y 295 lenguas indígenas habladas en todo el país, lo cual refleja un reconocimiento más amplio de la diversidad étnica y lingüística en comparación con estimaciones anteriores.
Cerca del 45 % de la población indígena reside en la región norte de Brasil, que presenta la mayor concentración a nivel nacional. El estado de Amazonas destaca como la entidad federativa con la mayor cantidad en números absolutos: alberga, aproximadamente, a 490.000 personas indígenas.
Los derechos de los Pueblos Indígenas en Brasil están reconocidos formalmente en un capítulo específico de la Constitución Federal de 1988 (Título VIII, “Del Orden Social”, Capítulo VIII, “De los Indios”), complementado por disposiciones adicionales a lo largo del texto constitucional y en la Ley de las Disposiciones Constitucionales Transitorias. Además, Brasil ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales el 25 de julio de 2002, lo que refuerza los compromisos internacionales del país con la protección de los derechos indígenas.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Derechos territoriales e inseguridad
Los acontecimientos de 2025 confirmaron que, para los Pueblos Indígenas en Brasil, la paz y la seguridad son inseparables de la estabilidad de sus derechos territoriales. Más que garantías constitucionales abstractas, los derechos sobre la tierra se vivieron como condiciones concretas que configuran la seguridad cotidiana, la salud, la movilidad y la continuidad colectiva.[1],[2] Las decisiones judiciales, las iniciativas legislativas, las acciones ejecutivas y la gobernanza climática convergieron a lo largo del año de tal forma que reabrieron, una y otra vez, la disputa sobre los territorios y derechos indígenas; generando incertidumbre, exposición a la violencia y un temor sostenido.
Desde las perspectivas indígenas, la paz no implica la ausencia de conflicto, sino la posibilidad de vivir, gobernar y reproducir la vida colectiva en un territorio libre de amenazas permanentes. La estabilidad territorial se identificó de forma constante como el cimiento de la seguridad, la autonomía y la dignidad. A la inversa, la inestabilidad se traduce en hambre, enfermedad, desplazamiento, intimidación y el debilitamiento de las instituciones de gobierno propio. En este sentido, la inseguridad en 2025 no fue un fenómeno episódico, sino estructural.
Reconocimiento judicial y sus límites
En 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmó la inconstitucionalidad de la tesis del Marco Temporal, al sostener que los derechos territoriales indígenas son originarios y no están sujetos a plazos de prescripción. Las organizaciones indígenas celebraron la decisión como una reafirmación importante de los principios constitucionales. Sin embargo, se calificó de manera generalizada como una victoria parcial y frágil.
Desde los puntos de vista indígenas, el reconocimiento judicial no derivó de forma automática en seguridad sobre el terreno. Numerosos procesos de demarcación permanecieron inconclusos, lo que dejó a las comunidades expuestas a invasiones, coerción y desplazamiento forzado. Los líderes indígenas enfatizaron que, cuando los fallos judiciales no van acompañados de plazos exigibles, obligaciones administrativas vinculantes y mecanismos de protección efectivos, el reconocimiento legal en sí mismo se torna inestable. Los derechos que pueden reafirmarse para luego ser objeto de disputa política una vez más no producen paz, sino que reproducen incertidumbre.
Reacción legislativa e inseguridad institucionalizada
A lo largo de 2025, la inseguridad se intensificó debido a iniciativas legislativas que buscaban reintroducir restricciones a los derechos territoriales indígenas. La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 48/2023 avanzó como un instrumento central de esta reacción, al proponer cambios constitucionales que limitarían el alcance del reconocimiento territorial indígena.
Los Pueblos Indígenas interpretaron esto no solo como una disputa legal, sino como una señal política de que sus derechos seguían siendo negociables. Esta señal reconfiguró las relaciones de poder en las zonas de conflicto, lo que envalentonó a los acaparadores de tierras, los intereses mineros y otros actores privados. La inseguridad no se produjo únicamente mediante la violencia física, sino también a través de narrativas estatales que consideraban relativa la legitimidad indígena.[3]
Desde una perspectiva decolonial, se movilizaron procedimientos democráticos para reactivar lógicas coloniales de despojo bajo la apariencia de legalidad.[4] Las organizaciones indígenas recalcaron en repetidas ocasiones que tales procesos socavan la confianza en las instituciones y transforman al propio Estado en un vector de inseguridad en lugar de protección.
Los retrasos administrativos como una forma de violencia
En 2025, las organizaciones indígenas entendieron de manera generalizada los retrasos burocráticos[5] como una forma de violencia temporal.[6] La inacción administrativa no se percibió como una gobernanza neutral, sino como una práctica política que prolongó su exposición al riesgo. Cada acto administrativo pospuesto implicó tiempo adicional bajo amenaza de invasión, contaminación y coerción.
Los líderes indígenas insistieron en que la paz no puede posponerse. Cuando los derechos constitucionales existen solo en el papel mientras los procesos administrativos se estancan, la inseguridad se normaliza. El tiempo, en este contexto, funciona como un instrumento mediante el cual la violencia se reproduce de forma indirecta.
Política de demarcación de tierras: avances y límites
A pesar de estas tensiones, en 2025 también se registraron avances concretos en la demarcación. El gobierno federal aprobó formalmente siete Tierras Indígenas, medida que se presentó como parte de un compromiso renovado con la protección territorial.
En agosto, se aprobaron tres Tierras Indígenas en Ceará: Pitaguary, Lagoa Encantada y Tremembé de Queimadas. En noviembre, durante la COP 30 en Belém, se aprobaron cuatro tierras adicionales: Kaxuyana–Tunayana (PA/AM), Parecis (MT), Uirapuru (MT) y Manoki (MT).
Además, el Ministerio de Justicia firmó diez ordenanzas declaratorias; la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) aprobó seis Informes Circunstanciados de Identificación y Delimitación (RCID),[7] y un decreto presidencial reguló los poderes de policía de la FUNAI, lo que fortaleció su autoridad para expulsar a los ocupantes ilegales de las Tierras Indígenas.
Las organizaciones indígenas reconocieron estas medidas como significativas, en particular, para las comunidades que llevaban décadas a la espera del reconocimiento de sus tierras. Sin embargo, recalcaron que los avances seguían siendo insuficientes en relación con la escala de las reclamaciones de tierras pendientes y la violencia territorial. Desde las perspectivas indígenas, la demarcación no atañe únicamente a la política de tierras, sino que constituye también una construcción de paz.[8] Cuando el reconocimiento de la tierra es selectivo o lento, la inseguridad persiste.
Conflicto territorial, economías criminales e inseguridad cotidiana
En múltiples regiones durante 2025, los conflictos territoriales resultaron inseparables de las economías criminales. La minería ilegal, la tala, el acaparamiento de tierras y las rutas de tráfico se cruzaron cada vez más con los territorios indígenas, a menudo acompañados de actores armados y milicias privadas.[9],[10]
Estas dinámicas generaron una inseguridad cotidiana: amenazas contra los líderes indígenas, restricciones a la movilidad, envenenamiento de los ríos e interrupción de los sistemas alimentarios.
Las organizaciones indígenas recalcaron que las respuestas militarizadas por sí solas no lograban desmantelar estas estructuras. Los operativos de control fueron a menudo episódicos, por lo que desplazaban las actividades ilegales en lugar de eliminarlas. Por tanto, la defensa de los territorios indígenas se volvió inseparable de la defensa de la seguridad personal y la legitimidad política,[11] en particular, dado que la resistencia indígena se enfrentó con frecuencia a la criminalización, la vigilancia y el acoso judicial.
Principales eventos nacionales: movilización indígena
El Acampamento Terra Livre (ATL) 2025, celebrado en Brasilia, reafirmó la movilización indígena como una práctica central de paz y seguridad. Miles de participantes indígenas articularon demandas contra el Marco Temporal, se opusieron a la PEC 48/2023 y exigieron la demarcación urgente de las Tierras Indígenas y su protección.[12],[13]
El ATL funcionó no solo como una protesta, sino también como gobernanza indígena en acción. Mujeres, jóvenes, ancianos, educadores y agentes de salud produjeron de forma colectiva agendas políticas en torno a la tierra, la salud, la educación, el clima y el antirracismo. En este sentido, la propia movilización operó como una estrategia de seguridad: fortaleció alianzas, contrarrestó la criminalización y afirmó la autoridad indígena en la política nacional.
Mujeres y jóvenes indígenas
En 2025, las mujeres y los jóvenes indígenas fueron actores políticos centrales dentro del movimiento indígena.[14]
El liderazgo de las mujeres puso de relieve los vínculos entre la inseguridad territorial y la vida cotidiana, lo cual abarca la soberanía alimentaria, el cuidado, la salud comunitaria y la protección contra la violencia de género. El activismo juvenil conectó el despojo de tierras con las crisis de salud mental y la exposición a la violencia urbana y rural, e insistió en que la seguridad comprende el derecho a un futuro.
En conjunto, estas perspectivas desafiaron los paradigmas de seguridad dominantes al redefinir la paz como cuidado, continuidad y gobernanza indígena.
COP 30: participación indígena, gobernanza climática y la lucha por los derechos territoriales
La 30.ª Conferencia de las Partes (COP 30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebró en Belém, Pará (Brasil), en noviembre de 2025. Este evento marcó un momento histórico para los Pueblos Indígenas en Brasil y en el mundo. La COP 30 reunió a más de 4.000 personas indígenas, entre ellas más de 3.500 representantes de cada bioma brasileño (Amazonía, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica, Pampa, Pantanal y la Zona Costera y Marina).
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), principal organización indígena del país, movilizó a más de 3.000 personas indígenas hacia Belém con una demanda central: que la demarcación de tierras y la protección territorial debían ser el legado de la COP 30.
Dinamam Tuxá, coordinador Ejecutivo de la APIB, expresó la frustración del movimiento indígena ante la exclusión estructural de la toma de decisiones: “Nuestros pueblos, territorios y modos de vida tradicionales son parte de la solución para combatir la crisis climática pero, desafortunadamente, la Conferencia de las Partes no considera oficialmente a los Pueblos Indígenas como negociadores. Por eso, hemos presionado durante meses para que la demarcación de las Tierras Indígenas esté en el centro de la agenda”.[15]
La escala de la demarcación inconclusa
La APIB presentó datos contundentes en la COP 30 que revelaron la magnitud de la deuda territorial de Brasil con los Pueblos Indígenas. Según el relevamiento de la APIB, 107 Tierras Indígenas estaban listas para su demarcación y a la espera de la finalización de los procesos administrativos.
Conflictos y contradicciones: el ferrocarril Ferrogrão y las agendas extractivas
La COP 30 expuso profundas contradicciones en la política climática de Brasil. Durante la conferencia, el gobierno brasileño avanzó en los planes para el ferrocarril Ferrogrão, un proyecto de infraestructura de gran envergadura que atravesaría territorios indígenas en la Amazonía para facilitar las exportaciones de soja y minerales.[16] Los líderes indígenas denunciaron esta decisión como un ejemplo emblemático de un patrón más amplio: los gobiernos celebran públicamente las contribuciones indígenas a las soluciones climáticas, mientras que, al mismo tiempo, impulsan megaproyectos extractivos que amenazan las Tierras Indígenas y sus medios de vida.
El Conselho Indigenista Missionário (CIMI), una organización católica de apoyo a los derechos indígenas, utilizó la COP 30 como plataforma para denunciar las “falsas soluciones” y exigir rupturas sistémicas con el colapso climático, y vinculó explícitamente la demarcación de tierras con el desmantelamiento del capitalismo extractivo.[17]
Logros y limitaciones
Las organizaciones indígenas brasileñas reconocieron algunos logros concretos durante la COP 30. Como ya se comentó, el gobierno anunció la aprobación de cuatro Tierras Indígenas durante la conferencia (Kaxuyana–Tunayana, Parecis, Uirapuru y Manoki), y las presentó como parte de los compromisos climáticos de Brasil.[18] Los líderes indígenas celebraron estas demarcaciones, pero enfatizaron que representaban solo una fracción de los 268 territorios que aún aguardan reconocimiento.
La COP 30 como punto de inflexión
Para los Pueblos Indígenas en Brasil, la COP 30 representó tanto una oportunidad como una contradicción. Fue la mayor plataforma que los movimientos indígenas han tenido jamás dentro de la gobernanza climática global; sin embargo, también expuso los límites de la participación sin poder. Generó una visibilidad sin precedentes para las demandas indígenas, pero se desarrolló en paralelo a continuas amenazas a sus territorios debido a la reacción legislativa (PEC 48/2023), los retrasos administrativos y los megaproyectos extractivos.
En última instancia, las organizaciones indígenas brasileñas concibieron la COP 30 no como un punto final, sino como un momento de movilización: un espacio para fortalecer alianzas, articular demandas y generar presión en favor de los cambios sistémicos necesarios para abordar tanto la crisis climática como la continua colonización de las Tierras Indígenas. Como recalcaron una y otra vez las voces indígenas a lo largo de la COP 30: la paz comienza con el territorio, y la justicia climática es inseparable de los derechos territoriales indígenas.[19]
Perspectivas para 2026–2027
De cara al futuro, siguen siendo posibles dos trayectorias. Por un lado, la continua reacción legislativa y los desafíos institucionales pueden prolongar la inseguridad, en particular, si la demarcación de tierras y los mecanismos de aplicación permanecen vulnerables en el ámbito político. Por otro lado, los avances logrados en 2025, sumados a la movilización indígena y el escrutinio internacional, podrían abrir espacio para compromisos más estables y vinculantes con la protección territorial.
La cuestión central para 2026–2027 es si Brasil consolidará los derechos territoriales indígenas como cimientos irreversibles de la paz o continuará tratándolos como variables negociables dentro de las disputas políticas y económicas.
Conclusión: la paz más allá del reconocimiento condicional
La experiencia brasileña en 2025 demuestra que la paz y la seguridad para los Pueblos Indígenas no pueden reducirse a victorias legales aisladas o actos administrativos. Dependen de la estabilidad de los derechos territoriales, el desmantelamiento de las economías criminales y el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como autoridades políticas.
Tal como articularon las voces indígenas a lo largo del año, la paz comienza con el territorio.[20] Sin certeza territorial y gobernanza indígena, la seguridad sigue siendo retórica. Pero, con ellas, la paz se convierte en una realidad vivida en lugar de una promesa postergada.
Maria de Lourdes Beldi de Alcântara es profesora de antropología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. También es coordinadora de la Acción de Jóvenes Indígenas AJI/GAPK.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] IWGIA. "Brasil”. En El Mundo Indígena 2025, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2025.. https://iwgia.org/en/brazil/5726-iw-2025-brazil.html
[2] Climate Rights International. “Brazil: Congress Intensifies Assault on Indigenous Rights, Environment” (Brasil: el Congreso intensifica el ataque a los derechos indígenas y el medio ambiente). Climate Rights International, 2025. https://cri.org/brazil-congress-intensifies-assault-indigenous-rights
[3] Ibid.
[4] Dutra Tatiana Py. "Indigenous Brazil Retrospective 2025: A Year of Offensives and Resistance" (Retrospectiva del Brasil indígena 2025: un año de ofensivas y resistencia). Europe Solidaire Sans Frontières, 2025. https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article77495
[5] IWGIA, op. cit.
[6] ACNUDH.. "Report on Free, Prior, and Informed Consent—Brazil Submission" (Informe sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado: presentación de Brasil). Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2025. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/cfi-subm/free-prior-informed-consent/subm-indigenous-free-prior-indi-peop-93-organizacion-identidad-territorial-ma-stice-input-1.pdf; WWF Brasil. "STF Strikes Down the Marco Temporal but Maintains Risks That Threaten the Demarcation of Indigenous Lands" (El STF deroga el Marco Temporal pero mantiene riesgos que amenazan la demarcación de Tierras Indígenas). WWF Brasil, 2025. https://www.wwf.org.br/en/?93807/
[7] Gobierno de Brasil. "The government of Brazil advances in the demarcation of ten Indigenous lands" (El gobierno de Brasil avanza en la demarcación de diez Tierras Indígenas). COP 30 Brasil, 2025. https://cop30.br/en/news-about-cop30/government-of-brazil-advances-in-the-demarcation-of-ten-indigenous-lands
[8] Bibiana Alcântara Garrido. "Demarcation is message of commitment to indigenous peoples at COP 30" (La demarcación es un mensaje de compromiso con los Pueblos Indígenas en la COP 30). IPAM Amazônia, 2025. https://ipam.org.br/demarcation-is-message-of-commitment-to-indigenous-peoples-at-cop30/
[9] IWGIA, op.cit.
[10] Climate Rights International, op. cit.
[11] Mayer Brown. "Brazil's Supreme Court Concludes Ruling on the Indigenous Time Limit Doctrine" (El Supremo Tribunal Federal de Brasil concluye el fallo sobre la doctrina del Marco Temporal). Mayer Brown, 6 de enero de 2026. https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/01/brazils-supreme-court-concludes-ruling-on-the-indigenous-time-limit-doctrine
[12] APIB.. "We are all APIB: In defense of the Constitution and life is the theme of ATL 2025" (Todos somos APIB: en defensa de la Constitución y la vida es el tema del ATL 2025). APIB, 2025. https://apiboficial.org/2025/04/05/we-are-all-apib-in-defense-of-the-constitution-and-life-is-the-theme-of-atl-2025/?lang=en
[13] Amazon Watch. "Growth from the Grassroots: Brazil's 21st Indigenous Free Land Camp” (Crecimiento desde las bases: el 21.º Campamento Tierra Libre Indígena de Brasil). Amazon Watch, 2025. https://amazonwatch.org/news/2025/0425-growth-from-the-grassroots-brazils-21st-indigenous-free-land-camp
[14] Ibid.
[15] APIB. "In Belém, Pará's capital, indigenous movement demands a legacy of land demarcation and territorial protection for COP30" (En Belém, capital de Pará, el movimiento indígena exige un legado de demarcación de tierras y protección territorial para la COP 30). APIB, 2025. https://apiboficial.org/2025/11/10/in-belem-paras-capital-indigenous-movement-demands-a-legacy-of-land-demarcation-and-territorial-protection-for-cop30/?lang=en
[16] Amazon Watch. "Ferrogrão Reignites Conflict Between the Government and Indigenous Peoples at COP 30" (Ferrogrão reaviva el conflicto entre el gobierno y los Pueblos Indígenas en la COP 30). Amazon Watch, 2025. https://amazonwatch.org/news/2025/ferrograo-conflict-cop30
[17] CIMI. "COP 30: Cimi defende demarcação de terras indígenas, denuncia falsas soluções e reivindica rupturas sistêmicas contra o colapso climático". CIMI, 2025. https://cimi.org.br/2025/11/cop30-cimi-defende-demarcacao-denuncia-falsas-solucoes/
[18] Gobierno de Brasil (2025). "Governo do Brasil avança na demarcação de dez terras indígenas". Gobierno de Brasil, 2025. https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/11/governo-avanca-demarcacao-terras-indigenas
[19] APIB. "In Belém, Pará's capital, indigenous movement demands a legacy of land demarcation and territorial protection for COP 30" (En Belém, capital de Pará, el movimiento indígena exige un legado de demarcación de tierras y protección territorial para la COP 30). APIB, 2025. https://apiboficial.org/2025/11/10/in-belem-paras-capital-indigenous-movement-demands-a-legacy-of-land-demarcation-and-territorial-protection-for-cop30/?lang=en
[20] Ibid.
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