El Mundo Indígena 2026: Paraguay

Escrito en 22 Abril 2026. Publicado en Paraguay

Según los resultados del Censo Nacional de Pueblos Indígenas de 2022, en Paraguay existen aproximadamente 140.206 personas indígenas, lo que representa el 2,29 % de la población total del país. Estas personas se identifican como parte de uno de los 19 Pueblos Indígenas reconocidos, distribuidos en cinco familias lingüísticas: Guaraní (que incluye a los Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva y Guaraní Occidental), Maskoy (con pueblos como Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité y Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Ybytoso, Tomarâho) y Guaicurú (Qom).

El Capítulo V de la Constitución Nacional de 1992 reconoce a los Pueblos Indígenas como grupos culturales preexistentes a la formación del Estado paraguayo, garantizándoles derechos fundamentales como la identidad étnica, la propiedad comunitaria de sus tierras, la participación política y una educación que respete sus particularidades culturales.

Además, Paraguay cuenta con un sólido marco jurídico que respalda los derechos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Mutilación administrativa en perjuicio de los Pueblos Indígenas

El 16 de julio de 2025, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) anunció mediante redes sociales el cierre de su sede central en Asunción, trasladando la atención a indígenas a tres oficinas regionales de difícil alcance para muchos pueblos. La decisión se tomó de manera inconsulta con los 19 Pueblos Indígenas, a pesar de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Paraguay, así como lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Es particularmente grave la violación del artículo 29 de la Ley n.º 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas, que establece que el INDI debe tener domicilio legal en Asunción, asegurando así un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación.

Los líderes de las comunidades indígenas históricamente han acudido a Asunción para realizar gestiones ante el INDI y, en el mismo viaje, también frente a otras instituciones públicas cercanas. La decisión unilateral de cerrar la sede desconoce esta práctica y genera una barrera desproporcionada que restringe no solo el acceso al INDI, sino también a toda la institucionalidad estatal.

Disminución de presupuesto público para adquisiciones de tierras ancestrales

Acorde a este panorama, la ominosa disminución gradual del presupuesto estatal de las instituciones a cuyo cargo se encuentra la recuperación de tierras y territorios del hábitat tradicional indígena se tradujo, durante 2025, en la compra específica de ínfimas cantidades de hectáreas para su restitución al dominio ancestral.

Fuente: elaboración de Adriana Agüero, con base a las Leyes de PGN n.° 7050/2023, n.° 7228/2024 y n.° 7468/2025.

Cabe señalar, en este punto, algunas resistencias: los Gs. 26.000.000.000 para el 2023 se obtuvieron efectivamente gracias a la presión de las organizaciones indígenas,^[1] frente a la suma aproximada a los Gs. 3.000.000.000, que desde el periodo 2020, apenas se arrastraban para el rubro de compra de tierras.

Pero, actualmente, junto a la percepción del desempeño institucional que resulta adversa y a la disminución presupuestaria se suman consecuentemente las mínimas adquisiciones de tierras del hábitat tradicional indígena: en los últimos tres ejercicios fiscales, hasta mayo de 2025, el INDI finalmente sólo había adquirido en total una cantidad ínfima de apenas unas 107 hectáreas para la restitución a comunidades indígenas.

Intereses en el marco de la Estrategia Nacional de Financiamiento Verde

Los Pueblos Indígenas necesitan del bosque para vivir, pero el gobierno está concentrado en hacer desaparecer los bosques, al difundir un discurso de que el atraso está ligado forzosamente a la persistencia de los bienes naturales comunes. El ministro del Interior se pregunta públicamente si las tierras indígenas “son productivas”,^[2] sin desmarcarse de los intereses del empresariado. Esto constituye un desconocimiento del carácter jurídico específico de la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas y una ceguera ante su importante papel de preservación de la biodiversidad. 

Las licencias ambientales para proyectos de explotación silvopastoril o de producción de carbón vegetal son otorgadas sin conocimiento ni consentimiento de las comunidades indígenas. A nivel macro, tampoco los procesos de diseño y participación en la Economía Verde han sido inclusivos con los 19 Pueblos Indígenas.

Por otra parte, estas políticas insisten en la adopción de falsas soluciones, lo que agrava la situación: no se ha logrado parar la deforestación y no se ha hecho frente de manera decidida al envenenamiento de suelos y cauces hídricos. Es en este contexto que el discurso gubernamental se apoya principalmente en la “baja presión tributaria” y en la “competitividad” centrada en una presunta sostenibilidad que no existe,^[3] así como en la intención de que el capital empresarial extranjero sea el motor de la economía del país, sin mencionar la existencia de tierras y territorios del hábitat tradicional indígena ni sus necesarios lineamientos de protección y preservación.

Conflictos territoriales ante la falta de justicia climática: casos dados durante 2025

Los conflictos ante la falta de justicia climática avanzan para los indígenas, quienes deben dejar de lado sus medios de subsistencia ancestral y hacer frente a problemas como la tala indiscriminada de bosques originales, la degradación de suelos en sus propias tierras, cercamientos, amedrentamientos, criminalización, fumigaciones con agrotóxicos o la pérdida de la biodiversidad y el desecamiento de cauces hídricos. A continuación, relatamos casos ocurridos durante 2025:

• Posible operación de compraventa de servicios ambientales no autorizada y despojo patrimonial a la comunidad El Estribo, del Pueblo Enxet: Aparente perjuicio patrimonial de más de Gs. 1.400.000.000, que la comunidad El Estribo no percibió por la venta de certificados de servicios ambientales. La investigación penal se encuentra en curso.^[4]
• Posible operación de compraventa de servicios ambientales no autorizada y despojo patrimonial a la comunidad Novoctas, del Pueblo Nivaclé: Aparente perjuicio patrimonial de más de Gs. 1.300.000.000, que la comunidad Novoctas no percibió por la venta de certificados de servicios ambientales. La investigación penal se encuentra en curso.^[5]
• Minería en Paso Jovái, comunidades del pueblo Mbya Guaraní: Pérdida de biodiversidad, manipulación sin licencia de sustancias contaminantes (cianuro/mercurio) y afectaciones a la salud de las comunidades Mbya.^[6]
• Despojo de tierras ancestrales en litigio judicial, pueblo Mbya Guaraní: La comunidad Hugua Po’i nuevamente fue despojada debido a un levantamiento de una medida cautelar obtenido por la empresa Tres Palmas.^[7] Los cultivos corren peligro de ser destruidos o apropiados ilegalmente de darse el desalojo.
• Despojo de tierras ancestrales mediante uso de la violencia, pueblo Ava Guaraní: La comunidad Karapã ha denunciado una escalada de ataques, que incluyó un desalojo forzoso en enero; incendios en mayo; robo de animales; disparos; bloqueo de caminos y el uso de drones para hostigamiento. La violencia sería responsabilidad de matones de la empresa Principado S.A, que se habría apropiado de su territorio ancestral.^[8]

Otros elementos de justicia climática que influyen en directa afectación a los Pueblos Indígenas:

• La falta de una Ley de Deforestación Cero para la Región Occidental.
• La no ratificación del Acuerdo de Escazú.^[9]
• El rechazo al Reglamento n.° 1115 de la Unión Europea sobre trazabilidad de materias primas. Existe resistencia del gremio empresarial ante las exigencias de trazabilidad de la soja y otros productos de exportación. El gremio sigue negociando la flexibilización para la aplicación del reglamento.^[10]

Necesidades básicas insatisfechas en hogares indígenas y violación del derecho a la educación^[11]

Según el Censo Nacional Indígena de 2022, el 38 % de los indígenas tiene menos de 14 años de edad, mientras que el 28,6 % tiene entre 15 a 30 años, lo que representa el 67,1 % del total de la población indígena.^[12]

Asimismo, en el Boletín Estadístico de CDIA titulado Niñez y Adolescencia en el Chaco Paraguayo^[13] informa que siete de cada 10 viviendas del Chaco presentan al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). Los hogares de departamentos chaqueños son los que representan la mayor cantidad de NBI a nivel nacional, en una región donde existen 25 veces más personas indígenas que en el resto del país.

