El Mundo Indígena 2022: Bangladesh
Bangladesh es un país cultural y étnicamente diverso, con más de 54 pueblos indígenas que hablan por lo menos 35 lenguas, y que cohabitan junto con la población bengalí mayoritaria. De acuerdo con el censo de 2011, la población indígena del país alcanza alrededor de 1.586.141 habitantes[1], lo que representa el 1.8 % de la población total. Sin embargo, los pueblos indígenas en el país afirman que su población se encuentra alrededor de los 5 millones[2]. La mayoría de la población indígena vive en los distritos de la llanura del país[3], y el resto en la región de las Colinas de Chittagong (CC).
El Estado no reconoce a los pueblos indígenas como “indígenas” propiamente. Sin embargo, desde la 15ava enmienda a la constitución, adoptada en 2011, ahora la carta magna incluye la mención de pueblos con identidades étnicas distintas a la de la población bengalí[4]. En esta mención solo se hace referencia a los aspectos culturales de dichos pueblos, mientras que las grandes cuestiones relacionadas a los derechos económicos y políticos de los pueblos indígenas, sin siquiera hablar de sus derechos sobre la tierra, permanecen ignoradas.
El Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts de 1997 fue un acuerdo constructivo entre los pueblos indígenas y el Gobierno de Bangladesh para alcanzar una resolución sobre cuestiones clave y puntos contenciosos entre ambas partes. El acuerdo estableció un sistema administrativo especial en la región. Veinticuatro años después, las principales cuestiones del acuerdo siguen sin resolverse, incluyendo la operativización de la Comisión de Tierras de las CC, la orquestación de la devolución de poderes y funciones a las instituciones de las CC, la preservación de las características de área “tribal” de la región, así como la desmilitarización y la rehabilitación de las personas desplazadas internas.
Mujeres indígenas en Bangladesh
Las mujeres y las niñas indígenas continúan ocupando una posición de subordinación en los espacios socio-económico-políticos de Bangladesh cuando se les contrasta con los hombres indígenas, así como cuando se les compara con sus otras contrapartes nacionales. Su posición de desventaja está caracterizada por varias formas de violencia, discriminación y marginalización atribuidas a las múltiples cargas implicadas por su género, etnicidad, y condiciones socioeconómicas desfavorables. Mientras que las normas patriarcales prevalentes en la sociedad limitan sus espacios cotidianos de libertad, también enfrentan una discriminación sistemática dentro del marco legal del país[5]. Por lo tanto, las mujeres y las niñas indígenas han sido empujadas a una atmósfera sofocante en la que la discriminación y la violencia son rutinarias y sistemáticas. A lo largo de las décadas recientes, las mujeres indígenas han demostrado su fuerte resiliencia a través de su lucha vehemente por romper con las barreras impuestas por la sociedad y el Estado. Un número creciente de mujeres indígenas ha asumido roles de liderazgo en distintas plataformas activistas y de la sociedad civil (tanto indígenas como no indígenas), incluyendo instituciones tradicionales indígenas, y han estado cada vez más activas como políticas y burócratas. Si bien estos desarrollos están lejos de ser suficientes para modificar la situación general que enfrentan las mujeres y niñas indígenas del país, estos cambios han sido críticos en generar una mayor concientización sobre las difíciles experiencias de vida de este sector.
Violencia contra las mujeres y las niñas indígenas
La violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se ha mantenido como un tema de preocupación continua en la región de las llanuras, así como en las Colinas de Chittagong. A pesar de leyes y políticas públicas como la Ley de Prevención de la Represión de la Violencia Ejercida contra Mujeres y Niños (también conocida como Ley para la Supresión de la Violencia contra las Mujeres y los Niños) del 2000, la Ley de (prevención y protección contra) la Violencia Doméstica de 2010, y el Plan de Acción Nacional para prevenir la violencia contra las mujeres y los niños (2013-2025), que han estado en vigor durante años, la Kapaeeng Foundation, una organización de derechos humanos con sede en Bangladesh, documentó 42 casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas en 2021[6]. Si bien es probable que el número de casos reales sea aún mayor, sabemos con certeza que 46 mujeres y niñas indígenas fueron agredidas física o sexualmente en los casos antes mencionados. De estos casos reportados, cuatro de las víctimas fueron asesinadas o asesinadas tras ser violadas, 22 fueron violadas, 12 sobrevivieron a intentos de violación, y ocho fueron secuestradas o experimentaron acoso físico/sexual. Lo que es especialmente alarmante es que alrededor de la mitad de aquellas que sufrieron esta violencia eran menores de edad y con discapacidades físicas y mentales. Mientras que todos los presuntos perpetradores eran hombres de distintos contextos, la respuesta de las autoridades estatales hacia estos casos fue mixta. Un 60 % de los presuntos perpetradores nunca fue arrestado, mientras que el resto fue procesado a través del sistema de justicia. Por lo tanto, el papel de las autoridades estatales en proveer justicia para las mujeres y niñas indígenas sobrevivientes de abuso estuvo lejos de ser satisfactorio.
Recurso de casación contra la CHT Regulation de 1900
Unos cuantos individuos de origen desconocido han interpuesto dos peticiones de revisiones civiles ante la División de Apelaciones de la Suprema Corte de Bangladesh refiriéndose, con lo que parecen ser segundas intenciones y un claro estilo conspiratorio, a dos casos en particular –Wagachara Tea Estate Ltd. vs. Abu Taher & Others, 36 BLD (AD) (2016), 36, y Government of Bangladesh vs. Rangamati Food Products Ltd. & Others, CLR (AD) (2017), 197–.
Como otras regulaciones especiales promulgadas por el gobierno colonial británico que aplican a las áreas indígenas y tribales en Pakistán, India y Birmania (Myanmar), tales como la Chin Hills Regulation de 1986 y la Inner Line Regulation de 1987, la CHT Regulation de 1900 garantiza, entre otras cosas, un autogobierno limitado a través de las instituciones indígenas tradicionales y una forma de pluralismo legal en el que las leyes, las convenciones, y los usos y costumbres consuetudinarios gozan de un estatus elevado y especial. El 7 de enero de 1900, el entonces gobierno británico promulgó esta regulación para la región de las CC. Una vez que Bangladesh obtuvo su independencia en 1971, como sucedió con muchas otras leyes previas a la independencia, la CHT Regulation de 1900 continuó siendo aceptada como válida por el gobierno y por las cortes superiores del país hasta el 2003.
En 2003, durante el régimen del Partido Nacionalista de Bangladesh (PNB), de centroderecha, y en respuesta a los suplicios del entonces fiscal general de Bangladesh, la Sala Superior de la Suprema Corte declaró a la CHT Regulation de 1900 como “ley muerta” en el caso de Rangamati Food Products Ltd. vs. Commissioner of Customs and Others, BLC (2005), 525. Sin embargo, en 2016, cuando el gobierno de centro dirigido por la Liga Awami estuvo en el poder, el entonces fiscal general interpuso un recurso de casación ante la División de Apelaciones contra la sentencia de la “ley muerta”. En concordancia, la División de Apelaciones de la Suprema Corte de Bangladesh declaró a la CHT Regulation de 1900 como válida y efectiva[7]. Más aún, la validez del sistema legal especial de las CC, junto con la validez del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas de la región, fueron fuertemente ratificadas por la División de Apelaciones.
El 24 de noviembre de 2021, 27 líderes de la sociedad civil de Bangladesh emitieron un fuerte llamado al gobierno a defender la CHT Regulation de 1900 en la Suprema Corte de Bangladesh mediante un pronunciamiento público[8]. En el pronunciamiento, argumentaron que declarar a la CHT Regulation de 1900 como “ley muerta”, o hacer que la ley sea derogada, era fundamentalmente inconsistente con el contenido y espíritu del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts de 1997. En apoyo a su argumento, también se refirieron al Convenio N.º 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales, ratificado por Bangladesh en 1972.
Si el máximo tribunal del país dicta sentencia contra la validez de la CHT Regulation de 1900, de manera plena o sustantiva, esto profundizará la marginalización de los pueblos indígenas de las CC y traerá inestabilidad a esta región. También debilitará el carácter secular, no comunal y multicultural del espíritu nacional.
Directiva de la División de las Fuerzas Armadas de detener el cultivo de la cúrcuma/jengibre en las colinas
La División de las Fuerzas Armadas del Gabinete del Primer Ministro ha ordenado que se tomen medidas inmediatas para incrementar la vigilancia estricta y disuadir el cultivo de cúrcuma y jengibre en las zonas altas de las Colinas de Chittagong.
La directiva fue emitida el 29 de agosto de 2021 por el oficial mayor de personal de la División de las Fuerzas Armadas y reglamentaba “la cuestión de la destrucción de la biodiversidad y el equilibrio natural en las zonas montañosas mediante incendios provocados para el cultivo comercial jhum (de cúrcuma/jengibre)”. Las secretarías del Ministerio de Asuntos relativos a las Colinas de Chittagong y del Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, fueron instruidos de tomar dicha acción[9].
La directiva enuncia:
Tradicionalmente, cada año, en la temporada seca, los pobladores de las comunidades montañosas en las colinas preparan la tierra para la cosecha mediante la provocación de incendios en las colinas como parte del cultivo “jhum”. De este modo, dichas comunidades preservan su modo de vida tradicional, lo cual solía ser una cuestión casual. Sin embargo, con la introducción de la agricultura jhum a gran escala para fines comerciales, se ha generado un efecto adverso extremo y duradero sobre la biodiversidad y la naturaleza en las zonas altas.
Cuatro descripciones del tema y cuatro opiniones/recomendaciones fueron incluidas en la directiva.
La directiva fue altamente criticada por los líderes indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. Los líderes comunitarios piensan que la directiva va en contra del interés público, y que expresa una actitud de odio y de racismo hacia el pueblo Jumma de las CC. La gente de las colinas ha sido culpada por los efectos adversos extremos y duraderos sobre la biodiversidad y la naturaleza en las zonas altas, ignorando todas las otras causas subyacentes de estos efectos. La directiva representa una amenaza para los pueblos indígenas que practican su oficio tradicional –el cultivo jhum– en las colinas, donde siembran cúrcuma y jengibre, entre otros cultivos. La agencia gubernamental que emitió la directiva debió haber abierto un diálogo constructivo con los líderes e instituciones indígenas que representan a la población indígena y local antes de emitir la polémica directiva. También debieron haber consultado con expertos y miembros de la academia para asegurar que existe evidencia científica en favor de su aseveración. Nada de esto ocurrió.
La implementación de esta directiva afectará seriamente a las mujeres indígenas, dado que mucha de la mano de obra requerida para cosechar estos cultivos es generalmente provista por ellas. El rol de las mujeres indígenas en la reproducción agrícola en las CC es crítico dado que, además de atender sus propias tierras, muchas mujeres indígenas trabajan para agricultores vecinos (más acaudalados) como asalariadas con el fin de aumentar su ingreso familiar. Más aún, las mujeres indígenas están activas en la venta de cosechas agrícolas en los bazares locales (mercados) en los días de bazar semanales o bi-semanales. Por lo tanto, la implementación de esta directiva representará una amenaza al papel de las mujeres indígenas como actores económicos clave, un rasgo común de las economías indígenas de las CC.
Manifestación contra la construcción de un lago artificial mediante la ocupación de las tierras de los pueblos indígenas en Madhupur
El Departamento de Bosques planea establecer una atracción turística mediante la construcción de un lago en la tierra del pueblo Garo en el bosque de Madhupur bajo el distrito Tangail. Las personas indígenas que habitan en Madhupur descubrieron, mediante fuentes confiables, que con el fin de proveer entretenimiento para los turistas, el Departamento de Bosques había decidido excavar un lago artificial en las tres áreas de cultivo de los pueblos indígenas, en el sitio llamado Amtali de Pirgacha Mouza de la Unión de Sholakuri N.º 11, cerca de los poblados de Chunia, Pegamari, Pirgacha, Sainmari, Bhutia y Thanarbaid, habitados por los pueblos indígenas Garo, Koch y Barman. Subsecuentemente, un ministro y un miembro del parlamento del área local confirmaron estos hechos en sus declaraciones en un acto público[10].
Las organizaciones de pueblos indígenas locales han protestado contra el plan de construir el lago artificial mediante la ocupación de tierras de cultivo de los pueblos indígenas en Madhupur de Tangail. Han dicho que no desean el desarrollo en el nombre del turismo, dado que destruirá la vida y el sustento de los pueblos indígenas, así como el medio ambiente natural. Consideran que, si el proyecto es implementado, tendrá impactos negativos sobre el bosque y medio ambiente natural, así como efectos adversos sobre la vida económica y social de los pueblos indígenas que habitan alrededor del área proyectada para el lago[11].
