El Mundo Indígena 2022: Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Escrito en 02 Mayo 2022. Publicado en Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es uno de los 58 “procedimientos especiales” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los procedimientos especiales son expertos independientes en derechos humanos con mandatos de informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o de país.

El Relator Especial tiene el mandato de promover la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes; examinar los medios de superar los obstáculos existentes para la protección plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas; promover las mejores prácticas; reunir e intercambiar información de todas las fuentes pertinentes sobre las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas; y formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades para prevenir y remediar las violaciones de dichos derechos^[1].

El 1.º de mayo de 2020, Francisco Calí Tzay de Guatemala, exmiembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, asumió el mandato de Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Durante 2021, el Relator Especial siguió trabajando en las principales áreas de su mandato: promover las buenas prácticas; responder a casos específicos de presuntas violaciones de los derechos humanos; realizar estudios temáticos; emprender visitas a los países; y formular recomendaciones a los gobiernos y otras partes interesadas.

Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí

Estudios temáticos para 2021

Cada año, el Relator Especial presenta dos informes temáticos, uno al Consejo de Derechos Humanos y otro a la Asamblea General.

El estudio temático que se presentó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2021 fue sobre el efecto de las medidas estatales de recuperación tras el COVID-19 en los pueblos indígenas^[2]. Este estudio es una continuación del informe temático que se envió a la Asamblea General en 2020 sobre el impacto global de la pandemia en los derechos de los pueblos indígenas^[3].

Según el informe, las medidas estatales de recuperación tras el COVID-19 repercutieron de forma negativa y desproporcionada sobre los pueblos indígenas. En muchos casos, las leyes de recuperación se enfocaron principalmente en manejar la crisis económica y priorizar y respaldar la ampliación de las operaciones comerciales a expensas de los pueblos indígenas, sus tierras y el medioambiente. En muchos países, asegurar la tenencia de la tierra es una preocupación más urgente para los pueblos indígenas que incluso el propio virus. Durante la pandemia, hubo un marcado aumento en la deforestación ilegal, las incursiones en territorios y la violencia frente a la escasa vigilancia y asistencia gubernamental ante estas transgresiones. Las órdenes por estado de emergencia siguen acelerando la exploración y extracción de recursos mientras se dilata la demarcación y el reconocimiento oficial de las tierras indígenas. Los esfuerzos de los gobiernos por controlar las incursiones ilegales en los territorios indígenas han disminuido, pero la amnistía a actividades ilegales de tala, pesca y prospección de oro, junto con los proyectos industriales y comerciales, continúan o han aumentado.

El COVID-19 afectó a los pueblos indígenas de forma grave y desproporcionada. Corren un mayor riesgo de contagiarse y fallecer, especialmente a medida que siguen surgiendo nuevas variantes del virus. A pesar de la mayor vulnerabilidad frente al virus, no se ha priorizado la distribución de vacunas para los pueblos indígenas, en particular para aquellos que viven en áreas remotas.

Los pueblos indígenas siguen estando sujetos a desalojos forzosos en medio de la pandemia. La aplicación de las medidas contra el COVID-19 se ha usado para fortalecer respuestas autoritarias y militarizadas que criminalizan a los defensores de los derechos humanos de los indígenas. Al mismo tiempo que se restringen las protestas pacíficas, continúa la expansión, construcción y operación de industrias comerciales y extractivas para promover la recuperación económica.

Durante la pandemia, los pueblos indígenas han demostrado gran resiliencia y fortaleza colectiva, y están revitalizando prácticas culturales como parte de sus exitosas medidas para combatir el COVID-19. Los procesos estatales de reconstrucción y recuperación deberían respaldar estas iniciativas para que los pueblos indígenas puedan restablecer las formas tradicionales de subsistencia y las economías que los sostienen.

En todo el mundo, las comunidades indígenas han tomado medidas para sobreponerse a las insuficientes campañas nacionales de información de los gobiernos sobre el COVID-19. Se realizaron campañas de educación en lenguas indígenas a través de medios impresos, la radio y las redes sociales para informar a las comunidades sobre la eficacia y las limitaciones de las vacunas, y abordar la divulgación de información errónea.

La protección de los territorios indígenas es fundamental, dado que no solo ayuda a los pueblos indígenas a recuperarse de la crisis sanitaria, sino que también promueve la seguridad alimentaria y la subsistencia sostenible. De esta manera, se fortalece la resiliencia frente a futuras pandemias.  En el informe se recomienda aumentar la inclusión y participación de los pueblos indígenas en el proceso de recuperación para abordar sus derechos y necesidades únicas, y fomentar un mayor respaldo de las iniciativas lideradas por indígenas para apoyar su cultura y economía durante el periodo de recuperación del COVID-19. Los pueblos indígenas deben estar involucrados en la planificación e implementación de las medidas de recuperación que los afectan.

Por otro lado, el estudio temático que se presentó ante la Asamblea General en octubre de 2021 se concentró en los desafíos que enfrentaron los pueblos indígenas de las áreas urbanas^[4]. En el informe se exploraron las causas y consecuencias específicas de la urbanización y las iniciativas tomadas por los pueblos indígenas y los Estados para abordar los derechos y las necesidades específicas.

Una considerable cantidad de los pueblos indígenas del mundo viven en zonas urbanas, y es necesario abordar la pobreza, el racismo y la marginalización para fortalecer el apoyo hacia estos pueblos. La migración urbana puede ocurrir cuando los pueblos indígenas se mudan en búsqueda de oportunidades de empleo y educación, así como también a consecuencia de desalojos forzosos, militarización, inestabilidad política y conflicto armado. Las actividades extractivas y los proyectos de desarrollo son los principales factores que llevan a los pueblos indígenas a urbanizarse a medida que sus derechos territoriales se ven socavados por la creciente presión de políticas estatales que favorecen el aumento de los proyectos a gran escala. Los efectos adversos del cambio climático, incluidos los incendios forestales, la deforestación, la sequía y el aumento del nivel del mar, exacerban aún más la migración y la urbanización de los pueblos indígenas. A menudo, estos acaban habitando viviendas precarias en las zonas urbanas más pobres que son propensas a sufrir desastres naturales y contaminación ambiental.

La urbanización brinda oportunidades, pero a menudo también conlleva pobreza, estigmatización y discriminación. Normalmente, los pueblos indígenas viven en zonas urbanas marginalizadas en las cuales sus derechos y necesidades culturales no se abordan efectivamente con políticas públicas y planificación urbana. Los pueblos indígenas que se mudan voluntariamente o por la fuerza a zonas urbanas se topan con obstáculos para acceder a atención médica adecuada, agua potable, saneamiento, educación culturalmente apropiada, oportunidades laborales y vivienda adecuada.

A su vez, los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas siguen padeciendo el legado de la colonización y el trauma intergeneracional. Además, se enfrentan a un conjunto único de desafíos en cuanto a su sentido de la identidad, cultura y vínculo con la tierra y los recursos. En el informe se indica que es imperioso prestar especial atención a los derechos de los grupos en riesgo entre los pueblos indígenas que viven en centros urbanos. Las mujeres y niñas indígenas que migran a zonas urbanas tienen mayor riesgo de caer en la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución, la explotación sexual y la violencia de género. Los niños y niñas indígenas que viven en estas áreas también se topan con barreras: los sistemas estatales de bienestar infantil los siguen separando de sus familias y comunidades, y corren un mayor riesgo de acabar en actividades de servidumbre doméstica y trabajo forzado.

A pesar de todos los desafíos, los pueblos indígenas son resilientes, se adaptan a la vida urbana y forjan nuevos caminos, a menudo con la ayuda de iniciativas impulsadas por ellos mismos. En este sentido, las autoridades estatales deben tomar medidas para respaldar las iniciativas que ellos han desarrollado. En el informe también se recomienda que se adopten leyes, políticas y programas, previa consulta con las comunidades indígenas involucradas, en aras de brindarles mecanismos de protección colectiva a los pueblos que vivan en zonas urbanas.

Visitas a países

En diciembre de 2021, el Relator Especial realizó una visita oficial a Costa Rica^[5], durante la cual expresó su preocupación con respecto a que el Estado haya incumplido durante más de 40 años su obligación de devolver a ocho pueblos indígenas del país las tierras que les pertenecen. Igualmente, manifestó su consternación ante los diversos ataques contra defensores de derechos humanos, incluidos líderes indígenas que sufrieron intimidación y amenazas de muerte en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En la mayoría de los casos, la causa subyacente es que no se garantiza la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. El Relator mostró su inquietud ante la ausencia de avances en los procesos judiciales relativos al asesinato de dos líderes indígenas: Sergio Rojas en 2019 y Jhery Rivera en 2020 (beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH en 2015).

El Relator Especial recibió información sobre la falta de la debida consulta con los pueblos indígenas para la definición de áreas protegidas y su administración.  También pudo observar la discriminación y pobreza significativa que los pueblos indígenas sufren en el país, lo cual afecta el acceso a la justicia, la educación, la salud y la participación política.  El Relator Especial notó las diversas formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas y recomendó al Estado que elimine los obstáculos que enfrentan para participar en la política y acceder a atención médica de forma efectiva con un enfoque intercultural.

Asimismo, invitó al Estado a resolver el problema de la tierra lo antes posible y a crear condiciones que faciliten el diálogo constructivo de buena fe con los pueblos indígenas para hacer una reforma legislativa integral y participativa, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. En concreto, señaló la necesidad de reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas y su personalidad jurídica. Calí Tzay incentivó la continuación del proceso de elaboración de una política sobre el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, de conformidad con los estándares internacionales, y también que se aborden las formas estructurales de discriminación. Si bien el Relator Especial celebró el hecho de que el gobierno hubiese adoptado un mecanismo de consulta conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, invitó a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial a desarrollar sus propios procedimientos de consulta con la participación de los pueblos indígenas.

En 2022, el Relator Especial espera concluir la visita oficial a Dinamarca y Groenlandia. En marzo de 2020, su predecesora inició esta visita, pero se tuvo que interrumpir debido al COVID-19. El Relator también espera ir a Chad, donde han aceptado la solicitud para dicha visita.

El Relator Especial seguirá intentando realizar visitas a países de Asia y África e insta a los Estados de estas regiones a que acepten las solicitudes de visita oficial.

Comunicaciones y comunicados de prensa

Durante 2021, el Relator Especial emitió más de 75 comunicaciones a Estados y otras entidades, como empresas privadas y organizaciones intergubernamentales, en respuesta a la información recibida sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas[6]. Estas comunicaciones se incluyen en el informe conjunto de comunicaciones de los procedimientos especiales, que se presenta en cada sesión del Consejo de Derechos Humanos, y se encuentran a disposición del público en línea en la base de datos de comunicaciones de los procedimientos especiales^[7].

El mandato también emitió numerosos comunicados de prensa sobre casos urgentes o de especial preocupación, en los que se expresa inquietud sobre asuntos tales como: contaminación por petróleo en Perú y por niveles de mercurio en Brasil; criminalización constante de los defensores de los derechos humanos de los indígenas en Filipinas, Guatemala y Honduras; y despojo de tierras y planificación de proyectos de turismo en tierras indígenas en Bangladesh e Indonesia. También manifestó públicamente la preocupación ante el hallazgo de fosas comunes de niños indígenas en Canadá, ataques a indígenas durante protestas pacíficas en Myanmar y Colombia, y el impacto de las medidas de conservación sobre los pueblos indígenas en Tailandia[8].

Colaboración con entidades especializadas de la ONU, organismos regionales de derechos humanos y otras actividades

El Relator Especial continuó la colaboración de su mandato con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI). En diciembre de 2021, participó en el seminario del MEDPI sobre tratados y acuerdos constructivos, y presentó información por escrito ante la Reunión del Grupo de Expertos del UNPFII sobre los pueblos indígenas, la actividad comercial y la autonomía de estos.

El Relator Especial mantuvo su compromiso con varias agencias de las Naciones Unidas con vista a promover las buenas prácticas en su trabajo en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Participó en las reuniones del Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas para promover la integración de las cuestiones relacionadas a estos pueblos en la agenda del sistema de la ONU y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En julio de 2021, el Relator Especial se dirigió por primera vez al Comité del Patrimonio de la Unesco en una sesión durante la cual se sometieron a consideración los sitios de patrimonio nominados.  En septiembre de 2021, el Relator participó en persona en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Marsella.

El mandato siguió colaborando con los órganos de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales. En junio de 2021, el Relator Especial participó en el día de debate general de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

En términos de cooperación con los mecanismos regionales de derechos humanos, en mayo de 2021 el mandato presentó un peritaje por escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por solicitud de los peticionarios en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala^[9]. En marzo de 2021, el Relator Especial contribuyó a un evento organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IWGIA sobre la autonomía indígena.

Durante el año pasado, siguió participando en reuniones relacionadas con el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, y también se involucró en varias actividades relacionadas con los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Christine Evans y José Parra apoyan el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Seanna Howard y Elisa Marchi, ambas del Programa de políticas y leyes sobre pueblos indígenas de la Universidad de Arizona, brindaron respaldo externo para el mandato del Relator Especial.

Dirección de correo electrónico para comunicarse con el mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí

Notas y referencias 

^[1] Naciones Unidas. ACNUDH. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx.

^[2] Naciones Unidas. A/HRC/48/54. Asamblea General 6 de agosto de 2021. Consejo de Derechos Humanos. Cuadragésimo octavo periodo de sesiones. Del 13 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Punto 3 del orden del día. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Los pueblos indígenas y la recuperación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay. https://undocs.org/en/A/HRC/48/54.

^[3] Naciones Unidas. A/75/185. Asamblea General 20 de julio de 2020. 75.º sesión. Punto 72 (b) del orden del día provisional. Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Derechos de los pueblos indígenas. Nota del Secretario General. https://undocs.org/A/75/185.

^[4] Naciones Unidas. A/76/202 Asamblea General. 21 de julio de 2021. 76.º sesión. Punto 75 (b) del orden del día provisional. Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Derechos de los pueblos indígenas. Nota del Secretario General. https://undocs.org/A/76/202.

^[5] Naciones Unidas. ACNUDH. Costa Rica: Urgent reforms needed on indigenous peoples' rights, says UN expert (Costa Rica: Se necesitan reformas urgentes sobre los derechos de los pueblos indígenas, dice el experto de la ONU). 17 de diciembre de 2021. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28000&LangID=E.

Naciones Unidas. ACNUDH. End of mission statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Francisco Calí Tzay at the conclusion of his visit to Costa Rica (Declaración final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay al concluir su visita a Costa Rica). https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27997&LangID=E.

^[6] Para conocer los detalles de todas las comunicaciones emitidas y las respuestas recibidas por el mandato: Naciones Unidas. ACNUDH. Communication Report and Search (Informe y búsqueda de comunicaciones). https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Mandates?m=26.

^[7] Naciones Unidas. ACNUDH. Communication Report and Search (Informe y búsqueda de comunicaciones). https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments.

^[8] Véase todos los comunicados de prensa:  Naciones Unidas. ACNUDH. OHCHR Latest News (Últimas noticias de la OACDH). www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Indigenous_People.

^[9] Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay. Peritaje a petición de los peticionarios en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Otros vs. Guatemala. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso N.º CDH-3-2020. 24 de mayo de 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/ExpertTestimonyCourt_EN.pdf.

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