• Pueblos indígenas en Venezuela

    Pueblos indígenas en Venezuela

    El 2.8% de los habitantes de Venezuela se identifican como indígenas. Venezuela ha adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Mundo Indígena 2019: Venezuela

Estimaciones oficiales indican que los pueblos indígenas de Venezuela conforman aproximadamente el 2,8% del total de la población (32 millones de habitantes). No obstante, otras se inclinan por una cifra superior que podría superar el millón y medio de personas.

Dicha población se distribuye en más de 40 pueblos que incluyen a los Akawayo, Amorúa, Añú, Arawak, Arutani, Ayamán, Baniva, Baré, Barí, Caquetío, Cumanagoto, Chaima, E´ñepá, Gayón, Guanono, Hoti, iInga, Japreria, Jirajara, Jivi, Kari´ña, Kubeo, Kuiva, Kurripako, Mako, Makushi, Nengatú, Pemón, Piapoko, Píritu, Puinave, Pumé, Sáliva, Sánema, Sapé, Timoto-cuica, Waikerí, Wanai, Wapishana, Warao, Warekena, Wayuu, Uwottüja, Yanomami, Yavarana, Ye´kuana y Yukpa. Se encuentran distribuidos en los estados Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre y Apure. Algunnos comparten con Brasil, Colombia y Guyana. La suma de territorios indígenas y áreas protegidas, que en gran parte se solapan cubre casi un 50% del territorio nacional venezolano.

Venezuela incorporó en su Constitución los derechos indígenas, cuya lista se inicia con la consagración del derecho al territorio. La Constitución (1999) reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad venezolana. En 2001, el Gobierno venezolano ratificó el Convenio 169 de la OIT. En 2005, se aprobó la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

El Estado venezolano también ha aprobado un cúmulo de leyes, entre ellas figuran la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). En 2007 Venezuela votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y creó el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas como parte del gabinete ejecutivo.

Pueblos en situación de aislamiento relativo o en contacto inicial

Es de relevancia, dentro de la realidad indígena nacional, la presencia de grupos en situación de aislamiento relativo y poco contacto. Pertenecientes a los pueblos indígenas Uwottuja, Hoti y Yanomami, grupos o facciones de estas etnias han permanecido en un cierto aislamiento relativo o con poco contacto con la sociedad nacional venezolana, debido a que se encuentran en zonas de difícil acceso geográfico, normalmente en las cuencas altas de los ríos.1 Estos grupos y sus territorios vienen siendo amenazados por diferentes factores externos: inicialmente la primera opción la ocupan todas aquellas actividades ilegales vinculadas con la minería, que sin medir daños incursiona en busca de los recursos minerales. Estos grupos extractores actúan como vectores transmisores de enfermedades infectocontagiosas. La cooperación entre mineros y grupos irregulares armados acrecienta el nivel de riesgo, que ya se venía reportando desde organizaciones como Wataniba, para los territorios con indígenas aislados.2

Procesos de construcción de protocolos de  consulta 

En 2018, dos pueblos indígenas de la Amazonía venezolana avanzaron significativamente en sus procesos de construcción de modelos específicos para la Consulta Previa, Libre e Informada acerca de proyectos que tengan intención de ser llevados a cabo dentro de sus territorios. El pueblo indígena Uwottüja del Municipio Autana (estado Amazonas) culminó el proceso de talleres y jornadas de elaboración metodológica, revisiones y traducción de su propio Protocolo, culminando en una asamblea general aprobatoria. Así mismo, el pueblo Yanomami del sector de Parima ha avanzado en el mismo proceso. Estos dos avances son importantes “...porque en Venezuela, ninguno de los pueblos indígenas contaba con un modelo particular que indicara un método específico de Consulta Previa, Libre e Informada, ajustado a los usos y costumbres de cada uno”.3

Compromiso político y minería ilegal

Los pueblos indígenas no escapan a la realidad política polarizada que se viene desarrollando en el país desde el año 2002. sin embargo, y a pesar de tal situación, el movimiento indígena ha logrado posicionarse en una serie de espacios políticos con participación activa en la autodemarcación de sus territorios, la consolidación de un marco jurídico de autonomía para el desarrollo y la defensa de sus derechos, así como su autodeterminación cultural.

Para el año 2018, y pesar de los logros alcanzados, muchas de las políticas públicas han mermado su impulso inicial, destacando la paralización del proceso de demarcación de hábitats y tierras indígenas. Los programas de educación intercultural se han venido a menos por causas vinculadas a la situación económica, a los bajos incentivos, a la migración de docentes a otras áreas como la minería ilegal o a actividades económicas informales en los principales centros urbanos de cada región. Así también, los programas de atención sanitaria se han visto disminuidos por el desvío y contrabando, encarecimiento o ausencia de fármacos, aunado a la situación de inseguridad causada por la presencia de grupos irregulares armados en los territorios indígenas que desarrollan actividades de contrabando de mercancías, tráfico de drogas, control de rutas, extorsión-secuestro, cobro de impuestos y minería ilegal.4

Como consecuencia del decaimiento en las políticas de seguridad y defensa de los territorios fronterizos e indígenas, se ha dado el aumento de la minería ilegal con fuertes impactos ambientales y socioculturales. En la región del estado Zulia, la constante expansión del modelo agroganadero, presente en muchas zonas del país desde principios del siglo XX, sigue siendo el principal motivo de pérdida de tierras de comunidades indígenas yukpa, bari y japreria y la impunidad frente a los asesinatos de indígenas y la violación de derechos humanos.5

Arco Minero del Orinoco 

El 24 de febrero de 2016, el Ejecutivo nacional decretó la zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero del Orinoco”(AMO).Este mega proyecto tiene por finalidad la exploración y explotación de diferentes minerales estratégicos en la región, para lo cual se han firmado acuerdos con empresas trasnacionales de diferentes países. Dichos convenios implican la explotación minera a cielo abierto con graves consecuencias ambientales y socioculturales para los pueblos indígenas, especialmente en el estado Bolívar, donde ha comenzado el proyecto. 

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COIAM) alertó, mediante un comunicado, que la misma representaba los nuevos aspectos de la política minera del Estado venezolano, basada en la extracción de recursos naturales a gran escala. Solicitaron una moratoria con base en que se violaban los derechos a la consulta, previa, libre e informada; y la demarcación de sus tierras. El AMO afectará una extensión territorial de 111.843,70 km , para la explotación a gran escala de yacimientos minerales de oro, coltán, diamantes, cobre, hierro y bauxita. Tal propuesta no fue consultada con los entes protagónicos locales y las comunidades indígenas –tanto del estado Bolívar, como las de su área de influencia inmediata en el norte de Amazonas– así como tampoco se generó política alguna de evaluación de impacto ambiental ni sociocultural, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como los territorios indígenas.

En la región amazónica venezolana, también existen amplias zonas en las cuales se desarrollan actividades de minería ilegal sin que el Estado tome medidas efectivas para controlar la situación. Hay denuncias presentadas por las diferentes organizaciones indígenas del estado Amazonas, tales como ORPIA, COIAM, OIYAPAM y KUYUNU, que han venido planteando el tema de la minería ilegal en las cuencas de ríos que son tributarios importantes del Orinoco (Atabapo, Guainía, Negro, Ventuari y muchos de sus afluentes). Lo anterior ha traído como consecuencia la contaminación con mercurio de los principales cauces, la destrucción de biodiversidad, prostitución, alcoholismo y reclutamiento de los jóvenes para las actividades vinculadas con la minería6. David Kopenawa, líder yanomami de Brasil, viene denunciando que desde febrero de 2018 había presencia de más de 5.000 buscadores ilegales de oro (garimpeiros) en tierras del pueblo Yanomami en ambos lados de la frontera de Brasil–Venezuela.7

Alerta epidemiológica en territorios indígenas

En 2018, la Asociación Wataniba realizó un informe que recoge la situación epidemiológica en territorio yanomami del Alto Orinoco debido a un brote de sarampiónen las comunidades de Alto Ocamoy Parima, en Venezuela, y en la región de Ônkiola, del lado brasileño.8 Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró, en su informe de julio 2018, que desde el mes de enero, 516 indígenas contrajeron sa rampión en las poblaciones ubicadas en Amazonas, Delta Amacuro y Monagas. El organismo detalla que las etnias más afectadas por la enfermedad reemergente son los warao, con 37 defunciones, y los sánema (subgrupo yanomami), con 279. Finalmente, en su informe de septiembre 2018, la OPS expone su diagnóstico epidemiológico para Venezuela 2018, donde se confirmaron 535 casos de sarampión en poblaciones indígenas de los estados de: Amazonas (170 casos, de los cuales 135 son de la etnia sánema, 24 yanomami, 3 ye‘kwana, 3 baniva, 3 piapoco y 1 yeral); Delta Amacuro (341 casos de la etnia warao); Monagas (22 casos, siendo 20 warao, 1 chaima y 1 eñepa), y zulia (2 casos de la etnia wayuu). Adicionalmente se registraron 646 defunciones, de las cuales 37 son de Delta Amacuro (todas de la etnia warao) y 27 son de Amazonas (16 de la etnia sánema). En definitiva, para noviembre de 2018 la OPS registra 101 fallecidos del pueblo Yanomami, sin contar con casos que reposan en zonas con mayor distancia del área de cobertura de los entes de control. La misma OPS enunció que la baja cobertura de vacunación, la falta de vigilancia constante, la demora en la aplicación de medidas para controlar la enfermedad y la poca capacidad para aislar a los pacientes, así como el intenso movimiento en la región durante el período de incubación o de transmisión del virus, son los factores propicios para la propagación del sarampión.10

Migración forzada de comunidades indígenas

Los embates de la situación económica nacional han tocado los cimientos de miembros de las comunidades warao del Delta del Orinoco y Monagas, así como a miembros de la etnia eñepa de Bolívar, provocando su migración forzada para buscar zonas de alivio económico en regiones tan distantes como Boa Vista y Manaos, ambas en Brasil. Como consecuencia, las autoridades locales los han considerado como migrantes en calidad de refugiados, obligándolos a ocupar campamentos improvisados con la intención de controlar el flujo migratorio hacia otras zonas del vecino país, esperando su pronta devolución a sus regiones de origen. Por otro lado, en la región zuliana de Perijá, comunidades yukpa se vieron forzados a desplazarse a Colombia producto de los conflictos entre grupos armados, ya sea por el control de territorio y resguardo de siembras ilegales en los territorios indígenas, como por el reclutamiento de jóvenes para formar filas de los grupos irregulares que aún permanecen activos en esta zona. La situación permanece latente y constante a la espera de soluciones mediadas.11

Notas y referencias

  1. Bello, Luis and Mirabal, G. “Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela” (Jödi, Uwottüja, y Yanomami). Thematic hearing at the Inter-American Commission on Human Rights. October 2017
  2. Ibidem
  3. Wataniba, “Nosotros tenemos una relación directa con el medio ambiente y podemos ser nosotros quienes le brindemos al mundo las opciones para protegerlo” at http://bit.ly/2TcjCVh
  4. Tillett 2017. Manuscript “Visibilizando la Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Venezuela”; Vitti, M. 2018. “Amazonas: profundización del extractivismo, disputas territoriales, y conflictos.” Revista SIC Centro Gumilla; Vitti, M. 2018. “Una mirada estructural del megaproyecto Arco Minero del Orinoco (I)”. Revista SIC Centro Gumilla. 28/06/2018 OEPVZLA; Wataniba, 2018. “Nosotros tenemos una relación directa con el medio ambiente y podemos ser nosotros quienes le brindemos al mundo las opciones para protegerlo” at http://bit.ly/2TcjCVh
  5. 2018. Press release from ORPIA and its grassroots organisations on the measles outbreak among Yanomami communities in Alto Orinoco municipality, Amazonas state, Venezuela.
  6. Bello, 2017. “Minería Ilegal en la Amazonía Venezolana y Nueva Política Minera del Estado”. Asociación Wataniba, September 2017.
  7. Folha de Boa Vista. 2018. “Liderança denuncia presença superior a 5 mil garimpeiros na terra yanomami.” 9 April
  8. Wataniba, “Nosotros tenemos una relación directa con el medio ambiente y podemos ser nosotros quienes le brindemos al mundo las opciones para protegerlo” at http://bit.ly/2TcjCVh
  9. OPS, 2018ª. Informe julio 2018 de la Organización Panamericana de la Salud. Caracas Venezuela.
  10. OPS, 2018 b. Informe septiembre 2018 de la Organización Panamericana de la Venezuela. Caracas Venezuela.
  11. ACNUR, 2018. Noticias de la Web ACNUR. El hambre y la desesperación empujan a grupos indígenas a salir de

Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia “Wataniba”, con la colaboracion de Arturo Jaimes

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