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para tratar la situación de las desapariciones forzadas
Mediante un reporte (A/HRC/WGEID/125/1) actualizado el 6 de diciembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación respecto a la situación de desapariciones forzadas en Bangladesh[12]. Este reporte fue preparado después de la 125ava sesión del Grupo de Trabajo sostenida entre el 20 y el 29 de septiembre de 2021. En su sesión, el Grupo de Trabajo adoptó y revisó dos acusaciones hechas en contra de Bangladesh y Honduras. En la acusación contra Bangladesh, el Grupo de Trabajo alega que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como las fuerzas de inteligencia y de seguridad, hacen uso frecuente y continuo de las desapariciones forzadas como herramienta para atacar opositores políticos y otros disidentes del gobierno. El Grupo de Trabajo ha recibido información concerniente a las presuntas violaciones y obstáculos relacionados con la implementación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en Bangladesh, incluyendo la desaparición forzada de cerca de 600 personas por las fuerzas de seguridad desde 2009. El reporte afirma que distintas herramientas de vigilancia son utilizadas por el Estado para cometer estas desapariciones forzadas, mientras que los familiares de las personas desaparecidas son amenazados para no emprender investigaciones, y los oficiales de policía, según se dice, se rehúsan a registrar denuncias relativas a este tipo de casos.
Resulta notable que las desapariciones forzadas han permanecido como un tema de preocupación pública en Bangladesh durante los últimos años. Si bien no existen datos desglosados o una mención específica de los pueblos indígenas, este reporte del Grupo de Trabajo es de especial relevancia para los activistas que promueven los derechos de los pueblos indígenas en las CC de Bangladesh. Según se informa, cientos de activistas y afiliados de los partidos políticos PCJSS y UPDF han estado huyendo de las autoridades estatales debido al miedo a las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la detención, particularmente desde 2017. Si bien ha habido acusaciones de múltiples casos de desapariciones forzadas de activistas del PCJSS y el UPDF durante este periodo, el caso de Michael Chakma, un líder del UPDF, resulta notable en este respecto. Chakma fue presuntamente desaparecido el 9 de abril de 2019 por fuerzas estatales, y su paradero actualmente es desconocido[13]. Un vocero del PCJSS afirmó que en un operativo de las fuerzas estatales en 2020, 50 personas indígenas, incluyendo activistas, habían sido arbitrariamente arrestadas, mientras que 49 habían sido detenidas por un breve periodo de tiempo. El vocero del PCJSS también asevera que 503 personas indígenas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales en 2021. Entre ellas, 55 de las víctimas fueron arrestadas arbitrariamente, mientras que 60 fueron víctimas de cargos falsos formulados en contra. La documentación del UPDF ofrece un número ligeramente diferente, afirmando que el número de personas arrestadas arbitrariamente fue 148. Según esta documentación, 34 de las víctimas eran activistas/afiliados del PCJSS y el UPDF.
Hotel de cinco estrellas en la tierra del pueblo Mro: actualización
Pobladores de ocho aldeas mro de la cordillera de Chimbuk en el distrito Bandarban pasaron el año entre el miedo, la desesperación y la incertidumbre, mientras su tierra ancestral permanecía vallada. La tierra del pueblo Mro, equivalente a ocho hectáreas, fue anunciada como el sitio para la construcción de un resort Marriot de lujo de cinco estrellas en septiembre de 2020, violando las leyes existentes y sin haber obtenido ningún consentimiento previo, libre e informado de estos pobladores indígenas. Esta tierra, que se encuentra indisolublemente conectada a la subsistencia e identidad de los pobladores mro, se ha convertido en un área restringida desde entonces, en tanto ha sido acordonada debido al patrullaje rutinario del ejército. Los pobladores afectados temen que el proyecto del resort afectaría particularmente a las mujeres mro en el desempeño de sus actividades cotidianas de subsistencia y las tareas del hogar. Temen que el riesgo de violencia sexual por parte de los foráneos se vea aumentado como consecuencia de este resort: “Muchas personas vendrán del exterior y no respetarán a nuestras mujeres, a veces harán cosas malas. No tenemos a las autoridades para ayudarnos con esto. Quiero decir, no hacen nada (…). Así que ellas [las mujeres] deciden permanecer calladas”[14]. El anuncio de este proyecto de resort de lujo por los funcionarios del Fideicomiso del Bienestar del Ejército y la compañía R & R Holdings Ltd. del gigante corporativo Sikder Group, desató protestas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, este “tema” pronto quedó casi en el olvido al ser tapado por la emergencia de otros temas urgentes. Un reporte reciente de IWGIA nota que actualmente los pobladores mro no tienen acceso a esta tierra, ni tienen ninguna información sobre lo que está pasando dentro de sus fronteras[15]. Este reporte también menciona que la gente mro está abatida y desesperada entre dicha incertidumbre, mientras que existe una seria censura de los medios de comunicación con relación a este proyecto. Los jóvenes activistas mro sienten la necesidad urgente de aumentar la difusión sobre esta apropiación de tierra entre las diferentes partes interesadas.
Pallab Chakma es director ejecutivo de Kapaeeng Foundation. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,
Bablu Chakma es un defensor de los derechos humanos. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Bangladesh Bureau of Statistics. Population & Housing Census 2011. Government of the People’s Republic of Bangladesh, 2011: 3. http://www.bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Census.
[2] Barkat, Abul. Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: the Case of Bangladesh. Paper presentado en la 19a conferencia bienal, Bangladesh Economic Association, Dhaka, del 8 al 10 de enero de 2015. https://bea-bd.org/site/images/pdf/027.pdf.
[3] Halim, Sadeka. “Land loss and implications on the plain land adivasis”. En Songhati, editado por Sanjeeb Drong, 72. Bangladesh Indigenous Peoples Forum, 2015.
[4] Laws of Bangladesh. The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh (ACT NO. OF 1972). Government of the People’s Republic of Bangladesh. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/part-details-199.html El Artículo 23A estipula: “El Estado emprenderá las medidas necesarias para proteger y desarrollar la cultura y tradiciones locales singulares de las tribus, razas menores, sectas y comunidades étnicas”.
[5] Ahmed, Hana Shams. Multiple Forms of Discrimination Experienced by Indigenous Women from Chittagong Hill Tracts in the within Nationalist Framework. Este paper fue presentado en una consulta con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Sra. Rashida Manjoo. La consulta fue organizada por el Foro de Asia y el Pacífico sobre la mujer, el derecho y el desarrollo (FAPMDD) y la Women’s Aid Organization (WAO) en Kuala Lumpur en enero de 2011.https://hanashams.wordpress.com/2011/04/04/multiple-forms-of-discrimination-experienced-by-indigenous-women-from-chittagong-hill-tracts-cht-within-the-nationalist-framework/.
[6] Kapaeeng Foundation. Human Rights Report 2021 on Indigenous Peoples in Bangladesh. Dhaka, Kapaeeng Foundation, 2022.
[7] Chakma, Parban. ”The Chittagong Hill Tracts Regulation and its constitutional status”. The Daily Star, 28 de febrero de 2022. https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/the-chittagong-hill-tracts-regulation-and-its-constitutional-status-2003809.
[8] “Chittagong Hill Tracts Regulations 1900 should be kept in force”. Prothom Alo, 24 de noviembre de 2021. https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87.
[9] “Directive of the Armed Forces Division to stop turmeric-ginger cultivation in the hills”. Hill Voice, 20 de noviembre de 2021. https://hillvoice.net/directive-of-the-armed-forces.../.
[10] Información compartida por el Sr. Eugin Nakrek, presidente de Joyenshahi Adivasi Unnoyon Porishod, una organización local de base comunitaria en Madhupur.
[11] Hill Voice. ”Protest against digging of artificial lake by occupying land of indigenous peoples in Madhupur”. Hill Voice, 11 de noviembre de 2021. https://hillvoice.net/protest-against-digging-of.../.
[12] OHCHR. A/HRC/WGEID/125/1. Human Rights Council. Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Communications transmitted, cases examined, observations made and other activities conducted by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances.* 125th session** (20–29 September 2021). https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/sessions.aspx.
[13] Amnesty International. «Bangladesh: Fears of activist’s enforced disappearance: Michael Chakma». Amnesty International Urgent Action, 8 de mayo de 2019. https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/0318/2019/en/
[14] IWGIA. “If I lose my land, I am no one. I have nothing”: a voice from the Indigenous Mro facing eviction from their land. IWGIA, 27 de abril de 2021 https://iwgia.org/en/bangladesh/4352-“if-i-lose-my-land,-i-am-no-one-i-have-nothing”-a-desperate-plea-of-the-indigenous-mro-facing-eviction-from-their-land.html?highlight=WyJtcm8iXQ==.
[15] IWGIA. What is happening to the land of the Mro people? IWGIA, 15 de diciembre de 2021. https://iwgia.org/en/news/4584-what-is-happening-to-the-land-of-the-mro-people.html.
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