Yanomami: el regreso de la historia como una tragedia anunciada
ALCIDA RITA RAMOS PARA DEBATES INDÍGENAS
En las últimas décadas, el pueblo de la Amazonía brasileña perdió la tranquilidad que le brindaba la selva. La minería ilegal del oro es el principal factor que afecta su vida social, su cultura y su bienestar. Los garimpeiros saquean sus recursos naturales, contaminan sus ríos con mercurio y transmiten enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Con la homologación de la Tierra Indígena Yanomami en 1992, el territorio vivió un interludio de tranquilidad hasta la llegada al poder de Jair Bolsonaro. El nuevo presidente, Lula da Silva, prometió que la minería ilegal no existirá más, pero el pasado siguen repitiéndose en el presente.
La gran familia lingüística yanomami ocupa ambos lados de la frontera entre Brasil y Venezuela, al norte de la Amazonía. Se estima que hay alrededor de 37.000 yanomami, de los cuales casi 27.000 están del lado brasileño. Del lado venezolano, las comunidades se ubican en la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare; mientras que del lado brasileño, se encuentran en la Tierra Indígena Yanomami (TIY), donde también vive una parte del pueblo Ye’kwana. Este territorio fue demarcado y homologado en mayo de 1992, con alrededor de 9,5 millones de hectáreas.
En su investigación As línguas yanomami no Brasil, Helder Ferreira, Ana María Machado y Estêvão Senra identifican seis lenguas distintas y 16 dialectos. El grado de inteligibilidad mutua de estas lenguas varía mucho, lo que refleja el largo proceso de separación en subgrupos debido a las múltiples migraciones de los últimos siglos. Gran parte de estos cambios se produjeron en el siglo XX, cuando los yanomami empezaron a entrar en contacto con el mundo. A diferencia de viajeros y naturalistas que habían dejado pocas menciones sobre estos pueblos, en 1950, los misioneros se asentaron en diferentes partes del territorio y realizaron los primeros registros sobre los pueblos que allí habitaban. Finalmente, a partir de la década de 1970 comenzó el hostigamiento del territorio yanomami en Brasil. Hagamos un poco de cronología.
La carretera y la fiebre del oro
La primera gran invasión se produjo durante la dictadura militar, entre 1973 y 1975, con la construcción de la carretera Perimetral Norte, en los estados de Roraima y Amazonas, que pretendía cortar la Amazonía desde el este hacia el oeste. La obra duró menos de tres años y se detuvo abruptamente luego de abrir 200 kilómetros al interior del territorio indígena. Sin embargo, ese tiempo fue suficiente para destrozar la vida de comunidades enteras. El sarampión, la influenza y otras enfermedades devastaron familias, aniquilaron la base de sustento y mataron a más del 22 por ciento de sus habitantes. El tejido social quedó prácticamente paralizado.
El relevamiento del Proyecto Radambrasil, realizado en 1975, mostró que el subsuelo de la tierra yanomami es rico en minerales y pobre en fertilidad. Esta noticia no despertó mucho interés por parte de la agroindustria, pero desencadenó una serie de invasiones de mineros en busca de casiterita, un mineral clave para obtener estaño y bronce. Poco después, la sierra de Surucucus, el corazón del territorio, fue testigo de graves conflictos armados entre indígenas y mineros provocados por el robo de plantaciones y abusos sexuales contra mujeres indígenas.
En 1980, comenzó una nueva invasión. Esta vez la razón fue el descubrimiento de un yacimiento de oro a cielo abierto en el alto río Uraricoera. Eran alrededor de 2.000 garimpeiros (mineros ilegales) que estaban dispersos por la región central del territorio yanomami y cruzaban continuamente la frontera, lo cual provocaba problemas diplomáticos con Venezuela. Nueve años más tarde, la cifra ascendía 50.000. La situación llegó a un punto crítico en agosto de 1987 con la llegada de miles de garimpeiros. El mercurio y la sedimentación contaminaron el río Mucajaí en todo su recorrido, al igual que los ríos Uraricoera, Catrimani y Couto de Magalhães. El despegue y aterrizaje ininterrumpido de aviones y helicópteros en más de 80 pistas clandestinas ahuyentó a los animales de caza. Los yanomami conocieron por primera vez la penuria y la humillación de depender de la comida de los buscadores de oro.
Las epidemias se propagaron rápidamente: la tuberculosis, la malaria y otras pestes desconocidas enfermaron y mataron a cientos de indígenas. En consecuencia, se erosionó el equilibrio demográfico de comunidades enteras, se amenazó la propia reproducción social y, se afectó la producción de bienes materiales y culturales. Como si esto fuera poco, muchos niños y niñas quedaron huérfanos. Con cada nuevo sendero que se abría, con cada nueva ladera que se arruinaba y con cada nuevo campamento de garimpeiros que se establecía, se profundizaba la destrucción de la vida yanomami.
Nunca llegamos a saber la cantidad de indígenas asesinados por el avance de la minería porque, a partir de agosto de 1987, la Fundación Nacional del Indio (Funai), los militares del Consejo Nacional de Seguridad y el entonces gobernador de Roraima, Romero Jucá, prohibieron a los investigadores, profesionales de la salud, misioneros católicos, periodistas y activistas entrar al territorio yanomami. La clandestinidad estaba protegida de las denuncias.
La crisis sanitaria de los sanumás del Río Auris
En el valle del Río Auaris, en la divisoria de aguas entre Brasil y Venezuela, a fines de la década de 1960, realicé mis primeras investigaciones con el grupo Sanumá. En ese momento, este tranquilo rincón de la selva amazónica era un verdadero paraíso etnográfico sin presiones, sin invasiones y sin epidemias. Lamentablemente, la transformación de ese paraíso en un infierno era solo cuestión de tiempo.
Sin minas de oro cercanas, la parte superior del Río Auaris en Roraima parecía estar lejos de la malaria. Sin embargo, en 1991 se convirtió en el escenario de una de las crisis sanitarias más violentas registradas en territorio yanomami. La comunidad de Kadimani se vio gravemente afectada por continuas epidemias de malaria que paralizaron la vida social durante meses. Con la mayoría de los habitantes inmovilizados por la enfermedad, la subsistencia se vio seriamente comprometida y se profundizó la desnutrición. Como los casos de anemia profunda requerían transfusión de sangre inmediata, se realizaron nueve transfusiones con donantes que vivían en el puesto de la Misión Evangélica de la Amazonía a la que se trasladaron los comunarios de Kadimani.
Si bien los equipos médicos pudieron evitar muchas muertes en Auaris, la invasión de buscadores de oro continuó y la malaria siguió cobrándose vidas. Finalmente, en 1992, la Tierra Indígena Yanomami, demarcada un año antes, fue homologada y la mayoría de los invasores debieron abandonar el territorio. Tras un interludio de relativa tranquilidad (aunque con altibajos), la situación volvió a empeorar cuando Jair Bolsonaro llegó al poder en 2018: los casos de malaria en la región del río Auaris alcanzaron el 247 por ciento entre 2019 y 2020.
Una nueva fiebre del oro y la pandemia del Covid-19
En 2020, el asedio contra el pueblo Yanomami vino acompañada de la pandemia del Covid-19. La violencia de una nueva fiebre del oro dejó al descubierto una campaña genocida que pretendía agotar los recursos naturales de su Tierra Indígena y eliminar, de una vez por todas, a las etnias que ocupan el territorio. Las invasiones de minas de oro no son nada nuevo para muchos yanomami y sus vecinos ye'kwana. Lo inusual fueron los ataques del Gobierno Federal en su contra. Como diputado federal en la década de 1990, Jair Bolsonaro ya había intentado, sin éxito, anular la demarcación de la TIY a través de un proyecto de ley.
En esta oportunidad, como Presidente de la República, optó por tácticas al margen de la ley para obtener el resultado que no había logrado como parlamentario. Utilizó medidas flagrantemente inconstitucionales, desafiando el Estado de derecho, fomentando la difusión de noticias falsas y promoviendo, sin rodeos, el saqueo y la violencia extrema. Siempre desafiando las decisiones contrarias de la Corte Suprema. Esta es la huella de Bolsonaro en su paso sin gloria por la historia del país.
Treinta años después de la homologación de la Tierra Indígena Yanomami, los sanumá sobrevivientes del caos de 1991-1992 siguen siendo protagonistas de noticias trágicas. El 24 de junio de 2020, la periodista Eliane Brum de El País Brasil describió el horror de tres mujeres sanumá jóvenes que, enfermas, fueron llevadas con sus bebés a Boa Vista, la capital de Roraima. En el hospital, los bebés fallecieron y fueron enterrados clandestinamente con la sospecha de haber contraído Covid-19. Las madres, contagiadas por el virus, desconocían el paradero de los cuerpos y exigieron que les fueran entregados.
En la cultura yanomami, el cuerpo sin vida es una condición necesaria para realizar la cremación del cadáver y los ritos correspondientes. “Necesito llevar el cuerpo de mi hijo al pueblo. No puedo volver sin el cuerpo de mi hijo”, se desahogó una de las mujeres. Tras el escándalo, los bebés fueron exhumados y examinados. Finalmente, no había sido el Covid-19. El entierro clandestino de los niños sanumá fue una sórdida agresión, disfrazada de ignorancia, contra estas mujeres y contra todos los yanomami. Como el antropólogo francés Bruce Albert le explicó a Eliane Brum: “No hay peor afrenta y sufrimiento para los yanomami que la 'desaparición' de sus muertos”.
El avance los garimpeiros sobre las tierras yanomami
El informe Yanomami under attack: illegal mining on Yanomami Indigenous Land and proposals to combat it (2022) expone la magnitud de los crímenes que en cuatro años fueron ̶ y continúan siendo ̶ cometidos contra el medio ambiente y los habitantes de TIY. Una estimación conservadora calcula un crecimiento del 3.350 por ciento de la minería ilegal entre 2016 y 2020.
Según el informe, esta situación es el resultado del desmantelamiento de los órganos de inspección y protección a los pueblos indígenas, una medida tomada a principios de la presidencia de Jair Bolsonaro. Mientras la primera línea de garimpeiros actuaba libremente, el gobierno de Bolsonaro despejó el terreno político para que el avance de los mineros transcurriera con normalidad. Además, se neutralizó la fiscalización y se allanó el camino para consumar ataques osados sobre las tierras indígenas.
Sin la misma astucia de las maniobras presidenciales, las bases garimpeiras no escatimaron esfuerzos para desalojar a los yanomamis de sus legítimas tierras. Los tiempos han cambiado y los agresores ya no se esconden. En la región de Palimiu, los yanomami notaron signos de esta transformación: más agresiones verbales, más ataques con balas, más armas de gran calibre y más ataques osados. Existen fuertes indicios de la participación de miembros de la organización criminal Primeiro Comando da Capital en el territorio. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que buscaban a un pariente desaparecido en el río y fueron agredidas con disparos. En medio de la balacera, dos niños se ahogaron.
En una invariable repetición de la historia, como si el Covid-19 fuera poco, la malaria vuelve con el doble de fuerza. El informe estima que el promedio de contagios por malaria en ese período fue de casi dos casos por persona. El mismo fenómeno se repitió en prácticamente toda la Tierra Indígena Yanomami. La espiral de tragedias siguió aumentando.
El pasado se hace presente
En enero de 2023, 20 días después de asumir por tercera vez como Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado de tres nuevos ministros, viajó a Boa Vista para conocer de cerca la tragedia yanomami. Aparentemente horrorizado, el Presidente prometió: “La minería ilegal ya no existirá”. Su visita desató un paroxismo mediático sin precedentes y Boa Vista se convirtió en la meca del periodismo nacional e internacional. Legiones de funcionarios de varios ministerios, desde fuerzas policiales hasta agentes de salud, marcharon aturdidos y con prisa para expulsar a los mineros y frenar la mortalidad de los yanomami.
Cuando ni siquiera han pasado cuatro meses, la realidad es muy diferente a lo visto en Boa Vista. Así lo explica el periodista Felipe Medeiros: “En los primeros 100 días del tercer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), los mineros ilegales continúan extrayendo oro, casiterita y otros minerales en la Tierra Indígena Yanomami. Ignoran que en el mayor territorio indígena del país se desarrolla un operativo de ayuda humanitaria de emergencia. Para escapar a la inspección del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y de la Policía Federal, los garimpeiros ahora trabajan de noche, cuando es más difícil encontrarlos. A pesar de los esfuerzos, 61 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos yanomami, murieron este año por enfermedades prevenibles, como la desnutrición y la malaria”.
Durante el último medio siglo, los yanomami han vivido una alternancia aparentemente interminable entre crisis letales prolongadas y breves períodos de paz. En los hechos, es otro pasado más que no pasa.
Alcida Rita Ramos es Profesora Emérita de la Universidad de Brasilia e Investigadora Senior del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Trabajó con los Yanomami (1968-1992) y actualmente forma parte del proyecto “Realidades indígenas, utopías blancas”. Es autora de los libros Memorias de Sanumá: una etnografía en tiempos de crisis (1995) y de Indigenismo: política étnica en Brasil (1998).
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