Pueblos Indígenas de Brasil

En Brasil hay 896.917 indígenas distribuidos en 305 grupos étnicos: el principal grupo étnico es el Tikúna, al que corresponde a un 6,8% del total de la población indígena. Existen alrededor de 274 lenguas. Entre las personas indígenas mayores de cinco años, sólo el 37,4% habla lenguas indígenas, mientras que el 76,9% habla portugués.

Unos 502.783 individuos del total de la población indígena de Brasil viven en zonas rurales y 315.180 en zonas urbanas. Actualmente hay 713 áreas indígenas para un total de 117.387.341 hectáreas. Esto significa que el 13,8% de la tierra del país ha sido reservada para los pueblos indígenas. La mayoría de estos territorios están concentrados en el Amazonas.

Brasil es el país de Sudamérica con la mayor concentración conocida de pueblos indígenas en aislamiento en los estados de Amap, Acre, Amazonas, Amapá, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins. Actualmente hay 107 registros respecto a la presencia de pueblos indígenas aislados en la región del Amazonas.

Principales retos de los pueblos indígenas de Brasil

En octubre de 2018 hubo nuevas elecciones presidenciales y el 1 de enero de 2019, asumió la presidencia Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército brasileño y candidato de la bancada evangelista.

Representando al sector rural junto a la bancada evangelista, la llamada la bancada BBB, (bala, buey y biblia), y el gobierno de Jair Bolsonaro amenazan con el retroceso de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil. El Frente Parlamentario Agropecuario, la bancada mayoritaria del Congreso, representa los intereses de las empresas y propietarios de tierras en el país, un negocio que mueve 118 millones de US$ en la producción agrícola y ganadera.  

La principal amenaza para los pueblos indígenas es la revocación de forma inconstitucional, de los procesos de demarcación de las tierras indígenas promulgados anteriormente, señalando que en cualquier momento, se pueden revisar e incluso revocar los informes, las ordenanzas declaratorias y las homologaciones de tierras indígenas publicadas por el gobierno de Dilma Roussef. Se da rienda suelta a la explotación económica de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas y quilombolas, los habitantes de las comunidades negras, justificando ese ataque contra los pueblos al acusarlos de ser los grandes obstáculos para el desarrollo del país.

Además de cuestionar un derecho adquirido, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el órgano federal vinculado directamente a la demarcación de las tierras indígenas está siendo desactivado: el presupuesto aprobado en 2018 es insuficiente para asegurar las condiciones mínimas que den continuidad a sus tareas. El primer día de su mandato, el 1 de enero, el gobierno de Jair Bolsonaro aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indigenas al ministerio de Agricultura, que defiende los intereses empresariales que quieren el acceso a esas tierras. 

 Además de padecer cómo apenas se avanza el cumplimiento de sus derechos, en la actualidad los pueblos indígenas son el objetivo de violentos ataques sistemáticos por parte de la Unión Democrática de Ruralistas (UDR) y de compañías transnacionales que han obtenido concesiones para la explotación minera o maderera.

En Mato Grosso do Sul, en un intento para evitar que los Guaraní-Kaiowá recobraran una pequeña parte de su territorio tradicional, un grupo de “latifundistas” actuaron como milicianos e intensificaron el efecto letal de las evicciones extrajudiciales. Los megaproyectos hidroeléctricos más recientes han sido objeto de incontables acciones ante la Corte debido al impacto ambiental que causan en las comunidades indígenas.