El Mundo Indígena 2026: Perú
El Estado peruano reconoce oficialmente a 47 lenguas indígenas habladas por 55 pueblos distintos. En el Censo Nacional de Población de 2017, casi seis millones de personas (5.972.603) se autoidentificaron como pertenecientes a un Pueblo Indígena u Originario, lo que representa algo más de un cuarto de la población total. De éstos, 5.176.809 se reclaman quechua y 548.292 aymaras. La población censada amazónica que se autoidentifica como asháninka, awajún, shipibo y de otros pueblos ascendió a 197.667. Cerca de 50.000 se reclaman pertenecientes a otros Pueblos Indígenas u Originarios. Se sabe que en la región amazónica el subregistro censal continúa siendo alto.
Alrededor del 16 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras superpuestas al 35 % del territorio de las comunidades campesinas y nativas. En la Amazonía peruana, las concesiones de hidrocarburos cubren más del 70 % de la región afectando a pueblos y áreas naturales protegidas. La superposición de derechos sobre territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas y sus efectos contaminantes, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en el país. Perú ha suscrito y ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Para comprender la situación de paz y seguridad que atraviesan los Pueblos Indígenas de Perú, es imprescindible conocer el contexto político general del país, marcado por una prolongada crisis que erosiona la institucionalidad y el estado democrático de derecho. Una expresión de esto es que, en los últimos 25 años —desde el año 2000—, Perú ha tenido 11 presidentes de la República por diversos motivos, entre ellos la vacancia por incapacidad moral.
Actualmente, cuatro expresidentes se encuentran en prisión (Alejandro Toledo, Pedro Castillo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala), uno falleció en prisión (Alberto Fujimori), y otro se suicidó cuando iba a ser detenido (Alan García). Dina Boluarte fue destituida por el Congreso en diciembre de 2025 bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”, y la Fiscalía la investiga por diversos casos, entre ellos las muertes ocurridas durante las protestas sociales de su gobierno. El actual presidente encargado, José Jerí, enfrenta una situación política crítica debido a su comportamiento poco transparente. Existen pedidos de renuncia, mociones de censura, y crecen las dudas sobre si podrá mantenerse en el cargo hasta julio de 2026. Su continuidad depende de las negociaciones parlamentarias y de cómo avance la investigación fiscal en su contra.
Esta situación de inestabilidad institucional se explica por el frágil sistema democrático, el incremento de la corrupción y la penetración de intereses económicos en el control de la actividad política y en el funcionamiento del Estado. Los análisis coinciden: el legado del dictador Alberto Fujimori, encarnado en su hija Keiko Fujimori, ha sido favorecido por un pacto mafioso de poder criminal que desde el Congreso de la República doblega y controla las instituciones públicas.
En alianza con algunas organizaciones de derecha y extrema derecha, esta coalición política se ha dado maña para maniatar a los gobiernos e imponerse incluso al Poder Ejecutivo. En este propósito se ha coludido con el Partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón, organización que se reclama de izquierda marxista y leninista, pero que ha hecho alianza con el fujimorismo (“fujicerronismo”) para cogobernar a favor de la criminalidad y crear un blindaje legislativo e institucional para protegerse de acusaciones fiscales.
El fujicerronismo inició con el control progresivo del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, y se encuentran en pleno empeño en cooptar el Poder Judicial mediante amenazas y destituciones. El fujimorista Fernando Rospigliosi, encargado interino de la presidencia del Congreso, intenta obligar a los jueces a aplicar la Ley de Amnistía, que busca beneficiar a militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos en casos emblemáticos como Accomarca, Cayara, Chuschi, entre otros que involucran a miembros del Ejército y la Marina. Sin embargo, jueces probos rehúsan aplicar la norma por contravenir las violaciones a los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad, tal como lo recomienda la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El afán de copamiento total de las instituciones por el fujimorismo y sus aliados genera preocupación por el probable control y manejo de los organismos electorales para influir en los resultados de las elecciones generales de abril 2026. En estos comicios se postula, por cuarta vez consecutiva, Keiko Fujimori, obsesionada por el poder político y tratar de evadir las investigaciones que enfrenta por el presunto delito de lavado de activos vinculado al financiamiento irregular de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, así como una acusación que le atribuye la conformación de una organización criminal dentro de su partido Fuerza Popular.
Los organismos que analizan el deterioro democrático de Perú han pasado de calificarla como una “democracia defectuosa” a la de “régimen híbrido”, es decir, una democracia con rasgos autoritarios. Así lo sostiene el Democracy Index 2024, de Economist Intelligence Unit, la unidad de negocios del grupo The Economist. [1]
Algunos analistas como Jaime Antezana —dedicado a investigar el narcotráfico, el terrorismo y los conflictos sociales— afirman que el Estado peruano ha sido capturado por economías ilegales que configuran un narcopoder o narcoestado. Esto explicaría el paquete de leyes pro crimen que, además de blindar las corruptelas políticas, favorecen a grupos criminales vinculados a economías ilegales. En las elecciones de 2016, Antezana identificó 45 narcocandidatos en campaña. De estos, 21 salieron electos a través de ocho agrupaciones políticas. A su vez, 14 eran de Fuerza Popular, seguido de Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú y Renovación Popular.
Según Antezana, la masacre de Juliaca, ocurrida entre el 15 diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023, marca el inicio del fin de la democracia y el inicio de la conversión del Perú en una dictadura parlamentaria narcocriminal. Desde entonces, en Perú ya no existe democracia y se vive un narcopoder o una narcodictadura. El puntillazo final fue el asalto y control del Ministerio Público mediante la designación de Tomás Aladino Gálvez, sindicado como miembro de la mafia de los “Cuellos Blancos”. Esta situación de desgobierno y erosión de la democracia se reproduce en las distintas regiones del país y opera con mayor fuerza mediante delitos como la extorsión, el sicariato, los secuestros, la trata de personas, el tráfico de armas y la minería ilegal.
Mafias criminales y economías ilegales
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las economías ilegales generan en conjunto más de USD 12.645.000. La minería ilegal de oro es la principal actividad económica ilícita, y generaría USD 6.840.000 anuales, lo que deviene en una pérdida calculada en 2,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú cada año. “Más allá de las cifras económicas, el costo humano es considerable, con comunidades siendo desplazadas, derechos vulnerados y una creciente inseguridad en las regiones afectadas”.[2]
En volumen de poder económico, la minería ilegal, especialmente aurífera, se ha incrementado hasta convertirse en la principal actividad ilícita del país, superando incluso al narcotráfico en términos de impacto económico y social. “Este fenómeno no solo implica la explotación descontrolada de recursos, sino que además alimenta una red más amplia de crimen organizado, impactando profunda tanto la gobernabilidad como el tejido social”, apunta el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).[3]
El poder de los operadores de la minería ilegal alcanza tal influencia que han logrado la quinta ampliación consecutiva del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La decisión adoptada el 26 de diciembre de 2025 amplía el cuestionado REINFO hasta diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), lo que ocurra primero.
Según un informe de Conservación Amazónica (ACCA), la minería ilegal de oro está presente en nueve de las regiones amazónicas de Perú: Puno, Cusco, Huánuco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Pasco. Solo entre las regiones de Loreto y Amazonas hay 14 ríos invadidos por la minería ilegal y en más de 200 ríos y quebradas se ha registrado la presencia de dragas u otras maquinarias para la explotación minera.
El mercurio es una de las sustancias tóxicas más peligrosas para la salud, y gran parte del que se encuentra en los ríos y ecosistemas de la Amazonía peruana proviene de la minería de oro. Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), explica que “cuando [el mercurio] llega a los cuerpos de agua se transforma en metilmercurio, que es una de sus formas más tóxicas, y entra en la cadena alimenticia”. Es decir, afecta a los peces, a los animales que se alimentan de ellos y a las personas que los consumen.[4]
El narcotráfico es otra actividad que prospera y se relaciona con la deforestación en los bosques amazónicos y genera amenazas a quienes se oponen a esta actividad ilícita. De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) sobre el Monitoreo de Cultivos de Coca de 2025, en Perú se registraron más de 89.000 hectáreas de coca ilegal en 2024, reporte que también da cuenta del avance de este cultivo sobre 15 áreas protegidas y sobre más de 200 comunidades indígenas.
La construcción de carreteras también es otra amenaza para los bosques amazónicos y las comunidades indígenas. Un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) sobre cinco proyectos viales promovidos por el Estado peruano en la Amazonía reveló que estas carreteras representan un riesgo a la seguridad del país, debido a que podrían fortalecer las cadenas logísticas del narcotráfico y de la minería ilegal. Otras actividades ilegales, como la deforestación, la tala de madera y el tráfico de vida silvestre, también operan creando condiciones que debilitan la paz y la seguridad de las comunidades y Pueblos Indígenas.
Perturbación de la paz y la seguridad indígena
La respuesta estratégica de los pueblos y comunidades amazónicas ha sido profundizar la constitución de gobiernos territoriales autónomos como esfuerzos por articularse mejor, más allá de las comunidades nativas, a fin de responder de mejor manera a las amenazas de actores foráneos y actividades criminales.
Otra respuesta al contexto de violencia y criminalidad ha sido la activación de las guardias indígenas, quienes en noviembre de 2025 realizaron un encuentro de interaprendizaje con la participación de delegaciones de tres países.
El IV Congreso Internacional de la Organización Regional de la Guardia Indígena de la Nación Shipibo Konibo, realizado en la ciudad de Pucallpa, fue el espacio propicio para suscribir la Declaración de Bakish Mai en la que reafirman su rol de protección frente al crimen organizado y la inacción estatal. También demandan el reconocimiento oficial de su labor en aras de la paz, la seguridad, la justicia indígena y la libre determinación.
Ley APCI y amenaza al espacio cívico
El gobierno publicó el domingo 14 de septiembre dos Decretos Supremos que redefinen el papel de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y sus facultades de sanción. Se trata de los Decretos Supremos n.º 032 y 033 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que aprueban el Reglamento de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y su Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS).
Entre los cambios normativos sustanciales está el registro obligatorio de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX). El RIS clasifica infracciones en leves, graves y muy graves, con multas de hasta 500 unidades impositivas tributarias y la cancelación de inscripción.
Diversas organizaciones civiles han expresado su preocupación por el carácter punitivo del reglamento, especialmente por sanciones a ONG que asesoran legalmente a víctimas del Estado. Perú es uno de los pocos países de la región que penaliza explícitamente el uso de fondos de cooperación para defender a víctimas del Estado en instancias nacionales o internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la norma como una “represalia” contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos, señalando que vulnera el derecho a la defensa legal.
Además, existe el temor de que el reglamento se pueda usar para limitar el activismo o la fiscalización ciudadana, especialmente en contextos de conflicto social o represión. La APCI debe aprobar previamente los planes de las ONG, lo que puede limitar la capacidad de respuesta rápida ante emergencias o violaciones de derechos. A su vez, la APCI puede definir qué actividades “afectan el orden público”, sin criterios claros, lo que abre la puerta a interpretaciones políticas.
Criminalización de las personas defensoras y periodistas
Según la base de datos de ataques a defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en 2025 fueron asesinados cinco defensores indígenas y ambientales. Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas registró, en su informe anual 2025, 458 ataques a periodistas, con matices en violencia de género. Entre las agresiones se informa del asesinato de cuatro periodistas: Gastón Medina, Ramiro Celís, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, crímenes atribuidos a sicarios.
Censo con limitaciones
El Censo 2025, que debe ofrecer una radiografía actualizada del país y orientar políticas públicas, terminó generando preocupación entre los Pueblos Indígenas por fallas que ponen en riesgo su visibilidad. Un análisis del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destacó la importancia de los censos para conocer las condiciones de vida de las personas, pero evidenció varias fallas en el proceso y ejecución que perjudican a los Pueblos Indígenas.
Organizaciones indígenas exigen transparencia total, publicación de padrones rurales y divulgación de la programación censal ante la desconfianza en los resultados del Censo 2025, generada por las múltiples deficiencias. El informe de la CNDDHH concluye que el Censo 2025 mostró que, sin participación y enfoque intercultural, el Estado corre el riesgo de seguir invisibilizando a quienes deben ser parte central en la construcción de un país más justo y plural.[5]
Cabe destacar que el pueblo Harakbut desarrolló en 2025 un autocenso comunitario, una estrategia orientada a fortalecer el proceso de autogobierno y a reflejar la conexión espiritual del pueblo con el territorio. Así lo resaltó Jaime Corisepa, opo de la Nación Harakbut, durante el evento de presentación de resultados de este proceso pionero de gestión de información poblacional, territorial y sociocultural. La actividad contó con la participación de una nutrida delegación indígena, representantes de organismos internacionales, del Estado y la sociedad civil, quienes reconocieron en esta herramienta un insumo para el diálogo intercultural.
Perspectivas en 2026
El año 2026 en Perú está marcado por las elecciones generales que se deberán llevar a cabo el domingo 12 de abril para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes y a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Se trata de las elecciones “más complejas de la historia”, ya que en una sola cédula se mostrarán 39 agrupaciones políticas habilitadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un número récord en la historia peruana y que podría conducir a una fragmentación del voto ciudadano. El 4 de octubre de 2026 está prevista la realización de las elecciones regionales y municipales.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, estima que se viene un proceso electoral complejo con el riesgo de que se registre más violencia respecto de procesos anteriores. “Creo que la presencia de representantes de intereses económicos locales vinculados a la minería ilegal, al narcotráfico y a otras actividades ilegales va aumentar. Esto nos va a colocar en escenarios locales muy complicados”, afirmó Hoetmer.
Por su lado, Jaime Antezana observa un cambio de estrategia del narcopoder y el fujimorismo de cara a las elecciones de abril. En este nuevo periodo se acentuará el uso de la violencia criminal a través del sicariato con fines políticos y se multiplicarán las acciones que intenten provocar en el imaginario el recuerdo y temor a Sendero Luminoso. La treta política es resucitar acciones terroristas debido a que el fujimorismo se jacta de haber combatido eficazmente al terrorismo, lo cual es absolutamente falso; pero hay gente desinformada que lo puede creer. Se está fabricando un Sendero criminal dirigido por el crimen organizado que hoy cuenta con un ejército de sicarios en todo el país y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por encargo, explica Antezana.
Un ejemplo de ataque sicarial político sería el asesinato de Andrea Vidal, una abogada y extrabajadora del Congreso, ocurrido en enero de 2025 mientras viajaba en un taxi. El crimen destapó denuncias sobre una presunta red de prostitución vinculada al Parlamento. La investigación ha sido cuestionada por graves irregularidades y posibles encubrimientos dentro de la Policía Nacional.
Hoetmer opina: “La única forma de hacer frente a la inseguridad en el país es creando alternativas económicas e inclusivas para la gente, y esto implica reforzar y fortalecer la gobernanza territorial comunitaria, particularmente indígena, y contribuir a la protección de las personas que hacen frente a esas situaciones”.
“Si bien el número de asesinatos en 2025 ha sido menor que en los años anteriores, el nivel de amenaza sigue siendo muy alto y constante. Por otra parte, el nivel de acción estatal frente a ellos sigue siendo también muy bajo”, agrega Hoetmer. Un tema que se debe discutir de cara al futuro del país es “qué significa la seguridad para el futuro de Perú y cómo los temas de violencia están entrelazados con la forma en que se implementa un modelo económico, cómo se mantiene el nivel de desigualdad y, cómo se explota la Amazonía”. “Creo que sería uno de los desafíos”, finaliza.
La preocupación por el deterioro democrático y la regresión de los derechos humanos impulsó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con otros aliados, a emprender la iniciativa Tejiendo Ciudadanía,[6] que elaboró 37 propuestas agrupadas en cinco ejes prioritarios: más seguridad, menos corrupción, mejores servicios básicos, mayor crecimiento económico con inclusión y protección de los derechos humanos. Estas propuestas deben servir de hoja de ruta para un nuevo pacto social y se espera la recepción de las propuestas por parte de los candidatos electorales.
De igual modo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y más de 150 organizaciones sociales lanzaron el documento Consenso por los Derechos Humanos, una hoja de ruta de cara a las elecciones de 2026. El documento se articula en siete ejes temáticos: Reformas Institucionales y Políticas; Justicia, Seguridad y Memoria; Defensa y Ampliación del Espacio Cívico y Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos. Asimismo, Justicia Ambiental y derecho al agua; Igualdad real y vida libre de violencia; y Cuidado real y soporte a poblaciones vulnerables.
Es en este escenario oscuro e incierto en el que se desarrollarán las elecciones generales en abril y las elecciones subnacionales en octubre de 2026. Mientras, por un lado, las fuerzas criminales conspiran para seguir usufructuando el poder, por otro, la ciudadanía hace esfuerzos por revertir la situación en las condiciones más difíciles de actuación.
Jorge Agurto es comunicador social y periodista de formación esencialmente autodidacta. Sus raíces de identidad se encuentran en el pueblo Sechura, en la costa norte de Perú. Es fundador de la asociación civil sin fines de lucro Servicios en Comunicación Intercultural Servindi, una entidad especializada en temas indígenas, ambientales, derechos humanos y crisis climática. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] Perú está clasificado como un "régimen híbrido" en el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit, ocupando el puesto 78 a nivel mundial. Este retroceso, que comenzó tras la crisis política de 2022, refleja un deterioro en la cultura política, alta inestabilidad y una mezcla de instituciones democráticas con tendencias autoritarias. Ver: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024/
[2] Jaime Dupuy. “El futuro del Perú en riesgo: economías ilegales y la desviación del modelo amenazar nuestro proceso”. ComexPeru, 20 de septiembre de 2024. https://www.comexperu.org.pe/articulo/el-futuro-del-peru-en-riesgo-economias-ilegales-y-la-desviacion-del-modelo-amenazan-nuestro-progreso
[3] Observatorio CEPLAN. Fortalecimiento de las economías ilegales. CEPLAN, 2024.: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/r65_2024
[4] Ver cita en:
Yvette Sierra Praeli. “Desafíos ambientales de Perú en 2026: frenar la minería ilegal y el crimen organizado en un año electoral”. Mongabay, 5 de enero de 2026. https://es.mongabay.com/2026/01/desafios-ambientales-de-peru-en-2026-frenar-la-mineria-ilegal-y-el-crimen-organizado-en-un-ano-electoral/
[5] Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH. Censos 2025. ¿Una oportunidad perdida para el reconocimiento de los Pueblos Indígenas? Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH. https://acortar.link/xkakDq
[6] Oscar García Meza. “Tejiendo ciudadanía: un diálogo colectivo para el Perú democrático que queremos”. Puntoedu, 30 de enero de 2026. https://puntoedu.pucp.edu.pe/vida-universitaria/institucional/tejiendo-ciudadania-un-dialogo-colectivo-para-el-peru-democratico-elecciones-2026/
Etiquetas: Derechos Humanos
