El Mundo Indígena 2020: Perú
Según el Censo 2007, existen más de 4 millones de personas indígenas en el Perú: 83,11% Quechuas, 10,92% Aymaras, 1,67% Asháninkas y 4,31% pertenecientes a otros pueblos indígenas amazónicos. La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) da cuenta de la existencia de 55 pueblos indígenas en la actualidad, que hablan 47 lenguas indígenas en el país.
Por otro lado, el 21 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, las cuales se superponen al 47,8 % del territorio de las comunidades campesinas. Asimismo, la Amazonía peruana está cubierta en un 75 % por concesiones de hidrocarburos. La superposición de derechos sobre los territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
En 2019 Perú volvió a vivir un año de convulsión política, siguiendo la tónica que ha caracterizado al país desde las elecciones de 2016. El momento más álgido ocurrió el 30 de setiembre cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió al Congreso de la República[1]. El obstruccionismo de la mayoría fujimorista y la fragmentación de los demás grupos políticos hizo de este parlamento uno de los periodos legislativos más ineficaces de la historia moderna peruana. Un tema que quedó pendiente de discusión en el legislativo fue la ratificación parlamentaria del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional al que el Gobierno del Perú está suscrito y que le obligaría a implementar una serie de protocolos de protección y conservación del medio ambiente con el apoyo de las Naciones Unidas y la CEPAL[2].
Por otro lado, un tema de carácter regional que tuvo impacto nacional en Perú fue el incendio ocurrido en la Amazonía a mediados del 2019 y que, pese a tener sus principales focos de fuego en Brasil, Bolivia y Paraguay, tuvo un impacto considerable en la biomasa amazónica dentro del territorio peruano. Esta situación reintrodujo en el debate nacional los temas relacionados a la protección y deforestación de la Amazonía. La tala y la minería ilegal son dos de las actividades extractivas que más se han propagado en los últimos años dentro de la selva. Según el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (Minam), en las últimas dos décadas el Perú ha perdido un promedio de 123.000 hectáreas de bosque anualmente, un hecho que no solo tiene incidencia directa con la propagación de los incendios forestales, sino que ha afectado territorios indígenas y áreas naturales protegidas.
Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación está hecha en la amazonía peruana, dentro del territorio Wampi, fotografiada por Pablo Lasansky y que es la portada del Mundo Indígena 2023 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2020 completo aquí
Ley Marco de Cambio Climático
La meta al inicio del 2019 fue aprobar el reglamento para culminar con la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), una norma que el Perú se comprometió a crear tras suscribirse al Acuerdo de París en el año 2015. Sin embargo, la discusión sobre este tema comenzó con problemas cuando las “rondas campesinas” denunciaron que estaban siendo apartadas por parte del Minam del proceso de consulta previa para la elaboración del reglamento[3]. La explicación ofrecida en su momento por el Minam era que las rondas no integraban el grupo de organizaciones indígenas registrados por el Ministerio de Cultura. Con la arbitraria exclusión de las rondas campesinas, se dio inicio a las discusiones, debates y negociaciones para la reglamentación de la Ley Marco de Cambio Climático en febrero del 2019.
El Minam tuvo a su cargo el proceso de consulta previa descentralizada con las organizaciones indígenas, que no estuvo carente de fallas y dificultades logísticas. A mediados de julio se alcanzó acuerdos sobre una parte de las propuestas indígenas, destacándose la creación de la Plataforma Climática Indígena (PCI)[4]. La PCI constituye un espacio de reconocimiento de la labor de los pueblos indígenas y de sus conocimientos ancestrales en conservación de la biodiversidad. Asimismo, se ajusta a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Aunque la PCI era una de las demandas de los pueblos indígenas en las discusiones sobre el reglamento de la LMCC, su creación constituyó un triunfo para los pueblos originarios y un reconocimiento a su papel en la lucha contra el cambio climático[5]. En relación a este último punto, un grupo de trabajo fue creado en noviembre por el Minam con el fin de diseñar las funciones de la Plataforma de Pueblos Indígenas[6]. Las metas de este grupo, cuyo plazo de trabajo es de seis meses, serán definir las funciones y elaborar una hoja de ruta que regulará la participación de los pueblos indígenas en las acciones de lucha contra el cambio climático.
En las siguientes semanas, prosiguió una segunda fase del proceso de negociación en el marco del proceso de consulta previa entre las organizaciones indígenas y el Minam. Luego de maratónicas jornadas de cierre, a fines de agosto se logró cerrar un documento de compromisos sin que se haya podido incorporar la totalidad de las demandas indígenas. Entre los avances destacados se encuentran el reconocimiento de los mecanismos indígenas con enfoque de reducción de emisiones de gases del efecto invernadero producidas por la deforestación y degradación de los bosques como REDD+ Indígena Amazónico (RIA) y REDD+ Indígena Andino Costero (RIAC) como parte de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Asimismo, la seguridad jurídica de las tierras y territorios y demás derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios como condición habilitante, el compromiso de respaldar a los pueblos indígenas para acceder a fondos climáticos nacionales e internacionales, y se reforzaron los enfoques de género y pertenencia cultural dentro de la estrategia nacional de cambio climático vinculada a la PCI[7].
El 1 de enero de 2020 se publicó el texto final del reglamento de la LMCC el cual se encuentra en evaluación por las organizaciones indígenas. Hay algunos temas pendientes que el gobierno ha preferido normar luego de la promulgación del reglamento y se encuentran pendientes de negociación y acuerdo durante el 2020, como por ejemplo la tipificación de las sanciones relacionadas a la captura del carbono forestal (REDD+).
Situación de la Amazonía
Como se anticipó en la introducción de este capítulo, la deforestación es uno de los principales problemas en la Amazonía peruana. A los incendios forestales que afectaron a toda la biomasa amazónica en Sudamérica, se le suman las mafias de minería y tala ilegal que en los últimos años se han propagado en regiones como Madre de Dios y Ucayali. Sin embargo, un nuevo problema apareció en la selva peruana a lo largo del 2019: se trata del proyecto Hidrovía Amazónica. Es una iniciativa del Gobierno del Perú que comenzó en 2017, bajo la administración de Pedro Pablo Kuczynski y que ha continuado durante la gestión de Martín Vizcarra. El impacto ambiental de la elaboración de esta serie de circuitos fluviales es una de las principales preocupaciones en la población indígena y para la sociedad civil en general. Según la concesión que data del 2017, se deberían realizar actividades de dragado en más de 13 puntos con poca profundidad de agua, lo que afectaría directamente a los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali. Este trabajo, según advirtió la organización Wildlife Conservation Society, implicaría la remoción, succión, transporte y descarga de tierra y materiales del fondo del río, poniendo en riesgo los ecosistemas amazónicos[8]. La polémica en torno al proyecto fue en aumento cuando se encontraron irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental, como el desconocimiento del marco jurídico que protege a las comunidades indígenas, así como una serie de inconsistencias vinculadas al impacto cultural y ambiental que contravenía el compromiso firmado por el Estado peruano al suscribirse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo[9]. A esto se le sumaron las propias observaciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que coincidió con el informe realizado por el Sernanp respecto al impacto de las labores de dragado en el ecosistema amazónico y en los pueblos indígenas[10].
La situación de la polémica Hidrovía Amazónica, es un proyecto que se buscó imponer desde el Gobierno del Perú y desde el Parlamento. Con el apoyo de algunos legisladores fujimoristas como Carlos Tubino, ex representante de Ucayali, que siempre promovió este proyecto. Pero el proyecto empezó a tomar un rumbo favorable para las demandas indígenas a mediados de diciembre cuando el consorcio encargado de construir la obra, Cohidro, comunicó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones su desistimiento de realizar el proyecto[11]. Según la versión oficial del consorcio, su negativa responde a una negligencia del Estado peruano, aunque en paralelo las organizaciones indígenas denunciaron en todo momento el impacto negativo de la construcción de una hidrovía en la Amazonía. Sin embargo, el gobierno de Vizcarra anunció que persistirá en el proyecto durante el 2020.
Pero este no fue el único problema que aquejó a la selva peruana a lo largo del 2019. En la región de Madre de Dios, cerca de la frontera con Brasil, con el objetivo de realizar intervenciones urgentes en la lucha contra la minería ilegal y la trata de personas, un problema que se ha propagado en la selva sur del Perú desde la construcción de la carretera Interocéanica[12]. A raíz de este decreto se realizaron una serie de intervenciones policiales y militares que desbarataron bandas de trata de personas, la mayoría de las cuales estaban vinculadas a los campamentos de mineros ilegales. La más grande de estas intervenciones fue la denominada Operación Mercurio 2019 que apuntó al corredor minero ilegal conocido como La Pampa y que afectaba a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Luego de estas acciones y de la intervención de las fuerzas militares en la zona, en agosto de este año se informó que la deforestación en La Pampa se redujo en un 92% en comparación a los índices del 2018[13]. Sin embargo, los problemas en Madre de Dios, vinculados a la minería ilegal continúan. A fines del 2019 se denunció que muchos de los campamentos mineros desalojados en el marco de la Operación Mercurio se mudaron a territorios indígenas en las periferias de la Reserva Comunal Amarakaeri[14], un territorio ancestral del pueblo Harakbut que se vería amenazado por la llegada de las mafias mineras y de tratas de personas de cara al 2020.
Por último, uno de los temas más preocupantes para las comunidades indígenas de la Amazonía, en el Perú y en América Latina, es el asesinato de líderes y defensores comunitarios que en los últimos años ha ido en aumento. En el 2019, uno de los casos más emblemáticos en este país fue el asesinato de Cristian Java de 22 años, quien murió en los alrededores de la comunidad nativa La Petrolera, en Loreto. El crimen, que aún no ha sido esclarecido, ocurrió en abril en el marco de una serie de enfrentamientos entre las comunidades indígenas de Loreto y una serie de grupos invasores que se dedican a la tala ilegal de madera. En particular Java, quien pertenecía a los grupos étnicos Kukama y Urarina, fue asesinado mientras realizaba sus labores de monitoreo ambiental en la zona[15]. Pocos días después de este crimen, el Ministerio de Justicia aprobó un protocolo de protección para los defensores de derechos humanos, una norma que incluye a los líderes indígenas y defensores ambientales[16]. No obstante, la protección de los activistas sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes en la Amazonía.
Sierra, minería y protestas
La sierra peruana comenzó el 2019 con un conflicto minero que implicó diversos niveles de discusión. La polémica giró en torno al proyecto minero Las Bambas, ubicado en la comunidad campesina de Fuerabamba, región de Apurímac. Luego del paro regional y el juicio contra los dirigentes comuneros de Fuerabamba, ocurrido en 2018, el diálogo se retomó tensamente en marzo del 2019, aunque la traba siguió siendo la misma: la consulta previa. Al no estar inscrita Fuerabamba en la base de datos de pueblos indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, el consorcio liderado por el Grupo MMG, administradores del proyecto Las Bambas, reclamaron que no hacía falta un proceso de consulta previa para la expansión del proyecto y la utilización de las vías de comunicación que atravesaban, en múltiples tramos, el territorio comunal[17]. Este conflicto desnudó, una vez más, la fragilidad de la Ley de Consulta Previa y su implementación.
Otra de las demandas que reavivaron este conflicto a lo largo del 2019, fue la exigencia de los comuneros de que el Grupo MMG se haga responsable de los pasivos ambientales generados por las actividades de extracción en el proyecto Las Bambas, cuyas operaciones comenzaron en 2015. Discrepancias entre la comunidad de Fuerabamba y el informe ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) generaron la posibilidad de un nuevo paro regional en octubre del año pasado[18]. Sin embargo, otros dos problemas evidenciados a raíz del conflicto en Fuerabamba fueron la criminalización de la protesta y la privatización del servicio policial.
El primer enfrentamiento a causa del proyecto Las Bambas ocurrió en 2015, cuando el Grupo MMG modificó unilateralmente el Estudio de Impacto Ambiental de la concesión. Luego de una fuerte represión policial, 21 comuneros fueron detenidos aquel entonces, pero a 19 de ellos una corte provincial de Cotabambas les inició un proceso judicial, en lo que a todas luces fue un acto de criminalización de la protesta, pues los comuneros reclamaban por la defensa del uso de su territorio. Tras cuatro años de procesos administrativos, en mayo de 2019 comenzó el juicio oral contra los 19 comuneros, un proceso judicial cuyas irregularidades han sido denunciadas dentro y fuera del Perú[19]. La criminalización de la protesta sigue siendo un tema pendiente a nivel nacional y será otro de los retos del nuevo Congreso a partir del 2020. A raíz del juicio contra los comuneros, la disuelta bancada de Nuevo Perú presentó en mayo dos proyectos de ley[20]. El primero destinado a crear un marco legal de protección a favor de los defensores de derechos y destinado a prevenir la criminalización de la protesta. El segundo, con el objetivo específico de amnistiar a los comuneros de Fuerabamba que vienen siendo enjuiciados en Apurímac y contra quienes el Grupo MMG reclama una reparación civil.
Otro de los grandes problemas en torno a este caso, es el referido a los convenios firmados entre la compañía minera y la Policía Nacional del Perú. En los últimos 25 años se han firmado más de 150 convenios entre empresas extractivas y la Policía, lo que ha creado un creciente escenario de privatización y represión policial. El caso del proyecto Las Bambas, donde también existía un convenio de esta naturaleza, es otro claro ejemplo. A propósito de esto, el Instituto de Defensa Legal, junto con otras organizaciones defensores de los derechos humanos, han presentado una serie de demandas contra este tipo de convenios[21]. A mediados del 2019, al menos tres de estas demandas se encontraban ya en el Tribunal Constitucional, instancia que debe definir el carácter constitucional de este tipo de convenio. Sin embargo, estas denuncias aún no han sido procesadas, teniendo en cuenta que, tras la disolución del Congreso, y en medio de una polémica por la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, este fuero ha visto su carga procesal concentrada en resolver, entre otras cosas, la propia constitucionalidad del cierre congresal hecho por el presidente Martín Vizcarra.
Otro proyecto minero que viene arrastrando conflictos desde hace varios años es Tía María, ubicado en la sierra sur del Perú. Luego de una serie de enfrentamientos entre los agricultores del Valle del Tambo en Arequipa, los principales afectados con este proyecto minero, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas otorgó en octubre la licencia para la construcción de las instalaciones del proyecto minero[22]. La reacción inmediata fue el rechazo, como ha sido en los últimos cinco años, por parte de los comuneros, en su mayoría agricultores del Valle del Tambo. En medio de este conflicto, y a poco de agravarse, el presidente Martín Vizcarra tuvo que intervenir para frenar una vez más el proyecto en noviembre del 2019, anunciando que este no se ejecutaría sin contar con la licencia social de los pobladores locales[23]. Por el momento la licencia para el proyecto ha quedado suspendida, aunque en el 2020 se mantendrá la incertidumbre pues la empresa Southern Copper Corporation insiste en la viabilidad de la obra.
Costa y mar
En el litoral costero del Perú, el Fenómeno del Niño es una amenaza recurrente. Aunque en 2019 este fenómeno climatológico no se expresó drásticamente como ocurrió en 2017, la deuda con los agricultores y una adecuada labor de gobernanza territorial siguen siendo las principales cuentas pendientes. En febrero del 2019 el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi) anunció que se experimentó un Fenómeno del Niño de categoría “leve”[24]. Durante el verano del Océano Pacífico sur solo algunas pocas áreas de la costa peruana se vieron afectadas por la lluvia, siendo Chiclayo, capital de la región Lambayeque, la que se vio más afectada por las inundaciones, aunque sin pérdidas mortales. No obstante, el entonces primer ministro César Villanueva reconoció que el Perú no se encuentra preparado para afrontar un Fenómeno del Niño de mayor gravedad[25], lo que evidencia la falta de trabajo en materia de prevención.
En relación al Fenómeno del Niño ocurrido en 2017, las obras de reconstrucción en las ciudades del norte continúan. La ciudad más afectada, en aquel entonces, fue Piura, la misma que aún tiene muchas obras pendientes. A fines del 2019, el presidente Martín Vizcarra visitó esta zona y ofreció continuar con estas labores[26], no obstante, ya sobre los últimos días de diciembre se registraron inundaciones en localidades piuranas lo que vaticina un verano complicado para la región[27]. Estas noticias a lo largo del 2019 recordaron que aún quedan muchos puntos pendientes en cuanto a la promulgación de una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, una deuda histórica del Congreso de la República, y a las metas del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño”[28], una comisión multisectorial encargada de producir los documentos científicos destinados a colaborar con el ordenamiento del territorio así como prevenir desastres naturales vinculados a este fenómeno climatológico.
Por último, una de las áreas menos atendidas por la legislación ambiental, pero más afectadas por las actividades de extracción, son las aguas nacionales pertenecientes al litoral peruano. Respecto a este territorio, el anuncio más importante a lo largo del 2019 fue de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz en la creación de la Reserva Nacional “Mar Tropical de Grau”[29]. Aunque aún no se ha oficializado esta designación, de concretarse se protegerían las áreas marinas de Tumbes y Piura, no solo de la pesca ilegal, sino también de las actividades de extracción de hidrocarburos que afectan a los ecosistemas marinos en el Océano Pacífico. Del mismo modo se anunció, aunque con miras a implementarse entre el 2020 y 2021, la creación de otra área protegida más que sería El Dorsal de Nazca, en las costas de la región de Ica[30]. La creación de estas áreas protegidas convertiría a estos espacios en lugares protegidos para la actividad extractiva y en locaciones destinadas a la conservación de la biodiversidad, así como a su investigación.
Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación está hecha en la amazonía peruana, dentro del territorio Wampi, fotografiada por Pablo Lasansky y que es la portada del Mundo Indígena 2023 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2020 completo aquí
Notas y referencias
[1] Video: El Presidente Vizcarra anuncia disolución constitucional del Congreso. 30 septiembre 2019: https://andina.pe/agencia/video-presidente-vizcarra-anuncia-disolucion-constitucional-del-congreso-48535.aspx
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Consultado 14 febrero 2020: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
[3] “Desconocen a rondas como indígenas y les niegan derecho a la consulta”. Servindi, 11 febrero 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/02/2019/minam-niega-cunarc-p-participar-del-proceso-de-consulta-previa-del
[4] “Perú será el primer país del mundo en contar con una Plataforma Climática Indígena”. Andina, 12 julio 2019: https://andina.pe/agencia/noticia-peru-sera-primer-pais-del-mundo-contar-una-plataforma-climatica-indigena-758475.aspx
[5] “¡Triunfo indígena!: Aprueban PCI, pero faltan aprobar más propuestas”. Servindi, 13 julio 2019: https://www.servindi.org/13/07/2019/aprueban-plataforma-climatica-pero-faltan-aprobar-mas-propuestas-indigenas
[6] “Crean grupo de trabajo sobre Plataforma Climática Indígena”. Servindi, 23 noviembre 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/11/2019/conforman-grupo-de-trabajo-para-disenar-la-conformacion-de-la
[7] “Pueblos Indígenas Logran la Incorporación de Propuestas Claves para la Acción Climática”. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 24 augusto 2019: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pueblos-indigenas-logran-la-incorporacion-de-propuestas-claves-para-la-accion-climatica
[8] Alonso, J. “Hidrovía Amazónica, una amenaza para Perú y el planeta”. Deutsche Welle, 15 diciembre 2019: https://www.dw.com/es/hidrov%C3%ADa-amaz%C3%B3nica-una-amenaza-para-per%C3%BA-y-el-planeta/a-51679653
[9] “EIA de Hidrovía incumple estándares jurídicos obligatorios”. Servindi, 11 noviembre 2019: https://www.serveei.org/actualidad-noticias/11/11/2019/eia-de-hidrovia-incumple-estandares-de-la-corte-idh-y-convenio-169
[10] “Hasta el MTC encuentra fallas en proyecto Hidrovía Amazónica”. Servindi, 20 septiembre 2019: https://www.servindi.org/20/09/2019/hasta-el-mtc-encuentra-fallas-en-proyecto-hidrovia-amazonica
[11] “Cae Hidrovía: Cohidro desiste por falta de estudios toxicológicos”. Servindi, 21 diciembre 2019. Archieved on 22 diciembre 2019: https://web.archive.org/web/20191222013257/https://www.servindi.org/actualidad-noticias/21/12/2019/hidrovia-amazonica-cohidro-desiste-del-proyecto-ante-senace
[12] Decrete Supremo - Declaración de Estado de Emergencia. Consultado 14 febrero 2020 en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaracion-de-estado-de-emergencia-en-los-distritos-de-madr-decreto-supremo-n-079-2019-pcm-1762048-4/
[13] “La deforestación por minería ilegal en La Pampa se redujo en 92%”. Servindi 6 August 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/06/08/2019/la-deforestacion-por-mineria-ilegal-en-la-pampa-se-redujo-en-92
[14] Reaño, G “Perú: vigilantes comunales enfrentan la minería ilegal en Amarakaeri”. Mongabat Latam, 4 diciembre 2019: https://es.mongabay.com/2019/12/mineria-ilegal-amarakaeri-camanti-amazonia/
[15] “Loreto: Invasores asesinan joven monitor kukama”. Servindi, 18 abril 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/18/04/2019/asesinan-joven-monitor-kukama
[16] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Peru. “MINJUSDH aprueba Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”. 29 abril 2019: https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/27931-minjusdh-aprueba-protocolo-para-garantizar-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos
[17] “Comunidades de Chumbivilcas piden consulta previa de vías utilizadas por Las Bambas”. Instituto de Defensa Legal: 18 noviembre 2019: https://idl.org.pe/comunidades-de-chumbivilcas-piden-consulta-previa-de-vias-utilizadas-por-las-bambas/
[18] “¿Se aproxima un paro interprovincial en el corredor minero?”. Servindi, 9 octubre 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/10/2019/se-aproxima-un-paro-interprovincial-en-el-corredor-minero
[19] “Perú: No a la criminalización de defensores por protestar contra proyecto minero Las Bambas”. Federación Internacional por los Derechos Humanos. 25 mayo 2019: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/peru-no-a-la-criminalizacion-de-defensores-territoriales-por?var_mode=calcul&fbclid=IwAR0gA0UjHGWdINwQAdNgJVC8PmkG7h_0Ap22mVYEiIMYhhOVR16-kmvo5PM
[20] “Presentan proyecto de ley contra criminalización de la protesta social” Servindi, 6 mayo 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/05/2019/en-edicionpresentan-proyecto-de-ley-contra-la-criminalizacion-de-la
[21] “¿En qué va el litigio constitucional contra la criminalización de la protesta?”. Instituto de Defensa Legal, 18 junio 2019: https://idl.org.pe/en-que-va-el-litigio-constitucional-contra-la-criminalizacion-de-la-protesta/?fbclid=IwAR2CwfHg7bzeaGQf0odnCG478Ibhj-_GaYeKJoB45fJGtb7_U62gvxFPqhM
[22] “Consejo de Minería confirmó licencia de construcción de Tía María”. Servindi, 30 octubre 2019: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/10/2019/consejo-de-mineria-confirmo-licencia-de-construccion-de-tia-maria
[23] “Martín Vizcarra: "Mientras no haya condiciones sociales no podrá ejecutarse el proyecto Tía María". RPP Noticias, 2 noviembre 2019: https://rpp.pe/politica/gobierno/tia-maria-martin-vizcarra-mientras-no-haya-condiciones-sociales-no-podra-ejecutarse-el-proyecto-minero-noticia-1227832
[24] “Senamhi: ‘Estamos en un evento de El Niño de nivel ligero’”. RPP Noticias, 15 febrero 2019: https://rpp.pe/lima/actualidad/senamhi-estamos-en-un-evento-de-el-nino-de-nivel-ligero-noticia-1181076
[25]“Villanueva: El Perú no está preparado para un fenómeno El Niño como el ocurrido el 2017”. RPP Noticias, 17 febrero 2019: https://rpp.pe/politica/gobierno/cesar-villanueva-el-peru-no-esta-preparado-para-un-fenomeno-el-nino-como-el-ocurrido-el-2017-noticia-1181283
[26] “Presidente Vizcarra: no vamos a parar de trabajar hasta concluir reconstrucción del norte”. Andina, 19 diciembre 2019: https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-no-vamos-a-parar-trabajar-hasta-concluir-reconstruccion-del-norte-778828.aspx
[27] “Piura: Gobierno anuncia plan de contingencia para hacer frente a lluvias”. América TV, 30 diciembre 2019: https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/piura-gobierno-anuncia-plan-contingencia-hacer-frente-lluvias-n400948
[28] Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). Consultado en 14 febrero 2020: http://enfen.gob.pe/
[29] Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAP, Peru). “Propuesta de Reserva Nacional Mar Tropical de Grau”. Consultado febrero 2020: https://www.sernanp.gob.pe/reserva-nacional-mar-tropical-de-grau
[30] “Al Bicentenario se espera contar con dos nuevas áreas protegidas marinas”. Andina, 15 octubre 2010: https://andina.pe/agencia/noticia-al-bicentenario-se-espera-contar-dos-nuevas-areas-protegidas-marinas-769849.aspx
José Carlos Díaz Zanelli es periodista. Colaborador de Servindi y doctorando de Estudios Culturales en Rutgers University (New Jersey).
Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí
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