• Pueblos indígenas en Venezuela

    Pueblos indígenas en Venezuela

    El 2.8% de los habitantes de Venezuela se identifican como indígenas. Venezuela ha adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

El Mundo Indígena 2020: Venezuela

En el preámbulo de la Constitución se reconoce a Venezuela como una Nación multiétnica y pluricultural y en las disposiciones fundamentales (Art. 9) se establece que los idiomas indígenas también son de uso oficial. Según estimaciones oficiales, en la actualidad, los pueblos indígenas de Venezuela son una población de aproximadamente 2,8 % del total general que está por los 32 millones de habitantes. De acuerdo al Censo Indígena de 2011, dicha población, se distribuye en más de 51 pueblos diferentes. En los resultados del proceso censal tanto del año 2001 como el del 2011, se destaca el resurgimiento de pueblos indígenas considerados como extintos y la presencia de pueblos indígenas de otros países. En la actualidad, se prepara la realización del XV Censo de Población y Vivienda (2020), en el que se incluirán nuevamente las preguntas de autoreconocimiento y la referida al uso de los idiomas indígenas y el castellano, como también se estima la aplicación del cuestionario de comunidad en contextos tradicionales y el registro de centros poblados de uso no tradicional.

En 2001, el Gobierno venezolano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado venezolano también ha aprobado un cúmulo de leyes que desarrollan directamente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente, entre ellas la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009).

Salud Indígena[1]

La crisis humanitaria del año 2019, ha tenido un impacto muy fuerte en el deterioro y falta de funcionamiento del sistema de salud pública en los Estados Amazonas y Bolívar, la cual ha generado no solo el aumento de enfermedades endémicas y epidémicas, sino también la reaparición de enfermedades ya controladas en la región en el pasado. En concreto la malaria ha ido en aumento en 2019, produciendo altas tasas de morbilidad y mortalidad, las hepatitis continúan generando mortalidad en el pueblo Yanomami en el Alto Orinoco y durante los años 2018 y 2019 se reportó una epidemia de sarampión que estaba afectando a las comunidades Yanomami del Alto Ocamo. Dicha epidemia se había mantenido bajo reserva y no se estaban tomando medidas efectivas para controlar la situación. En el curso de la misma fallecieron aproximadamente según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, ciento un personas y las medidas de control y vacunación tomadas se debieron a la presión ejercida por instituciones derechos indígenas y las propias organizaciones. Con relación a la mortalidad por enfermedades endémicas en el 2019 se siguen manteniendo tasas que indican que aproximadamente el 50% de los niños Yanomami muere antes de los 3 años por diversas causas.

Hay que destacar con relación a la atención en salud en comunidades indígenas en áreas de difícil acceso, que hay algunos esfuerzos positivos realizados por los Programas de Control de la Malaria y por el Programa de Control de la Oncocercosis ejecutados por el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET). En el año 2019, es importante resaltar los resultados en términos de control de la oncocercosis implementados en el área Yanomami, quienes no solo han logrado atender a la población afectada, sino que han reducido a niveles mínimos la transmisión. También es importante mencionar la relación entre el crecimiento de la minería ilegal y el aumento de enfermedades como la malaria; hay una relación directa entre el aumento del paludismo en aquellos municipios donde hay mayor actividad minera. Inclusive hay reportes de casos de intoxicación aguda por mercurio y otras substancias tóxicas en el agua en el Alto Ventuari y Alto Ocamo que han provocado la muerte de varios indígenas Yanomami y Sanema. 

Seguridad Alimentaria

Otra de las situaciones que se evidencian en el contexto de la crisis de 2019, es la vinculada a la alimentación de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales en muchos casos han cambiado sus patrones tradicionales de producción y alimentación, debido a la introducción de nuevos modelos de suministro de alimentos por parte del Estado. Se ha observado una alteración del modo tradicional de consumo de alimentos por la implementación de políticas públicas ajenas a las comunidades. El estudio del año 2019 evidenció que la grave crisis económica y humanitaria ha producido en muchos casos una situación a la inversa, es decir miembros de comunidades indígenas que habían migrado a la ciudad de Puerto Ayacucho, afectados por situaciones de falta de alimentos, han retornado a sus lugares de origen y están realizando de nuevo sus actividades tradicionales de subsistencia, es lo que muchos llaman “la vuelta al conuco” o el regreso a su alimentación originaria. Esto es bastante importante en términos de autogestión y garantía del derecho a la alimentación y tiene una vinculación directa como mecanismo de utilización del espacio territorial y protección del mismo.

Libre tránsito

Por otra parte, derechos como el libre tránsito y la seguridad personal se han visto afectados por varios problemas en el transporte terrestre y fluvial que existen en el Estado Amazonas. Durante el periodo que cubre este informe (2019), se ha producido una agudización de la grave crisis de combustible presente en la región por el desvío hacia la actividad minera y por la presencia de grupos irregulares armados de diferente naturaleza (disidencia de la guerrilla colombiana, paramilitares, mafias mineras, narcotráfico y otros) actuando en territorios indígenas y limitando la movilización de las comunidades. Estos grupos actúan controlando la movilidad indígena y en protección de los diferentes campamentos de minería ilegal.

