• Pueblos Indígenas en Brasil

    Pueblos Indígenas en Brasil

    Hay 896.917 personas indígenas en Brasil, distribuidas entre 305 grupos étnicos. La mayor amenaza para los pueblos indígenas no solo es que ya no se establecerán nuevos territorios indígenas, sino que existe el riesgo de que se revoquen los procedimientos de demarcación existentes. Con el gobierno de Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército y candidado de la bancada evangelista, hay un riesgo grave de retroceso para los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil.
  • Territorio

    El 13.8% de la tierra del país ha sido reservada para los pueblos indígenas. La mayoría de estos territorios se encuentran en el Amazonas.
  • Acción Climática

    Los megaproyectos hidroeléctricos más recientes han sido objeto de incontables acciones ante la Corte debido al impacto ambiental que causan en las comunidades indígenas.
  • Gobernanza

    Además del lento avance en el cumplimiento de sus derechos, ahora, los pueblos indígenas son el objetivo de ataques sistemáticos y violentos de parte de la Unión Democrática de Ruralistas (UDR) y de compañías transnacionales que han obtenido concesiones para la minería o la explotación de la madera.

El Mundo Indígena 2021: Brasil

La población indígena de Brasil es de 896.900 personas de las cuales el 36.2% habita en áreas urbanas. Se han identificado 505 tierras indígenas, que abarcan el 12.5% del territorio brasileño (106.7 millones de hectáreas). Existen 305 pueblos diferentes, la mayoría habitan en la región amazónica y hablan 274 lenguas.

Se estima que existen 115 pueblos en situación de aislamiento,[1] de los cuales 28 están confirmados y el resto, se encuentran en proceso de identificación.

El desmantelamiento de las políticas de protección de los pueblos indígenas

Comenzamos con una frase del presidente Jair Bolsonaro, publicada en diferentes medios de comunicación: “En mi Gobierno no habrá demarcación de tierras indígenas”.[2] La situación de la población indígena actual se podría analizar a través de sus declaraciones públicas pero no habría espacio suficiente en este artículo para todas.

Podemos señalar que todo el proyecto del Gobierno actual proviene de una política que se ha venido implementando desde el inicio de la República: el proyecto de desarrollo continuo, con distintos matices según el momento histórico. En los dos últimos años, se ha potenciado la exportación de productos básicos de la agroindustria.

Podemos resumir esta ofensiva a los pueblos indígenas a través de las políticas de cuatro ministerios en concreto: Medio Ambiente, Agricultura, Salud (que incluye a la Secretaría Especial de Salud Indígena-SESAI) y Justicia (que alberga a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI). Son los ministerios clave de una política claramente desarrollista. El abandono del acuerdo de París y el consecuente alejamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un claro ejemplo de cómo el desarrollo sostenible no forma parte de la agenda política brasileña.

Esta agenda afecta directamente a los pueblos más vulnerables, como los indígenas, los quilombolas y los ribereños.

Estos cuatro ministerios actúan conjuntamente para la deconstrucción de políticas económicas y sociales públicas, que ha supuesto un aumento de incendios en áreas de preservación ambiental, de invasiones de ocupantes ilegales, de extractores de madera y de otros minerales, y un incremento de muertes de líderes de los movimientos de preservación de la selva amazónica y de la población indígena en general.

En palabras de Ricardo Salles, ministro de Medio Ambiente: “Como la atención de los medios de comunicación está en el COVID-19, podemos sacar adelante nuestras normas”.[3] En colaboración con los ruralistas, Salles es acusado de desmantelar deliberadamente los organismos de fiscalización ambiental para liberar una expansión sin límites del frente agrícola hacia el norte del país.[4] Según el Observatorio del Clima, entre enero y agosto, el ministro apenas destinó 105 mil reales (R$) en la política ambiental, es decir, un 0.4% del presupuesto para iniciativas relacionadas con el cambio climático, la protección de la biodiversidad y mejora de la calidad ambiental urbana.

Con un gasto tan exiguo y la reducción en las inspecciones ambientales se vaticina un desastre medioambiental. Según el Instituto Socioambiental: el 2020 ha sido el peor año para las Tierras Indígenas y las Unidades de Conservación desde 2008. Se han destruido 188 mil hectáreas de bosques en estos territorios, es decir, una extensión más grande que la ciudad de São Paulo, solo superada por las casi 200 mil hectáreas registradas en 2019. Además, representan un 90% más que el promedio entre 2009 y 2018.[5]

Estas catástrofes fueron consecuencia de un conjunto de medidas que tienen como objetivo final la implementación del plan de desarrollo ejecutado por el actual Gobierno en el que cabe destacar: la congelación de las multas cobradas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), hostigamiento de agentes ambientales y exoneración de los culpables, asesoría técnica para liberar madera ilegal, propuestas legislativas que amenazan áreas protegidas; el hecho de no ejecutar el presupuesto de inspección y extinción de incendios; reducciones de las acciones y embargos ilegales por deforestación; difamación del conocimiento científico del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE); fracaso de las operaciones militares para combatir la deforestación.

Las áreas indígenas más afectadas por la acción conjunta de minería ilegal, el frente agrícola, la quema y las invasiones ilegales son: la cuenca del Xingu, TI Munduruku, TI Urubu Branco, TI Manoki, TI Karipuna; las Unidades de Conservación: Suroeste de Pará, Área de Preservación Ambiental (APA) Triunfo do Xingu. En palabras de Mobu Odo, guacamayo indígena y jefe de la aldea Cachoeira Seca: “Estamos amenazados, la deforestación acabará con nuestro territorio.[6]

El papel de la FUNAI

La Fundación Nacional del Indio está perdiendo gradualmente apoyo financiero y a personal estratégico en políticas de demarcación de tierras indígenas, debido a una serie de despidos arbitrarios. También se están desmantelando las políticas para la protección de los pueblos aislados y en aislamiento voluntario, consideradas un modelo a seguir por muchos países de América Latina.

Marcelo Xavier, el actual presidente de la FUNAI y ex delegado de la Policía Federal, trabaja junto con el ministerio de Medio Ambiente y Agricultura para frenar cualquier proceso de demarcación de tierras indígenas y el ejemplo más destacado es la tesis del marco temporal. Defendida por la bancada ruralista, según esta interpretación los pueblos indígenas sólo tendrían derecho a demarcar sus tierras que ya estuvieran en su poder al 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución o que en esa fecha estuvieran en disputa física o bajo litigio judicial probado.

Esta tesis, una de las mayores amenazas para la legalización de las tierras indígenas, es defendida por el presidente de la FUNAI: “(..) servirá para dejar de incentivar a los indígenas a formar cooperativas para desarrollar actividades económicas en sus tierras. Una de nuestras prioridades son las actividades mineras”, señaló citando un proyecto que se encuentra en marcha desde febrero en el Congreso y cuya iniciativa regula.[7]

Según uno de los coordinadores ejecutivos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Dinaman Tuxá, “la agroindustria se ha apropiado de la FUNAI para contaminar a la política indígena. Lo está haciendo dentro de la institución que debe proteger a los pueblos indígenas”.[8]

El “marco temporal”,[9] presentado por el entonces presidente Michel Temer, fue un golpe rotundo, estratégico y claramente inconstitucional al proceso de homologación de tierras indígenas. Según la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha:

los ruralistas quieren que el límite de demarcación sea el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución. Los indígenas sólo pueden solicitar las áreas que ocuparon en esa fecha. Pero resulta que las expulsiones forzosas de indígenas se produjeron en Mato Grosso do Sul y el oeste de Paraná en la década de 1940, lo que no invalida su derecho a la tierra.

En la misma línea, Eloy Terena de APIB, sostiene:

La tesis del marco temporal es inconstitucional. Cuando se promulgó la Constitución en 1988, ésta no señalaba una fecha determinada. Reconocía a los indígenas su derecho original a las tierras ocupadas tradicionalmente por ellos. En ningún momento la Constitución restringe a esta fecha su derecho a la tierra ocupada.[10]

Si el marco temporal se regulariza por decreto se abre la posibilidad de hacer inviables numerosas tierras indígenas que aún no han completado sus trámites. Sigue existiendo una gran necesidad en la demarcación de tierras. Según datos del Conselho Indigenista Missionário (CIMI), el 63% de las tierras indígenas no están legalizadas. Es decir, de las 1.290 tierras indígenas, 821, al no tener límites demarcados se encuentran en una situación precaria. La mayoría de éstas ni siquiera ha iniciado trámites de legalización.

Tierras Indígenas homologadas en los mandatos presidenciales:

  • Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002): 145 homologaciones.
  • Luiz Inácio Lula da Silva (2003 - 2010): 79 homologaciones.
  • Dilma Rousseff (enero de 2011 - agosto de 2016): 21 homologaciones.
  • Michel Temer (agosto de 2016 - diciembre de 2016): 1 homologaciones.
  • Jair Bolsonaro (enero de 2019 - hasta la fecha): 0 homologaciones.

Esta constante disminución de la homologación de tierras indígenas en cada mandato presidencial nos revela la pérdida de relevancia de estos pueblos, considerados como el gran obstáculo para el proyecto de desarrollo neoliberal adoptado por Brasil.

Es precisamente en esta situación de extrema vulnerabilidad, con invasiones e incendios, que la pandemia de la COVID-19 hace estragos en los territorios indígenas.

Secretaría Especial de Salud Indígena y COVID-19

En esta estrategia de “civilizar a los pueblos indígenas” también está implicada la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), dependiente del ministerio de Salud y vinculada al Sistema Único de Salud. A pesar de ser responsable de la atención primaria, la política de deconstrucción también se materializa en tiempos de pandemia. La estrategia se repite: falta de recursos, despidos o traslados del personal técnico, denuncias de corrupción para desacreditar a las ONG que trabajan en el sector, la prohibición de contratar a más médicos y personal biomédico, y todo ello aboca en su desguace. En este escenario, el COVID-19 llega a los pueblos indígenas.

El 23 de enero de 2021, Brasil atraviesa uno de sus peores períodos de la pandemia, con 215.299 muertes y 8.755.133 casos de COVID-19 con un promedio diario de 1.293 nuevos casos. Respecto a la población indígena, estos casos aumentan y aunque están menos documentados, según la APIB hay 46.677 casos confirmados, 931 muertos y 161 afectados.

En medio de esta catástrofe nacional, resultado de una política basada en el negacionismo y en narrativas falsas, que no reconoce el estado de emergencia en el que se encuentra Brasil, el presidente Bolsonaro actúa como uno de los principales agentes de la contrainformación científica, negando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y calificando a la pandemia y sus aterradoras cifras de contagios como “una gripe ligera”.

El 10 de julio, el presidente firma el proyecto de ley 1142/2020, que reconoce a los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales como “grupos de extrema vulnerabilidad” durante la pandemia de COVID-19; sin embargo, veta extractos del texto que estipulan que el Gobierno está obligado a brindar “acceso al agua potable”, a distribuir canastas de alimentos básicos y “materiales de higiene, limpieza y desinfección para los pueblos de forma gratuita”. Además, no garantiza “el suministro de emergencia de camas hospitalarias y de cuidados intensivos” ni la obligación de adquirir “respiradores y máquinas de oxigenación sanguínea” para estas comunidades.[11] Entre otros vetos del presidente figuran aquellos que obligan al Gobierno a liberar fondos de emergencia para la salud indígena, a facilitar el acceso a ayuda de emergencia para indígenas y quilombolas e instalar Internet en las aldeas. Según el Ejecutivo, éstas y otras medidas son vetadas porque crean un “gasto obligatorio” sin que quede demostrado “su respectivo impacto presupuestario y financiero, lo cual es inconstitucional”. El Congreso, que tiene la última palabra sobre los vetos, aún puede revocarlos.

Además de eso, la Instrucción Normativa Nº 9/2020 [12] permite la regularización de invasiones de no indígenas en Tierras Indígenas con procesos de reconocimiento, lo que está prohibido por la Constitución Federal. Esta medida puede generar un aumento desenfrenado de las invasiones y la transmisión del COVID-19.

El experto virólogo Marcus Barros, uno de los referentes nacionales en enfermedades infecciosas, afirma que la lentitud en la toma de decisiones sobre estos pueblos es grave y preocupante:

Los indígenas son más sensibles a cualquier enfermedad viral. Si una gripe común puede destruirlos por completo, imagínese una pandemia con un nuevo virus respiratorio del que aún no se conocen las consecuencias. Es una situación muy peligrosa, una muerte anunciada.

Gersem Baniwa, uno de los fundadores del Foro de Educación Escolar y Salud Indígena (Foreeia-AM), señala que las relaciones establecidas entre el Gobierno federal y los pueblos indígenas reflejan la falta de prioridad en la atención, prevención y cuidado de los indígenas:

En la agenda global no hay lugar para las especificidades. La mayor preocupación es el escenario mundial, nacional y regional, con un fuerte sesgo económico. Las poblaciones indígenas siguen siendo invisibles.

Integrado por diputados y senadores, organizaciones indígenas y la sociedad civil, el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas se presentó en julio con una lista de 196 firmas. La Carta de los Pueblos Indígenas del Mundo enviada a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, recomendaba que, ante la pandemia, los países dieran prioridad a medidas concretas para garantizar la protección de los pueblos indígenas y la creación de un fondo de emergencia. La carta fue presentada el último día del programa Free Land Camp (ATL), el 30 de abril de 2020.[13]

En el manifiesto realizado por la Alianza de Parlamentarios Indígenas de América Latina se pide a la OMS que considere:

a los pueblos indígenas como la población más expuesta y vulnerable a la COVID-19; que garantice la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos de saneamiento y de salud, así como otros derechos sociales y económicos durante el periodo de la pandemia y que asegure la implicación y participación de las organizaciones indígenas y sus representantes en la planificación y ejecución de las acciones frente a la COVID-19.

En Brasil, llama la atención la desestructuración del sistema de salud a la hora de garantizar equipos de protección a los profesionales que atienden a los indígenas, las insuficientes medidas de apoyo a las comunidades, que suponen el desplazamiento desde las aldeas a las ciudades donde se produce una mayor transmisión del virus, y la invisibilidad de los indígenas que viven en las ciudades en los informes epidemiológicos relacionados con la COVID-19. Además, durante la pandemia, el Gobierno emitió la instrucción normativa Nº 9/2020, que permite la regularización de las invasiones de los no indios en las Tierras Indígenas con procesos de reconocimiento inconclusos, lo que está prohibido por la Constitución Federal. La medida puede generar un aumento desenfrenado de las invasiones y la transmisión del virus a los indígenas, incluidos los que viven en aislamiento voluntario.[14]

Por un lado, los pueblos indígenas viven uno de los momentos más peligrosos e intimidantes debido a las constantes ofensivas de un Gobierno representado por la bancada ruralista y evangélica que estimula las invasiones de tierras, la falta de respeto a los derechos indígenas ratificados por Brasil y se cuestiona los derechos derivados de la Constitución de 1988 y se niega la pandemia del COVID-19. Por otro lado, podemos decir que es el momento más desafiante, lo que se traduce en un fortalecimiento del movimiento indígena y en el aumento sin precedentes de las candidaturas indígenas en las elecciones para ayuntamientos y cabildos de este año. El número de alcaldes indígenas ha aumentado de 6 a 8 respecto a las elecciones de 2016, mientras que el número de concejales ha pasado de 168 a 179. Estamos ante un paradigma completamente nuevo.[15]

En relación a las organizaciones indígenas, queremos destacar el trabajo de APIB, que fue fundamental en la lucha contra los excesos y la violencia que atentan contra las garantías constitucionales de los pueblos tradicionales y su documentada campaña de denuncias contra el abandono del Estado frente al COVID-19. [16]

En julio de este año, la APIB, junto con seis partidos políticos, elevó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la Acción de Incumplimiento del Precepto Fundamental Nº 709, que exige medidas de protección sanitaria para los pueblos indígenas a causa del coronavirus. Según dicha acción, “la tasa de mortalidad de la COVID-19 entre los pueblos indígenas es del 9.6%, mientras que entre la población brasileña en general es del 5.6%”.

El requerimiento fue aprobado por el ministro Luís Roberto Barroso en julio y refrendado por el pleno del STF en agosto. Con ello, la Unión se vio obligada a elaborar un plan de lucha contra el COVID-19 para los pueblos indígenas que establecía barreras sanitarias en 33 tierras con presencia confirmada de indígenas aislados (sin contacto con la sociedad circundante) y también permitía contener y aislar a los invasores, diseminadores potenciales de la enfermedad.

Según el escritor y activista Ailton Krenak y la lideresa indígena Joziléia Kaigang:

Una de nuestras victorias fue la aprobación, en agosto, por parte del Tribunal Supremo, de la demanda de incumplimiento de los preceptos constitucionales (DPF 709), que obligó al Gobierno a llevar a cabo en un plazo de 30 días, un plan para hacer frente a la COVID-19, garantizando las barreras sanitarias y el aislamiento de las tierras indígenas.

“Esta fue una gran victoria”, dijo Kaigang. Además, Krenak señaló que:

Los pueblos originarios han ampliado su capacidad de debate, de intervención y de articulación externa, principalmente aliándose con Europa y otros países en una lucha que debe intensificarse.

Y Joziléia añade:

Con el apoyo de la sociedad civil, tanto brasileña como internacional, hemos organizado un conjunto de acciones combinadas, a través de empresas, de grupos de ciudadanos, que lamentablemente nuestro Gobierno no ha llevado a cabo.

Por otro lado, las organizaciones indígenas denuncian que la inserción de barreras sanitarias continúa a un ritmo lamentable y los equipos de protección individual (EPIs) así como los tests son insuficientes. Según el ministro del STF:

a pesar de la propagación y de la letalidad del virus, resulta increíble que después de casi 10 meses de pandemia, la Unión no haya conseguido lo mínimo: un plan con sus elementos esenciales. Es una situación que sigue poniendo en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas.

La negligencia se paga con vidas indígenas. Sólo en la tierra indígena yanomami, el nuevo coronavirus ha avanzado un 250% en tres meses. En algunas regiones, se ha producido una transmisión comunitaria de la enfermedad, llevada a cabo por mineros que operan en la zona de forma ilegal.

La CONAQ (Coordinación Nacional de la Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas), con otros cinco partidos políticos, propusieron el ADPF Nº 742 (Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental) para combatir el COVID-19 entre los quilombolas. Pero hasta la fecha, descansa en el despacho del ministro Marco Aurélio, sin que se haya examinado su solicitud preliminar.

Conclusión

En un discurso ante la 74ª Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2019, el presidente Bolsonaro repitió una de sus promesas electorales: no demarcar más tierras indígenas. Actualmente el 14% del territorio brasileño está demarcado como tierra indígena. “Quiero dejarlo claro: el área ya demarcada como tierra indígena no aumentará al 20%”, afirmó el presidente. También criticó a las organizaciones de protección indígena, acusándolas de manipular a los líderes étnicos, y atacó directamente al jefe kayapó Raoni Metuktire.[18]

Esta declaración es contraria a los desafíos que enfrenta el mundo y a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el conjunto de programas, acciones y directrices que orientan el trabajo hacia el desarrollo sostenible marcado por Naciones Unidas.

Bolsonaro continúa con su visión depredadora del desarrollo que supone un enorme retroceso de los derechos humanos e indígenas en Brasil. Nunca antes se había denigrado tanto a la Carta Constitucional de 1988. Todos los ciudadanos brasileños están siendo insultados y solamente con el ejercicio pleno de la ciudadanía, Brasil se podrá situar en la agenda global de la lucha por la preservación de los biomas, el respeto de las diversidades culturales y la igualdad económica y social.

 

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara es antropóloga médica de la FMUSP. También es coordinadora de la Acción de Jóvenes Indígenas AJI/GAPK.

Este artículo es parte de la 35a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

[1] Ver https://pib.socioambiental.org/pt/Onde_estão_os_isolados%3F

[2] “Bolsonaro quer acabar com demarcação de terras indígenas”. Estado de Minas, 6 de noviembre de 2018. Disponible en https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/11/06/interna_internacional,1003269/bolsonaro-quer-acabar-com-demarcacao-de-terras-indigenas.shtml

[3] “Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada para a Covid-19“. G1, 22 de mayo de 2020. Disponible en https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml

[4] “Política ambiental de Ricardo Salles é alvo de críticas de ambientalistas, empresários e ex-integrantes do governo”. G1, 19 de julio de 2021. Disponible en https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/07/19/politica-ambiental-de-ricardo-salles-e-alvo-de-criticas-de-ambientalistas-empresarios-e-ex-integrantes-do-governo.ghtml

[5] Destruição de áreas protegidas na Amazônia explode com Bolsonaro”. Instituto Socioambiental, 22 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/destruicao-de-areas-protegidas-na-amazonia-explode-com-bolsonaro

[6] Ibídem.

[7] Daniela Chiaretti y Marcos de Moura e Souza. “Especialistas atacam nova política da Funai “. Valor Econômico V21, 17 de junio de 2020. Disponible en https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/575249/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y

[8] Ibídem.

[9] El llamado marco temporal es una acción del Tribunal Supremo Federal (STF) que sostiene que los pueblos indígenas solo pueden reclamar tierras que ya tenían el 5 de octubre de 1988.

[10] Daniela Chiaretti y Marcos de Moura e Souza. “Especialistas atacam nova política da Funai “. Valor Econômico V21, 17 de junio de 2020. Disponible en https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/575249/noticia.html?sequence=1&isAllowed=y

[11] Joana Oliveira. “Bolsonaro veta obrigação do Governo de garantir acesso à água potável e leitos a indígenas na pandemia”. El País, 8 de julio de 2020. Disponible en https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-08/bolsonaro-veta-obrigacao-do-governo-de-garantir-acesso-a-agua-potavel-e-leitos-a-indigenas-na-pandemia.html

[12] Instrução Normativa Nº 9/2020 da Funai promove segurança jurídica e pacificação de conflitos

[13] Assesoria de Comunicação do Cimi. “Povos indígenas divulgam documento final do Acampamento Terra Livre 2020”. Conselho Indigenista Missionário, 30 de abril de 2020. Disponible en https://cimi.org.br/2020/04/povos-indigenas-documento-final-atl-2020/

[14] Ibídem.

[15] Ibídem.

[16] Juliana de Paula Batista y Tiago Moreira dos Santos. “Defesa judicial dos direitos indígenas avançou em 2020”. Instituto socioambiental, 4 de enero de 2021. Disponible en https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-ppds/defesa-judicial-dos-direitos-indigenas-avancou-em-2020

[17] “Vitórias e derrotas em um ano desafiador para os indígenas”. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 4 de diciembre del 2020. Disponible en http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/vitorias-e-derrotas-em-um-ano-desafiador-para-os-indigenas/

[18] Andreia Verdélio. “Em discurso na ONU, Bolsonaro destaca riqueza da Amazônia”. Agencia Brasil, 24 de septiembre de 2020. Disponible en https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-09/em-discurso-na-onu-bolsonaro-destaca-riqueza-da-amazonia

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