El Mundo Indígena 2021: Venezuela
La Constitución reconoce a Venezuela como una sociedad multiétnica y pluricultural, y en las disposiciones fundamentales (Art. 9) se establece que los idiomas indígenas también son de uso oficial en el país. Los pueblos indígenas son aproximadamente el 2.8 % del total de la población general, que es de 32 millones de habitantes. Según el Censo Indígena de 2011, hay unos 51 pueblos diferentes. En el Censo 2011, destaca el resurgimiento de pueblos considerados extintos y de otros países de la región. Actualmente, se prepara el XV Censo Nacional de Población y Vivienda (2021), que incluye el autoreconocimiento indígena, el uso de los idiomas, el criterio de comunidades en contextos tradicionales y el registro de centros poblados de uso no tradicional indígena.
El marco jurídico vigente es bastante completo y amplio, la Constitución establece los derechos indígenas en un capítulo a partir del artículo 119, con un reconocimiento de su existencia, organización social, política y económica, culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como sus hábitats y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, y una obligación para el Estado venezolano, de demarcar y garantizar la propiedad colectiva de las tierras. En 2001, el Estado venezolano ratificó el Convenio 169 de la OIT, y se han aprobado diferentes normas sobre derechos específicos como la Ley de Demarcación del Hábitat y Tierras (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), y la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009).
Durante el 2020, la situación de los derechos indígenas en Venezuela estuvo caracterizada por la aparición de nuevas realidades que afectan no solo su integridad personal, social, económica y cultural, sino también el territorio ancestral como totalidad del espacio donde se realiza su vida colectiva.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Minería: la principal amenaza
Uno de los problemas más complejos que se ha evidenciado en los últimos años en territorios indígenas, es el crecimiento desmedido de la minería ilegal en varias regiones del país. En efecto, varios reportes dan cuenta del crecimiento de las actividades mineras y su expansión a diferentes zonas de los estados Amazonas y Bolívar. En este sentido, organizaciones socioambientales como la Asociación Wataniba e indígenas como la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA Amazonas) y Kuyujani del Caura (Bolívar) realizaron alertas públicas durante el año 2020, no solo con relación al crecimiento de la actividad minera, sino también sobre las graves consecuencias que está produciendo a nivel ambiental y sociocultural. Los principales impactos están referidos a la destrucción de amplias extensiones de bosque y selva (hábitats indígenas), la contaminación de las aguas con sustancias tóxicas (mercurio) con afectación de la salud de las poblaciones y la fragmentación de las comunidades indígenas con fuerte incidencia en la identidad cultural.
Todo esto ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a concluir que: “Con relación a Venezuela, la actividad minera sería la principal amenaza a la
integridad de los bosques y a la supervivencia cultural. Esta amenaza se vería
plasmada en deforestación, y contaminación de aguas de ríos. Numerosas comunidades estarían restringido su dieta tradicional debido al mercurio usado en la
minería”.[1]
Además, se destacó, en el 2020, la apertura de la minería de concesiones, para explotar minerales en el curso de varios ríos en el estado Bolívar, y la creación de empresas comerciales militares para explotar recursos naturales en la región sur del país, tales como productos forestales y minerales. Se ha producido una expansión de estas actividades de promoción por parte del Estado venezolano a través del megaproyecto Arco Minero del Orinoco, mediante el cual se pretende la exploración y explotación de varios minerales. Este proyecto ha sido cuestionado públicamente por diversos sectores nacionales e internacionales, y durante el año 2020, destacó el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual da cuenta de graves violaciones a derechos indígenas en el marco de la ejecución del Arco Minero del Orinoco. Al respecto este informe de Naciones Unidas señala:
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los municipios mineros del estado de Bolívar son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo que se observan en Venezuela. Los estanques de acumulación de agua contaminada como resultado de la actividad minera se han convertido en focos palúdicos. El paludismo y otras afecciones como la diarrea y las enfermedades de las vías respiratorias, y las enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, están proliferando entre la población indígena, a menudo con desenlaces fatales, ya que estas comunidades suelen tener un acceso limitado o nulo a los tratamientos.[2]
Este informe insiste en que la minería en el sur de Venezuela es quizás el principal problema que afrontan los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto ha detallado:
La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación. Las personas entrevistadas por el ACNUDH también subrayaron las dificultades derivadas de la falta de demarcación oficial de los territorios indígenas, y su convicción de que estos pueblos ejercerían un mayor control sobre lo que sucede en su territorio si tuvieran títulos oficiales. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba por lo general la paz y la seguridad en sus comunidades.[3]
Por otra parte, el Gobierno nacional adoptó, durante el 2020, una resolución mediante la cual permite la actividad minera en el curso de las aguas de los principales ríos del estado Bolívar. Por primera vez, se autoriza la explotación minera fluvial de manera expresa, y sin la realización de los estudios de impacto ambiental y sociocultural exigidos por la Constitución, y los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas presentes en esos territorios.
Grupos armados externos en territorios indígenas
Otro aspecto que resalta en los pueblos y comunidades indígenas en 2020, es el aumento de la presencia de numerosos grupos armados en sus territorios, que actúan y operan libremente ejerciendo un control político y espacial, sin que hayan medidas por parte del Estado venezolano. Esta realidad ha generado varios enfrentamientos en comunidades indígenas y amenazas a líderes y lideresas indígenas defensores de sus derechos colectivos.
En este sentido, cabe destacar la invasión del territorio ancestral del pueblo Uwottüja, en el estado Amazonas, quienes han visto ocupadas sus tierras en toda la cuenca del río Sipapo, por grupos de mineros ilegales protegidos por grupos externos armados. En este caso la Organización Indígena Uwottüja del Sipapo (OIPUS), ha venido solicitando a las diferentes autoridades civiles y militares del Estado venezolano, la adopción de medidas para desalojar la zona y paralizar toda actividad minera en la región.
En marzo del 2020, numerosas comunidades de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco medio, realizaron una asamblea en la comunidad de Pendare, en la que participaron más de 300 personas, tomando la decisión de bloquear la entrada de estos grupos irregulares en su territorio. Esto generó una fuerte tensión y discusión, entre los grupos ilegales y las comunidades, que llevaron a la desocupación temporal del área, pero con fuertes presiones para continuar realizando estas actividades ilícitas en la zona, incluyendo minería, contrabando de combustible y víveres, narcotráfico y actividades conexas, y reclutamiento forzoso de jóvenes para actividades ilegales. Con las acciones realizadas por la OIPUS y la ORPIA, se logró a fines de marzo de 2020, un desalojo de estos actores, con intervención de algunas instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Cabe destacar que varios líderes y lideresas del movimiento indígena han sido presionados y amenazados. Para fines del año 2020, la situación estaba bastante tensa en la zona debido a las presiones para reabrir nuevamente la actividad minera, con la división de algunas comunidades y enfrentamientos internos.
En el caso del estado Bolívar, es importante destacar la situación vivida por los indígenas Ye´kwana y Sanöma, en la cuenca del río Caura, que para 2020, se encontraba totalmente invadida por actividades de minería ilegal, con situaciones graves que mantienen a las comunidades completamente atemorizadas. En la zona actúan grupos armados (sindicatos y disidencia de la guerrilla colombiana), que no solo protegen a los mineros, sino que controlan todas las actividades que se realizan en la cuenca. Esto ha creado un ambiente muy tenso en la zona, con amenazas a la integridad personal y cultural de estos pueblos, destrucción ambiental, realización de diferentes tipos de actividades ilegales y fuertes enfrentamientos entre las comunidades y los grupos mineros y armados. A pesar de las variadas denuncias públicas que se han realizado, los organismos del Estado venezolano no han logrado controlar la grave problemática.
Otra situación es la que afecta de manera general al pueblo Pemón en el estado Bolívar, y su extenso territorio en la Gran Sabana, el Alto Paragua y el sector de Ikabarú, relacionada con el hecho de que está completamente tomado para actividades mineras ilegales y legales. La problemática del territorio Pemón se ha agravado en 2020 considerablemente, debido a la intervención de agentes externos, públicos y privados, llevando a fuertes enfrentamientos entre comunidades y grupos militares, o grupos externos armados, en disputas por el control de áreas ricas en minerales. Estos enfrentamientos han generado varios casos de privación de la libertad de indígenas, con la apertura de procesos judiciales y el desplazamiento de numerosas familias de Pemón hacia Brasil y Guyana. Los graves problemas vividos en la zona, han llevado a que algunas comunidades afectadas soliciten medidas cautelares ante la CIDH, la cual dictó medidas de protección hacia varias comunidades de la Gran Sabana. A fines del 2020, las tensiones se intensificaron, debido a las graves condiciones de salud de algunos indígenas Pemón que se encuentran detenidos en varias cárceles del país, incluyendo el fallecimiento de uno de ellos que se hallaba en condiciones críticas.
Derechos territoriales
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas se encuentran establecidos en el art 119 constitucional. Dicha disposición establece que los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derechos originarios sobre sus hábitats y tierras, los cuales deben ser demarcados a los efectos de garantizar la propiedad colectiva. Es importante hacer una evaluación de los avances en el cumplimiento del deber constitucional de realizar la demarcación territorial indígena.
Es público que el proceso nacional de demarcación comenzado en 2001, estuvo funcionando aproximadamente hasta el 2015. De manera que para 2020, el Estado venezolano tiene más de cinco años sin realizar demarcaciones en hábitats y tierras indígenas, no solo incumpliendo el deber constitucional de demarcar, sino también impidiendo las posibilidades de protección efectiva de los territorios ancestrales indígenas.
En este sentido, se destaca la paralización de todas las actividades y tramitación de los expedientes por comunidades o por pueblos, abiertos en las comisiones regionales de demarcación de cada uno de los estados con población indígena. Los expedientes están archivados y no hay sustanciación de los requisitos técnicos para avanzar. Normalmente la instancia pública encargada de conducir el proceso, el Ministerio de Pueblos Indígenas, aduce que no hay presupuesto para sustanciar los expedientes. Pero todo indica que la parálisis del proceso se debe fundamentalmente a la falta de voluntad política para realizar la delimitación efectiva de los territorios indígenas, en un contexto de creciente extractivismo de Estado y de imposición de proyectos de diferente naturaleza en espacios territoriales indígenas.
En consecuencia, todo indica que no hubo avances en términos de realización de nuevas demarcaciones y entrega de títulos en el 2020, habiendo aproximadamente un 85% de territorios indígenas sin demarcación, aun cuando la propia Constitución establece que el proceso debía realizarse en dos años. Como ha señalado el profesor de la Universidad de los Andes e investigador de la Asociación Wataniba, Vladimir Aguilar: “Los indígenas venezolanos frente a la resnulización (res nullius) de sus territorios han tenido que apelar a sus tradiciones, instituciones propias, usos y costumbres para confrontar al otro derecho no indígena, pero sobre todo, para contener el proceso de fragmentación territorial al cual están siendo sometidos.”[4]
Salud indígena
La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una salud integral que considere sus prácticas y culturas, así como su medicina tradicional. El 2020, se ha caracterizado, por la evidencia de graves deficiencias en el funcionamiento del sistema público de salud en territorios indígenas, revelada por las necesidades de atención preventiva y asistencial en el marco de la pandemia del COVID-19. De igual manera, las condiciones generales de salud de la población indígena se han visto afectadas, por la falta de implementación de políticas públicas adecuadas y el deterioro estructural del sistema público de salud, trayendo serias consecuencias en el control de endemias y epidemias, y en concreto en el manejo de la pandemia del COVID-19, debido a las deficiencias en el funcionamiento de la red ambulatoria y hospitales, falta de medicinas y equipos, y apoyo logístico para entrar en territorios indígenas.
Durante el 2020, continuaron los graves problemas de salud en hábitats y tierras indígenas, vinculados a enfermedades endémicas como la malaria, la tuberculosis, la hepatitis, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias; así como epidemias relacionadas con el sarampión y más propiamente el COVID-19. A esta situación se suma el aumento de la morbilidad y la mortalidad en territorios indígenas por estas enfermedades, debido a la creciente actividad minera que se ha registrado en los últimos cinco años. Este problema se ha generado fundamentalmente en toda la región amazónica, donde habitan aproximadamente 30 pueblos indígenas diferentes. Destaca la relación directa que hay entre el aumento de enfermedades y la movilidad de los mineros, por ejemplo la malaria tiene altos índices en los municipios ubicados en tierras indígenas, donde hay presencia de minería ilegal.
En cuanto a la pandemia es importante destacar, que la misma se extendió en territorios indígenas con un sistema de salud caracterizado por serios problemas de funcionamiento, sin un sistema de alerta temprana y sin propuestas de medidas de aislamiento efectivas. Hay algunos aspectos importantes que destacar, por ejemplo, el Ministerio de Salud elaboró una guía contentiva de un plan para abordar la pandemia del COVID–19 en pueblos y comunidades indígenas, en la cual se incluyen diversas políticas para atender la emergencia, destacando por primera vez medidas específicas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Esto es bastante significativo, porque hasta ahora no había un reconocimiento expreso por parte del Estado venezolano, de allí la particular importancia de esta guía. En dicho plan se señala que:
El Estado venezolano viene tomando un conjunto de medidas excepcionales para atender la Pandemia de COVID-19. Dichas medidas generan impactos diferenciados entre poblaciones, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas, que pueden provocar afectaciones a su vida e integridad, pero también a la supervivencia cultural de estos pueblos originarios.[5]
El desarrollo de la pandemia en territorios indígenas ha sido diverso en cada región del país. En el estado Amazonas, al sur del país, los primeros casos llegaron de Brasil vía el Río Negro , pero fueron abordados por las autoridades de salud de manera bastante efectiva, frenando considerablemente los contagios en la zona. Sin embargo, en otras regiones como el Alto Ventuari en las comunidades Ye´kwana y Sanöma, los contagios se expandieron de manera general en los meses de agosto y septiembre de 2020, situación en la cual hubo deficiencias de atención por parte del sistema regional de salud. Con relación al Alto Orinoco y específicamente la población Yanomami, la información pública que se tiene es que aproximadamente unos 40 indígenas de este pueblo se habrían contagiado, pero fueron retenidos y atendidos en la población de La Esmeralda, para evitar la entrada en territorio propiamente Yanomami. Por su parte, al sur del estado Bolívar en territorio del pueblo Pemón, los primeros contagios se reportaron en comunidades cercanas a San Elena de Uairén, con un número indeterminado de casos, pero con información pública que hacía referencia a una importante cifra de contagios indígenas. En el Delta del Orinoco si bien se reportaron grados disímiles de contagio en la población Warao, hubo evidencia de abundantes casos en la zona durante el 2020. Esta situación se presentó de manera similar en el estado Zulia en la población indígena Wayuú y en los pueblos Yukpa y Bari de la Sierra de Perijá.
En el contexto general de la pandemia hay que destacar el esfuerzo realizado por el Observatorio sobre el COVID-19 ORPIA-Wataniba, conformado en Amazonas por estas dos organizaciones, las cuales crearon un equipo multiétnico de trabajo integrado por 20 representantes indígenas de diez pueblos diferentes, y el apoyo técnico de la Asociación Wataniba, con el objetivo preventivo fundamental de informar a las comunidades indígenas de la región los aspectos más importantes de la pandemia, y mantenerlas actualizadas sobre su desarrollo, promover acciones de incidencia para la intervención de las autoridades públicas de salud y establecer sistemas de alerta temprana, sobre todo en comunidades de difícil acceso.
Lo que queda claro es que las condiciones sanitarias y la presencia sistemática de enfermedades endémicas acentuaron en el año 2020, la emergencia del COVID-19 en el país y particularmente en los pueblos indígenas antes mencionados, debido a la cercanía fronteriza con Brasil y Colombia, países muy afectados por la pandemia. Según los boletines del Observatorio ORPIA–Wataniba, la Amazonía de ambos países está entre las zonas de mayor número de contagios acumulados y de incidencia,[6] colocando a los pueblos indígenas en mayor riesgo desde el comienzo de la pandemia. En el caso venezolano, las políticas gubernamentales frente al COVID-19 estuvieron marcadas por ciertas fallas en los diagnósticos, en la aplicación de las pruebas y por la opacidad del registro, dificultando la atención descentralizada para el ejercicio del derecho en salud. El Boletín ORPIA Wataniba registró en los tres estados de la región amazónica venezolana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) un total de 4.868 contagios, 878 de los cuales fueron indígenas. Además, hubo 38 indígenas fallecidos .[7]
La Organización Indígena Ye´kwana del Caura (Bolívar) “Kuyujani” denunció la situación debido a la muerte de 26 indígenas por complicaciones asociadas a la malaria.[8] Además, las actividades extractivas al contaminar los ríos, afectan los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio e inmunológico, de muchos habitantes de las comunidades aledañas a las minas,[9] registrándose “altas tasas de diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas”, con lo cual la emergencia sanitaria del 2020 se agravó, como lo informa la OPS y la Comisión de Derechos Humanos para el Zulia (CODHEZ). Ambas organizaciones también informaron de la desnutrición crónica de niños indígenas, altas tasas de mortalidad materna, y la presencia de malaria y dengue.[10] También se reportó que existen numerosas comunidades en los estados de Zulia, Delta Amacuro, Monagas, y Apure con carencia de agua potable, saneamiento y atención intercultural.[11]
A esto se suma la deteriorada infraestructura sanitaria en tierras indígenas, tal como lo señala la Conferencia Episcopal Venezolana: “La asistencia sanitaria es precaria, los dispensarios y puestos de salud, en las comunidades indígenas, no cuentan con la mínima presencia de personal sanitario y dotación que permita resolver situaciones médicas básicas.”[12] Esta situación se refleja en la denuncia de los pueblos indígenas de las comunidades del Alto Caura y el Erebato, en el Municipio Sucre del estado Bolívar, reclamando su derecho a la salud, combustible y ayuda humanitaria urgente al Gobierno nacional[13] y la protesta en Caracas de 300 integrantes del pueblo Yukpa debido a sus problemas de salud y vivienda.[14]
Integridad física
Debido a la ocupación de los territorios indígenas por grupos armados y otros actores, se han generado conflictos con los pueblos indígenas, incluyendo cuerpos de seguridad, grupos irregulares y otros. Un ejemplo de lo que está ocurriendo, es en el río Caura, en el que se produjo un enfrentamiento entre grupos irregulares y 15 integrantes de los pueblos Ye’kwana, Sanöma y un Wayuú.[15] Otro caso que destacó es la tortura a manos de policías de la misión Cuadrantes de Paz en la Parroquia Libertad de Machiques, estado de Zulia, cometida contra tres jóvenes Yukpa.[16] Por otra parte, la supuesta militarización de la Guajira, estado Zulia, en la zona de Paraiguiapoa, que a raíz de las protestas por la falta de agua, electricidad y comida, la Guardia Nacional disparó perdigones y bombas lacrimógenas en horas de la madrugada los primeros días de octubre de 2020, y en la troncal del Caribe, y Guarero en abril, con un saldo de varios indígenas Wayuú heridos, tres indígenas privados de libertad, 17 allanamientos sin orden judicial y un buen número de indígenas Añú y Wayuú perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes allanaron sus hogares sin orden judicial.[17] De igual forma en las protestas ocurridas en el centro de Caracas, luego de una movilización de indígenas desde el estado Zulia frente a organismos de seguridad, dejaron como consecuencia cinco heridos del pueblo Yukpa por razones políticas y sociales.[18] Por otra parte, dos caciques generales y más de 37 capitanes indígenas denunciaron que los disidentes del grupo guerrillero colombiano habían tomado control de los recursos y el territorio indígena.[19] De igual forma, la presencia de los grupos armados, guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC, y la actividad minera en los territorios del Pueblo Uwottüja.[20]
Migraciones transfronterizas
La migración transfronteriza ha continuado durante 2020, a pesar de la pandemia y las medidas de confinamiento social. Los indígenas venezolanos que más emigran, son los de la Amazonía venezolana (Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro), en especial los del pueblo E’ñepa y los que habitan en el estado Zulia, situación que normalmente pasa desapercibida en el marco de la crisis nacional.
En tal sentido, se ha indicado que: “Mucho se ha hablado de la crisis migratoria venezolana y del incremento de los caminantes venezolanos, pero en contraste, poco se conoce la situación de las migrantes indígenas –la mayoría, pertenecientes a las etnias Wayuú, Warao, Yukpa y Pemón-.”[21] Durante el año 2020, los grupos de migrantes indígenas más representativos fueron los miembros del pueblo Warao puesto que al menos 6.000 migraron a Brasil, Surinam y Guyana.[22] Muchos de estos grupos indígenas están ubicados en campamentos de refugiados en el norte de Brasil y Colombia, en condiciones críticas para su subsistencia, tal como señala ACNUR: “Obligados a salir de Venezuela, los Wayuú, Warao, Barí y Yukpa, entre otros, tienen dificultades para acceder a los servicios básicos debido a la falta de documentación”.[23]
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba fue fundado en el 2005. Promueve procesos de gestión territorial socioambientalmente sostenibles, fortaleciendo la capacidad técnica e identitaria de los pueblos que habitan la Amazonía, diseñando conjuntamente con los Pueblos Indígenas, políticas públicas coherentes con los derechos sociales y ambientales ampliamente reconocidos en la legislación venezolana. El presente trabajo se desarrolló bajo la coordinación de Luis Jesús Bello. watanibasocioambiental.org
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía. Washington D.C, septiembre de 2019. P. 65.
[2] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Julio de 2020. P.11.
[3] Idem P. 13.
[4] Aguilar Vladimir. Derechos Indígenas en 20 años de Constitución Bolivariana. Consistencias e Inconsistencias de Derechos Reconocidos en Venezuela. Documento mimeografiado por la Asociación Wataniba, marzo 2020.
[5] Ministerio del Poder Popular la Salud. Plan para la prevención, contención de la infección y control de la enfermedad COVID-19 para pueblos y comunidades indígenas. Caracas, abril 2020.
[6] Observatorio ORPIA–Wataniba. COVID-19 en la Amazonia venezolana. Boletín Nº14, 6 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/observatorio-wataniba-orpia-covid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-14/
[7] Observatorio ORPIA-Wataniba. COVID-19 en la Amazonía venezolana. Boletín Nº13, 15 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/observatorio-wataniba-orpia-covid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-13/
[8] María Ramírez Cabello. “Kuyujani pide inmediata atención tras muerte de indígenas por malaria en el Caura y crisis de combustible”. Correo del Caroni, 23 de junio de 2020. Disponible en https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/5771-kuyujani-pide-inmediata-atencion-tras-muerte-de-indigenas-por-malaria-en-el-caura-y-crisis-de-combustible
[9] Sebastiana Barráez. “El desesperado grito de los waraos venezolanos para que la comunidad internacional no los deje morir de hambre y enfermedades”. Infobae, 5 de junio de 2020. Disponible en https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/05/el-desesperado-grito-de-los-waraos-venezolanos-para-que-la-comunidad-internacional-no-los-deje-morir-de-hambre-y-enfermedades/
[10] “Indígenas de la Amazonía y OPS unen fuerzas ante la COVID-19”. Inter Press Service, 16 de julio de 2020. Disponible en http://www.ipsnoticias.net/2020/07/indigenas-la-amazonia-ops-unen-fuerzas-ante-la-covid-19/
[11] Ibidem.
[12] “Indígenas venezolanos en alto riesgo de morir por COVID-19 y por hambre”. Vatican News, 27 de mayo de 2020. Disponible en https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-05/obispos-venezuela-indigenas-amazonia-coronavirus.html
[13] “’Necesitamos ayuda:’ el grito de los indígenas del alto Caura y Erebato”. El Nacional, 16 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.elnacional.com/venezuela/necesitamos-ayuda-el-grito-de-los-indigenas-del-alto-caura-y-erebato/
[14] Yazmín Antía. “Qué trajo a los Yukpas a Caracas?”. El Universal, 11 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.eluniversal.com/politica/85052/que-trajo-a-los-yukpas-a-caracas
[15] “Situación en la cuenca del río Caura: actualización 11 mayo 2020”. Wataniba, 11 de mayo de 2020. Disponible en https://watanibasocioambiental.org/situacion-en-la-cuenca-del-rio-caura-actualizacion-11-mayo-2020/
[16] Luisbi Portillo. “Tres jóvenes yukpa detenidos fueron torturados por la policía”. Indymedia, 22 de octubre de 2020. Disponible en http://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1950&lang=fr
[17] Comité de Derechos Humanos de la Guajira. ”Por la resistencia indígena contra la militarización de la Guajira”. Indymedia, 19 de noviembre de 2020. Disponible en http://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1963&lang=fr
[18] Carlos D’ Hoy. “Cinco heridos dejó protesta de indígenas Yukpa cerca de Miraflores”. El Universal, 11 de noviembre de 2020. Disponible en https://www.eluniversal.com/sucesos/85045/cinco-heridos-dejo-protesta-de-indigenas-yukpa-cerca-de-miraflores
[19] María Ramírez Cabello. “Indígenas de Amazonas rechazan actividades mineras de disidencias de las FARC en sus territorios”. Correo del Caroni, 26 de septiembre de 2020. Disponible en https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6986-indigenas-de-amazonas-rechazan-actividades-mineras-de-disidencias-de-las-farc-en-sus-territorios
[20]. Organización Indígena Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS). “Edo. Amazonas. Pueblo Uwottüja ("piaroa") ante la presencia de grupos armados y actividad minera en su territorio”. Indymedia, 9 de marzo de 2020. Disponible en http://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1810&lang=fr
[21] Sabrina Velandia. “COVID-19 también afecta a las migrantes de Venezuela”. Global Voices, 8 de abril de 2020. Disponible en https://es.globalvoices.org/2020/04/08/covid-19-tambien-afecta-a-las-migrantes-indigenas-de-venezuela/
[22] Jhoalys Siverio. “Refugiada warao de Delta Amacuro muere de COVID-19 en hospital de Boa Vista”. Correo de Caroni, 11 de mayo de 2020. Disponible en https://www.correodelcaroni.com/salud/coronavirus/5276-refugiada-warao-de-delta-amacuro-muere-de-covid-19-en-hospital-de-boa-vista
[23] ACNUR. El hambre y la desesperación empujan a grupos indígenas a salir de Venezuela. 7 de agosto de 2018. Disponible en https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/8/5b69ba424/el-hambre-y-la-desesperacion-obligan-a-los-indigenas-venezolanos-a-huir.html
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