Integridad física

En 2019 hay reportes no solo de amenazas, sino también casos concretos de agresiones, daños a bienes materiales y desapariciones de algunos indígenas en campamentos mineros. En concreto representantes de los pueblos indígenas Yabarana, Ye’kwana, Uwottüja y Arawak han sido amenazados y presionados para permitir actividades ilegales en territorios indígenas. Durante este periodo instituciones como la Defensoría del Pueblo han recibido denuncias sobre un conjunto de actividades ilícitas y violaciones a derechos humanos individuales.

Incremento de la minería en territorios indígenas

En cuanto a la minería, frente al crecimiento de esta actividad y las graves amenazas que representa para el ambiente y la protección de los territorios indígenas, las organizaciones indígenas han señalado en un comunicado de enero de 2019 denominado “Organizaciones Indígenas de Amazonas sobre los Impactos de la  Minería en la Región Amazónica”, que: “Nos preocupa seriamente el incremento de la actividad minera en el estado Amazonas, en las regiones y áreas de las cuencas de los ríos Cuao, Sipapo, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, Atacavi, Asita, Atabapo, Ocamo, Cunucunuma, Guainía, Río Negro, Casiquiare, Padamo, entre otros, y los grandes impactos que se generan como consecuencia de esta actividad, especialmente ambientales, socioculturales y sanitarios… La minería en todo el Estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques,  el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, la delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados, conflictos interétnicos, que afectan directamente a estas comunidades, eventos todos que generan  cambios en los modos de vida de los pueblos indígenas y la economía propia basada en las actividades tradicionales de subsistencia…” 

Por otra parte, es necesario resaltar que durante el año 2019 se tuvo conocimiento de la invasión del territorio Yanomami por parte de miles de garimpeiros (mineros ilegales brasileños). En el mes de agosto de 2019, la asociación “Wataniba” recibió información de la organización Yanomami Hutukara (Brasil), que la tierra indígena Yanomami en los estados de Roraima y Amazonas, estaba siendo invadida por un aproximado de 20 mil garimpeiros, los cuales estarían explotando oro en la mayor tierra indígena brasileña. Esta situación fue documentada por varios medios de comunicación nacionales e internacionales, donde se destaca no solo la ocupación del territorio Yanomami, sino también las diferentes amenazas que vienen sufriendo los líderes Yanomami. También hay señalar que los garimpeiros tienen una alta movilidad en la zona y no respetan las fronteras entre Brasil y Venezuela, por lo que existe el riesgo de que entren en territorio venezolano causando daños a comunidades Yanomami en Venezuela.

Derechos territoriales. Demarcación de hábitats y tierras

En el año 2019 se cumplieron dos décadas de aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece en su Art. 119, el derecho a la demarcación de hábitats y tierras indígenas. Después de veinte años este proceso no solo se encuentra paralizado de manera general, sino que los avances cuantitativos en términos de demarcación efectivamente realizadas son bastante deficientes. Más del 80% de las tierras indígenas continúan sin ser demarcadas, y las titulaciones entregadas son fundamentalmente a comunidades individuales y no por pueblos indígenas como permite la ley especial.

A partir del año 2010 la Comisión de Demarcación disminuyó considerablemente su actividad cuando pasó del Ministerio del Ambiente al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, aglutinandose en los archivos institucionales las solicitudes de la activación de los procesos de titulación colectiva. Tales son los casos de los pueblos Ye’kwana de los estados Bolívar (Alto Caura), y Amazonas (Alto Orinoco), Pemón de los sectores Paragua, Kuyuní, Kamarata, Kavanayen, Wonken, Uriman, Santa Elena, Yukpa (Chakyapa), entre otros. Sin embargo, entre el 2007 y el 2016 se entregaron algunas titulaciones por comunidad para miembros de los pueblos Kumanagoto (estado Anzoátegui), Barí (estado Zulia) Mapoyo (estado Bolívar) y Yukpa (estado Zulia), faltando las diez comunidades del centro originario de Chaktapa. En el año 2016 fue reconocido a través del título colectivo las tierras del pueblo Pemón del sector Ikabarú, en el contexto de tensiones generadas entre el Ejército y las autoridades Pemón de ese sector a causa de la minería. Lo cierto es que en los últimos tres años el proceso de demarcación no tuvo actuaciones importantes y avances, y en el año 2019 estuvo totalmente paralizado.