Las privaciones de derechos básicos (acceso al agua potable, a la energía eléctrica, a la alimentación, a la salud y a un ambiente sano) evidencia que esta franja infantil se encuentra excluida del pleno ejercicio de su derecho a la educación. En una de cada tres comunidades indígenas no hay escuelas, y el porcentaje de egreso del sistema educativo es de los más bajos en todo el país: seis de cada 10 estudiantes que inician la escolaridad en el Chaco no logran egresar.^[14]

Con respecto a la disponibilidad de docentes, existen unas 106 comunidades indígenas del Chaco que no tienen docentes, lo cual representa un 33,33 % del total.

Mortalidad infantil y mortalidad materna

Asimismo, el Boletín indica que los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes registran las tasas más altas del país en mortalidad infantil, siendo uno de los rangos el que va desde los 0 años al 1 año de vida y el otro rango el que abarca desde los 0 a los 5 años. 

Con respecto a la mortalidad materna, en Presidente Hayes vive el 2,02 % de la población del país, con una presencia mayoritariamente indígena; sin embargo, concentra el 9,6 % de defunciones maternas, un porcentaje casi cinco veces más alto comparado a otros departamentos. Asimismo, cuatro de las siete muertes maternas durante el 2023 en este departamento correspondieron a niñas y adolescentes de 10 a 19 años.

Movilización nacional indígena frente a la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Paraguay 

Durante una audiencia de supervisión de cumplimiento  de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de dos casos internacionales de comunidades indígenas contra el Estado paraguayo,^[15] el 22 de septiembre de 2025, una manifestación llevada a cabo por organizaciones indígenas llegó hasta la sede del Palacio de Justicia, en Sajonia, con el fin de hacer visibles sus reclamos por el cierre de la oficina central del INDI en la capital, la asignación de un mayor presupuesto para compras de tierras, el cese de los desalojos contra las comunidades y la implementación de una mesa interinstitucional para el análisis de las propuestas.

Finalmente, tras dos semanas de protestas indígenas que se extendieron por todo el país de manera articulada, el 3 de octubre de 2025^[16] se logró que el Gral. (SR) Juan Ramón Benegas (ex militar) presentara su renuncia y que el Poder Ejecutivo nombrara al Sr. Hugo Ramón Samaniego Hermosilla como nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena. Así también, inmediatamente, se llevaron a cabo las reuniones pendientes con las organizaciones indígenas para avanzar en los diálogos.

En conclusión: la exclusión racial en todas sus formas persiste en Paraguay

A lo largo de 2025 se desarrollaron formas de exclusión racial plasmadas en acciones administrativas, decisiones judiciales y declaraciones en medios de prensa por parte de actores públicos, cuya gestión debería garantizar un cumplimiento prioritario de los derechos de uno de los sectores más vulnerables: los Pueblos Indígenas.

A su vez, dado el contexto, la discusión sobre la adopción de una ley contra toda forma de discriminación se vuelve cada vez más necesaria, atendiendo a las características racistas que la sociedad paraguaya también refleja desde sus acciones de vecinos, sus expresiones de opiniones intolerantes y desinformantes en las redes sociales, y el discurso de odio hacia la pobreza.

Por otra parte, la contención, mitigación o defensa de las personas indígenas frente a las consecuencias del cambio climático en las tierras y territorios de su hábitat sigue siendo una tarea primordial que el Estado paraguayo debe incluir en sus planes, para llevar a la ejecución prioritaria mediante acciones concretas.

Así también, resulta urgente que el Instituto Paraguayo del Indígena, antes que cerrar sus puertas para la atención integral, sea sometido a una reingeniería inteligente que le permita dejar de ser objeto de discriminación como ente rector de políticas para los Pueblos Indígenas dentro del diseño administrativo y de presupuesto por parte del estamento público.

Ante el desmantelamiento de las políticas públicas, las necesidades básicas insatisfechas en los hogares indígenas y la poca gestión de los actores responsables de la protección integral de los Pueblos Indígenas en Paraguay, la movilización masiva indígena demostró que efectivamente los Pueblos Indígenas siguen haciendo fuerza colectiva para frenar la perversa regresividad en materia de derechos humanos.

Es así que, en 2025, la movilización indígena demostró claramente esa determinación colectiva y una férrea dignidad expresando su unidad como pueblos preexistentes, aún dadas las dificultades materiales, una sociedad paraguaya todavía racista y el incumplimiento de sus derechos fundamentales. 

El presente es un extracto adaptado de un artículo más extenso de la misma autoría, publicado en el Informe Anual de Derechos Humanos de CODEHUPY, 2025: Resistencia Indígena frente a un modelo productivo de profunda exclusión, CODEHUPY, Asunción, 2025. Disponible en: https://www.codehupy.org.py/informe-anual/2025/

Natalia Paola Rodríguez Olmedo es abogada del Área de Casos, Litigios e Incidencias de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Lidia Ruiz Cuevas es coordinadora Ejecutiva de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Notes and References:

^[1] Campaña pública de la ANIVID por presupuesto digno, 2022. Ver: https://www.facebook.com/tierravivaparaguay/posts/5080086695338994/?locale=hi_IN

^[2]“Conversamos con Enrique Vargas Peña en ´Mesa con EVP’. Abc TV, Facebook, 7 de octubre de 2025. https://www.facebook.com/watch/?v=1306197080989399     

^[3]“Paraguay demuestra que un futuro sostenible es posible, resalta Peña ante el G20”. IP-Agencia de Información Paraguaya, 19 de noviembre de 2024. 

https://www.ip.gov.py/ip/2024/11/19/paraguay-demuestra-que-un-futuro-sostenible-es-posible-resalta-pena-ante-el-g20/  Ver también: Ministro de Barros y Revista Forbes. https://www.forbes.com.py/summit/las-empresas-verdes-estan-convirtiendo-nuevo-motor-competitividad-observan-pacto-global-paraguay-n70557 

^[4] Ver Informe Anual 2025: Informe de Derecho a un Ambiente Sano 2025. CODEHUPY, 2025. 

^[5] Ídem.

^[6] “Conflicto ambiental en Paso Yobái: yerbateros y mineros en disputa”.  RDN, 12 de marzo de 2025. https://www.rdn.com.py/2025/03/31/conflicto-ambiental-en-paso-yobai-yerbateros-y-mineros-en-disputa/

^[7] “Codehupy denuncia riesgo para la comunidad Hugua Po’i tras levantamiento de medida cautelar”. Última Hora, 21 de octubre de 2025. https://www.ultimahora.com/codehupy-denuncia-riesgo-para-la-comunidad-hugua-poi-tras-levantamiento-de-medida-cautelar/

^[8] “Violencia, despojo y resistencia: los Pueblos Indígenas y la tierra en Paraguay”. BASE IS, Paraguay, 12 de octubre de 2025. https://www.baseis.org.py/violencia-despojo-y-resistencia-los-pueblos-indigenas-y-la-tierra-en-paraguay/  

^[9] Disponible en: https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/  

^[10] “Los exportadores no descartan que la UE relaje el Reglamento 1115 para no pagar sobrecostos”. La Política On Line, 6 de junio de 2025. https://www.lapoliticaonline.com/paraguay/campo-py/exportadores-no-descartan-flexibilizaciones-de-la-ue-o-los-propios-paises-por-sobrecostos-el-reglamento-de-1115/

^[11] “Boletín Estadístico Niñez y Adolescencia en el Chaco Paraguayo”. CDIA. 9 de agosto de 2025. https://www.cdia.org.py/2025/08/09/boletin-sobre-el-chaco-7-de-cada-10-ninas-ninos-y-adolescentes-no-terminan-el-colegio/

^[12] IV Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2022.  https://www.ine.gov.py/censo2022/documentos/Revista_Censo_Indigena.pdf

^[13] Boletín Estadístico: Niñez y Adolescencia en el Chaco Paraguayo, CDIA.

^[14] Ídem.

^[15] Los casos de Xákmok Kásek, con sentencia de la Corte IDH del año 2010, y el de Yakye Axa, con sentencia de la Corte IDH del año 2005.

^[16] “Tras protestas, indígenas logran la renuncia del Presidente del INDI”. Última Hora, 3 de octubre de 2025. https://www.ultimahora.com/tras-protestas-indigenas-logran-la-renuncia-del-presidente-del-indi

Etiquetas: Derechos Humanos