Los maoríes son los indígenas de Aotearoa (Nueva Zelanda). Si bien Nueva Zelanda ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la población maorí siguen sin cumplirse. Además, Nueva Zelanda no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, un instrumento legal internacional que aborda específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

El pueblo maorí

Los maoríes representan el 15% de la población total de 4,5 millones en Nueva Zelanda. El Tratado de Waitangi se firmó entre los británicos Iwi y las naciones maoríes en 1840. Hay dos versiones del Tratado, una versión en inglés y una versión maorí.

La versión maorí otorgó un derecho de gobierno a los británicos y prometió que los maoríes retendrían la soberanía sobre sus tierras, recursos y otros tesoros. Sin embargo, el Tratado maorí tiene una condición jurídica limitada y, como resultado, la protección de los derechos de los maoríes depende en gran medida de la voluntad política y el reconocimiento especial del tratado.

Principales desafíos para los maoríes

La brecha entre maoríes y no maoríes es generalizada. La esperanza de vida de los maoríes es 7.3 años menor que la de los no maoríes, el ingreso familiar es 78% del promedio nacional, 45% de los maoríes abandonan la escuela secundaria superior sin calificación y más del 50% de la población carcelaria es maorí.

Posible progreso para los maoríes

En 2016, Matike Mai Aotearoa, un grupo de trabajo independiente dirigido por iwi sobre transformación constitucional, publicó su informe sobre una constitución inclusiva para Aotearoa. El informe se basa en cientos de reuniones, presentaciones y discusiones con el pueblo maorí, e incluye la consideración de los posibles valores fundacionales de una nueva constitución, como la comunidad, la pertenencia y la conciliación.

El grupo de trabajo identifica 2040 como una meta aspiracional para alguna forma de transformación constitucional para Aotearoa. Sus recomendaciones incluyen la necesidad de continuar las discusiones sobre la transformación constitucional, así como el diálogo formal entre los maoríes, la Corona y las autoridades locales, y el establecimiento de un grupo de trabajo adicional. También recomienda que para 2021, se inicie un diálogo con la Corona para organizar una convención sobre el Tratado de Transformación Constitucional. El gobierno no ha comentado sobre el informe.

Los maoríes y la corona continuaron buscando el arreglo de las reclamaciones maoríes sobre infracciones históricas del Tratado a lo largo de 2017. Tres grupos tuvieron sus mandatos reconocidos, se firmaron 5 términos de negociación con la Corona, 6 firmaron un acuerdo en principio, 9 acordaron que sus escritos de conciliación fueron listo para ser presentado a sus miembros para su ratificación, uno firmó una escritura de acuerdo con la Corona, 1 firmó un memorando de entendimiento, 4 promulgó legislación que implementa sus acuerdos y 3 promulgó legislación que dio vigencia a sus acuerdos.

En febrero de 2017, en su decisión histórica en Wakatū v. Attorney General, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda sostuvo que la Corona debe deberes equitativos a los propietarios maoríes tradicionales para proteger sus derechos de propiedad. El progreso continúa en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Aotearoa, con la decisión pionera de Wakatū y el impulso continuo en la solución de los reclamos históricos del Tratado.