• Pueblos indígenas en Perú

    Pueblos indígenas en Perú

    En Perú viven más de 4 millones de personas indígenas, 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas. En 2007 votó a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Mundo Indígena 2021: Perú

Según el Censo 2007, existen más de 4 millones de personas indígenas en el Perú: 83.11 % Quechuas, 10.92 % Aimaras, 1.67 % Asháninkas y 4.31 % pertenecientes a otros pueblos indígenas amazónicos. La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) da cuenta de la existencia de 55 pueblos indígenas en la actualidad, que hablan 47 lenguas indígenas en el país. Por otro lado, el 21 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, las cuales se superponen al 47.8 % del territorio de las comunidades campesinas.

Asimismo, la Amazonía peruana está cubierta en un 75 % por concesiones de hidrocarburos. La superposición de derechos sobre los territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007.

Perú comenzó el 2020 buscando superar los grandes problemas dejados por la crisis política del 2019: la disolución del Parlamento. La principal agenda nacional en enero eran las elecciones congresales. Pocos meses después, la agenda nacional, las políticas sociales pendientes y las actividades económicas se congelaron para concentrar esfuerzos por enfrentar el más grande problema en la historia sanitaria del mundo moderno: la pandemia del COVID-19​. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y los sectores más empobrecidos resultaron ser las principales víctimas de un problema global que no acabó en el 2020.

Con la pandemia, una nueva crisis política sacó a la luz las desigualdades sociales estructurales en el Perú. Males endémicos como la deforestación amazónica, el impacto de proyectos mineros, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la violencia contra los defensores ambientales, la criminalización de la protesta, la afectación de los derechos humanos y la precariedad laboral del sector agrario se hicieron especialmente visibles durante el 2020, un año complejo, que deja más deudas pendientes que saldadas.

Elecciones parlamentarias

El Perú comenzó el año sin un Parlamento. En septiembre del 2019, el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República en medio de una crisis generada por los sectores de la oposición que negaron la confianza al gabinete de ministros, en ese entonces presidido por Salvador del Solar. Las elecciones realizadas el 26 de enero dejaron como resultado un Poder Legislativo fraccionado entre nueve partidos políticos, ninguno con mayoría absoluta. Llamó la atención el histórico nivel de ausentismo: un 25 % de votantes hábiles no asistieron. El divorcio entre la clase política y la población se hizo evidente una vez más y con mayor énfasis en las elecciones congresales.

Absuelven a indígenas procesados por el Baguazo

El 3 de febrero, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a los 53 procesados, mayormente indígenas, de los pueblos Wampís, Awajún y Shawi que habían sido enjuiciados por el Estado peruano por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín, disturbios y tenencia ilegal de armas de fuego. El juicio tuvo como origen el conflicto ocurrido en Bagua (Amazonas) en junio del 2009 cuando, en el marco de la aprobación de unos decretos promovidos por el expresidente Alan García para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se buscaba liberalizar el territorio indígena peruano. Las protestas indígenas y la negativa al diálogo de las autoridades generaron un enfrentamiento que acabó con la muerte de 33 personas entre policías y civiles, así como un desaparecido.

El fallo absolutorio de la CSJ fue interpretado como un acto de justicia hacia los indígenas que participaron de aquel trágico evento. La absolución en este juzgado fue de cuatro votos a favor y tres en contra, con el voto dirimente de la jueza Susana Castañeda Otsu, quien precisó que en su decisión pesó el enfoque de interculturalidad, la vulneración al derecho a la protesta, a la consulta previa y la defensa del territorio indígena consagrada en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Entre los líderes indígenas beneficiados con la absolución, se encuentran Alberto Pizango, Santiago Manuin, Ronal Requejo, entre otros.

Estado reconoce otras tres lenguas indígenas

A fines de febrero, el Ministerio de Educación (Minedu) reconoció a tres lenguas amazónicas: munichi, omagua y taushiro, con lo cual las lenguas originarias reconocidas oficialmente por el Estado peruano son 46. De esta manera, le quedan al Estado peruano solo dos lenguas pendientes de oficialización para cumplir con los 48 alfabetos presentados en el 2019, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Pese a los esfuerzos del Minedu y el Ministerio de Cultura, la potencial desaparición de las lenguas originarias continúa siendo una amenaza. Desde que existen registros, se reconoce la desaparición de 37 lenguas en territorio peruano, entre las que destacan el cholón, culli, puquina, palta, muchik, entre otras. Además, existen lenguas en grave riesgo de extinción, como las lenguas amazónicas iñapari, de las que solo existen cuatro hablantes fluidos, y el taushiro, con solo un hablante. 

