Emergencia sanitaria y autodeterminación tecnológica en Chiapas

Escrito en 20 Agosto 2020. Publicado en Noticias

POR SOFÍA HUERTA NOGUERA

Lea el original en Debates Indígenas.

Foto: Glotopolítica.

La pandemia producida por el SARS-CoV-2 vino acompañada de un nuevo virus: la infodemia. La falta de información por parte del Estado y la propagación de rumores por redes sociales han dificultado la gestión del coronavirus. En este contexto, las radios comunitarias y las políticas de comunicación planificadas para las comunidades son recursos fundamentales para comunicar las medidas de prevención.

En las comunidades del estado de Chiapas, el Covid-19 se ha sumado a problemas estructurales de exclusión y desigualdad social, mientras que la falta de acceso a información confiable y las noticias falsas han impedido una comunicación eficaz hacia la población indígena de las acciones específicas desplegadas por los tres niveles de gobierno.

La errática campaña de difusión y la falta de perspectiva intercultural para informar y atender la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 hicieron visible la desigualdad en el derecho al acceso a la información. Ante el abandono del Estado, las comunidades indígenas y rurales tuvieron que ejercer su autodeterminación, desplegar sus propias estrategias y, debieron apropiarse de tecnologías como la radio y las redes comunitarias.

Campañas públicas de acceso a la información

Frente al incumplimiento del derecho al acceso a la información con pertinencia cultural, a principios de abril un grupo de personas de origen tsotsil, tseltal, zoque y ch’ol de San Juan Chamula, Tenejapa, Marqués de Comillas y Palenque solicitaron un amparo ante la Justicia de Chiapas. Para ese momento, el gobierno no había emitido información en lenguas indígenas sobre el Covid-19. En algunas comunidades no se sabía de las medidas de prevención y en otras, se desconocía por completo sobre la pandemia. Cabe mencionar que Chiapas es el tercer estado con mayor proporción de población hablante de lengua indígena en el país con 27,9%.

Asimismo, el grupo de personas que presentó el amparo señaló la omisión de los altos directivos de las instituciones de salud, indicando la responsabilidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por no haber proporcionado “información oportuna, veraz, apropiada y accesible a través de los medios masivos de comunicación (audiovisuales, orales y gráficos) sobre las medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate del Covid-19”.

Como respuesta a esta solicitud, la jueza federal Julissa González Rojas pidió al presidente, al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Vela, y al gobernador de Chiapas un plazo de 24 horas para que acataran la resolución “apercibiéndolo que en caso de incumplimiento pueden hacerse acreedores a penas privativas de libertad e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas”. Días después, el gobierno federal desplegó varias iniciativas a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Sin embargo, estas políticas de comunicación y acciones informativas no fueron suficientes, los gobiernos estatales y municipales, en particular los que tienen más población indígena, respondieron de manera tardía.

A partir del 9 de abril, el INPI dio a conocer la implementación de “acciones de información, prevención y mitigación en pueblos indígenas ante el Covid-19”. Además de la publicación, en el mes de mayo, de una Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en 61 lenguas. Así como la difusión de información con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas de esta institución, con la participación de los Sistemas Estatales de Radio y Televisión de la República Mexicana, y de otros medios públicos y privados.

El INALI también lanzó varios carteles con el eslogan “Quédate en casa”, así como videos y audios con las medidas de prevención como el lavado de manos y con la información de “Quédate en tu comunidad” en lenguas indígenas. Asimismo, difundieron un tríptico sobre cultura de la prevención también usando lenguas originarias. Por otro lado, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) produjo spots radiofónicos, con pertinencia cultural y lingüística, sobre las medidas de prevención que se transmitieron en emisoras con cobertura en las regiones mixteca, náhuatl, otomí, mazahua, zapoteca, chontal, maya, mayo y mixe.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado que exhorta a los tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de México, y además, otorgar atención integral e información clara y oportuna en sus lenguas maternas e indígenas. Es importante resaltar que aunque el INPI ya había dado a conocer las acciones que haría para informar en lenguas, no todas las instituciones de salud y autoridades estatales acataron la recomendación de la CNDH en tiempo y forma. Un ejemplo de ello fue el gobierno de Chiapas, que dio a conocer información sobre las medidas en ch’ol, tseltal y tsotsil recién en el mes de junio.

A nivel estatal, el micrositio sobre coronavirus de la Secretaría de Salud de Chiapas informa un conteo que se actualiza todos los días con los casos confirmados, sospechosos, negativos, recuperados, defunciones, muestras procesadas y pendientes por recibir resultado. Además, incluye las direcciones de las diez Unidades Covid del estado. Sin embargo, este portal solo está en español y no se especifican cuáles de esos casos son indígenas o si se reconocen indígenas o si hablan alguna lengua, solo tienen un mapa de casos por municipio. En este mapa, se reconoce a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Comitán, como los cinco municipios con la mayor tasa por 100 mil habitantes.

Los límites de las campañas públicas a nivel local y la infodemia

Los medios y las herramientas que son utilizadas por los gobiernos federal y estatal es, en ocasiones, dirigida a la población indígena urbana con acceso a alguna tecnología de información o medios de masas: celulares, Internet, computadora, televisor o radio. La información para la población rural está acotada a las condiciones antes mencionadas y en muchas ocasiones es monolingüe. Sin señal de celular, acceso a Internet o recursos tecnológicos, las comunidades indígenas en zonas rurales están ante un cerco informativo resultado de la discriminación y la desigualdad socioeconómica.

De acuerdo a los resultados que entregó la ENDUTIH (Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, en México hay 71,3 millones de usuarios de Internet y el 72,2% de la población de 6 años o más utiliza teléfono celular.

Los datos sobre usuarios de Internet de la ENDUTIH se dividen en ámbitos urbano y rural. En ese sentido, las tres entidades con menor porcentaje de usuarios con conexión a Internet en zonas rurales son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Zacatecas. Mientras que Baja California, Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes tienen la mayor proporción de usuarios de Internet en áreas rurales. Particularmente, Chiapas es el estado con el mayor porcentaje de hogares sin Internet, solo 24,1% de los usuarios en zonas rurales tiene acceso al servicio. Cabe destacar que las estadísticas del INEGI también señalan que esta entidad es la segunda de México con mayor concentración indígena: un 14,2% de los 15,7 millones de habitantes de todo el país que se reconocen como parte de un pueblo indígena, ya sea tsotsil, tseltal, jakalteko, popti’, kaqchikel, ch’ol, mam, tojol-ab’al, lacandón, q’anjob’al y chuj.

Quienes sí tienen acceso a Internet o algún aparato móvil, consumen y comparten información dentro y fuera de redes sociales que tiende a tener efectos colaterales en la realidad offline. La Organización Panamericana de la Salud usa el término infodemia masiva para referirse a la “cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta o en otros no, que dificultan que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan”. Como parte de la infodemia, la desinformación puede llegar a afectar negativamente no solo la percepción de la realidad, sino la salud y causar varios riesgos.

En Chiapas, esa desinformación ha generado conflictos, ha provocado manifestaciones en contra de las medidas para prevenir la enfermedad, además de evitar que se lleve a cabo la campaña anual de fumigación de dengue, zika y chinkunguya. Estas expresiones se han mostrado como agresiones contra el personal médico, lo que produce que los profesionales abandonen los hospitales comunitarios, como ocurrió en Venustiano Carranza o Las Margaritas.

Comunicación comunitaria como estrategia autodeterminada frente al cerco informativo

En Oxchuc, el ayuntamiento decidió tomar las medidas necesarias siguiendo al gobierno federal. Operadores de la radio comunitaria Muk’ul Lum apoyaron con letreros y carteles las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la “sana distancia”. Además, se hizo perifoneo con altoparlantes en las calles y la radio comunitaria comenzó a dar a conocer información actualizada en su propia lengua.

En Abasolo, Ocosingo, la radio comunitaria Jitontik ha tenido un papel fundamental. Los periodistas jerarquizan la información e investigan las situaciones dentro de la comunidad: notaron que las personas se sentían preocupadas, que compraban maíz a precios altos o que se dispersaban rumores. Por ejemplo, los comerciantes y dueños de negocios y tiendas estaban preocupados por las versiones de desabastecimiento de productos y mercancías, debido a las compras de pánico que ocurrieron en algunas ciudades del país. Quienes coordinan la radio, dicen que desde que llegó la noticia del Covid-19 a finales de marzo, comenzaron a informar y trataron de “no meterle miedo a la gente de la comunidad”.

En este poblado tseltal hay algunas redes de wifi que fueron gestionadas por habitantes de la localidad, como los miembros del colectivo Ik ta K’op. Gracias a eso, pudieron consultar la información de la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la tradujeron e interpretaron en tseltal. Asimismo, aseguran que si no hubiera sido por esa información tal vez las cosas hubieran empeorado.

Sin embargo, no todas las radios comunitarias pudieron seguir operando en esta pandemia. Su funcionamiento implica el uso de energía eléctrica y sin ella es imposible transmitir. En el caso de la radio del ejido de Abasolo, del municipio de Ocosingo, el gasto de esa energía se suma al recibo de luz de la casa de quienes la coordinan. A pesar de que es un servicio comunitario, no todos colaboran con su funcionamiento. La radio de Yajalón, por ejemplo, está desconectada debido a que uno de los comités del municipio determinó que el consumo era muy alto y por tanto, debían tener su propio recibo de luz. Por el momento, no pueden costear el trámite y el cableado, así que decidieron suspender la transmisión. Por otro lado, estos actores sociales que contribuyen a mitigar los efectos de la pandemia carecen del apoyo de las instituciones gubernamentales, que ignoran el rol central de los medios de comunicación comunitarios para cortar la cadena de la desinformación.

Autodeterminación tecnológica para enfrentar la desinformación y la infodemia

Las radios comunitarias tienen un papel fundamental en el acceso a la información en épocas de Covid-19, pues no solo transmiten, sino que investigan, jerarquizan y crean contenidos para que las comunidades sin acceso a medios de información puedan saber qué pasa fuera y dentro de su territorio, y puedan tomar decisiones en torno a su salud. De este modo, han cumplido un papel fundamental para detener la infodemia que inundó las redes sociales y generó que algunas comunidades y municipios rechazaran los servicios médicos por miedo y supuestas amenazas.

El tener acceso al Internet es solo una de las herramientas que las y los miembros de las radios pueden utilizar para disminuir el cerco informativo. Las otras herramientas son un entramado de habilidades y prácticas periodísticas que se han aprendido en talleres, cursos y diplomados para comunicadores y periodistas comunitarios, y creación de contenido.

En contextos como la emergencia sanitaria, la radio comunitaria escucha las necesidades de la población, informa de acuerdo a sus intereses y se convierte en una herramienta para que las poblaciones indígenas tengan información accesible, en su lengua y, sobre todo, de acuerdo a sus usos y costumbres, prácticas y necesidades elaboradas desde su propia cosmovisión.

La autodeterminación tecnológica en contextos indígenas sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como de las radios implican un proceso de formación periodística y también técnica. Tener acceso al conocimiento técnico del uso de redes y radios comunitarias es un principio de autogestión y apropiación de un bien común: el espectro radioeléctrico, el cual es parte de su territorio.

Por lo tanto, la autodeterminación tecnológica no solo es clave para el acceso a la información en una emergencia sanitaria como la de Covid-19, sino también es una lucha autonómica permanente de las comunidades para la apropiación y gestión de los bienes comunes y el uso social de estas tecnologías.

Sofía Huerta Noguera es becaria del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Etiquetas: Noticias, Covid-19