El Mundo Indígena 2023: Bolivia

Escrito en 27 Marzo 2023. Publicado en Bolivia

Según el Censo Nacional de 2012, el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48 %. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla quechua (49,5 %) y aymara (40,6 %). En las Tierras Bajas, son mayoría los chiquitano (3,6 %), guaraní (2,5 %) y moxeño (1,4 %), que junto al 2,4 % restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos.

Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 25 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen, que representan el 23 % de la extensión total del país. Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de Derechos Humanos, es signataria del Convenio 169 de la OIT desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley N.° 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional en 2009.

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Avance del extractivismo en territorios indígenas y áreas protegidas

El sector minero, privado pequeño y mediano, ocupa una posición de privilegio en el bloque de poder gobernante a nivel nacional, lo cual le ha posibilitado un tratamiento normativo y/o de facto en el acceso a zonas para el desarrollo de la actividad en áreas protegidas y territorios indígenas de zonas no tradicionales como la Amazonía.

Según estudios recientes, solo en el río Madre de Dios operan más de 300 dragas para la explotación aurífera en los 172 km de recorrido en el Territorio Indígena Multiétnico II, utilizando mercurio en proporciones irracionales. Esta situación se origina a partir de la declaratoria de Madre de Dios como “reserva fiscal minera”, aprobada con el Decreto Supremo 3516/18. No obstante solo el 7 % de dichas operaciones son legales. Esta situación fue denunciada al Relator Especial sobre sustancias tóxicas de Naciones Unidas.^[1] A su vez, un reportaje^[2] hizo visible las denuncias sobre la existencia de múltiples dragas que explotan oro en los ríos Kaka y Beni en el Parque Nacional Madidi en el norte amazónico del departamento de La Paz, uno de los más megadiversos del mundo.^[3]

El impacto de esta actividad en las comunidades que viven y dependen de estos ríos, se refleja en la presencia de mercurio en los peces. A su vez, se manifiesta en la desaparición de los huevos de tortuga debido al efecto de los desechos que estas dragas dejan por la remoción para extraer el metal. En este caso, la explotación no cuenta con autorizaciones del Estado, ni mucho menos con procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

A mediados de octubre se produjo una masiva movilización en la ciudad de La Paz que protagonizó el sector minero privatizado, a través de la cual obtuvo la firma de un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Jurisdiccional Minera para viabilizar los trámites para la explotación aurífera en los parques Madidi, Apolobamba y Cotapata (La Paz). Sin embargo, los 18 pueblos indígenas de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) obtuvieron la anulación de tal convenio el 7 de noviembre con la firma de un acta con el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, impidiendo que se formalicen los trámites mineros de autorización.

En marzo, se conoció que la dirección del Área de Manejo Integrado San Marías estaba otorgando las autorizaciones para el ingreso de la empresa minera Mincruz S.R.L. para la explotación de tantalio dentro del territorio indígena Pantanal del pueblo Chiquitano. La empresa contaba con licencia ambiental otorgada en su momento, pero por las restricciones legales del área protegida nunca pudo iniciar operaciones. En el marco de una supuesta consulta que activó la empresa, una de las comunidades aceptó el inicio de operaciones. Sin embargo, inmediatamente después y fruto de la resistencia de otras comunidades asentadas en las cuencas bajas del Pantanal, así como por las denuncias de legisladores, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua revocó la licencia ambiental de la empresa.^[4]

Las denuncias sobre la explotación minera en Bolivia se hicieron visibles también con la llegada al país del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana,^[5] quien expuso la situación ante la Asamblea General en el marco del informe temático La Repercusión de las Sustancias Tóxicas en los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.^[6] El Relator informó que Bolivia se estaría convirtiendo en el centro para el tráfico ilícito de mercurio en la región amazónica. A su vez, detalló que la contaminación por mercurio afecta a los pueblos indígenas e instó al Estado dotarse de un plan de acción en el marco del Convenio de Minamata.^[7]

Autonomía indígena y conservación de bosques

En la Sub-Amazonía del Beni, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) viene recorriendo un largo y burocrático proceso de acceso a la autonomía, que ya lleva más de 12 años. En 2022, debía cumplirse supuestamente con uno de los últimos pasos para la puesta en vigencia del Estatuto que habilite la conformación del nuevo gobierno: la aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso bicameral) de una ley de Creación de Unidad Territorial. Recién en octubre se obtuvo la aprobación del Senado y se espera que para 2023 se promulgue la Ley de Creación Territorial.

En tanto el TIM viene adelantando acciones de planificación y gestión para un mayor control de los bienes comunes y biodiversidad que contiene su territorio. En este contexto y en el marco del Plan de Gestión definido por la Subcentral del TIM,^[8] se ha definido la declaratoria del Área Natural de Conservación Loma Santa, con tres categorías de manejo, que será gestionada por la Subcentral y posteriormente traspasada su administración al gobierno autónomo del TIM.

En el Chaco de Santa Cruz, el gobierno autónomo guaraní de Charagua Iyambae obtuvo del Tribunal Agroambiental la declaratoria de Pausa Ecológica en el Área de Conservación e Interés Ecológico Ñembi Guasu, como medida cautelar ante los asentamientos y chaqueos autorizados en favor de comunidades campesinas, en parte responsables de los grandes incendios provocados en los años 2019-2021.^[9] El Auto Agroambiental N.^o11/2022 reafirma, además, las competencias que  tiene la autonomía indígena como gobierno local en el marco del Estado Plurinacional, lo cual hace posible escenarios de diálogo constructivo entre autoridades y organizaciones sociales para la solución de los conflictos ambientales por los incendios que se vienen repitiendo sistemáticamente desde 2018.

No se tuvo el mismo resultado en el caso del conflicto desatado en la misma jurisdicción de Charagua Iyambae, en la zona del Bajo del Isoso, por la construcción clandestina de un puente sobre el río Parapetí a manos de una colonia menonita denominada Cuarirenda, delante de la comunidad guaraní del mismo nombre.^[10] La construcción del puente sin ninguna autorización del gobierno indígena ni de las autoridades ambientales competentes dividió a las organizaciones de Charagua: algunas comunidades avalaron su construcción^[11] y la realización de la colonia en una superficie de 14 mil hectáreas aproximadamente en los llamados Bañados del Isoso de gran fragilidad ambiental en tanto sitio RAMSAR,^[12] donde se proyectan perforar más de 100 pozos de agua.

Este conflicto refleja un tema no resuelto en el funcionamiento de las autonomías indígenas, que es el rol que seguirán manteniendo las organizaciones que representan a las comunidades en el marco de las nuevas estructuras autonómicas. En el caso guaraní, los liderazgos comunales continúan teniendo mayor legitimidad, incluso para imponer miradas de desarrollo o decisiones puntuales, en comparación a sus propios representantes en los órganos de poder del gobierno autónomo, haciendo que éste se debilite o entre en contradicción respecto a sus responsabilidades estatales. Cabe por tanto revisar el modelo actual de autonomías, donde los diferentes poderes debieran dialogar y articularse y no sobreponerse unos con otros, en el marco de una visión de Vivir Bien, que es el norte de esta construcción institucional.

Es importante también señalar que la declaratoria o creación de áreas de conservación, protegidas o con restricciones de parte de los territorios, viene siendo una importante estrategia de defensa frente a las decisiones estatales que vulneran los derechos indígenas y ponen en riesgo la estabilidad ambiental de sus bienes comunes. La creación del Área de Conservación Loma Santa del Territorio Indígena Multiétnico tiene precisamente el objetivo de resguardar jurídicamente áreas ambientalmente frágiles, así como los núcleos de reproducción de la biodiversidad, que son fundamentales para la prosecución de la vida en todo el territorio. La clave de estas áreas es responder a los objetivos histórico-reivindicativos de reconstitución territorial y estar bajo administración propia, recuperando y fortaleciendo sistemas propios de uso, control y acceso de sus espacios tradicionales.

Procesos internacionales

Organizado por IWGIA, la Organización de Apoyo Legal y Social (ORÉ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), se realizó, entre el 5 y el 7 de octubre, el Seminario Regional Derecho a la Autonomía y Justicia Indígena en Santa Cruz de la Sierra. El seminario abordó la justicia indígena desde la perspectiva del ejercicio a la libre determinación y la autonomía. En relación a las autonomías indígenas, el debate giró en torno a las dificultades que generan los Estados para su pleno acceso y ejercicio, pese a los importantes reconocimientos normativos nacionales, como los casos de Bolivia, Ecuador y en cierta medida Colombia. También, se debatió sobre los casos donde la inexistencia de marcos constitucionales o legales favorables ha impulsado a ciertos pueblos a la generación de procesos autonómicos propios —casos Perú y Chile—. Como hallazgos, en el caso de las justicias indígenas se destacó que persisten prácticas de negación estatal, subordinación, invisibilidad y superposición sobre sus sistemas de justicia, con excepciones de complementariedad y concurrencia con los principios del pluralismo jurídico reconocidos en algunas Constituciones. Finalmente, se concluyó que, si fortalecer estas justicias es una forma de fortalecer la autonomía y el derecho a la libre determinación, sería clave como pueblos indígenas dotarse de modelos de justicia menos reactivos y más educativos, como marcos preventivos de conflictos.

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos aprobó, el 22 de marzo, las observaciones finales al informe de Bolivia relativas al respeto de los derechos civiles y políticos en el país. Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, se recordó al Estado que debe celebrar consultas de buena fe, a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir en su modo de vida y/o su cultura. Además, se instó al Estado a redoblar sus esfuerzos para asegurar que no se adopte ninguna medida que pueda afectar a las áreas protegidas y territorios indígenas, así como para proteger a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, incluyendo la pronta reglamentación e implementación de la Ley 450 de 2013.^[13]   

Leonardo Tamburini es director Ejecutivo de ORÉ (Organización de Apoyo Legal y Social), abogado por la Università degli Studi di Macerata (Italia), exdirector del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS Bolivia) y asesor legal de la Autonomía Guaraní de Charagua Iyambae.

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Notas y referencias

^[1] CEJIS. Indígenas de la Amazonía norte denuncian la violación de sus derechos al Relator de sustancias tóxicas de las NNUU. Bolivia: CEJIS, 15 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.cejis.org/indigenas-de-la-amazonia-norte-denuncian-la-violacion-de-sus-derechos-al-relator-de-sustancias-toxicas-de-las-nnuu/

^[2] Gustavo Jiménez Gonzáles. “Madidi: dragas acechan uno de los parques más biodiversos del mundo”. Mongabay, 14 de mayo de 2020. Disponible en https://es.mongabay.com/2020/05/bolivia-dragas-en-el-parque-madidi/

^[3] En el Parque Nacional Madidi habitan 3.174 personas de los pueblos Tacana, Leco y Quechua, en 31 comunidades. El parque se sobrepone a los Territorios Indígena Originarios Campesinos (TIOC) Tacana I, Lecos de Apolo y Lecos de Larecaja. https://programs.wcs.org/identidadmadidi/MADIDI/CULTURAL-RELEVANCE.aspx

^[4] Juan Manuel Ijurko. “Revocan licencia ambiental a empresa minera que operaba en le ANMI San Matías”. El Deber, 7 de julio de 2022. Disponible en https://eldeber.com.bo/santa-cruz/revocan-licencia-ambiental-a-empresa-minera-que-operaba-en-el-anmi-san-matias_285321

^[5] Ver https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-toxics-and-human-rights

^[6] Ver https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/429/83/PDF/N2242983.pdf?OpenElement

^[7] Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Convenio de Minamata sobre el Mercurio. ONU, septiembre de 2019. Disponible en https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/2021-06/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-SP.pdf

^[8] ORE. Plan de Gestión y Control Autónomo de los Recursos Naturales y Biodiversidad del Territorio Indígena Multiétnico (TIM). IWGIA, 2022. Disponible en https://iwgia.org/es/recursos/publicaciones/4952-plan-de-gestión-y-control-autónomo-de-los-recursos-naturales-y-biodiversidad-del-territorio-ind%C3%ADgena-multiétnico-tim.html

^[9] Auto Agroambiental Plurinacional N. 11/2022. Bolivia, 9 de febrero de 2022. Disponible en https://arbol.tribunalagroambiental.bo/tujllaki/web/index.php?r=site%2Fvisorresoluciondoshtml&codresolucion=ANA-S1-0011-2022

^[10] Roberto Navia Gabriel. “El puente ‘clandestino’ de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iya”. Revista Nómadas, 26 de enero de 2022. Disponible en https://www.revistanomadas.com/el-puente-clandestino-de-los-menonitas-lleva-la-deforestacion-a-los-banados-de-isoso-y-amenaza-al-kaa-iya/

^[11] “Puente construido por menonitas tiene un aval con los comunarios”. Eju Tv, 4 de febrero de 2022. Disponible en https://eju.tv/2022/02/puente-construido-por-menonitas-tiene-un-aval-con-los-comunarios/

^[12] Se trata del humedal más extenso del país con 615.882 hectáreas y está dentro, en parte, del Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco, colindando con el TIOC Isoso del pueblo guaraní. Los Bañados del Isoso recogen el gran sistema de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Parapetí, que incluso penetra en el Chaco paraguayo. Está registrado bajo el código 1087-BOL 04 con fecha 17 de septiembre de 2001. Ver https://web.archive.org/web/20190605174730/http://www.redeschaco.org/index.php/sincategoria/253-el-rio-parapeti-y-los-banados-del-izozog

^[13] Documento CCPR/C/BOL/CO/4, original español, 2 de junio de 2022.

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