El COVID-19 llega al Perú

Marzo fue el mes que cambió la agenda del país para siempre. En la primera semana de ese mes, se registró el primer caso de contagio del virus COVID-19. Una semana más tarde, con 71 casos confirmados, el expresidente Martín Vizcarra decretó un estado de emergencia que suspendió todo el transporte internacional y doméstico en el Perú, así como las actividades económicas no esenciales.[1] Como era de esperarse, los primeros afectados por las medidas de inmovilidad fueron los sectores económicos más vulnerables. En las siguientes semanas, sucederían una serie de despidos masivos en grandes empresas y varios sectores económicos menores quebrarían ante la paralización de sus actividades.

En un intento por mitigar el impacto económico que generaba la orden de confinamiento, la administración de Vizcarra anunció a finales de marzo el primero de una serie de bonos que el Poder Ejecutivo ofrecería a lo largo del 2020. Sin embargo, el otorgamiento de este bono desnudó uno de los grandes problemas de la gestión pública nacional: la falta de un registro de la población vulnerable. Con la intención de otorgar el bono a los sectores más desfavorecidos, Vizcarra anunció que la entrega se daría a las personas registradas en los programas sociales Juntos y Pensión 65, ambos destinados a personas en situación de extrema pobreza. En primera instancia, varios sectores quedaron excluidos de estas ayudas económicas. La Confederación Nacional Agraria (CNA) denunció que esta medida discriminaba a los más de 6 millones de personas en el Perú que se dedican a las labores agrícolas y campesinas, y que se encuentran en situación de pobreza.

El virus golpea a pueblos indígenas

Un mes más tarde, en abril, el virus llegaría a las comunidades indígenas de la Amazonía y el propio Martín Vizcarra reconocería que los servicios públicos y sanitarios no alcanzaban de manera adecuada.[2] “Las comunidades nativas son ahorita, hay que reconocerlo, un sector que no está siendo atendido como debiera y tenemos que corregirlo en el menor tiempo posible y actuar inmediatamente”, declaró el jefe de Estado el 14 de abril.

A inicios de mayo, Loreto, la región más grande de la Amazonía peruana, se convirtió en el epicentro de la pandemia en el país. Con más de 1500 contagiados en un mes y medio, y una ratio de 40 fallecimientos diarios, la selva peruana experimentó su periodo más mortal de crisis sanitaria. En medio de esta situación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió al expresidente Martín Vizcarra el desarrollo de un plan multisectorial diferenciado para atender a la Amazonía y a sus pueblos indígenas. El plan improvisado que el Gobierno había diseñado para las principales ciudades del país, especialmente Lima, no se ajustaba a la realidad de las comunidades amazónicas.

Es así que, luego de 100 días de declarado el estado de emergencia, el Poder Ejecutivo ordenó a través de un decreto de urgencia un plan de intervención liderado por el Ministerio de Salud , que destinaba recursos por más de 88 millones de soles, un monto que representaba el 1 % del estímulo destinado a la reactivación de empresas.[3] El plan, puntualmente, tenía el objetivo de asegurar la compra de implementos de seguridad sanitaria, de pruebas diagnósticas y mejorar las condiciones de los establecimientos de salud. Sin embargo, para cuando la administración de Vizcarra emitió este plan, el virus ya había impactado muy fuerte en las comunidades indígenas.

A mediados de mayo, el líder Humberto Chota, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Feconatiya) y dirigente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), falleció víctima del coronavirus y por la falta de acceso al oxígeno. Chota sería el primero de una lista de líderes indígenas que fallecieron producto del COVID-19 y por la falta de atención sanitaria. Entre las víctimas que dejó la pandemia en las comunidades indígenas, se encuentran connotados dirigentes como Santiago Manuin Valera, líder histórico del pueblo Awajún; Silvio Valles Lomas, alcalde shipibo del distrito de Masisea; los hermanos awajún Hernán y Arturo Kinin Inchipish; y Marcial Quintana Litano, memoria viva del pueblo Tallán, entre muchos otros.

La situación de los pueblos indígenas peruanos, especialmente en la Amazonía, empeoró a lo largo del 2020. Para septiembre, se estimaba más de 20.000 indígenas contagiados, siendo Loreto la región más afectada con el 50 % de los casos. La tardía intervención del Estado, incluyendo su acción e inacción, y la falta de un enfoque intercultural que ajustara el plan de emergencia a la realidad de las comunidades indígenas, dejó un saldo fatal histórico que ha mermado a la población originaria.

En América Latina y el Caribe, la pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad de los pueblos originarios, principalmente por la falta de acceso a los sistemas de salud. Sin embargo, en la Amazonía se estima que la vulnerabilidad se multiplica por 10 respecto de las áreas urbanas, debido a la suma de factores climáticos y a que su población originaria era especialmente vulnerable a nuevos agentes patógenos.[4]

La amenaza latente de la Hidrovía Amazónica

Como si la pandemia no fuese suficientemente trágica para los pueblos amazónicos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció, en octubre, el interés del Gobierno por construir la Hidrovía Amazónica[5], un circuito destinado al transporte fluvial masivo que obligaría al dragado de millones de toneladas de tierra en los principales ríos de la Amazonía peruana, que afectaría a los ecosistemas amazónicos, a la seguridad alimentaria y a la cosmovisión de los pueblos originarios. El proyecto recibió más de 400 observaciones en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) en el 2019, que la constructora no pudo subsanar a tiempo.[6]

Pese a esta situación, el consorcio Cohidro, de capital chino y al que se le adjudicó la obra, insiste en el inicio de las operaciones con el dragado de más de 2600 kilómetros de ríos amazónicos con el apoyo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), que emitió una adenda al contrato de la hidrovía, ampliando los márgenes de dragado sin consulta previa de por medio.[7] La incertidumbre se mantiene para la soberanía territorial, alimentaria y cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía, los cuales reiteraron su pedido de cancelación del proyecto.

Rechazo al Acuerdo de Escazú

Una de las primeras acciones del Congreso de la República, que retomó la mayoría de sus actividades en octubre, fue rechazar la ratificación al Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que establece protocolos de protección al medio ambiente y sus defensores.[8] Pese a los pedidos del Ejecutivo, de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas y de la propia Defensoría del Pueblo[9], la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento rechazó la ratificación con los votos de las bancadas Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza Para el Progreso.

A pesar de que el Perú registra más de 50 defensores ambientales asesinados en la última década[10], el Congreso cedió a la presión de los sectores empresariales que acusaban al Acuerdo de Escazú de intervenir en la soberanía económica del país. En los días posteriores al rechazo por parte de esta comisión, el Poder Judicial solicitó al Parlamento reconsiderar su decisión y ratificar el acuerdo[11], a pesar de lo cual el Poder Legislativo archivó el caso.

El rechazo al Acuerdo de Escazú se hace especialmente crítico en un país como Perú. Solo en el 2020 fueron asesinados cinco defensores ambientales: Arbildo Meléndez Grándes (Huánuco) y Benjamín Ríos Urimishi (Ucayali); en mayo, Gonzalo Pío Flores (Junín); y en julio, Lorenzo Wampagkit Yamil (Amazonas), algunos de ellos miembros de comunidades indígenas.

Vacancia, dictadura y represión

En noviembre, Perú experimentaría sus semanas de mayor convulsión política en las últimas décadas. El 9 de ese mes, el Congreso vacó a Martín Vizcarra –sin investigación de por medio– con la acusación de “permanente incapacidad moral”, debido a una serie de audios en los que el presidente coordinaba con una asesora personal su defensa ante las investigaciones que tiene en la Fiscalía de la Nación.[12] Pese al rechazo de la mayoría de la población, que consideraba inoportuno destituir al presidente en medio de una pandemia y de algunos especialistas que afirmaban no haber motivos suficientes para invocar la incapacidad moral, Vizcarra fue destituido y el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, fue investido como nuevo presidente de la República ante el rechazo abrumador de la mayoría de la población. Fueron 105 congresistas los que votaron a favor de la vacancia, 19 en contra y 4 abstenciones. Únicamente el Partido Morado y algunos pocos representantes del Frente Amplio y Acción Popular se opusieron a la controvertida decisión.

Manuel Merino tomó el mando el 10 de noviembre, en medio de una serie de protestas ciudadanas que se desarrollarían a lo largo de la siguiente semana. Tras la renuncia de todo el gabinete ministerial que acompañó a Martín Vizcarra, Merino esperó dos días después de la ceremonia de juramentación para designar un nuevo Gabinete liderado por el político conservador Ántero Florez-Aráoz. Las protestas se reprodujeron en todo el país. Millones de personas salieron a las calles a expresar su rechazo ante lo que consideraban un “golpe de Estado” por parte del Parlamento. Al rechazo, Merino solo respondió con represión.

El descalabro de la política peruana en el 2020 llegaría a su pico la noche del sábado 14 de noviembre cuando se convocó a la segunda marcha nacional en contra de la administración de Merino. Con millones de personas manifestándose en todo el país, la Policía Nacional reprimió provocando la muerte de dos jóvenes estudiantes: Jack Brian Pintado (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24). Con la confirmación de estas muertes, durante la madrugada del 15 de noviembre, empezaron a suceder las renuncias de los miembros del gabinete ministerial que aún presidía Florez-Aráoz. Ante la insostenible situación política y social, Merino renunció a la presidencia al mediodía del domingo 15 de noviembre.

El lunes 16, en medio de protestas que exigían una nueva Constitución, el Congreso designó por consenso a Francisco Sagasti, miembro del Partido Morado y opositor a la vacancia, como nuevo presidente de la República. En su primer discurso, Sagasti pidió perdón a los familiares de las víctimas de las protestas contra Merino y ordenó un minuto de silencio en su honor. En los primeros días de enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un primer informe producto de su investigación y señaló que la Policía Nacional del Perú hizo “uso innecesario y excesivo de la fuerza” contra los manifestantes.[13]

Paro agrario y represión

Cuando parecía que el 2020 podía cerrar con calma, una nueva protesta apareció en escena. Empezó en Ica, el 30 de noviembre, cuando un grupo de agricultores inició un paro y tomó la carretera Panamericana exigiendo la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, una norma que creó un régimen laboral especialmente desventajoso para los trabajadores del sector. Las protestas se replicaron en otras regiones como La Libertad, Apurímac, Piura y Junín. Los protestantes reclamaban condiciones laborales dignas, mostrando durante varios días pruebas que evidenciaban pagos por debajo del salario mínimo, sin beneficios sociales y sin estabilidad. El sector empresarial agroexportador beneficiario del régimen especial rechazó las protestas y la Policía Nacional una vez más apeló a la represión, lo que acabó con la muerte del agricultor Jorge Muñoz Jiménez (19) y Mario Fernández (24) en La Libertad. Ante la presión social, el Congreso derogó la Ley de Promoción Agraria.

Con el compromiso de crear un nuevo régimen laboral agrario, el Congreso de la República priorizó el debate y formulación de una nueva ley durante los primeros días de diciembre. Sin embargo, para el 21, luego de 15 días de paz, los manifestantes volvieron a bloquear las carreteras denunciando la falta de celeridad e interés político por parte de los parlamentarios. Enfrentamientos, bloqueos de carretera, represión y la desidia de los congresistas fueron la tónica de la última semana del 2020, año marcado por crisis sociales, políticas y sanitarias.

Pluspetrol se va dejando pasivos ambientales

Sobre el cierre del año, la empresa transnacional Pluspetrol, con más de 20 años de presencia en el Perú y operadora del mayor yacimiento de gas en Camisea (Cusco) y el mayor yacimiento de petróleo en el Lote 192 (Loreto), anunció su retiro del país y la liquidación de sus activos.[14] La compañía acusa al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de perjudicarla, al determinar que Pluspetrol es responsable de los derrames ocurridos en el centro de la Amazonía en las instalaciones del Lote 192. La controversia radica en que la empresa arguye que un laudo arbitral la exonera de responsabilidad por los pasivos ambientales que datan de años anteriores a su ingreso a Loreto, sin embargo, el OEFA sostiene que su fallo se enmarca en el procedimiento sancionador, una de sus principales funciones. Mientras, ciudadanos de distintos pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía afectados por los derrames ocurridos en el Lote 192 demandan el cumplimiento de un histórico proceso de reparación y remediación ambiental.

Perspectivas al 2021

El 2020 cerró con el inicio de la segunda ola de contagios por coronavirus y la campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril del 2021. Los candidatos deberán desarrollar una campaña evitando grandes concentraciones y lidiar con la posibilidad de que sus actividades de proselitismo generen más contagios.

El 2021 fue declarado por el Gobierno como el “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”. Al respecto, la CNA manifestó en un pronunciamiento que los pueblos indígenas originarios siguen excluidos, discriminados y despojados de sus territorios y, por lo tanto, no tienen independencia ni bicentenario que celebrar.

Al margen de la controversia sobre la fecha real de la emancipación de la Corona Española y el proceso de conformación de una nación basada en ciudadanos con derechos, el Perú inicia el 2021 cada vez más lejos de las metas de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)[15], sumergido en una de las mayores crisis económicas y sanitarias de la historia reciente.

José Carlos Díaz Zanelli es periodista y académico. Miembro del equipo de trabajo de Servindi y candidato a doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos en Rutgers University (New Jersey). El presente informe contó con el apoyo del equipo de prensa de Servindi.

Este artículo es parte de la 35a edición de El mundo indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí

Notas y referencias

[1] “¿Estamos preparados para la emergencia?.” Servindi, 15 de marzo de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/15/03/2020/estamos-preparados-para-la-emergencia

[2] “Vizcarra: ‘Las comunidades nativas no están siendo atendidas como debieran’.” Servindi, 14 de abril de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/14/04/2020/vizcarra-las-comunidades-nativas-no-estan-siendo-atendidas-como

[3] “Cuestionan a Vizcarra por inacción para atender a pueblos indígenas.” Servindi, 7 de mayo de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/05/2020/cuestionan-vizcarra-por-inaccion-para-atender-pueblos-indigenas

[4] “Indígenas amazónicos, hasta 10 veces más vulnerables a COVID-19.” Servindi, 16 de noviembre de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/16/11/2020/indigenas-amazonicos-hasta-10-veces-mas-vulnerables-covid-19

[5] “Organizaciones demandan suspensión definitiva de Hidrovía.” Servindi, 15 de octubre de 2020. Amazónicahttps://www.servindi.org/actualidad-noticias/15/10/2020/organizaciones-demandan-suspension-definitiva-de-hidrovia-amazonica

[6] “Comunidades indígenas demandan suspensión del proyecto Hidrovía Amazónica.” Inforegión, 15 de octubre de 2020. https://www.inforegion.pe/278373/comunidades-indigenas-demandan-suspension-del-proyecto-hidrovia-amazonica/

[7] “Proyecto Hidrovía Amazónica pretende ampliar áreas de dragado.”  Servindi, 25 de noviembre de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/11/2020/hidrovia-amazonica-pretenden-ampliar-areas-de-dragado-sin-consulta

[8] “¡Primaron los intereses privados! Perú no ratifica Acuerdo de Escazú.” Servindi, 20 de octubre de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/10/2020/primaron-los-intereses-peru-no-ratifica-acuerdo-de-escazu

[9] “Defensoría del Pueblo pide aprobación de tratado de derechos humanos en materia ambiental.” Defensoría del Pueblo de Perú, 2 de junio de 2020. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-pide-aprobacion-de-tratado-de-derechos-humanos-en-materia-ambiental/

[10] “Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para un defensor ambiental.” Red Internacional de Estudios Interculturales. https://red.pucp.edu.pe/ridei/noticias/peru-es-el-cuarto-pais-mas-peligroso-del-mundo-para-un-defensor-ambiental/

[11] “Poder Judicial pedirá al Congreso ratificar Acuerdo de Escazú para mejorar y proteger justicia ambiental.” Justicia TV, 26 de junio de 2020. https://justiciatv.pj.gob.pe/poder-judicial-pedira-al-congreso-ratificar-acuerdo-de-escazu-para-mejorar-y-proteger-justicia-ambiental/

[12] “Congreso aprueba la vacancia del presidente Martín Vizcarra.” Servindi, 9 de noviembre de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/11/2020/congreso-aprueba-la-vacancia-del-presidente-martin-vizcarra

[13] Arciniegas, Yurany.ONU: policía de Perú hizo uso ‘excesivo de la fuerza’ durante las protestas de noviembre.” France 24, 12 de enero de 2021. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210112-peru-onu-informe-policia-uso-excesivo-fuerza-protestas-merino

[14] Silva, Christián. “Controversia entre Pluspetrol y OEFA por pasivos ambientales.” La República, 5 de octubre de 2020. https://larepublica.pe/economia/2020/10/05/controversia-entre-pluspetrol-y-oefa-por-pasivos-ambientales-la-republica/

[15] “Panorama de los ODS en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.” Servindi, 26 de noviembre de 2020. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/26/11/2020/panorama-de-los-ods-en-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-peruana

 

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