Mundo Indígena 2019: Perú

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Perú

Según el Censo 2007, existen más de 4 millones de personas indígenas en el Perú: 83,11% quechuas, 10,92% aimaras, 1,67% asháninkas y 4,31% pertenecientes a otros pueblos indígenas amazónicos. La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) da cuenta de la existencia de 55 pueblos indígenas en la actualidad, que hablan 47 lenguas indígenas en el país.

Por otro lado, el 21 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, las cuales se superponen al 47,8 % del territorio de las comunidades campesinas. Asimismo, la Amazonía peruana está cubierta en un 75 % por concesiones de hidrocarburos. La superposición de derechos sobre los territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

En Perú, defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo, así lo demuestran las cifras que indican que desde 2011 an sido asesinados en el país 87 defensores y defensoras. De ese grupo, 48 defensores/as han fallecido a manos de sicarios, de los cuales solo dos han sido juzgados hasta la fecha. También se registran 155 casos de uso arbitrario de la fuerza policial desde el 2005, sin existir, hasta hoy, ninguna sentencia condenatoria ante estos hechos. Actualmente hay más de 800 casos de criminalización de la protesta, en que personas afrontan procesos judiciales por ejercer su derecho a la protesta pacífica.

La mayoría de los casos de personas que ponen en riesgo su vida por defender sus derechos se da en contextos relacionados con la industria extractiva, las economías ilegales –como minería ilegal, trata de personas, narcotráfico– y con los grupos criminales locales o crimen organizado. Quedan también en especial vulneración y riesgo los defensores de los derechos ambientales, de los derechos de la población LGTBI, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y el enfoque de género.

Criminalización de la protesta

El informe alternativo 2018 “Cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano del convenio 169 de la OIT” expone diferentes escenarios de criminalización de la protesta en el Perú. El Estado peruano ha realizado una serie de modificaciones normativas en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión.¹ 

El análisis normativo del informe identificó que bajo el argumento de “lucha contra la criminalidad organizada” se aprobaron normas para ser usadas como instrumentos de criminalización de quienes ejercen su derecho a la protesta social, afectando los derechos de los pueblos indígenas, sus comunidades, dirigentes y organizaciones a nivel nacional.

Durante el periodo de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se elaboraron y emitieron normas destinadas, en primer lugar, a la creación de nuevas modalidades delictivas. Éstas se asocian con el ejercicio de la protesta y el endurecimiento de sus penas y, en segundo lugar, a la intervención de la fuerza pública en escenarios de conflictividad socioambiental y la custodia de empresas extractivas. En el caso de la emisión de normas que criminalizan el derecho a la protesta social se aprobaron los siguientes decretos legislativos: 1244, 1245, 1267, 1298, 1307 y Ley 30558.²

Los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas protegen los intereses corporativos y perjudican a la población de la región, permitiendo el avance gradual de diferentes formas de criminalización de la protesta socioambiental.

Según información proporcionada por el Ministerio del Interior (Mininter) en respuesta a diversas solicitudes de información pública realizadas a dicha institución,³ se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (del sector minero e hidrocarburos). Esto ocurrió entre los años 1995 y 2018. Los departamentos con mayor cantidad de convenios de servicio policial extraordinario son Arequipa (21), Cusco (17), Cajamarca (13), Áncash (9) y Apurímac (7).

Asimismo, el contexto de conflictividad social y de protesta socioambiental durante 2018 han puesto en evidencia la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han sido procesados en todo el país por la justicia penal y administrativa, principalmente por la vinculación de sus labores de representatividad en su comunidad de origen.

Acciones de protección

El panorama de crisis democrática que atraviesa América Latina no excluye a Perú. El debilitamiento del régimen democrático evidencia que mientras más débil es la democracia en un país mayor es la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos. Estos denuncian las malas prácticas, exponen a personas y las situaciones de abusos de poder y defienden los derechos fundamentales de las personas.

El debate sobre el derecho a defender derechos es nuevo en el país. Tanto la sociedad civil como las autoridades estatales tienen un conocimiento limitado sobre el marco jurídico de este derecho, pese a que varios organismos internacionales han recomendado la implementación de mecanismos de protección de personas defensoras.

En 2013, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano investigar efectivamente las denuncias de ataques cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas. En 2016, el Estado peruano se comprometió a promulgar un Protocolo de Seguridad, que a la fecha no ha presentado ningún avance. En 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló su preocupación por los crecientes índices de violencia contra defensores de derechos humanos y recomendó al Estado implementar medidas para su protección.⁴ Así, en febrero de 2018 se promulgó en Perú el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021⁵, comprometiendo a las autoridades responsables a desarrollar un mecanismo para la protección de las personas que defienden los derechos humanos, a aprobar el Protocolo de Actuación Intersectorial (2018) y crear el Registro de Ataques durante 2019 y, en 2021, la Política de Protección Integral.

En enero de 2019, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentó la campaña #MeLaJuegoPor: los/as Defensores/as de Derechos Humanos,⁶ con el objetivo de reconocer la labor de las personas y organizaciones que defienden los derechos de todos y todas, fomentar un cambio en la concepción a veces estigmatizada de la sociedad sobre los defensores y presionar al Estado peruano para que cumpla el compromiso de promulgar un Protocolo de Protección para los defensores y defensoras de derechos humanos.

Deforestación

En las últimas décadas, uno de los problemas en crecimiento que afronta la Amazonía a nivel continental ha sido la deforestación provocada por la proliferación de mafias de tala y minería ilegal. Durante la última década, en particular, la región más afectada ha sido Madre de Dios, cuyos bosques amazónicos no han dejado de desaparecer desde el inicio de la construcción de la Carretera Interoceánica,⁷ obra involucrada en los actos de corrupción de la constructora Odebrecht. Durante 2018, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático publicó un informe de pérdidas, el que reveló que durante 2017 se deforestaron más de 23 mil hectáreas de bosque,⁸ la más alta del siglo XXI. Aunque las cifras de 2018 aún no están disponibles, las perspectivas de mejora no son muy alentadoras. Tras un proceso electoral realizado el año pasado se recuperaron las esperanzas por la protección de la región de la selva peruana más afectada por la deforestación.

Las cifras respecto a la totalidad de la Amazonía peruana no son más alentadoras. La mayoría de ONG dedicadas a la observación y monitoreo de los bosques calculan que la deforestación anual comprende más de 150 mil hectáreas. Frente a esto, las comunidades indígenas han asumido en el último año el liderazgo de la lucha contra la deforestación. En Madre de Dios, la Comunidad Nativa Boca Pariamanu ha implementado en su vida diaria diversas praxis para contrarrestar la deforestación de la zona. Una de ellas es el apoyo que están dando a la implementación del proyecto “Seguridad de la tierra para los pueblos indígenas”,⁹ el mismo que ha sido canalizado por la Sociedad Peruana de Derechos Ambientales (SPDA) para crear brigadas con pobladores nativos que se encargarán de establecer hitos como elementos de georreferencia territorial frente al avance de las mafias. El éxito inmediato y la participación alcanzada por esta iniciativa generaron que el proyecto se haya extendido a Loreto, la región más grande de la selva peruana y que vive amenazada, además, por la explotación petrolera y la expansión del turismo.

Por otro lado, durante el pasado mes de agosto, ocho comunidades indígenas de Loreto y Madre de Dios recibieron 364 títulos de reconocimiento de la propiedad intelectual de sus conocimientos colectivos ancestrales. De esta manera, varios pueblos indígenas de la selva peruana pudieron proteger el uso de sus recursos biológicos para fines alimenticios, medicinales, textiles y espirituales.

Uno de los temas más discutidos fue el proyecto de ley del Congreso de la República, que buscaba la implementación de la llamada “Hidrovía Amazónica”,¹⁰ una obra de transporte que implica el traslado fluvial y una serie de excavaciones en varios ríos. Diversas entidades indígenas alzaron su voz de protesta contra este proyecto, entre las que se destaca la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO). A través de diversas declaraciones de su presidente, Jorge Pérez Rubio, esta organización viene presionando para la realización de un proceso de consulta previa antes del inicio de la implementación de la hidrovía, así como la elaboración de un adecuado estudio de impacto ambiental. Con el rechazo de la mayoría de pueblos indígenas de la selva y el apoyo del consorcio público-privado Cohidro, 2019 se inicia con el proyecto de la Hidrovía Amazónica pendiente, proyecto que ocuparía más de 2.600 kilómetros de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas.

Titulación y ley de ordenamiento territorial

En los últimos años, la titulación ha sido un tema transversal a diversas regiones del territorio peruano. Tanto en la Amazonía como en los Andes, la falta de una ley de ordenamiento territorial ha generado una serie de conflictos vinculados al uso de la tierra en los espacios rurales y comunitarios. Sin embargo, este problema no cuenta con el apoyo político que se espera desde el Gobierno central. Esto se advirtió a mediados de 2018 cuando, en su mensaje a la Nación por fiestas patrias, el presidente Martín Vizcarra se concentró en una agresiva política anticorrupción, omitiendo realizar propuestas referidas a la titulación y ordenamiento territorial.¹¹ Como resultado, durante la segunda mitad de 2018 se perdió la oportunidad de incorporar la ordenanza territorial en el debate público. Un análisis profundo sobre los problemas que genera la ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial fue ofrecida a mitad de año por el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien aclaró que a nivel de comunidades campesinas no existe la propiedad privada sino comunal, por lo que la venta de cualquier terreno solo puede ser aprobada por dos tercios de los miembros de dicha comunidad.¹² Sin embargo, bajo criterios mercantiles de propiedad privada y herencia, diversos problemas han surgido en los últimos años con familias que han intentado vender los territorios campesinos de usufructo comunal. A esto se le debe sumar que el delito de usurpación territorial se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años dentro de las comunidades campesinas. En este sentido, la Amazonía volvió a mostrarse más activa en sus reclamos por el derecho a la titulación. En el mes de julio, en el marco de un paro indefinido realizado por 51 comunidades en Ucayali, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) calificó como un acto de corrupción la no titulación de las propiedades comunales, una deuda histórica que en más de una oportunidad ha sido reconocida por el propio Estado peruano. El reclamo se hizo más fuerte cuando, por aquellos días, la reconocida lideresa asháninka Ruth Buendía denunció un “favoritismo” institucional del Gobierno de Perú hacia las concesiones forestales en desmedro de la titulación.

En cuanto a la zona de los Andes, el año 2019 comienza con incertidumbre en unos de los proyectos mineros más polémicos de los últimos años. Se trata del proyecto Tía María, ubicado en Arequipa y que desde 2013 se encuentra en suspenso por una controversia en materia de impacto ambiental sobre la zona rural arequipeña. Mientras que a nivel local algunas voces empiezan a solicitar la realización de un referendo en Arequipa para definir la vialidad social de Tía María, Southern Copper Corporation ha llevado a cabo una campaña de acercamiento a la población local en paralelo con el juicio que se desarrolla por los hechos de violencia ocurridos en el Valle de Tambo en 2014. Por el momento, el último hito en la larga historia de Tía María son las declaraciones del nuevo gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, quien ha anunciado que el proyecto minero no dará ningún paso hacia adelante “sin la consulta de la población”, aunque la autoridad aún no ha precisado que planea un referendo o un proceso regular de consulta previa.

Legislación ambiental e indígena

En materia de legislación ambiental, 2018 no fue uno de los mejores años para el Perú. Pese a la promulgación de normas como la restricción del uso de plástico y la Ley Marco contra el Cambio Climático, existe un proyecto de ley que amenaza seriamente la biodiversidad de los Andes y la Amazonía. Se trata de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,¹³ promovida por el Gobierno del Perú, y que ha tenido debates moderados en el Parlamento. Esta ley propone una serie de modificaciones que buscaría agilizar la realización de proyectos de extracción en el país, siendo la novedad más alarmante la posibilidad de permitir la implementación del fracking como método de exploración de recursos fósiles. La resistencia hacia esta norma, que contaría con apoyo de diversas bancadas en el Congreso, no se hizo esperar y llegó incluso hasta las delegaciones indígenas que asistieron en diciembre a la COP24 realizada en Katowice (Polonia), donde AIDSEP¹⁴ denunció que el Gobierno de Perú busca ridiculizar la legislación ambiental a través de una norma que permite la práctica del fracking, un método que desestabiliza la base de los territorios a través de la perforación de material rocoso subterráneo con el fin de buscar fuentes de combustible. De ponerse en práctica este método, el Perú estaría yendo a contracorriente con la tendencia mundial que en los últimos años ha prohibido el fracking por lo perjudicial de su proceso sobre la tierra y las fuentes de agua. De hecho, el uso de este mecanismo ya ha tenido impactos negativos en el territorio peruano, pues esta práctica se encuentra detrás del gran caso de contaminación de las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Corrientes y Amazonas en relación al Lote 192.

Por último, también a nivel de legislación se registró un avance en materia de derecho ambiental cuando la exministra de Cultura, Patricia Balbuena y la actual de Ambiente, Fabiola Muñoz, anunciaron la realización de una consulta previa con participación de los pueblos indígenas para el Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.¹⁵ Este anuncio llegó después de una serie de solicitudes de organizaciones indígenas al Estado peruano, canalizadas a través del Viceministerio de Interculturalidad y de una carta enviada por Aidesep al primer ministro César Villanueva. De esta manera, las organizaciones indígenas esperan subsanar algunas omisiones y vulneraciones al derecho indígena detectadas en la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, una iniciativa del Ministerio del Ambiente que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado peruano al suscribirse a los Acuerdos de París y sus metas. En relación a este proceso, es meritorio mencionar que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP) han realizado una serie de propuestas¹⁶ –con enfoque de género– en ámbitos como la mitigación y adaptación frente al cambio climático, así como la soberanía alimentaria.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Informe alternativo 2018: Cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano del convenio 169 de la Capítulo VI: Criminalización de la Protesta y defensa de los Derechos Humanos. Pág. 40.
2. Íbid. Pág. 41
3. Solicitudes realizadas e información suministrada a EarthRights International Perú, Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
4. Ataques que sufren las defensoras y defensores de derechos humanos en el Perú. Material gráfico realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Cooperación Española, Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Flora Tristán, Entre Pueblos, Unión Europea y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos.
5. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Ministerio de Justicia Sistema Peruano de Información Jurídica http://bit.ly/2Imk6nr
6. #MeLaJuegoPor: Campaña de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) por lxs Defensores de Derechos Humanos. (2019). http://bit.ly/2Ipg261
7. Odebrecht, “Concesión IIRSA Sur entre Odebrecht, Graña y Montero y demás consorciados.” at http://bit.ly/2IoJQzP
8. Verse Servindi, “Deforestación en Madre de Dios fue la más alta en los últimos 17 años.” Fuente: http://bit.ly/2In7fl6
9. Verse Servindi, “Comunidad Boca Pariamanu y su lucha contra la deforestación” Fuente: http://bit.ly/2InGUn2
10. Verse Servindi, ”Hidrovía: Estudio de impacto no debe continuar sin consulta previa” Fuente: http://bit.ly/2IpZLh9
11. Servindi, “Titulación: el gran mensaje ausente en el discurso presidencial” Fuente: http://bit.ly/2Im4EIb
12. Servindi, “¿Cómo defender el territorio de las comunidades campesinas del despojo?” Fuente: http://bit.ly/2Io8Qam
13. El Peruano, “Impacto del sector hidrocarburos” Fuente: http://bit.ly/2IoIIw5
14. Servindi, “Denuncian en la COP24 la nefasta Ley del Fracking en Perú” Fuente: http://bit.ly/2IoJ6L3 

15. Servindi, “¡Triunfo indígena! Reglamento de Ley Climática irá a consulta ” Fuente: http://bit.ly/2Imn5MF
16. Servindi, “Mujeres aportan al reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático.” Fuente: http://bit.ly/2Ipb0GA

Jose Carlos Diaz Zanelli, Periodista y Lourdes Garcia Urbina, comunicadora social, ambos forman parte del equipo de trabajo de la asociacion Servicios en Comunicacion Intercultural Servindi (www.servindi.org)

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas