El Mundo Indígena 2026: Panamá
Según el censo de 2023, en Panamá viven ocho Pueblos Indígenas: los Ngäbe, Bugle, Gunadule, Embera, Wounaan, Naso Tjër Di, Bribri, y Bokota. En total, son 698.114 habitantes indígenas, lo que representa el 17,2 % de la población total del país.[1],[2],[3] Eso indica que Panamá es un país multicultural y plurilingüe. Según el censo 2023,[4] hay 352.292 mujeres indígenas, representando el 50,5 % de la población indígena total y 345.822 hombres, lo que equivale al 49,5 % de la población indígena total.
Estos Pueblos Indígenas están aglutinados en la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, fundada el 21 de enero de 1991, con el objetivo de luchar por los derechos de los Pueblos Indígenas, la defensa de sus territorios y la incidencia política.
Por otra parte, existen leyes nacionales que promueven el derecho y la gobernanza de los Pueblos Indígenas. Entre las principales se encuentran la Constitución Nacional vigente, que establece varios artículos que se relacionan con la identidad y el gobierno de los Pueblos Indígenas; la Ley n.º 41 de 1998, conocida como la Ley General del Ambiente; las leyes que dieron origen a las Comarcas; la Ley n.º 17 de 2016, que establece la protección de los conocimientos de la medicina tradicional; la Ley n.º 37 de 2016, que regula el derecho a la consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado a los Pueblos Indígenas; y la Ley n.º 301 de 2022, que dispone medidas para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, estas leyes no se toman en cuenta cuando hay que abordar los problemas de los Pueblos Indígenas.
Panamá sigue sin ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.[5] De igual forma, firmó la Declaración del Decenio de las Lenguas Indígenas para fortalecer las lenguas maternas, con poco efecto en los territorios indígenas.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
El 2025 fue un periodo de tensión social por las políticas neoliberales del gobierno panameño, particularmente tras la promulgación de la Ley n.º 462, introduce reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en marzo de 2025. La aprobación de estas medidas generó una ola de protestas lideradas por sindicatos, gremios docentes y de la salud, estudiantes y comunidades indígenas. Los manifestantes denunciaron no solo que los cambios desmantelan principios de solidaridad y justicia social en el sistema previsional, sino también la falta de un proceso democrático de consulta antes de aprobar la norma.
Debido al incremento del alzamiento social, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) convocó, el 5 de mayo de 2025, a las autoridades de los 12 territorios indígenas del país, así como dirigentes y profesionales, para crear una comisión nacional dirigida por las autoridades comarcales. Su objetivo fue analizar la situación y plantear acciones frente a la escala de conflictos que está ocurriendo en Panamá, en especial en territorios indígenas.
Vulneración de los derechos sociales y ambientales de los Pueblos Indígenas
Varios sectores sociales –entre ellos gremios docentes, personal médico, trabajadores de la construcción y la Universidad de Panamá– expresaron descontento social ante la vulneración de derechos económicos, derivada de la aprobación de la Ley n.º 462; derechos ambientales, vinculada a la apertura de las minas; y de la soberanía nacional, debido a la firma de un Memorándum de Entendimiento que contraviene los tratados de neutralidad del canal. Estos factores han sido los principales desencadenantes de los descontentos sociales en Panamá.
Según el gobierno nacional, la Ley n.º 462, del 18 de marzo de 2025, de la Caja de Seguro Social, señala que la edad de jubilación permanece en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, y que será una comisión técnica la que, dentro de seis años, evalúe posibles ajustes, decisión que requerirá aval legislativo.[6]
En cuanto a la posible apertura de la mina Cobre Panamá, que actualmente está cerrada desde diciembre de 2023,[7] el gobierno está explorando la posibilidad de reabrirla en junio de 2026,[8] pero está condicionado de los resultados de una auditoría ambiental y de la suspensión de los procedimientos legales en curso.
Respecto a la vulneración de la soberanía de la República de Panamá, la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 9 de abril de 2025,[9] ha sido criticada por juristas que argumentan que contraviene el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal. También señalaron irregularidades formales, como la ausencia de fecha en el documento original, escrita posteriormente a mano.
Represión contra los Pueblos Indígenas
Los Pueblos Indígenas, especialmente Ngäbe-Bugle, Embera y Guna en Arimae y Changuinola, han denunciado uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y fuerzas de seguridad durante protestas sociales en contra de reformas legales y proyectos extractivos.[10]
Por lo tanto, hubo incursiones policiales en zonas indígenas, detenciones arbitrarias, uso de gases lacrimógenos y armas, incluso dentro de hogares y espacios comunitarios. Estas acciones han dejado personas heridas y familias desplazadas[11] en las comunidades de Arimae, ubicadas en el territorio de Tierras Colectivas del Darién del pueblo Emberá.
Asimismo, trabajadores de un sindicato bananero en Bocas del Toro –conformado mayoritariamente por personas ngäbe, buglé, guna– fueron reprimidos, y sus líderes fueron llevados presos, por defender sus derechos.[12]
Acciones del Relator de las Naciones Unidas en Panamá
A raíz de la represión del gobierno por las protestas de los Pueblos Indígenas, uno de los primeros heridos fue el joven universitario Caleb Bejerano, del Anexo Universitario de Sitio Prado, en la Comarca Ngäbe-Buglé, quien se mantuvo entre la vida y la muerte como consecuencia del uso de la fuerza de parte del estamento policial, mientras defendía sus derechos como ciudadano y la soberanía nacional.
Por lo tanto, las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando la presencia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El 19 de junio, la Universidad de Panamá tuvo el honor de recibir al Dr. Albert Barume,[13] cuya visita formó parte de una agenda de actividades clave en el país. La reunión fue organizada por el Movimiento de la Juventud Kuna, la COONAPIP, el Congreso General Guna, la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá y el Consejo Internacional de Tratados Indios.[14] Durante su visita, el Relator visitó los sitios donde se registraron actos de represión contra las poblaciones indígenas.[15]
Criminalización de líderes indígenas, desigualdades estructurales e impacto de megaproyectos en sus territorios
En los últimos años, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos han sido criminalizados y detenidos, lo que ha intensificado la percepción de que las protestas y movilizaciones pacíficas, incluidas las de Pueblos Originarios, están siendo tratadas como amenazas internas.[16],[17]
Un ejemplo reciente se refleja en la Causa Criminal 202500036802, que documenta la criminalización y represión ejercida en el poblado de Arimae, perteneciente al Congreso General de Tierra Colectiva Emberá Wounaan, en la provincia de Darién.[18]
Estas acciones refuerzan la preocupación de las comunidades sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos colectivos. Las comunidades indígenas siguen enfrentando desigualdades sociales y económicas profundas, con brechas en educación, salud, acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.[19]
En junio de 2025, el Congreso General Guna (Gunayala) suspendió relaciones con el Gobierno panameño en protesta por la falta de diálogo con las autoridades sobre reformas que afectan a sus comunidades, territorios y formas de autogobierno. Esta decisión evidenció la creciente tensión entre las autoridades estatales y los órganos representativos de los Pueblos Indígenas.
Al mismo tiempo, la comunidad Guna de Uggubba sigue sin recibir apoyo estatal adecuado para reubicarse tras las fuertes inundaciones que la afectaron. La ausencia de políticas públicas que garanticen una relocalización digna que respete el derecho a la tierra y cultura manifiesta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente al cambio climático.[20]
Sumado a ello, diversas organizaciones indígenas presentaron informes ante mecanismos internacionales, como el Examen Periódico Universal de la ONU, denunciando violaciones persistentes, especialmente relacionadas con megaproyectos como la hidroeléctrica CHAN 75 y la falta de respeto a sus territorios ancestrales.[21] Asimismo, preocupa la amenaza que presenta el proyecto de Interconexión entre Colombia y Panamá, que atravesaría el territorio de la comarca de Gunayala, donde el gobierno panameño propone su instalación[22], ya que podría afectar a la Madre Tierra por la falta de un estudio adecuado del impacto ambiental. Todavía no se han hecho las consultas previas del Consentimiento Previo, Libre e Informado.
Conclusión
Sí bien existen esfuerzos legales e institucionales en Panamá para reconocer derechos de los Pueblos Indígenas, proteger conocimientos ancestrales y fomentar el desarrollo con identidad. En 2025 persisten violaciones concretas de derechos humanos y colectivos en múltiples frentes. Estas se manifiestan, especialmente, en contextos de protestas sociales, criminalización de líderes, violencia policial, falta de apoyo estatal para situaciones de emergencia (como desplazamiento climático) y tensiones relacionadas con megaproyectos.
La respuesta estatal ha sido considerada desproporcionada por organizaciones indígenas y de derechos humanos, lo que indica que la protección efectiva de los derechos indígenas aún enfrenta serios desafíos.
Bernal Damián Castillo Díaz es antropólogo e historiador de origen gunadule. Es docente en la Universidad de Panamá, investigador del Instituto de Patrimonio del Pueblo Guna y del Centro de Desarrollo Ambiental y Humano (CENDAH), y director de la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá (OPINUP). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí
Notas y referencias
[1] Albert Arias. “Los Pueblos Indígenas de Panamá”. Vida Indígena,. 28 de julio de 2022. https://porvidaindigena.com/los-pueblos-indigenas-de-panama/
[2] [2] Instituto Nacional de Censo y Estadística. “Censo 2023. Cuadro 33: Por sexo, según área, provincia y condición en la actividad”. Instituto Nacional de Censo y Estadística económica. https://www.inec.gob.pa/archivos/P053342420240206090553Cuadro%2033.pdf
[3] La nación Gunadule se encuentra en cuatro territorios. La Comarca Gunayala tiene una población de 31.323 habitantes, de los cuales 14.966 son hombres y 16.357 son mujeres. Este pueblo cuenta con su propio territorio autogobernado, que se guía por sus propias normas Gunayar Igardummadwala (Ley Fundamental) y su estatuto.
La Comarca Guna de Madugandi, ubicada al este de la provincia de Panamá, fue creada en 1996. Su población asciende a 5.993 personas, con 2.942 hombres y 3.051 mujeres.
La Comarca Guna de Wargandi, ubicada en la provincia de Darién, fue reconocida en el año 2000. Tiene una población de 2.336 personas, de las cuales 1.145 son hombres y 1,191 son mujeres.
En la tierra ancestral de Dagargunyala, solamente viven dos comunidades: Bugguro (Púcuro) y Bai (Paya), ubicadas dentro Parque Nacional de Darién, en la provincia de Darién, frontera con Colombia.
Actualmente, alrededor de 80.996 gunadule de Gunayala viven fuera de la comarca, principalmente en la capital y otras ciudades del país.
Las naciones Embera-Wounaan tienen las mismas características culturales, es decir, comparten la misma cultura, vestimenta y costumbres ancestrales, solo se diferencian en sus idiomas.
En la actualidad, la mayoría de los embera habitan en el oriente del país, principalmente en la Comarca Embera-Wounaan, creada en 1983, y en comunidades dispersas conocidas como Tierras Colectivas en la provincia de Darién. En la comarca y en las tierras colectivas, viven 12.038 personas, de las cuales 6.336 son hombres y 5.702 son mujeres. El resto de la población embera, aproximadamente 39.619 personas, vive en otras partes del país.
El pueblo Wounaan reside mayoritariamente en la Comarca Emberá-Wounaan, ubicada en la provincia de Darién y Panamá. Actualmente, en la Comarca Embera-Wounaan viven 2.069, con 990 mujeres y 1.079 hombres. Además, 8.565 personas del pueblo Wounaan viven en otros sitios de Panamá.
La mayoría de la población ngäbe reside dentro de la Comarca Ngäbe-Bugle, establecida en 1997. A su vez, en la comarca habitan 207.540 personas, de las cuales 100.057 son hombres y 107.483 son mujeres. En otras partes de Panamá viven 237.338 personas del pueblo Ngäbe.
El pueblo Bugle también reside en la Comarca Ngäbe-Bugle, con una población de 12.027 personas, siendo 5.990 hombres y 6.037 mujeres. Por otra parte, 11.871 personas del pueblo Bugle habitan en otras partes de Panamá.
La Comarca Naso Tjër Di, oficialmente creada el 4 de diciembre de 2020, se encuentra al oeste del país y limita con la provincia de Bocas del Toro, en frontera con Costa Rica. En Panamá, viven 5.568 personas del pueblo Naso.
El pueblo Bribri es uno de los grupos minoritarios que se encuentran dentro de la provincia de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica. Su territorio aún no ha sido reconocido por el Gobierno panameño. Actualmente, en Panamá, viven 766 personas del pueblo Bribri.
[4] Instituto Nacional de Censo y Estadística. Censo 2023. Instituto Nacional de Censo y Estadística. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.inec.gob.pa%2Farchivos%2FP0289562520231009163041CUADRO%252020.xls&wdOrigin=BROWSELINK
[5] Defensoría del Pueblo. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. https://defensoria.gob.pa/wp-content/uploads/2020/10/Declaracion-de-Derechos-de-los-Indigenas.pdf
[6] Ley n.º 462, de 8 de marzo de 2025. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30238/111149.pdf
[7] Castillo Díaz, Bernal Damián. “Panamá”. En El Mundo Indígena 2025, Mamo, Dwayne (comp.). IWGIA, 2025.
[8] Lourdes García Armuelles. “Mulino plantea la reapertura de la mina como motor económico ante empresarios japoneses”. La estrella de Panamá, 5 de septiembre de 2025. https://www.laestrella.com.pa/economia/mulino-plantea-la-reapertura-de-la-mina-como-motor-economico-ante-empresarios-japoneses-GE15772422
[9] Ministerio de Seguridad de la República de Panamá y Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad de la República de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, 10 de abril de 2025. https://mire.gob.pa/memorandum-de-entendimiento-entre-el-ministerio-de-seguridad-de-la-republica-de-panama-y-el-departamento-de-defensa-de-los-estados-unidos-de-america/
[10] Adolfo Berríos Riaño. “Arimae sitiado y Bocas cerrado; Gobierno denuncia ‘desinformación’ con la ley”. La estrella de Panamá, 3 de junio de 2025.https://www.laestrella.com.pa/panama/arimae-sitiado-y-bocas-cerrado-gobierno-denuncia-desinformacion-con-la-ley-JH13366719
[11] “IPRI llama a cesar represión ‘sin precedentes’ contra pueblos indígenas en Panamá”. EDUCA Oaxaca, 21 de mayo de 2025. https://www.educaoaxaca.org/ipri-llama-a-cesar-represion-sin-precedentes-contra-pueblos-indigenas-en-panama/
[12] “¿Qué pasa en Panamá con la provincia Bocas del Toro y por qué se extiende el ‘estado de urgencia’?”. TRTEspañol, 25 de junio de 205. https://www.trtespanol.com/article/202b4da36a5f
[13] ONU. Derecho de los Pueblos Indígenas. 17 de julio de 2025. https://docs.un.org/es/A/80/181
[14] OPINUP U de Panamá. Facebook. https://www.facebook.com/profile.php?id=100009940694219
[15] Dr. Albert K. Barume. Linkedin. https://www.linkedin.com/in/dr-albert-k-barume-309a9543/recent-activity/all/
[16] Los hechos recientes, que constan en la Causa Criminal 202500036802, se refieren a la criminalización y aprehensión de las autoridades en Arimae, del Congreso General de Tierra Colectiva Emberá Wounaan, provincia de Darién. Las personas afectadas son: Elivardo Membache Bacorizo, Nokó Principal de Arimae, Lucrecia Caisamo Tocamo Cacique Suplente del C.G. de Tierra Colectiva E.W., Isaías Caisamo Carupia, Zarra del Congreso Local de Arimae, Luciana Caisamo Tocamo de Opua, miembros del Congreso Local de la comunidad de Arimae e Imelda Salazar, integrante del Congreso local de la comunidad de Arimae .
[17] Frontline Defenders. Panamá: Alerta ante la violenta represión contra comunidades indígenas Ngäbe-Buglé en el marco de las protestas sociales. Frontline Defenders, 3 de junio de 2025. https://www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/panama-concern-over-violent-repression-against-ngabe-bugle-indigenous-communities
[18] Entre las autoridades y miembros comunitarios afectados se encuentran: Elivardo Membache Bacorizo, Nokó Principal de Arimae, Lucrecia Caisamo Tocamo Cacique Suplente del C.G. de Tierra Colectiva E.W., Isaías Caisamo Carupia, Zarra del Congreso Local de Arimae, Luciana Caisamo Tocamo de Opua, miembros del Congreso Local de la comunidad de Arimae e Imelda Salazar, integrante del Congreso Local de la comunidad de Arimae.
[19] UNFPA. Análisis de la Situación de la Población Indígena en Panamá: Más Allá de los Números y las Desigualdades Interseccionales. UNFPA, 11 de agosto de 2025. https://panama.unfpa.org/es/publications/an%C3%A1lisis-de-la-situaci%C3%B3n-de-la-poblaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena-en-panam%C3%A1-m%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-n%C3%BAmeros-y
[20] Erica Bower. Comunidad indígena en un limbo durante plena temporada de lluvias en Panamá. Human Rights Watch,6 de noviembre de 2025. https://www.hrw.org/es/news/2025/11/06/comunidad-indigena-en-un-limbo-durante-plena-temporada-de-lluvias-en-panama
[21] “Las Comunidades Ngäbe Afectadas por la Hidroeléctrica Chan 75 y Cultural Survival Presentan Informe sobre el Estado de los Derechos Indígenas en Panamá para el Examen Periódico Universal”. Cultural Survival, 20 de mayo de 2025. https://www.culturalsurvival.org/es/news/las-comunidades-ngabe-afectadas-por-la-hidroelectrica-chan-75-y-cultural-survival-presentan
[22] https://www.interconexioncp.com/
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