Mundo Indígena 2019: Brasil

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Brasil

Según el censo del Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística (IBGE) de 2010, la población indígena brasileña es de 896,917 mil indígenas distribuidos en 305 etnias, que hablan 274 lenguas. Entre los indígenas mayores de cinco años, solo el 37,4% hablan una lengua indígena y el 76,9% hablan portugués.

La principal etnia indígena es tikúna, con un 6,8% del total de la población indígena. Los pueblos indígenas están presentes en las cinco regiones del país. Del total de la población indígena, 502.783 viven en zonas rurales y 315.180 en zonas urbanas.¹ Actualmente existen unas 713 áreas indígenas, que ocupan una extensión total de 117.387.341 hectáreas. El 13,8% de las tierras del país han sido reservadas para los pueblos indígenas. La mayoría de estos territorios se concentran en la Amazonía: 419 áreas con un total de 115.342.101 hectáreas, que representan el 23% del territorio amazónico y el 98.33% de la extensión de las tierras indígenas en el país. El restante 1.67% se distribuye en las regiones del Nordeste, Sudeste y Sur en estados como Mato Grosso del Sur y Goiás.²

Brasil es el país de América del Sur donde se encuentra la concentración más grande conocida de pueblos indígenas en situación de aislamiento, principalmente en los estados de Amapá, Acre, Amazonas, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. Brasil cuenta con alrededor de 107 registros de presencia de indígenas aislados en la región amazónica. La Constitución de 1988 reconoce a los pueblos indígenas como los primeros y naturales dueños de la tierra y les garantiza su derecho a la misma. La búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas deben ser realizadas únicamente con la autorización del Congreso Nacional después de consultar a las comunidades involucradas, a quienes se les debe garantizar la participación en los beneficios de la minería. Se prohíbe el desalojo de pueblos indígenas de sus tierras. Brasil ha firmado el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas (2016).

Territorios indígenas

De las 566 tierras indígenas del país, 44 están delimitadas, hay 73 declaradas, 13 homologadas, 433 regularizadas. Hay 115 áreas de interdicción.³ El proceso de reconocimiento de estas tierras indígenas fue iniciado por la FUNAI durante la década de 1980, en el marco de la política de integración nacional y consolidación de la frontera económica del norte y noroeste de Brasil.

En la década de 1990 se estableció el marco legal para las demarcaciones de tierras indígenas en la Amazonía, así como para las tierras indígenas yanomami (AM/RR) y Raposa Serra do Sol (RR). En otras regiones del país, los pueblos indígenas lograron conservar la titularidad de sus tierras en áreas pequeñas y dispersas, muchas de las cuales fueron reconocidas por el antiguo Servicio de Protección a los Indios (SPI) entre 1910 y 1967, y fueron denominadas reservas indígenas. Hay 50 reservas y se sitúan en las regiones del nordeste, sudeste y sur, y en el estado de Mato Grosso del Sur. En la reserva indígena de Dourados, en Mato Grosso del Sur, viven confinadas 18.000 personas en 3.560 hectáreas, por lo que su modo de vida indígena queda permanentemente restringido. La demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas es una de las principales obligaciones del Estado brasileño, según la Constitución de 1988. El Decreto 5051/04 ratifica el Convenio 169 de la OIT que garantiza a los pueblos indígenas la propiedad exclusiva de sus territorios y el respeto a sus organizaciones sociales, sus costumbres, lengua, creencias y tradiciones, consolidando un Estado de derecho, democrático y pluricultural.⁴

Sin embargo, en estos últimos 20 años los procesos de demarcación han ido disminuyendo paulatinamente, acentuándose principalmente en el segundo mandato del gobierno de Luis Ignacio da Silva Lula. Uno de los grandes impedimentos para la demarcación de las tierras indígenas es la presión que ejerce la bancada ruralista en el Congreso.

 El Frente Parlamentario Agropecuario, la bancada mayoritaria del Congreso, con 162 diputados y 11 senadores, representa los intereses de las empresas y propietarios de tierras en el país, un negocio que mueve 440 mil millones de R$ (118 millones de US$) en la producción agrícola y ganadera. La mayor parte de los parlamentarios de esta bancada son también grandes propietarios de tierras y sus campañas han sido financiadas por empresas de la agroindustria que están vinculadas a diversas propuestas legislativas que restringen los derechos de los indígenas y criminalizan la reforma agraria.⁵

En los últimos 20 años hemos estado viviendo una creciente ofensiva por parte de los ruralistas y evangélicos contra la demarcación de las tierras indígenas, lo que supone un claro retroceso de los derechos humanos e indígenas. Desde el primer mandato del presidente Lula, las demarcaciones de las tierras indígenas se han ido reduciendo sistemáticamente: Fernando Henrique Cardoso –desde enero de 1995 a enero 2002– 175 demarcaciones; Lula –desde enero de 2003 a enero de 2010– 87 demarcaciones; Dilma Roussef –desde enero 2011 a mayo de 2015– 11 demarcaciones; Michel Temer –desde mayo de 2016 a enero de 2018– ninguna.⁶ 

Situación de los pueblos indígenas en el año 2018

El año 2018 fue el segundo año de Michel Temer en la presidencia de Brasil. Un mandato corto, pues en octubre de este mismo año hubo nuevas elecciones presidenciales, y el 1 de enero de 2019 asumió la presidencia Jair Bolsonaro, el candidato de la bancada evangelista y excapitán del ejército brasileño.

Ese periodo se ha visto asolado por denuncias de corrupción y una grave crisis económica que se refleja en una tasa de paro del 11,9 %⁷ y un crecimiento decepcionante del producto interno bruto (PIB) del 1,4%. Todo ello es resultado de los escándalos de corrupción que vinculan a las instituciones gubernamentales, a empresarios y otras entidades. Ha quedado de manifiesto que la relación entre lo público y lo privado está marcada por la corrupción, y estos acuerdos perjudican principalmente a los actores sociales más vulnerables y a la población indígena de Brasil.

Aunque Temer fue presidente durante un corto período de tiempo, dejó unas secuelas graves y despejó el camino para la aplicación de políticas que van frontalmente en contra la Constitución de 1988 y contra dos convenios internacionales ratificados por Brasil.⁸ En 2017, Temer oficializó el Dictamen No 001/2017 de la Abogacía General de la Unión (AGU), una victoria de la bancada ruralista que, en la práctica, hace inviable el proceso de demarcación de las tierras indígenas. Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) se pronunció en contra. Además de este dictamen se adoptaron medidas muy graves, como la tesis del “marco temporal” aplicada a los procedimientos demarcatorios. Según esta polémica una tesis ruralista sólo tendrían derecho a sus tierras “aquellas comunidades que ya las tenían en posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución”.

Además de cuestionar un derecho adquirido, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) –el órgano federal vinculado directamente a la demarcación de las tierras indígenas– está siendo desactivado. En 2018, la FUNAI experimentó una mejora nimia en sus recursos para las políticas públicas indigenistas. El presupuesto autorizado para el órgano de este año fue de 161,32 millones de US$, frente a los 148,28 millones de US$ autorizados en 2017. Sin embargo, este incremento de 12,97 millones de US$ –el presupuesto más bajo de los últimos 10 años– es insuficiente para asegurar las condiciones mínimas que den continuidad a sus tareas. Además, es necesario entender dónde se asignará dicho presupuesto y si existen condiciones para que sea ejecutado,⁹ ya que el 72% se destina al personal (entre activos e inactivos e incluyendo beneficios), el 12% está destinado a mantener la estructura del órgano y el 2% para los requerimientos de pago. Sólo queda un 14% (22 millones de US$) para acciones destinadas a los pueblos indígenas y sus tierras.¹⁰

Según Márcio Santilli, filósofo y ex presidente de la FUNAI¹¹: “El país está viviendo una quiebra de su sistema democrático y los pueblos indígenas son los que más la sufren, debido al ataque frontal a sus derechos”. “Eso queda aún más claro cuando sabemos que hay procesos de demarcación listos, sin ningún trámite pendiente y el Gobierno no muestra voluntad política para llevarlos adelante”, dice Dinaman Tuxá, de la coordinación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (API).¹²

Existe un riesgo grave de retroceso para los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil. Otra amenaza del Gobierno fue dar rienda suelta a la explotación económica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas y quilombolas –los habitantes de las comunidades negras– señalando que en cualquier momento puede revisar e incluso, revocar los informes, las ordenanzas declaratorias y las homologaciones de tierras indígenas publicadas por el gobierno de Dilma Rousseff.

El campamento Tierra Libre de 2018 (23/26 de abril), la mayor movilización indígena que tiene lugar cada año en Brasilia, fue un marco muy importante para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y la eminente amenaza de la bancada ruralista, extractivista y minera. Más de tres mil indígenas, representando a más de 100 pueblos de todas las regiones del país, aprobaron un documento final, que llamaron: “Nuestro clamor contra el genocidio de nuestros pueblos”.

1. Revocación inmediata del Dictamen 001/2017 de la AGU /
2. Revocación inmediata de la enmienda constitucional 95, que congela durante los próximos 20 años el presupuesto público; realización urgente de operaciones para la retirada de invasores de tierras indígenas ya demarcadas y la efectiva protección de las mismas;
3. Demarcación y protección de todas las tierras indígenas, con especial atención a las tierras de los pueblos aislados y de contacto reciente, asegurando el fortalecimiento institucional de la FUNAI;
4. Dotación presupuestaria, con recursos públicos para la implementación de la Ley de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI)13 y otros programas sociales dirigidos a garantizar la soberanía alimentaria, la sostenibilidad económica y el buen vivir de nuestros pueblos y comunidades;
5. Garantía de la atención básica a la salud de nuestros pueblos a través de la Secretaría Especial de Salud Indígena-SESAI, teniendo en cuenta su gestión social y autónoma por parte de nuestros
6. Una política de educación indígena diferenciada y con calidad, garantizando la aplicación de las 25 propuestas de la segunda conferencia nacional y de los territorios etnoeducativos;
7. Archivo de todas las iniciativas legislativas que atentan contra nuestros pueblos y territorios;
8. Garantía por parte de las distintas instancias del poder judicial de la defensa de los derechos fundamentales de nuestros pueblos asegurados por la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por Brasil;
9. Fin de la violencia, de la criminalización y discriminación de nuestros pueblos y liderazgos, asegurando el castigo de los responsables de esas prácticas, la reparación de los daños causados incluso por agentes del Estado y compromiso de las instancias de gobierno (Ministerio de Derechos Humanos, Justicia, Defensor del Pueblo) en la protección de nuestras vidas;
10. Aplicación de los tratados internacionales firmados por Brasil, de modo especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incorporada al marco jurídico del país y que establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada sobre cualquier medida administrativa o legislativa que los

Brasilia DF, 26 de abril de 2018

Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil – APIB¹⁴

Conclusión

Las amenazas constantes atentan contra los derechos adquiridos de los pueblos indígenas y quilombolas, con la justificación de que éstos suponen un retraso para el desarrollo del país en todos los aspectos: económico, social y cultural.

A partir de esta visión, la campaña electoral del actual presidente Jair Bolsonaro estuvo jalonada por ataques y falta de respeto a los derechos, adquiridos con tanto esfuerzo, de los pueblos indígenas. Representando al sector rural junto a la bancada evangelista, la llamada la bancada BBB, (bala, buey y biblia) enfatiza la necesidad de aplicar las leyes que ya están en tramitación. Sus declaraciones durante la campaña dejaron claro su posición:

Los indios quieren integrarse a la sociedad. Algunos sectores de la prensa me thicieron una mala jugada. Lo voy a repetir aquí. Los indios quieren energía eléctrica, quieren tener médico, quieren dentista, quieren Internet, quieren jugar al fútbol. Quieren lo que queremos. (...) Aquí en Brasil, algunos quieren que los indios continúen dentro de una reserva como si fuera un animales en un zoológico. Yo no quiero eso. Yo quiero tratar a los indios como seres humanos, como ciudadanos.¹⁵

En respuesta a esta declaración, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) afirma:

No admitimos ser tratados como seres inferiores, como ha resonado en las declaraciones de Vuestra Excelencia. Solamente somos diferentes, siendo la obligación del Gobierno Federal, según la Constitución, respetar nuestra “organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones (artículo 231 de la Constitución). Repudiamos, por lo tanto, su peyorativo y reducido entendimiento de considerarnos animales en zoológicos”, protesta la APIB. “Señor presidente, en los últimos días, los medios de prensa han transmitido una serie de declaraciones de Vuestra Excelencia acerca de la cuestión indígena, con afirmaciones que manchan la imagen y la dignidad de nuestros pueblos y comunidades y que nos preocupan por demostrar, por un lado, una falta de conocimiento sobre nuestros derechos constitucionales y, por el otro, una visión de indigenismo asimilacionista, retrógrado, autoritario, prejuicioso, discriminador, racista e integracionista, alejado de nuestro país desde hace más de 30 años por la Constitución de 1988.¹⁶

Se nota claramente que el actual presidente tiene como objetivo la política integracionista, cuestionando la legalidad de la legislación y los derechos adquiridos de los pueblos indígenas. Amenaza de forma inconstitucional los procesos de demarcación de las tierras indígenas promulgados anteriormente, justificando todo su prejuicio y discriminación contra los pueblos indígenas al acusaros de ser los grandes obstáculos para el desarrollo del país.

La demarcacvión de la tierra indígena Raposa Serra do Sol fue finalizada por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) en 2008. Antes de eso, Roraima había exportado arroz sólo una vez: en el año 2001. Fue un total de 1,2 mil kilos netos por el equivalente a 1.612 US$. Antes de la demarcación de la tierra indígena, hubo también una única importación de arroz en Roraima. En 2004, se importaron 6,3 mil kilos, por valor de 11.016 US$ Los datos son del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios, cuya serie histórica va de 1997 a 2017.¹⁷

El entonces aspirante a candidato presidencial, Jair Bolsonaro, estuvo en Mato Grosso del Sur –el estado que posee la tercera mayor población indígena de Brasil, donde existe uno de los mayores conflictos territoriales entre las poblaciones indígenas y los terratenientes. Visitó Dourados, la reserva indígena más poblada de Brasil, con aproximadamente 18.000 indígenas en 3.650 hectáreas e hizo la siguiente declaración: 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Gobierno estimulan al indio para el conflicto. Si yo la asumo la presidencia de la República no habrá un centímetro más para la demarcación. En Bolivia tenemos un indio que es presidente, ¿por qué aquí necesitan tierra?¹⁸

Ante este panorama, Brasil vive una de las más profundas crisis de falta de respeto y retroceso de los derechos humanos.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Gobierno de Brasil, “No Brasil, população indígena é de 896,9 mil” Disponible en: http://bit.ly/2Et2QHX
2. Véase Povos Indígenas no Brasil, “Demarcações” en: http://bit.ly/2EusfBh
3. En estudio: realización de los estudios antropológicos, históricos, agrarios, cartográficos y ambientales, que fundamentan a la identificación y la delimitación de la tierra indígena. Delimitadas: tierras cuyos estudios fueron aprobados por la Presidencia de la FUNAI, con su conclusión publicada en el Diario de la Unión y del Estado, y que se encuentran en fase de contenciosoadministrativo en análisis, por parte del Ministerio de Justicia para la decisión acerca de la expedición de la correspondiente Ordenanza Declaratoria sobre la posesión tradicional indígena. Declaradas: tierras que obtuvieron la expedición de ordenanza declaratoria por parte del Ministro de Justicia, entonces autorizadas para ser demarcadasfísicamente con la materialización de hitos y referencia geodésica. Homologadas: tierras que tienen sus límites materializados y con referencia geodésica, cuya demarcación administrativa fue ratificada por Decreto Presidencial. Regularizadas: tierras que, después del decreto de homologación, fueron registradas ante notario en nombre de la Unión en la Secretaría del Patrimonio de la Unión. Deinterdicción: áreas con restricciones de uso e ingreso de terceros, para la protección de pueblos indígenas aislados. Ver FUNAI, at: http://bit.ly/2EqB0w4
4. FUNAI, 2014. “Bases Legais.” Disponible en: http://bit.ly/2ErPpYS
5. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. “PEC ” Disponible en: http://bit.ly/2EuR1RT
6. Instituto socioambiental
7. Véase Government of Brazil, “Desemprego cai para 11,9% no terceiro trimestre de 2018, aponta IBGE.” Disponible en: http://bit.ly/2Eli5Te
8. International Labor Organization Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples.
9. Véase INESC , ”Orçamento 2018: Funai respira, mas não se recupera.” Disponible en: http://bit.ly/2EpckUD
10. Véase INESC, ”Direitos Indígenas: entre desmontes, oportunismos e resistên” Disponible en: http://bit.ly/2EuunJh
11. Véase Instituto Socioambiental, ”Com pior desempenho em demarcações desde 1985, Temer tem quatro Terras Indígenas para ” Disponible en: http://bit.ly/2EuLPNx
12. The GATI Project (2006) was funded by the Global Environment Fund for conservation of biodiversity and sustainable use of forests (US$ 6 million+ national contribution). Disponible en: http://bit.ly/2EqBP88
13. Para la declaración completa, véase “Agradecimentos pelo apoio ao ATL 2018,” Disponible en: http://bit.ly/2Tb8Krw
14. Véase Brasil de Fato, ”Povos Indígenas a Bolsonaro: “Não Admitimos Ser Tratados Como Seres Inferiores.” Disponible en: http://bit.ly/2Et9OwH
15. Ibidem
16. Véase Folha De S. Paulo, ”Bolsonaro e índios: erros do presidente eleito sobre Funai e reservas.” Disponible en: http://bit.ly/2EqAIp1
17. Véase Dourados News, “Bolsonaro: ‘Se eu assumir, índio não terá mais 1cm de terra’.” Disponible en: http://bit.ly/2Ep9dw6

María de Lourdes Beldi de Alcántara, antropóloga y profesora visitante en el área de Antropología Médica en la Facultad de Medicina de San Pablo. También es coordinadora del Grupo de Apoyo a la juventud Guaraní del Mato Grosso del Sur (GAPK/AJI).

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas