El Mundo Indígena 2021: Bolivia

Escrito en 18 Marzo 2021. Publicado en Bolivia

Según el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48%.^[1] De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5%) y Aymara (40,6%), que se auto-identifican con 16 nacionalidades. En las Tierras Bajas, son mayoría los Chiquitano (3,6%), Guaraní (2,5%) y Moxeño (1,4%), que junto al 2,4% restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que representan el 21% de la extensión total del país. Con la aprobación del decreto Nº 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). A su vez, Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de Derechos Humanos, es signataria del Convenio Nº 169 de la OIT desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley Nº 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado en 2009, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.

Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Gobierno transitorio de Jeanine Añez

La senadora Jeanine Añez accedió a la presidencia del Estado el 10 de noviembre de 2019 a consecuencia de la renuncia de Evo Morales ese mismo día. Ésta se vio forzada por la gran movilización nacional de 21 días de paro y los múltiples conflictos por las denuncias de fraude electoral relevadas por la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual recomendó la anulación de las elecciones de octubre y realización de nuevos comicios. Existe hasta hoy la posición dividida sobre lo sucedido con la salida del ex presidente: si se trató de un “golpe de Estado” lo que lo sacó del poder, o de una “insurrección popular” que había rechazado su candidatura por ilegal en tanto iba en contra del referéndum de 2016 que le había negado dicha posibilidad. Aunque lo que desató las movilizaciones fueron las irregularidades en el sistema de conteo rápido de las elecciones, identificadas por la propia misión de la OEA en una auditoría técnica independiente solicitada por el propio Morales. Añez asumió a partir de la renuncia sucesiva de Álvaro García Linera, vicepresidente, los presidentes de las cámaras legislativas y presidentes de las respectivas directivas que estaban en la línea sucesoria, recayendo la responsabilidad de ocupar la primera magistratura en la segunda vicepresidenta del Senado.^[2] Igualmente las cámaras legislativas se mantuvieron con las mayorías del MAS, partido que siguió controlando siete de las nueve gobernaciones y más de 200 de los 330 municipios bolivianos.^[3]

El nuevo gobierno intentó aplacar las protestas de los sectores afines a Evo a través de una violenta represión en las calles, la persecución judicial de las ex autoridades y comunicadores críticos de la situación. Esto se acompañó con una campaña mediática y de redes sociales que criminalizó al MAS y todo aquello que refiriera al “dictador”, en una estrategia muy parecida a las que practicaban gobiernos militares de antaño. Fueron detenidas más de 1.500 personas acusadas de “terrorismo” y en algunos casos por el sólo hecho de tener contacto con las ex autoridades. El caso más patético fue el de la representante legal de Evo Morales, la Dra. Patricia Hermosa, quien pese a estar en un avanzado estado de embarazo, fue detenida durante varios meses por pretender habilitar a su representado como candidato a senador por el departamento de Cochabamba.^[4] Las ex autoridades más buscadas se refugiaron en la embajada de México en La Paz, la misma que fue sitiada por sectores afines al nuevo gobierno, autoproclamados defensores de la “libertad”, a quienes hostigaron durante meses, igual que a otros en sus domicilios particulares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron esta política en comunicados e informes que hicieron posible la derogación de normas totalmente arbitrarias y fuera del marco constitucional, como aquellas que autorizaban el uso impune de las fuerzas armadas en conflictos sociales, así como de sanciones para quienes expresaran disenso respecto a la situación política nacional, con la excusa de combatir el COVID-19.^[5]

Del lado del MAS tampoco hubo nunca el reconocimiento de sus errores políticos que llevaron a la ciudadanía a movilizarse en noviembre de 2019. Por el contrario, se construyó un relato sobre una supuesta conspiración internacional digitada por EE.UU. que habría utilizado a la OEA para justificar el “golpe” y quedarse incluso con el litio boliviano, y poner al país de rodillas ante las transnacionales, donde los militares habrían tenido además una participación destacada.^[6] Esta postura daba al gobierno de transición permanentes motivos para agudizar la persecución, los ataques y la intimidación pública, generando una polarización que alimentó permanentemente la campaña electoral. 

Movilizaciones para la convocatoria a elecciones

Decretada la cuarentena rígida el 23 de marzo, las elecciones nacionales anuladas que debían realizarse en mayo debieron ser suspendidas en dos oportunidades. El nuevo Tribunal Supremo Electoral^[7] fijó finalmente fecha para el 18 de octubre, después de un bloqueo nacional de caminos que duró varios días y que puso en riesgo la provisión de oxígeno a los hospitales que se transporta por camión desde las plantas en el Oriente hacia los Andes. El conflicto se extendió por varios días y si bien se lo pretendió visibilizar desde el Gobierno como una medida criminal digitada desde Buenos Aires, donde estaba exiliado Evo Morales, el bloqueo se trató de una acción prácticamente autónoma e incluso en contra de los mandatos del líder desterrado, quien hizo también gestiones sin éxito para desactivarlos.

Este conflicto deterioró la imagen de un gobierno ilegítimo, que manejaba hasta ese momento muy mal la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Sus únicos argumentos frente a la crisis política era la demonización de Evo Morales y la represión violenta, que fue controlada por la permanente impugnación pública a sus acciones de un importante sector de la sociedad y la acción denodada de los organismos internacionales y países amigos garantes de la pacificación.

El COVID-19 y los pueblos indígenas

La pandemia fue administrada por el gobierno de Añez como si en Bolivia no existiesen los pueblos indígenas.^[8] Después de más de 100 días de decretada la cuarentena recién se conoció un documento de estrategia específico para población indígena, hecho público por el Viceministro de Salud, que fue destituido a los pocos días. El gobierno transitorio aprobó dos bonos específicos para paliar la crisis económica generada por la pandemia -Bono Canasta Familias y el Bono Familia-,^[9] que en las poblaciones intermedias donde se realizaron los cobros provocaron grandes aglomeraciones de población indígena que terminó contagiándose y llevando el virus a sus comunidades. Lo mismo sucedió con la distribución de los medicamentos contra el COVID-19, quienes llegaron a las comunidades (funcionarios o soldados) muchas veces fueron los vectores con los que contagiaron a comunidades enteras, echando por tierra los esfuerzos de las organizaciones en aislarse de la enfermedad.

Hubo varios documentos y presentaciones dirigidos al Estado de parte de las organizaciones indígenas para que adopte medidas culturalmente adecuadas al carácter plurinacional de la sociedad boliviana, pero no hubo respuestas de ningún tipo. Por su parte, los pueblos indígenas junto a las instituciones de apoyo tomaron una serie de medidas propias para resguardarse. Se realizaron varias campañas de apoyo para dotar las postas sanitarias con los medicamentos útiles, se realizaron cartillas sobre protocolos de salud preventiva^[10] así como raids de ayuda humanitaria en territorios que se declararon en emergencia.

Las organizaciones tomaron como principal medida de autoprotección la prohibición de ingreso y egreso de sus comunidades, así como la incorporación al protocolo de prevención de sus medicinas tradicionales y el conocimiento sobre sus efectos para reforzar anticuerpos y las defensas inmunológicas de sus compañeros. Estas acciones fueron las medidas más autónomas que adoptaron los pueblos indígenas, las cuales no necesitaron de asesorías externas, consejos u orientaciones de la medicina “oficial”.^[11]

Elecciones de octubre y retorno del MAS

Contra todo pronóstico, o al menos de quienes creían que la caída de Evo Morales sumiría en una profunda crisis al MAS y que en mucho tiempo no volvería al poder, una administración corrupta y represiva del Estado de parte de quienes se ofrecían como la alternativa nunca lograron llamar la atención del electorado boliviano. Quienes se ofrecían como alternativa de centro, como el ex presidente Carlos Mesa, fue estratégicamente atacado despiadadamente de uno y otro lado del campo político, hecho que redundó en el crecimiento del MAS y el achicamiento de sus posibilidades, así como de la extrema derecha representada por el líder cívico Luis Fernando Camacho. Teniendo como única propuesta el no retorno del “dictador” y cargando con los errores del gobierno transitorio, las opciones políticas contrarias al MAS, nunca pudieron remontar en las encuestas. La fórmula Lucho-David obtuvo el 55.1%, Mesa 28.3% y Camacho 14%. La explicación de semejante votación para el MAS después de un año fuera del poder, sus líderes perseguidos, el sistemático escarnio e intimidación pública por redes, tienen una primera respuesta precisamente en estos elementos: el desconocer la composición étnico/cultural de este país, donde más del 80% tiene  ascendencia indígena o popular que sintió, pese a las justificadas críticas por los abusos cometidos por Evo Morales, que esa minoría blanco/mestiza no contaba con la legitimidad para atropellar contra los derechos conquistados, sobre todo el primero: la dignidad de ser indígena, que se vio agraviada sistemáticamente por una campaña opositora que rayó muchas veces en el racismo más recalcitrante. El segundo elemento tuvo que ver con la imposibilidad de los candidatos que competían contra el MAS de poder despegarse del gobierno transitorio, por tanto, terminaron absorbiendo su catastrófica gestión. Tercero, y asociado a lo anterior, nunca pudieron posicionar una propuesta electoral que vaya más allá de la crítica al gobierno de los 14 años de Evo Morales, pese a que tampoco el MAS mostró durante la campaña nada novedoso respecto a lo hecho en el pasado.

En la ceremonia de toma de posesión de mando, el mensaje del vicepresidente David Choquehuanca tuvo un amplio impacto en el campo político, no solo por su contenido profundo y conciliador, sino por su emisor: el líder aymara más legítimo entre los pueblos indígenas y la intelectualidad urbana, la cual se había alejado del MAS cuando comenzaron a prevalecer las posiciones sectarias dentro del movimiento. El vicepresidente reivindicó el inicio de un nuevo amanecer, un nuevo pachacutik: “Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituye al individualismo egoísta. … Estamos en tiempos de volver a ser Jiwasa, no soy yo, somos nosotros.”

También resaltó que después de todo, los indígenas están vivos y siguen siendo la referencia para la construcción de una sociedad más justa, solidaria e incluyente. Sobre todo, este último aspecto fue una bocanada de aire fresco que ayudó a relajar, al menos por un tiempo, la tensionada sociedad boliviana, temerosa también que la vuelta del MAS al poder pudiera significar el inicio de un nuevo ciclo de polarización y revanchismo, el cual pese a los deseos de la actual oposición política, no se registran.

Situación de los territorios indígenas

Este año volvieron a reeditarse, igual que el año pasado, los voraces incendios forestales en la región del oriente del país. Se registraron 7.144 focos de calor en 48 territorios indígenas.^[12] Esta nueva situación de desastre se sumó a la pandemia, que puso a varios pueblos indígenas en crisis. Tal es el caso del pueblo Ayoreo, que generó una migración importante de sus territorios titulados, tal como se lo pudo relevar.^[13] De igual modo el impacto sobre las familias en estado de aislamiento voluntario en la región del Chaco, en la jurisdicción de Charagua Iyambae, donde se está proponiendo replantear las áreas identificadas para la protección de estos grupos, dada la destrucción casi total de los bosques que ocupaban.

El nuevo ciclo de incendios puso en discusión la verdadera voluntad del Estado en preservar sus bosques naturales e impulsar verdaderas políticas de conservación y uso responsable de los recursos naturales. En ese contexto, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó un conjunto de normas en dirección a abrir definitivamente las puertas a los cultivos transgénicos, como la adopción del D.S. 4232/20 con el que se autorizaron semillas de maíz, caña de azúcar, algodón y trigo genéticamente modificados. Contra este panorama, la Nación guaraní y otros activistas defensores del medio ambiente plantearon una Acción Popular. El actual gobierno ha abierto la posibilidad de derogar el decreto impugnado, en el marco de una discusión técnica y de políticas de desarrollo agropecuario.

Avances en los trámites de acceso a la AIOC

En la medida que fueron flexibilizando las medidas de la cuarentena, se reactivó la agenda para el acceso a la autonomía indígena de los territorios que estaban en carrera. La conformación de gobiernos indígenas autónomos en municipios y territorios indígenas es un derecho establecido en la Constitución de 2009. El procedimiento de acceso a la autonomía está regulado por la misma Constitución y la Ley Marco de Autonomías con una serie de interminables etapas que obligan a los pueblos a transitar por los cuatro poderes del Estado antes de elegir válidamente a sus autoridades y poner en marcha sus propios gobiernos. Hasta la fecha de 36 trámites de autonomías sólo tres han logrado conformar autonomía indígena, los otros o fueron suspendidos por conflictos internos o están cumpliendo las más de 12 etapas que supone el procedimiento de acceso. La mayoría de los procesos de autonomía indígena se ubican en las tierras altas. De las 33 autonomías en trámite, sólo nueve están ubicadas en las tierras bajas, entre ellas el Territorio Indígena Multiétnico (TIM I) del Beni, el Territorio de la Nación Monkox de Lomerío de Santa Cruz y el Territorio del pueblo Kabineño, que son acompañados por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS.

Actualmente el TIM y Lomerío se encuentran en las gestiones finales para refrendar en sus jurisdicciones los estatutos autonómicos para poder conformar gobierno, último paso de acceso a la autonomía indígena. Se espera que durante en los próximos meses estos dos territorios ingresen a la autonomía definitivamente, pese a los impasses burocráticos que el Estado les está presentando.  

Leonardo Tamburini es Director Ejecutivo de ORÉ (Organización de Apoyo Legal y Social), abogado por la Università degli Studi di Macerata (Italia), ex Director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)de Bolivia y asesor legal de la Autonomía Guaraní de Charagua  Iyambae.

Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

^[1] INE 2017, sobre consulta para el Navegador Indígena –Bolivia.

^[2] Esta sucesión fue avalada por el del Tribunal Constitucional amparados en el fallo 0003/01.

^[3] Esta particular situación político/institucional abona la tesis que el gobierno transitorio de Añez estuvo lejos de ser una “dictadura”, pese a su autoritaria forma de gobernar.

^[4] Incluso estando detenida se privó a los diputados visitarla para corroborar su estado de salud en la cárcel.

Pagina siete “Impiden que comisión de diputados visite a Patricia Hermosa” 16 de junio de 2020.

 https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/16/impiden-que-comision-de-diputados-visite-patricia-hermosa-258559.html?fbclid=IwAR1_6PCDnnh0BiuiNjmRvQq0iE9TGkAS35EkGlOxV0fKyd-f1VIvq9xzOro 

^[5] La CIDH y varios organismos impugnaron públicamente la adopción del D.S. 4078/20 del 14 de noviembre que autorizaba a la fuerza pública a intervenir en conflictos dejándolos impunes respecto a los excesos que pudieran cometer (Art. 3).  El gobierno abrogó dicha norma 14 días después. A través del D.S. 4231/20 el gobierno se había dado la atribución de perseguir y castigar a quienes difundieran noticias que causaran “zozobra” en la población lesionando el derecho de libertad de expresión.

Los Tiempos. 13 de mayo de 2020. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200513/derechos-humanos-onu-pide-modificar-ds-4231-no-criminalizar-libertad?fbclid=IwAR36_cXI9wFhjwAiSw6Q57Iu71GPxcOm1UyZLWhGWA5_30y1wlUsneBLJow#

^[6] Evo Morales aprobó el D.S. 2310/19 con el que se facultaba a negociar el litio del Salar de Uyuni, principal sitio turístico de Bolivia, entregando a una desconocida empresa alemana. Esto motivó el inicio de las movilizaciones en Potosí antes incluso de las elecciones, en tanto se dejaba a este departamento sin regalías y posibilidades de generación de trabajo para sus habitantes, en violación expresa a la Constitución. Finalmente, Evo derogó el decreto como una forma de aplacar las movilizaciones.

DW. “Evo Morales deroga el decreto de empresa mixta de litio con una firma alemana.”

 https://www.dw.com/es/evo-morales-deroga-el-decreto-de-empresa-mixta-de-litio-con-una-firma-alemana/a-51100894 

^[7] Debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que administró las elecciones de 2019, fue cesado por las graves denuncias de haber sido parte de las irregularidades relevadas por la OEA, incluso después detenidos bajo esa acusación, el TSE fue recompuesto con sus siete miembros elegidos a partir de ternas de “notables” propuestos por las diferentes fuerzas políticas, incluido el MAS. El del TSE fue designado directamente por la presidenta Añez, el Dr. Salvador Romero Ballivián, prestigioso profesional del derecho, otros dos vocales provienen de sectores afines al MAS y los otros dos de sectores críticos a la gestión de Evo Morales.

^[8] Vargas Delgado, Miguel. “Entre el abandono y el etnocidio: pueblos indígenas y COVID-10 en Bolivia.” Debates Indígenas, 1 de julio de 2020. https://www.debatesindigenas.org/notas/55-abandono-etnocidio.html

^[9] Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “En todo el país se realizaron 8 millones de pagos en bonos sociales.” 2 de junio de 2020. https://www.economiayfinanzas.gob.bo/en-todo-el-pais-se-realizaron-8-millones-de-pagos-en-bonos-sociales.html

^[10] CEJIS. “Cartilla de medidas básicas de bioseguridad frente al COVID-19 para las comunidades del TIM I, Beni.” 28 de diciembre de 2020. https://www.cejis.org/cartilla-de-medidas-basicas-de-bioseguridad-frente-al-covid-19-para-las-comunidades-del-tim-i-beni/

^[11] Monasterio Mercado, Fátima. “Remedios del monte: indígenas amazónicos de Bolivia lanzan un recetario de medicinas ancestrales”. Debates Indígenas, 11 de mayo de 2020. https://www.debatesindigenas.org/notas/45-remedios-del-monte.html

^[12] CEJIS. “Reporte de focos de calor acumulados entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020.” 14 de diciembre de 2020. https://www.cejis.org/reporte-de-focos-de-calor-acumulados-entre-el-1-y-el-30-de-noviembre-de-2020/

^[13] ORÉ Bolivia.  “Recuperación del hábitat del pueblo ayoreo después de los incendios en la región de la Chiquitanía y el Chaco.” 2020, WWF Bolivia, Santa Cruz de la Sierra.

Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos