El Mundo Indígena 2026: Bolivia
Según el Censo Nacional de 2012, el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017 señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48 %. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5 %) y Aymara (40,6 %), que se autoidentifican con 16 nacionalidades. En las Tierras Bajas, son mayoría los Chiquitano (3,6 %), Guaraní (2,5 %) y Moxeño (1,4%), que junto al 2,4 % restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los Pueblos Indígenas han consolidado en propiedad colectiva 25 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que representan el 23 % de la extensión total del país.
Con la aprobación del decreto n.° 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de derechos humanos, es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley n.° 3.760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Elecciones generales: Rodrigo Paz presidente de Bolivia
El 17 de agosto se realizaron las elecciones generales para presidente y vicepresidente, así como para la renovación total de ambas cámaras legislativas. Contra todo pronóstico, la elección fue ganada por los candidatos de centro Rodrigo Paz y Edman Lara, desmintiendo una fuerte campaña electoral en las que las encuestas los posicionaban con muy pocas posibilidades frente al expresidente Jorge Quiroga[1] y el empresario Samuel Doria Medina.[2] Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el binomio Paz-Lara se impuso con el 32,06 % frente al 26,7% de Quiroga (Libre) y el 19,69 % de Doria Medina (Unidad).[3] Más atrás quedaron el entonces senador y supuesto delfín de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, con el 8,71 %; el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, con el 6,75%; y el candidato que postuló por el partido de gobierno MAS, el exministro de gobierno Eduardo del Castillo, con el 3,17 %, porcentaje con el que salvó la desaparición de la sigla política.
Con estos resultados, se debió ir a la llamada segunda vuelta o ballotage entre los candidatos Paz y Quiroga, ya que ninguno de los dos alcanzó el 51% de los votos ni una diferencia del 10 % a favor del ganador. Este proceso se realizó recién el 19 de octubre, donde Rodrigo Paz obtuvo el 54,6 % contra el 45,4 % del expresidente Quiroga.[4]
Evo Morales tuvo una gran influencia en todo el proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Desde octubre de 2024 está recluido en su reducto del Chapare —zona cocalera del Trópico de Cochabamba—, resistiendo al mandamiento de aprehensión que pesa en su contra por casos de estupro, trata de personas y otros delitos hacia su pareja.[5] Al expresidente le fue impedido terciar en las elecciones debido a la interpretación que se hace de sus dos mandatos anteriores;[6] sin embargo, logró condicionar los resultados finales de ambos procesos. En efecto, en la primera vuelta, y frustrados sus esfuerzos por hacerse reconocer como candidato de su partido, el MAS, y posteriormente la agrupación política “Evo Pueblo”,[7] llamó al voto nulo para las elecciones de agosto. En esa instancia, un 19,87 % ratificó ese mandato, quedando en tercer lugar, por delante de Samuel Doria Medina. En este escenario, de cara a la segunda vuelta, el perfil de Rodrigo Paz y, sobre todo, el de su vicepresidente, el ex policía Edman Lara, quienes tenían una marcada sintonía con los sectores populares del campo y la ciudad, inclinaron buena parte de los votos nulos a la fórmula del PDC que resultó ganadora con casi el 10 % de los sufragios.
Reconfiguración política y nueva bancada indígena de la Asamblea Legislativa
La composición de las cámaras legislativas ha variado de manera drástica, donde se aprecia casi nula presencia de sectores sociales. El PDC ha logrado 70 diputados y 16 senadores, controlando la mayoría en ambas cámaras. El MAS de Evo Morales y el saliente presidente Luis Arce, que tenía el control total de las mismas, ha quedado reducido a dos diputados. En teoría, el partido en función de gobierno necesitaría los votos de las otras dos agrupaciones “opositoras” para lograr los dos tercios, en caso de que pretendan adelantar reformas importantes, incluso de la Constitución, como se había anunciado.[8]
La representación formal de los siete escaños elegidos en circunscripción especial indígena se mantiene, aunque actualmente están poco articulados a sus organizaciones y sus agendas, frente a las demandas que se están construyendo desde los territorios y los gobiernos autónomos.
Como efecto directo de este nuevo contexto político fue relevante la anulación de los procesos penales contra la expresidenta Jeanine Añez, quien cumplía una sentencia de 10 años de prisión desde 2021.[9] También fue liberado el gobernador en funciones del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de varios delitos, aunque irregularmente detenido durante casi tres años,[10] así como el expresidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, por similares delitos asociados a las protestas que derivaron en la renuncia del presidente Evo Morales a fines de 2019.
Crisis económica y programa de estabilización económica: gasolinazo y amenazas sobre los territorios (D.S. 5.503)
El 2025, “año del bicentenario”, pasó casi desapercibido, en medio de una crisis económica en estado casi terminal. El aniversario de los doscientos años de la firma del acta de la independencia —gestada al influjo de la victoria de los ejércitos triunfadores de las batallas de Junín y Ayacucho de 1824, comandados por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que cerraron el proceso emancipador de España en Sudamérica iniciado en 1810 en Buenos Aires— no tuvo el color que adquirió en otros países. El agotamiento del modelo económico, sostenido principalmente por el flujo de reservas internacionales que mantenían la política de intocabilidad absoluta de los subsidios de los combustibles y bonos sociales, erosionó totalmente las ingentes reservas internacionales disponibles acumuladas durante la bonanza de las exportaciones de gas natural. A esto se le sumó la escasez de dólares, la inflación, el desbalance comercial, entre otras cuestiones. El ahogamiento económico se hizo más profundo con la crisis política interna del propio partido de gobierno, que enfrentó sin cuartel a Evo Morales y al propio presidente Luis Arce, quien trató por todos los medios de habilitar su candidatura para las elecciones generales.
En junio volvieron a registrarse cortes de carreteras protagonizados por campesinos de las regiones del occidente del país. Los más graves fueron en la localidad minera de Llallagua (Potosí) y en el Trópico de Cochabamba, que cobraron la vida de seis personas —cuatro de ellas efectivos policiales que murieron por impactos de bala y explosivos—, así como más de 200 heridos civiles y otros tantos detenidos.[11] Pese a que la protesta tenía como consigna la evidente mala gestión económica del gobierno, la escasez de combustible y de dólares americanos, el trasfondo era la habilitación de la candidatura del expresidente Morales. Después de varios días de bloqueos, en vez de posicionarse como una medida legítima frente a la población, estas acciones generaron el rechazo generalizado, sobre todo de parte de la dirigencia política opositora y oficialista, así como de la ciudadanía, levantándose casi dos semanas después sin haber logrado ningún objetivo tangible.
La crisis de lo que se denominó Proceso de Cambio, y su agotamiento político e histórico, arrastró también a las organizaciones indígenas, sobre todo aquellas que habían sido actores clave en la Asamblea Constituyente. La Asamblea y su producto final, la nueva Constitución, condensó un largo proceso de lucha y reivindicación de derechos, de inclusión social y transformación estatal que quedó truncado en su fase de implementación práctica. Uno de los pasivos más evidentes ha sido el debilitamiento de las organizaciones indígenas nacionales y regionales, las cuales perdieron total legitimidad frente a sus bases y otros procesos más territoriales, cuyas agendas actualizadas y concretas primaron frente a las dirigencias cooptadas por el gobierno. En la actualidad, este déficit hace que el movimiento indígena no pueda tener espacio de construcción colectiva de propuestas para todos los pueblos ni una vocería unificada que interpele de manera legítima al gobierno o los poderes fácticos regionales, como ganaderos, agroindustriales o mineros.
Si bien los avances y logros estructurales, así como los cambios en la cultura social y política de Bolivia alcanzados durante este proceso son innegables, como sucede en toda coyuntura política, tienden a ser efímeros y podrían tener regresiones cuando no se sustentan en implementaciones efectivas. Una prueba de ello no fueron solamente las normas regresivas del segundo gobierno de Evo Morales, con los decretos que flexibilizaron la Consulta Libre Previa e Informada para operaciones petroleras en territorios indígenas[12] y explotación de las mismas en áreas protegidas,[13] sino las aprobadas recientemente por el presidente Rodrigo Paz Pereira, en particular el Decreto Supremo 5.503, de fecha 17 de diciembre. Esta norma incluye un capítulo que, en pos del fomento de la inversión privada extranjera en el sector energético y de aprovechamiento de los recursos naturales, prácticamente deroga todo el título de la Constitución referido a medio ambiente, recursos naturales y tierra y territorio (arts. 342-403 CPE).
El decreto contiene, como medida principal, una reducción drástica de la subvención a los combustibles líquidos combinado con medidas de corte social para morigerar los efectos sobre la población supuestamente más vulnerable.[14] El efecto inmediato fue la desaparición casi total de las largas filas frente a las estaciones de servicio y el descenso a niveles muy bajos de la cotización de la moneda estadounidense en el mercado no oficial, tranquilizando la población, sobre todo a las clases con mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, conocida en detalle la norma, la Central Obrera Boliviana (COB) y amplios sectores de la sociedad, incluso el grueso de la población votante del binomio presidencial, rechazaron enfáticamente el Decreto Supremo 5.503, que tira por la borda varias conquistas sociales establecidas en la Constitución, como se decía. Para los Pueblos Indígenas son particularmente sensibles las formulaciones de los artículos que dan efecto legal con carácter vinculante, incluso por encima de las leyes sectoriales, a los contratos rubricados por el Estado sin aprobación legislativa como establece la CPE, referidos a inversiones consideradas “estratégicas”, como las operaciones mineras, hidrocarburíferas, la agroindustria y la infraestructura. (Art. 10). También los que prevén aprobación expedita de proyectos de inversión estratégica, denominado procedimiento “fast track”, y la protección frente cualquier medida o procedimiento administrativo considerado “tranca” para las inversiones relativas a tales actividades.[15] En este contexto, los derechos de los Pueblos Indígenas a la Consulta Libre Previa e Informada, así como otros al medio ambiente, se ejercen a través de procesos y protocolos administrativos; con estas disposiciones serían considerados “tranca” para el desarrollo y, por tanto, serían removidos.
En el momento en que se redactaba el presente informe se estaba organizando una protesta social con bloqueo de carreteras convocada por la COB y varias federaciones campesinas, sobre todo las del departamento de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, con el fin de solicitar la abrogación del Decreto Supremo 5.503.
Caso FONDIOC y detención del expresidente Luis Arce
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) fue creado por el Decreto Supremo 28571 del 22 de diciembre de 2005, aprobado por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a la sazón, predecesor de Evo Morales. Se trataba del desarrollo reglamentario de la Ley de Hidrocarburos n.o 3058 de 2005, cuyo artículo 57 establecía la asignación del 5 % del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la creación de un fondo que promueva el desarrollo autónomo de los Pueblos Indígenas.[16] Fue una de las grandes conquistas sociales, junto a la recuperación de la propiedad para el Estado de los hidrocarburos y el protagonismo de este en la gestión de dicho recurso estratégico, usurpados por las políticas privatizadoras de la década de 1990.
El FDPPIOYCC tenía una estructura mixta, compuesta por el gobierno nacional y los principales líderes de las organizaciones del área rural, que en ese momento eran el sujeto principal de transformación política e institucional, de extracción principalmente rural.[17] Como parte de los órganos estatales, que tenían en definitiva el poder último de decisión, estaban las cabezas de los ministerios de Desarrollo Rural, Participación Popular y de Economía y Hacienda.
Hasta 2025, el Fondo llegó a gestionar más de 3.100 proyectos por una cifra cercana a los 100 millones de dólares. En aquel año, la Contraloría General del Estado observó más de 30 proyectos “fantasma” por una cifra cercana a los 25 millones de dólares.[18]
Cuando estalló el escándalo, una de las principales acusadas fue la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, histórica líder campesina, quien fue involucrada en varios casos de ventas de tierras y en este en particular. El gobierno decidió modificar radicalmente el fondo, creando el FONDIOC, y quitando a las organizaciones indígenas y campesinas del directorio, responsabilizándolas por los malos manejos, al tiempo que lo vinculó directamente a las políticas municipales. Judicialmente, se excluyó a la ministra Achacollo del caso y, frente a la presión del gobierno, la investigación se direccionó hacia los dirigentes indígenas y técnicos contratados, desatando una persecución judicial que pasó por encima de todos los derechos al debido proceso y los derechos humanos fundamentales.[19]
En este caso estaba involucrado el expresidente Luis Arce, en tanto ministro de Hacienda y parte del directorio del FDPPIOYCC, quien fue responsable, aunque de manera colectiva, con los demás ministros de Estado que participaron en esta instancia. Sin embargo, como impacto directo de la victoria electoral del nuevo presidente Rodrigo Paz, Arce fue detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. Según sus seguidores, se trataría de una venganza política de los antiguos perseguidos políticos y judiciales hoy en el poder, aunque el actual presidente no ha tomado ninguna posición al respecto.
Victorias en la justicia ambiental en territorios indígenas
En 2025, las acciones de defensa y, sobre todo, las decisiones de la justicia agroambiental en Bolivia se hicieron muy evidentes y contundentes en favor de la preservación de los derechos de la ciudadanía y de los Pueblos Indígenas al territorio y al medio ambiente. Entre enero y septiembre, la justicia ambiental de Camiri, en el Chaco de Santa Cruz, y el Tribunal Agroambiental nacional dictaron una sentencia histórica referida al territorio y área de conservación guaraní Ñembi Guasu (gran refugio).[20] En enero, el Juzgado Agroambiental de Camiri pronunció la sentencia 01/2025 mediante la cual consolidó, como medida precautoria, la Pausa Ecológica. Esta medida consistió en la revocatoria de los permisos de desmonte y quema de bosques, la revisión —y en su caso también— la revocatoria de resoluciones de asentamientos humanos, así como restricciones en el acceso y uso de los recursos naturales en el mismo, poniendo un candado definitivo a los intentos de apropiación de esta área.[21]
Desde hace varios años, la actividad más importante de la Amazonía boliviana experimenta una traumática transición de una economía extractiva de frutos de bosque y de río por la explotación aurífera, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el Perú, en el Río Madre de Dios. En julio, los líderes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) presentaron una acción para denunciar la contaminación del río debido a la presencia de cientos de dragas para la explotación de oro.[22] El TIM II demandó el establecimiento de medidas para prevenir el daño ambiental del río Madre de Dios, a su ecosistema, a su integridad territorial, ambiental y sociocultural del territorio, frente a los impactos y amenazas de actividades mineras aluviales ilegales en la región, que amenaza directamente al río Madre de Dios, que nace en el Perú. El Tribunal Agroambiental, en su resolución de admisión de la acción, consideró al río Madre de Dios como “sujeto de derecho de interés colectivo”, tal como sucedió en el caso Ñembi Guasu, definiendo como medidas precautorias la paralización de actividades y la revisión de las resoluciones que amparan los derechos mineros, sobre todo aquellas que no cuenten con los procesos previos de consulta.[23]
Durante 2025, comunidades de la provincia Nor Lípez, departamento de Potosí, articuladas en la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), activaron un proceso de defensa jurídica frente a la negociación y aprobación de contratos estatales de explotación e industrialización del litio en el Salar de Uyuni,[24] sin procesos de Consulta Previa, Libre e Informada y sin salvaguardas ambientales suficientes.
El 12 de mayo de 2025, la CUPCONL presentó una Acción Popular en la que denunció la vulneración y amenaza de los derechos al territorio, a la libre determinación y autonomía, a la Consulta Previa, Libre e Informada, así como de los derechos de la Madre Tierra a la vida, al equilibrio ecológico, a la regeneración de sus ciclos y al agua, con énfasis en los sistemas hídricos del Salar.
En la primera audiencia, celebrada el 27 de mayo, la autoridad judicial concedió medidas cautelares, disponiendo la suspensión del tratamiento legislativo de los contratos, en coherencia con la naturaleza preventiva de la Acción Popular y con la obligación de impedir actos que puedan derivar en vulneraciones estructurales a derechos colectivos. No obstante, en la segunda audiencia, el 5 de junio, el Juzgado de Colcha K rehusó pronunciarse sobre el fondo del caso, sosteniendo que la Acción Popular no sería la vía idónea para cuestionar contratos ni exigir consulta previa, restringiendo de forma regresiva el alcance de este mecanismo constitucional.
Ante esta decisión, las comunidades, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, acudieron a la jurisdicción agroambiental. El 20 de agosto de 2025, el Juzgado Agroambiental de La Paz emitió una resolución favorable al disponer medidas cautelares. Entre sus principales determinaciones se ordenó la elaboración de informes técnico-científicos sobre la disponibilidad real de recursos naturales, particularmente aguas fósiles, en las áreas de influencia de los proyectos; se estableció que, antes de cualquier aprobación legislativa, debía garantizarse un proceso continuo, efectivo y culturalmente adecuado de Consulta Previa, Libre e Informada orientado al consentimiento de los territorios indígena originario campesinos de Nor Lípez y del sudoeste potosino; y se dispuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional solicite evaluaciones de impacto ambiental estratégico y convoque a instancias colegiadas para la consideración de los informes sobre explotación de recursos naturales estratégicos.[25]
Noveno gobierno indígena: Ch’alla, Cochabamba
La Nación Soras, departamento de Cochabamba, dio el paso más complejo en el largo camino de cumplir los requisitos legales para el acceso a la creación de su gobierno autónomo, como está establecido en la Constitución. El 7 de noviembre se promulgó la Ley n.o 1.689, que crea la Unidad Territorial “Territorio Indígena Originario Campesino Challa”. El territorio autónomo de Challa está ubicado en las provincias Tapacarí y Arque.
Las autoridades originarias de Challa habían iniciado las gestiones para constituirse en autonomía indígena en 2018, con la solicitud de los primeros requisitos para el acceso: el certificado de Condición de Territorio Ancestral y el Certificado de Viabilidad Gubernativa, los cuales recién fueron franqueados en enero 2020 por el Viceministerio de Autonomías.[26]
En el marco de su máxima instancia de decisión colectiva, nombraron un grupo de 45 asambleístas encargados de elaborar participativamente el Estatuto Autonómico, que tres años después sería aprobado por todo el territorio.
Los interminables pasos para el acceso a la autonomía marcaban que este documento sea presentado ante el Tribunal Constitucional para su previo control normativo, requisito para que entrase en vigencia. Sin embargo, uno de los escollos más grandes, como sucede con las autonomías indígenas que pretenden consolidarse sobre la jurisdicción de los territorios titulados como tierras colectivas, fue el trabajo técnico de delimitación de la nueva unidad territorial con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El caso particular de Challa se trata de tres ayllus de posesión ancestral regularizados en 12 territorios colectivos titulados por el Estado, ubicado, además, en la convergencia de límites departamentales y municipales en conflicto, que fueron por suerte resueltos oportunamente.[27] Challa es el noveno territorio que accede a la autonomía indígena, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Autonomías de 2010. Todavía esperan más de una veintena que se encuentran atrapados en la maraña de los requisitos burocráticos planteados por el Estado para retrasar el ejercicio de los derechos constitucionalizados.
Seminario internacional sobre mapeo cultural
Entre el 15 y el 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra el “Seminario Internacional sobre Prácticas de Mapeo Indígena”, organizado por IWGIA en colaboración con ORÉ como organización local. Se trató de un evento de gran relevancia para las organizaciones indígenas del país en tanto contó con la participación de líderes y expertos en mapeo, investigadores e instituciones de apoyo provenientes de América Latina, África, Asia y redes internacionales que utilizan el mapeo como herramienta de comunicación e incidencia.
El seminario permitió un rico intercambio de experiencias de mapeo en los diferentes países y territorios, destacando los usos e importancia que adquirieron para sus procesos de reivindicación y defensa territorial, así como para la planificación y gestión de los espacios conquistados, especialmente en la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. En este evento se han analizado también las nuevas amenazas que se ciernen sobre los territorios a raíz de los efectos del cambio climático y los proyectos de convertirlos en zonas de ocupación para la explotación extractivista de sus recursos naturales. A su vez, se abordó cómo la cartografía utilizada en clave política y social representa un arma fundamental para enfrentar este nuevo y preocupante contexto.
Leonardo Tamburini es Licenciado en Jurisprudencia por la Università degli Studi di Macerata (Italia) y Magíster en Derechos Indígenas y Desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz, Bolivia)
Actualmente, es director ejecutivo de Oré-Organización de Apoyo Legal y Social.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] Jorge “Tuto” Quiroga fue vicepresidente del General Hugo Bánzer Suárez entre 1997 y 2001, vuelto presidente a la muerte del primer mandatario hasta octubre 2002.
[2] Samuel Doria Medina es un empresario iniciado en el negocio del cemento que tiene hoy múltiples inversiones en Bolivia. Fue candidato en varias oportunidades a presidente, siendo asambleísta constituyente en 2006-2007. En los ’90, fue ministro de Economía del padre del actual presidente, Jaime Paz Zamora.
[3] Órgano Electoral Plurinacional del Estado de Bolivia (OEP). Publicación de resultados. Elecciones Generales 2025. La Paz, OEP, 26 de agosto de 2025. https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2025/08/30-08-2025-Separata-resultados-EG2025.pdf
[4] Órgano Electoral Plurinacional del Estado de Bolivia (OEP). Segunda vuelta electoral para la elección de presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025. La Paz, OEP. https://computo.oep.org.bo
[5] Fiscalía General del Estado de Bolivia. Orden de aprehensión contra Evo Morales sigue activa y también el mandamiento de arraigo. Fiscalía General del Estado de Bolivia, 6 de marzo de 2025. https://www.fiscalia.gob.bo/comunicacion/noticias/orden-de-aprehension-contra-evo-morales-sigue-activa-y-tambien-el-mandamiento-de-arraigo
[6] Rivera José Antonio. La inviable candidatura de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en 2025. Agenda de Estado de Derecho, 6 de mayo de 2025. https://agendaestadodederecho.com/la-inviable-candidatura-de-evo-morales-a-la-presidencia-de-bolivia-en-2025/
[7] EFE. “Morales creará un nuevo partido llamado ‘Evo Pueblo’ y desafía al oficialismo de Bolivia”. EFE, 31 de marzo de 2025. https://efe.com/mundo/2025-03-31/bolivia-nuevo-partido-evo-morales/
[8] Melissa Revollo. “PDC tiene mayoría en Asamblea, pero necesita alianzas para los dos tercios”. Opinión, 20 de octubre de 2025. https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pdc-tiene-mayoria-asamblea-necesita-alianzas-dos-tercios/20251020000100982071.html
[9] Felipe Llambías y Rafael Abuchaibe. “Ponen en libertad a Jeanine Áñez, la expresidenta interina de Bolivia que pasó casi 5 años en la cárcel”. BBC, 6 de noviembre de 2025.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9kgzxg19zo
[10] “Bolivia: líder opositor Luis Camacho sale de prisión”. DW, 29 de agosto de 2025. https://www.dw.com/es/bolivia-líder-opositor-luis-camacho-sale-de-prisión/a-73816382
[11] ANF. “14 días de bloqueos dejaron seis muertos, 200 detenidos, pérdidas económicas y la derrota de Evo Morales”. ANF, 15 de junio de 2025. https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/14-dias-de-bloqueos-dejaron-6-muertos-200-detenidos-perdidas-economicas-y-la-derrota-de-evo-morales
[12] Decreto Supremo 2.298 del 18 de marzo de 2015, modificatorio del Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas.
[13] Decreto Supremo 2.366 del 20 de mayo de 2015, que tiene por objeto “(…) establecer las medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio nacional, en el marco de su carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”. (Art. 1) Permitiendo el aprovechamiento de hidrocarburos en áreas protegidas.
[14] En concreto, la reducción se tradujo en el incremento de la gasolina especial en un 80 % y del diésel del 160 %, mientras que el aumento de los salarios se estableció en un 20 % en el empleo formal, que en Bolivia asciende al 10 % de la población económicamente activa, primando la informalidad y la precariedad laboral. https://inesad.edu.bo/dslm/2025/12/reduccion-de-subsidios-a-los-combustibles-en-bolivia-que-desafios-enfrenta-el-aumento-del-salario-minimo-subyacente/
[15] Una de las primeras consignas que acuñó el presidente Rodrigo Paz fue que llegaba a la primera magistratura para desmontar el “Estado tranca”, es decir, los entramados burocráticos que impiden que la inversión privada nacional y externa se comprometa con el desarrollo del país.
[16] Se trataba también de la implementación del Convenio 169 de la OIT referido a la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones sobre su desarrollo, así como la participación en los beneficios que reporten al Estado el aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios.
[17] Las organizaciones nacionales indígenas de las tierras altas (CONAMAQ), de las tierras bajas (CIDOB) y de las organizaciones campesinas de mujeres (Bartolina Sisa), mixta de varones (CSUTCB) y colonizadores, autoidentificados posteriormente como “interculturales” (CSCB). Era la expresión de la principal alianza política y social en el poder de esa primera coyuntura del denominado “Proceso de Cambio”.
[18] Daniela Romero. “El Fondo Indígena, el ente que originó uno de los mayores casos de corrupción en Bolivia”. Swiss Info, 11 de diciembre de 2025. https://www.swissinfo.ch/spa/el-fondo-indígena%2C-el-ente-que-originó-uno-de-los-mayores-casos-de-corrupción-en-bolivia/90623999
[19] El caso más emblemático fue el fallecimiento en la cárcel del director del FONDIOC, Marco Antonio Aramayo, quien fue el responsable de denunciar los desfalcos que se autorizaban desde el gobierno. Frente a las presentaciones de éste, fue encarcelado preventivamente durante más de nueve años y acusado en más de 256 causas penales que le inició el gobierno, una estrategia para tenerlo indefinidamente preso como represalia por haber hablado.
[20] Se trata de un Área de Conservación e Importancia Ecológica con una extensión de 1.207.850 hectáreas, ubicada en la zona transfronteriza con el Paraguay, que alberga bosques chaqueños y una gran cantidad de especies de fauna, fundamentalmente el jaguar, felino insignia de la zona del Chaco Boreal.
[21] Roberto Navia. “El bosque vence: la justicia consolida la protección al Ñembi Guasu y pone candado legal a su destrucción”. Revista Nómadas, 21 de noviembre de 2025. https://revistanomadas.com/el-bosque-vence-la-justicia-consolida-la-proteccion-al-nembi-guasu-y-pone-candado-legal-definitivo-a-su-destruccion/
[22] Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas – Bolivia (ODPIB). “Madre de Dios: El Tribunal Agroambiental ordena suspender minería ilegal y paralizar operaciones sin consulta previa”. ODPIB, 4 de diciembre de 2025.
https://odpib.org/seguimiento/madre-de-dios-el-tribunal-agroambiental-ordena-suspender-mineria-ilegal-y-paralizar-operaciones-sin-consulta-previa/
[23] Tribunal Agroambiental de Bolivia. Resolución n.° 12083. La Paz: Tribunal Agroambiental, 22 de octubre de 2025. https://arbol.tribunalagroambiental.bo/consultas/web/index.php?r=site%2Fvisorresoluciondoshtml&idresolucion=12083
[24] El Salar de Uyuni es un sitio natural único ubicado en los departamentos de Potosí y Oruro a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. Es considerado uno de los lugares turísticos más exóticos del planeta. Es el desierto de sal más extenso y alto del mundo, con una superficie de 10.582 km2.
[25] Monasterio, Fátima. Entrevista personal.
[26] Betzabé Saca Choque. “Victoria política para Challa: nueva entidad territorial autónoma de Bolivia”. Debates Indígenas, 1 de diciembre de 2025. https://debatesindigenas.org/2025/12/01/victoria-politica-para-challa-nueva-entidad-territorial-autonoma-de-bolivia/
[27] Con la aprobación de la Ley n.° 127/2024-2025, pudo subsanarse a tiempo la observación relativa al límite entre el Departamento de Oruro, Municipio Paria y el Departamento de Cochabamba, así como de los municipios de Tacopaya, Tapacarí y Bolívar, lo que permitió dar certeza territorial y continuidad al proceso de autonomía. Betsabé Saca Choque, cit. Debates Indígenas, 1 de diciembre de 2025.
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