Grave retroceso de los derechos humanos e indígenas en Brasil
María Lourdes Alcántara, antropóloga y coordinadora del Grupo de Apoyo a la juventud Guaraní de Mato Grosso del Sur (GAPK/AJI) y profesora de antropología medica en la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, reflexiona sobre las principales amenazas para los pueblos indígenas en Brasil tras asumir el poder el gobierno de Jair Bolsonaro, ex legislador de extrema derecha y capitán retirado del Ejercito.
Desmantelamiento de la Fundación Nacional del Indio-FUNAI
Después de la constitución de 1988, la FUNAI, el órgano federal indigenista, pasó a ser responsable, principalmente, de los procesos de demarcación de tierras indígenas. La salud indígena correspondía al Ministerio de la Salud, la educación indígena al ministerio de Educación y así sucesivamente. Cuando la función principal de la FUNAI pasó a ser la demarcación, comenzó a sufrir serios reveses por la presión de la bancada ruralista, fuertemente ligada a los intereses de la agronegocios.
La demora con que el Presidente de turno firmaba las homologaciones era infinita y los procesos, frecuentemente archivados. Sólo a través de la presión internacional y de la reivindicación de los movimientos de las organizaciones indígenas, podían cerrarse los procesos de demarcación. Sin embargo, no había un ataque directo del gobierno a las demarcaciones, las narrativas siempre venían desde la bancada ruralista que intentaba impedir y aprobar leyes en el congreso sin que ello anulase ni revirtiese las disposiciones de la Constitución brasileña.
El hecho de que la FUNAI perteneciera al Ministerio de Justicia representaba una protección para los procesos de demarcación por ser un ministerio supuestamente exento de intereses económicos y políticos.
La primera medida que firmó el presidente Bolsonaro tras la toma de posesión fue la transferencia de la FUNAI al Ministerio de Familia, Mujer y Derechos Humanos, a cuyo mando figura la polémica ministra Damares Alves, cuyas las declaraciones dejan claro su tanto su desconocimiento de los derechos indígenas como su racismo. Además de transferir, en enero de 2019, la responsabilidad de las demarcaciones al ministerio de la Agricultura. Como dice el refrán, es como atar a los perros con longaniza. La bancada ruralista históricamente se ha opuesto a la demarcación de las tierras indígenas, y considera que “el indio bueno es el indio muerto”. Bolsonaro cumple así su promesa de campaña, “cero demarcaciones de tierras indígenas”.
Dentro del ministerio de Agricultura, el órgano responsable de demarcar las Tierras Indígenas (TI) y otorgar licencias ambientales a los proyectos extractivos con impactos ambientales es la Secretaría Especial de Asuntos Fundiarios (Seaf). Según el diario Folha de São Paulo, ambas funciones pasarían a una instancia, que aún está por ser creada, en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), también vinculado a la Seaf.
La cadena de mando está ahora en manos del ala más radical del ruralismo. La nueva ministra de Agricultura es la diputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). El secretario especial de Asuntos Fundiarios, que se encargará de la reforma agraria, es Luís Antônio Nabhan García, presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR). Su secretaria adjunta es Luana Ruiz, abogada de propietarios latifundistas en varios procesos de demarcación de tierras.
Junto a la no confirmada creación de un órgano colegado que incluya las carteras de Agricultura, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Defensa y Justicia, además de la Casa Civil y Gabinete de Seguridad Institucional, los intereses del sector minero y energético deben influir aún más en el complejo y lastrado procedimiento demarcatorio. La minería en tierras indígenas, según el Instituto Socioambiental, abarca el 25% del área total de las tierras indígenas de la Amazonía legal, siendo Minería Silvana Industria y Comercio Ltda. y Vale S.A., las empresas mineras más grandes.
Los procesos de requerimiento minero afectan a las tierras indígenas de todo tipo. Al menos 56 TI tienen más del 60% de su área requerida por estos procesos. En áreas indígenas menores, dichos procesos fácilmente se concentran en más de dos tercios de sus territorios, siendo los pueblos mas afectados, el Mebêngôkre Kayapó Mekrãgnoti y Mebêngôkre Kayapó, en el estado de Pará. En los 4181 procesos de requerimiento mineros se enumeran unos 72 minerales siendo el oro, el más solicitado, con más del 50% de dichos procesos.
Este órgano colegiado tendrá la autoridad de tomar decisiones tras una primera fase de identificación. El temor es que muchos procesos de demarcación habrán nacido muertos. Según Marcio Santilli, expresidentes de la FUNAI y director del Instituto Socioambiental, el resultado de la reestructuración ministerial es la paralización y judicialización de los procedimientos demarcatorios.
Peligro de revisión de tierras indígenas
Además de la paralización de las demarcaciones, la otra gran amenaza es la revisión de tierras ya demarcadas, como es el caso de Raposa Serra do Sol. Según el Secretario Especial de Asuntos Fundiarios, Luiz Antonio Nabhan García3: “el mayor terrateniente del país es el indio”. En este sentido propone encontrar huecos en la ley de demarcación para que las tierras tituladas sean revisadas. El proceso de demarcación de las tierras indígenas dura un promedio de 10 a 15 años, llegando a durar hasta más de veinte. Si los anteriores gobiernos mostraban una flagrante lentitud a la hora de legalizar tierras indígenas, en este gobierno, las élites y los políticos han dejado bien clara su intención: “no queremos que haya más tierras indígenas”.
Este punto es muy delicado debido al hecho de que se están vulnerando leyes y la propia Constitución, se ha desautorizado al poder judicial y desacreditado tanto a los antropólogos como a la población indígena. Se está creando un enfrentamiento directo, sin precedentes. El resultado es un grave retroceso de los derechos humanos e indígenas.
Agrotóxicos
El Ministerio de Agricultura publicó en el Diario Oficial de la Unión de 10 de enero de 2019, el registro de 28 agrotóxicos y sus principios activos. Entre ellos, aparece un aditivo inédito, el sulfoxaflor, cuyo uso es polémico en Estados Unidos. De los 28 productos ya publicados, uno es considerado extremadamente tóxico, el metomilo, ingrediente utilizado en campos de cultivo de algodón, patata, soja, col y maíz. Cuatro químicos más fueron clasificados como altamente tóxicos. Según la clasificación oficial, casi todos son peligrosos para el medio ambiente: catorce son “muy peligrosos” para el medio ambiente, y 12, son “peligrosos”.
El metomilo y el imazetapir, los más tóxicos, fueron registrados por cuatro empresas. Son principios activos, es decir, ingredientes para la producción de agrotóxicos que serán vendidos a los productores rurales. Según el Ministerio de Agricultura, “los productos no implican riesgos; si se utilizan correctamente y de acuerdo con las recomendaciones del prospecto, dentro de las buenas prácticas agrícolas y con el equipo de protección individual, su uso es completamente seguro”, afirmó la oficina de prensa del organismo. Según la agencia nacional de vigilancia sanitaria (Anivisa), el año pasado, 450 agrotóxicos fueron registrados en Brasil, un récord histórico. De estos, sólo 52 son de baja toxicidad.
Cambio climático
Ricardo Salles, el Ministro del Medio Ambiente, se adhiere a todas las medidas que claramente van contra los acuerdos internacionales que Brasil firmó en relación al calentamiento global, declarando que no es más que una ideología y que no hay pruebas significativas que demuestren dicho fenómeno.
Sus declaraciones evidencian un enorme desconocimiento del área que le compete: según él, Brasil “es acreedor en el clima y no deudor”5. Según el INPE, de 2012 hasta la actualidad, la deforestación tiene una tendencia alcista. La deforestación en 2018 fue dos veces superior a la meta señalada en la ley sobre el Acuerdo Climático 2020.
Otra gran tergiversación es la que, frente a todas las estadísticas, afirma que dos tercios de la deforestación se produce en áreas indígenas6. El propio Ministerio de Medio Ambiente tiene un análisis de los datos del Inpe de 2018 donde la deforestación está detallada por categoría de tierra. Las tierras indígenas y unidades de conservación sólo representan el 15% de todo lo que se destruyó en la Amazonía en 2018. Tierras privadas y tierras ilegalmente ocupadas, aquellas que son primero robadas luego vendidas a productores rurales constituyen el 59% del total del área deforestada. Un análisis independiente del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) realizado con datos satelitales, concluye que el 18% de la deforestación de 2018 tuvo lugar en tierras indígenas y áreas protegidas estatales y federales y el 65%, en áreas públicas ilegalmente ocupadas y tierras privadas7.
Parafraseando al presidente Bolsonaro: el calentamiento global es una ideología infundada, y los indios tienen que integrarse en la sociedad y dejar de ser “animales exóticos”.
Se percibe que el Acuerdo Climático en el que Brasil fue uno de los protagonistas, está siendo seriamente cuestionado, con la justificación de que Brasil tiene como meta el desarrollo. Brasil debe convertirse en uno de los mayores graneros del mundo, a cualquier costo. Se deben liberar las tierras indígenas y de protección ambiental para la industria agrícola, la minería y la extracción de madera, e incluso fomentar el uso de agrotóxicos para que la productividad aumente. De esa manera, Brasil mantendrá “su papel histórico de gran potencia”.
Claramente estamos en un momento sombrío y de retroceso general, no sólo en relación a los derechos indígenas, sino también en relación a otros derechos conquistados con tanto esfuerzo.
Es un hecho triste, pues vivimos un siglo XX marcado por las dictaduras y pensábamos que el próximo sería el de la construcción de una verdadera democracia. Todo parece indicar que ésta es otra de las utopías que fracasaron.
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Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos
