• Pueblos indígenas en Uganda

    Pueblos indígenas en Uganda

Mundo Indígena 2019: Uganda

Los pueblos indígenas en Uganda incluyen las comunidades de antiguos cazadores-recolectores como los benets y batwas, también conocidos como twas. También incluyen grupos minoritarios como los iks, los karamojongs y los basongoras quienes no están reconocidos específicamente como pueblo indígena por el gobierno. 

Los benets, cuya población asciende a poco más de 8500, viven en la parte noreste de Uganda. Los aproximadamente 6700 batwas, quienes viven  principalmente en  la región suroeste, se les desposeyó de su tierra ancestral cuando los bosques Bwindi y Mgahinga se anunciaron en el diario oficial como parques nacionales en 19911. La población de los iks asciende a alrededor de 13,939 y viven en la orilla de la región Karamoja-Turkana a lo largo de la frontera entre Uganda y Kenia. El pueblo de los karamojongs vive en el noreste y suman 1,025,8002 al momento del censo nacional en 2014. Los basongoras contabilizan 15,897 y son una comunidad ganadera que vive en las tierras bajas junto a las montañas Rwenzori al oeste de Uganda.

Estas comunidades tienen la experiencia común de la falta de tierras inducida por el Estado y las injusticias históricas provocadas por la creación de áreas de conservación en el país. Han sufrido varias violaciones a sus derechos humanos, las que incluyen continuos desalojos forzados y la exclusión de sus tierras ancestrales sin consulta comunitaria, consentimiento ni adecuada (o ninguna) compensación; violencia y destrucción de viviendas y propiedades, incluyendo ganado; negación de acceso a sus medios de subsistencia y de su vida cultural y religiosa mediante la exclusión de sus tierras y recursos naturales ancestrales, todo lo cual ha redundado en su constante empobrecimiento, explotación social y marginalización.

La Constitución de 1995 no ofrece protección expresa a los pueblos indígenas, pero el Articulo 32 impone al Estado el deber de tomar medidas afirmativas en favor de grupos históricamente en desventaja y discriminados. El artículo, diseñado originalmente para enfrentar la situación de los niños, mujeres y personas con discapacidad, es la fuente

jurídica básica de la acción afirmativa en favor de los pueblos indígenas de Uganda3. La Land Act (Ley Territorial) de 1998 y el National Environment Statute (Estatuto Nacional Ambiental) de 1995, protegen los intereses consuetudinarios sobre las tierras y los usos tradicionales de los bosques. Sin embargo, estas leyes también autorizan al gobierno a excluir las actividades humanas de cualquier área boscosa declarándola como protegida, anulando así los derechos tradicionales a la tierra de los pueblos indígenas4.

Uganda nunca ratificó el Convenio Nº 169 de la OIT, que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, y se ausentó de la votación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007.

Debate exhaustivo sobre la tierra en Uganda

El año 2018 se caracterizó por el exhaustivo debate de tierras en medios de comunicación y comunidades rurales. El acaparamiento de tierras mantuvo ocupada a la Comisión de Investigación de Asuntos de la Tierra. La población está preocupada por la continua demanda por parte del Estado de enmendar la Constitución y la Land Act para permitir la adquisición obligatoria de tierra por parte del gobierno para inversiones públicas, sin el consentimiento previo del propietario de la tierra. La Constitución de Uganda de 1995 (Artículo

237) otorga la tierra a los ciudadanos y contempla cuatro sistemas de tenencia de la tierra bajo los cuales la tierra puede ser propiedad consuetudinaria, privada, mailo o en arrendamiento. La Uganda National Land Policy (Política Nacional de Tierras de Uganda) de 2013 y el proyecto de Rangeland Management Policy (Política de Gestión de Pastizales y Pastoreo) son documentos que lidian con asuntos de la tierra de las comunidades de pastores. Ambos destacan que el Estado ejercerá el poder de regulación pública del uso de las tierras en el interés del bienestar y desarrollo socioeconómico. 5 La Política Nacional de Tierras afirma que el Estado garantizará y protegerá los derechos de la tierra que tienen las comunidades de pastores, entre otros, al asegurar que las tierras pastorales estén bajo la posesión, propiedad y control de comunidades de pastores designadas como una propiedad común bajo tenencia consuetudinaria.

La situación de la tierra del pueblo karimojong

La subregión de Karamoja en el noreste de Uganda tiene una extensión de 69,930 km2 y actualmente está habitada por aproximadamente 1.4 millones de personas de diversos grupos; la mayoría de los cuales habla la lengua nga’karimojong. Esta región es social, política, económica y medioambientalmente distinta del resto de Uganda. Puesto que es en gran parte una zona árida, su economía se ha basado tradicionalmente en la ganadería y complementada con la oportunidad de cultivo de cosechas.

Desde la época colonial, el gobierno de Uganda ha incluido en el diario oficial el 40.8% de la tierra de Karamoja para la protección de la vida silvestre, 12.5% para la conservación forestal y a partir de 2010 ha otorgado concesiones mineras en un 24.8% de la tierra de acuerdo con un informe6 de 2010. Otras tierras ahora están cubiertas de centros urbanos, escuelas y centros sanitarios. A pesar de que el uso de las tierras altas se superpone, es evidente que a los karimojong se los ha privado sustancialmente de sus tierras.

En Karamoja, más del 99% de la tierra está bajo tenencia consuetudinaria. Hasta el momento, la mayoría de los karimojongs no ha tenido títulos de tierras bajo ningún sistema de tenencia; aunque esta situación está comenzando a cambiar. Por ejemplo, durante el Día Cultural de Karamoja, celebrado el 1 de septiembre de 2018, el Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano expidió más de 168 certificados de propiedad comunal a clanes en el distrito de Kaabong. A este evento asistieron cerca de 5000 personas provenientes de Etiopía, Kenia, Sudán del Sur y Uganda.

En agosto de 2018, el periódico The Daily Monitor informó que “Locales de Rupa y residentes del distrito de Moroto acusaron al Presidente de apropiarse de tierras utilizando a las élites locales”. 7 Esto se debió a que algunos inversores, ministros y líderes locales estaban usando supuestamente el nombre del Jefe de Estado para causar temor entre la población local. Los residentes que manifestaron su oposición rechazaron un plan de un Sr. Kodet para la fábrica Ateker Cement sobre una porción de tierra de una extensión de 442 hectáreas ubicada en un terreno rico en minerales en Rupa. Los residentes insistieron que no se les había consultado sobre el proyecto. Los intentos del Ministro de Estado de Ética e Integridad, H. P. Simon Lokodo (también un karimojong) para tratar el tema con los residentes no tuvieron éxito pues la gente comenzó a alborotarse y a acusar al Presidente de utilizar al Sr. Kodet para apropiarse de su tierra. 8

Criminalización de agentes de la tierra

Durante 2018, varias personas fueron acusadas por agencias de seguridad de presuntamente haber provocado la demanda de derechos de la tierra para los pueblos rurales. Loriku John Bosco, el Presidente del subcondado de Loyoro, fue declarado supuesto responsable de haber movilizado a la comunidad local para boicotear las demandas de Aketer Cement Limited para comenzar la extracción de piedra caliza antes de llevar a cabo la previa consultación y evaluación de impacto ambiental. En el subcondado de Rupa, el Sr. Nangiro Simon, el Presidente de Karamoja Elders Association (Asociación de Ancianos de Karamoja) y Coordinador del partido político Foro para el Cambio Democrático (FDC) se le acusó de defender los derechos de la tierra para el pueblo de los karamojongs. El personal de seguridad lo acusó de promover la inseguridad en el área.

La situación de las vidas de los pastores en los yacimientos mineros

A pesar de la abundante riqueza de recursos de Karamoja (ganado, minerales y personas), las población sigue viviendo en una pobreza deplorable y dependiendo de la ayuda alimentaria la mayor parte del tiempo durante las temporadas de sequía. La extracción de minerales la realizan tanto locales como no locales y no se agrega ningún valor a la localidad pues el procesamiento de los minerales ocurre en otras partes del país como Jinja, Tororo y Mbale.

La población local solo tiene acceso a trabajo manual mal pagado donde incluso los niños son empleados. Por ejemplo, en la cantera de mármol y otros yacimientos mineros de Karamoja, son niños menores de catorce años quienes realizan la mayoría de las actividades. A los niños se les paga la pequeña cantidad de UGX 10,000 (alrededor de USD 2.7) por camión para triturar la piedra y cargar un camión de 5 toneladas. Para empeorar las cosas, el pago se realiza en forma de bolsas de una potente ginebra local. La participación de los niños en el trabajo en las minas contradice las legislaciones y políticas laborales tanto internacionales como de Uganda, así como las leyes blandas internacionales como el Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973), la cual establece que la edad mínima para que los niños trabajen es de 15 años. Para el trabajo que se considera peligroso la edad mínima es de 18 años.

Durante el Diálogo del Comité de Políticas de Karamoja en el Salón de C&D en Moroto el 6 de diciembre de 2018, el H. Achia Remigio miembro del Parliament for the Pian Constituency (Parlamento para el Electorado de Pian) hizo un llamado al Ministerio para Asuntos de Karamoja y al Ministerio de Energía y Desarrollo Minero para detener la expedición y activación de licencias de minería en la región sin el conocimiento del Grupo Parlamentario de Karamoja (KPG).

Defensa de los derechos de los indígenas batwas

Hace ya 28 años desde que los batwas fueron desalojados de sus tierras ancestrales sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y aún continúan en una situación bastante precaria. Se enfrentan continuamente a transgresiones de sus derechos humanos como violaciones, humillación, tortura y abuso. Esta situación continuó en 2018 y se caracterizó por la falta de tierra, pobreza, marginalización, niveles muy bajos de educación y una representación inadecuada en todos los ámbitos.

En vista de las transgresiones mencionadas anteriormente, en 2013 los batwas presentaron una petición al Tribunal Constitucional de Uganda (C/s núm. 003 de 2013). La petición era principalmente una proclamación para llamar la atención del gobierno a su continuo y prolongado sufrimiento desde que se les desalojó de sus bosques en 1991 y un número indeterminado de familias batwas se vieron afectadas. Infortunadamente, este caso ha sido aplazado.

Los batwas tienen ahora un acceso bastante limitado a los bosques, y cuando de manera extraordinaria les permiten entrar al bosque para recolectar leña o plantas medicinales, van siempre acompañados por un guardia. Todo aquel que viole las reglas corre el riesgo de que le disparen o lo castiguen seriamente, incluso con encarcelamiento. 9

El año 2018 ha presentado acciones positivas que han contribuido a la defensa de los derechos de los batwas, a pesar de que estas acciones no han sido las adecuadas para eliminar las violaciones a sus derechos anteriormente mencionadas.

La Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda (UOBDU) ha elaborado algunas medidas para reducir las violaciones de los derechos humanos de los batwas. En 2018, capacitaron a defensores de los derechos de las mujeres batwas de cada una de sus comunidades para que pudieran luchar y reducir las violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la comunidad al colaborar conjuntamente con los líderes locales y la policía.

Ningún batwa tuvo una posición de influencia para hablar por su pueblo. Sin embargo, por primera vez, en las elecciones del consejo de la localidad de 2018 se eligieron a algunos batwas como representantes de sus pueblos.

La continua evaluación del Proyecto de Ley de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA) considera, entre otras cosas, la atención de los conflictos entre la vida silvestre y las personas en los alrededores de los parques nacionales. Sin embargo, el proyecto no contempla la atención de los asuntos de los pueblos indígenas.

Aquellos que defienden y luchan por los derechos de los pueblos indígenas ponen su vida en riesgo pues terminan siendo amenazados, torturados, encarcelados, interrogados o falsamente acusados e incluso con sus cuentas bancarias congeladas. Durante la última reunión de consejo de distrito de 2018, uno de los consejeros señaló que la Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda recibe un gran financiamiento y que por lo tanto debe ser auditada. Esta no ha sido la única acusación en los últimos años. Varios políticos han amenazado con cerrar la Organización bajo el argumento de que no cumple sus obligaciones hacia los batwas.

La Organización afrontó estas alegaciones al compartir sus presupuestos y planes de actividades y trabajo con las autoridades de distrito quienes a su vez encontraron que la Organización está implementando correctamente sus obligaciones.

A pesar de que existen varios actores como Defend Defenders, Uganda Human Rights Network y muchos otros cuyo objetivo es proteger a los defensores de los derechos humanos, la mayoría de ellos se encuentra en la ciudad capital y tienen poca presencia en los pueblos, por lo que no les es posible defender adecuadamente a todos los actores a nivel local.

La situación del pueblo basongora

El pueblo basongora vive en el distrito Kasese al oeste de Uganda. Habitan las tierras bajas al sur y sureste de las montañas Rwenzori. En lo que a la comunidad respecta, el año 2018 se caracterizó por el incumplimiento de promesas por parte del gobierno. En junio de 2018, el Servicio de Prisiones de Uganda informó que en 2007 cedió 1416 hectáreas que habían sido utilizadas previamente para dos granjas penitenciarias de Ibuga y Mubuku en el distrito Kasese, y las entregó a la comunidad basongora que no contaba con tierras.

A pesar de que hubo una directiva de gabinete para asignar la tierra a los basongoras, no se hicieron esfuerzos para medirla ni delimitarla y no se expidieron los títulos para quienes serían sus propietarios. Por consiguiente, los basongoras nunca han tenido acceso a dicha tierra, pese a la orden del tribunal del 30 de agosto de 2016 para la Comisión de Tierras en Uganda. KTA Advocates, los abogados que representan a la comunidad destacaron que, como resultado del retraso, habían surgido serios conflictos que amenazan la paz. En una carta de KTA Advocates a la Comisión de Tierras en Uganda con fecha del 19 de diciembre de 2018, los abogados señalaron que también había conducido al “aumento de diversos casos judiciales de personas sin escrúpulos como una forma de apropiarse de estas tierras con el apoyo de elementos corruptos en la administración del gobierno local”. No está claro cuándo tendrá acceso la comunidad a la tierra.

Diálogo con el gobierno

El gobierno de Uganda hizo esfuerzos en 2018 para entender la situación de los pueblos indígenas. El 20 de febrero de 2018, el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, llevó a cabo un taller de un día en Kampala. El objetivo del taller era mejorar el desarrollo de su población indígena de acuerdo con su política de visión 2030 bajo el lema “No dejar a nadie atrás”. El taller se realizó en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).

Después de la reunión, el Ministro de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social llevó a cabo consultas comunitarias por todo el país para establecer quiénes son los pueblos/comunidades indígenas de Uganda, su población y aspiraciones. El 25 y 26 de abril de 2018, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento en Benet y Bukwo a través de las cuales las comunidades dieron sus aportaciones en temas de interés para los pueblos indígenas, especialmente sobre derechos de tierras, y propusieron posibles soluciones para resolver estos problemas.

Del 12 al 14 de junio de 2018, el ministerio sostuvo un diálogo nacional con los pueblos indígenas de Uganda en el complejo campestre de Labamba donde se presentó un documento expositivo a la Ministro de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social del Estado, Sra. Peace Mutuuzo. En sus observaciones dijo que los pueblos indígenas deberían inscribir a sus hijos en las escuelas para que puedan participar en el desarrollo. También comentó que no era posible que los pueblos indígenas como los benets o batwas recuperen sus tierras forestales pero que tienen que continuar en diálogos con el gobierno. Esta declaración es contraria a la sentencia anterior del tribunal que hace un llamado al gobierno para permitirle a los benets el acceso al bosque.

Como un aspecto positivo, el 27 y 28 de noviembre de 2018, se llevó a cabo en Kampala el Diálogo Nacional sobre los Derechos de las Comunidades/Poblaciones Indígenas y las Industrias Extractivas en Uganda. Fue encabezada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de Uganda y el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Al diálogo asistieron, entre otros, los comisionados del Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social; Sector de Justicia, Derecho y Orden (JLOS); Comisión sobre Igualdad de Oportunidades; y otros representantes del gobierno. El diálogo señaló los retos que afectan a las comunidades indígenas en Uganda e hizo diversas recomendaciones importantes al Gobierno de Uganda, así como a otras partes interesadas.10

Notas y referencias

  1. Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda (UOBDU), Report about Batwa data. Agosto de 2004, Uganda, pág., 3.
  2. Oficina de Estadísticas de Uganda (2016), censo nacional de población y vivienda (2014). Disponible en:
  3. http://bit.ly/2T99r4L
  4. Grupo Internacional de los Derechos de las Minorías (MRG), 2001, Uganda: The marginalization of Minorities (pág., 9). Disponible en: http://bit.ly/2T8RFOU
  5. Ley de Tierras (1998), Artículos 2, 32; y Estatuto Nacional de Medio Ambiente (1995), Artículo
  6. Constitución de Uganda (1995), Política Nacional de la Tierra (2013) y Proyecto de Política de Gestión de Pastizales y Pastoreo (2014).
  7. Véase “Tenure in Mystery: Status of Land under Wildlife, Forestry and Mining Concessions in Karamoja Region, Uganda” en: http://bit.ly/2T8KcQ2
  8. Véase The Daily Monitor, “Moroto residents accuse president Museveni of grabbing their land” en http://bit.ly/2DIzcON
  9. Véase The Daily Monitor, “Moroto residents accuse president Museveni of grabbing their land” en http://bit.ly/2DIzcON
  10. Véase Survival International “Uganda: Batwa “Pygmy” faces prison in the name of conservation” en: http://bit.ly/2T3XInX
  11. Para ver el comunicado final sobre el diálogo nacional, por favor vea: http://bit.ly/2Tc8MzC

UA (Unión Africana). 2010. Marco de la política sobre el pastoreo en África: garantizar, proteger y mejorar las vidas, medios de sustento y derechos de las comunidades pastoralistas. Unión Africana, Addis Ababa. http://bit.ly/2T7nxnf

Stites, E., y D. Akabwai. 2009. Changing Roles, Shifting Risks: Livelihood Impacts of Disarmament in Karamoja, Uganda. Centro Internacional Feinstein, Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de la Nutrición, Universidad Tufts. http://bit.ly/2T6noQQ

Oficina de Estadísticas de Uganda, Resumen estadístico 2016, Kampala 2017.

Benjamin Mutambukah es el coordinador saliente de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil Pastoralista, tiene una gran pasión por la igualdad y equidad de los pueblos marginados.

Contribuciones de: Yesho Alex Arapsamson (presidente del Grupo Indígena Ogiek Ndrobos Benet del Monte Elgon), Mungech Chebet (coordinador del Grupo Indígena Ndorobos Benet del Monte Elgon), Loupa Pius (oficial de proyecto, Organization Dodoth de Desarrollo Agro-Pastoralista), Penninah Zaninka (coordinador de la Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda) y Edith Kamakune es una practicante de derechos humanos y resolución de conflictos en Uganda. 

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