Migraciones transfronterizas

Las migraciones indígenas transfronterizas desde Venezuela, durante el año 2019, a pesar de que se dan en el marco de una situación compleja del país, marcada por la crisis, su motivación responde a diferentes causas, por un lado aquellas vinculadas directamente a los problemas de salud y acceso a la alimentación, y otras, en donde el peso recae sobre el desplazamiento forzoso a causa de sucesos violentos en donde se compromete la integridad física de los indígenas. En esta coyuntura, miembros de los pueblos indígenas Warao de los estados Delta Amacuro y Monagas; E’ñepá, de los estados Amazonas y Bolívar; Pemón, del estado Bolivar y Wayuu, Yukpa, del estado Zulia, son hoy día migrantes transfronterizos.

Desde el año de 2016 se dan los primeros desplazamientos ejecutados por los Warao del estado Delta Amacuro hacia Brasil. Los miembros de este pueblo itineraban por las principales ciudades del pais, en búsqueda de recursos monetarios, pero desde 2016, al parecer, esta práctica itinerante dejó de ser una alternativa viable, ya que sus expectativas de acceso al servicio de salud, y al dinero habían disminuido considerablemente. El motivo fundamental de desplazamiento hacia el vecino país, desde sus inicios, se debió a la urgencia de atención en materia de salud, por el deterioro del sistema, expresado en la ausencia del servicio en las comunidades, el colapso de los hospitales, la falta de insumos, y la ausencia de personal médico. Esta situación se fue agravando progresivamente y ya para el año del 2017 familias enteras de indígenas warao, colmaron las calles de Boa Vista en busca de atención de salud y de recursos, bien sea a través de la venta de artesanía o solicitando dinero, situación que se ha agravado con la crisis en 2019. A estas familias Warao que llegaban a Brasil se les sumaron las del pueblo E’ñepá que por motivos similares a los Warao tomaron la opción de irse de sus comunidades y atravesar la frontera.

Tanto en los años 2018 y 2019, se incrementó el número de migrantes tanto Warao como e’ñepá, alojados en los abrigos o refugios, como tambien aquellos cohabitando en plazas y espacios públicos. Ya en 2019, el desplazamiento hacia el sur del Brasil se fue dando progresivamente, sobre todo por las familias warao. El incremento de miembros de las comunidades indígenas en el último semestre del 2019, sobre todo lo referido a la población warao, indica que los cambios que esta situación puede generar, impactarán en la cultura y composición demográfíca de estos pueblos. Bien sea porque decidan quedarse en el país receptor, o bien porque decidan regresar al país de origen. En este sentido, las cifras iniciales y su distribución en el país vecino para el primer trimestre de 2019, nos pueden mostrar algunas señales de lo expresado

Violencia en territorio Pemón, de la Gran Sabana, Estado Bolívar

A raíz de los hechos violentos causados por el enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad Pemón de Kumarakapai (San Francisco de Yuruani), en el marco de la denominada “ayuda humanitaria”, los dias 24 - 25 de febrero en el año 2019, se produjeron hechos graves resultando siete personas fallecidas, más de 550 Pemón, entre mujeres, hombres y niños, desplazados hacia las comunidades indígenas Makushi y Taurepan del estado Roraima de la República de Brasil. Lo ocurrido, marcó el inicio de situaciones sin precedentes en la comunidad de Kumaracapai, impactando a otras cercanas del sector, entre las cuales se incluye la capital del municipio Santa Elena de Uairen, en donde, en los días sucesivos, fueron documentados actos de represión por parte de las autoridades de seguridad del Estado. A causa del temor de nuevos hechos violentos durante el año 2019, continuaron los desplazamientos forzosos de 966 indígenas Pemón de 14 comunidades de Gran Sabana hacia Brasil, ascendiendo el número de desplazados a 1.200. Este acontecimiento, tiene sus antecedentes en el clima de tensión acumulada a consecuencias del impacto de la minería en los últimos años sobre las comunidades de la Gran Sabana y las partes altas y bajas de las cuencas fluviales ubicadas en los otros sectores, Kuyuni, La Paragua, Ikabarú, Kavanayen, (Canaima) habitados por el pueblo Pemón en el estado Bolívar, sobre todo a partir del decreto que definió la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”. La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco además de estar ocasionando consecuencias sociales y ambientales en territorios indígenas, ha generado problemas desde el punto de vista político a lo interno de los sectores y sus comunidades, tensiones entre las autoridades Pemón de los sectores (capitanes generales) y capitanes de las comunidades de cada sector, en el marco del ejercicio de una politica nacional y regional altamente polarizadas

Notas y referencias 

[1] En el contexto de la crisis política, social, económica y humanitaria que ha venido viviendo Venezuela en los últimos años, la Asociación “Wataniba”, conjuntamente con las principales organizaciones indígenas del estado Amazonas, ha realizado un seguimiento de los principales impactos y vulneraciones a los derechos al libre tránsito, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a la salud.

Este informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) / Luis Jesús Bello, Gabriela Croes y Maria Teresa Quispe

 

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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