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Piden que la CIDH impulse medidas cautelares para proteger pueblos en aislamiento

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Frente a la grandes amenazas que se ciernen sobre los pueblos en aislamiento voluntario representantes de los pueblos indígenas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsar de urgencia medidas cautelares para su protección. Se trata de Jaime Corisepa, indígena del coordinador general del comité de protección de pueblos en aislamiento CIPIACI, quién acudió con Taguide Picanerai, de Paraguay, como representantes indígenas ante la 146 sesión de la CIDH, en Washington, Estados Unidos. Corisepa demandó que la CIDH elabore un informe sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario, impulse programas y acciones de monitoreo en la región y adopte una posición de apoyo y complementaridad en relación a las directrices de las Naciones Unidas. Corisepa recordó que luego de dos años de una audiencia previa con la CIDH la problemática que afecta a los pueblos en aislamiento se continúa agravando y, cada vez es más claro que, “su extinción física y cultural está próxima a menos que se tomen medidas urgentes”. Los Estados en la región desconocen los derechos de los pueblos en aislamiento y continúan promoviendo la colonización y otorgando proyectos de desarrollo y derechos de explotación dentro de los territorios de estos pueblos. Problemas y amenazas Entre los problemas mas relevantes se encuentra la superposición de lotes hidrocaburíferos, concesiones forestales y mineras a territorios tanto reconocidos como no reconocidos de pueblos en aislamiento. A pesar de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, el gobierno continua otorgando concesiones petroleras en los territorios de los hermanos Tagaeri-Taromani (Ecuador). En Bolivia, aun habiéndose reconocido los derechos de estos pueblos en una norma tan importante como la Constitución, “no existe voluntad política de parte del Estado en la práctica para garantizar estos derechos”. En Colombia, el pueblo Nukak Maku sufre las consecuencias de la invasión de sus territorios en el marco del conflicto político que vive ese país, por lo cual este pueblo se encuentra en grave riesgo de extinción. En Paraguay, el otorgamiento de derechos a ganaderos sobre los territorios del pueblo Ayoreo en aislamiento viene generando la deforestación intensiva y acelerada de los bosques del Chaco, despojando así a este pueblo de su territorio. En Brasil, la intensiva política del gobierno de construcción de centrales hidroeléctricas sobre territorios indígenas, como las del río Madeira y Xingú, así como la invasión de mineros “garimpeiros” amenaza la vida de estos pueblos. Además, existen zonas como la tierra indígena del Yavarí, con presencia de numerosas poblaciones indígenas en aislamiento, donde existe epidemias de hepatitis B, C y D que afecta directamente a la población en contacto y amenaza a la que no lo está. En Perú, el Estado viene impulsando una política que promueve la inversión economica, sin garantizar la intangibilidad de las cinco reservas territoriales oficialmente reconocidas. Tales reservas estan amenazadas por la superposición de lotes hidrocarburíferos, proyectos de infraestructura, colonización y la invasión de terceros. Mientras, otras propuestas de reservas territoriales en Perú siguen sin ser reconocidas, a pesar de que los trámites se iniciaron hace más de diez años.

Indígenas protestan contra compañías eólicas en expansión en México

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Oaxaca. México está instalando turbinas de energía eólica a un ritmo de vértigo y la expansión está enfrentando a las compañías de electricidad contra los indígenas que viven en uno de los corredores más ventosos del mundo. El país está teniendo una de las mayores tasas de crecimiento en energía eólica en el mundo, y casi todo está concentrado en el estrecho corredor conocido como el Istmo de Tehuantepec, donde los vientos del Pacífico se encuentran con los vientos del Golfo de México, creando áreas tan cargadas de viento que un pueblo lleva por nombre "La Ventosa". Los residentes del istmo, mayormente indígenas, se quejan de que las granjas eólicas toman control de sus tierras, afectan la pesca y el ganado con sus vibraciones, matan pájaros y enfrentan entre sí a residentes por los pagos por daños y regalías. Dicen además que reciben poco de las ganancias de los proyectos. Felipe Calderón ha hecho de la inauguración de las granjas uno de los principales focos de la ambiciosa promesa de su gobierno de reducir las emisiones de carbono de México por 30% para el 2020,y el martes — como lo ha hecho antes — visitó el estado de Oaxaca para inaugurar una nueva serie de turbinas de viento, y elogió los ingresos extra que generar para algunos granjeros. Pero al igual que en el pasado, lo hizo bajo estrictas medidas de seguridad, pues protestas locales amenazaban con ensombrecer la inauguración. Usualmente, la oficina de la presidencia publica un calendario detallado de sus actividades. Pero la inauguración del martes fue mantenida en secreto hasta que ocurrió. En lo que va del 2012, México ha registrado un sorprendente incremento de 119% en su capacidad instalada de energía eólica, aumentando a más del doble los 519 megavatios que tenía el año pasado, la mayor tasa anual de crecimiento listada en el índice "Windicator" de la revista Wind Power Monthly's "Windicator". México solamente tenía 6 megavatios cuando Calderón llegó a la presidencia en el 2006. Aunque México, con un total de alrededor de 1,3 gigavatios de energía eólica, representa apenas una pequeña fracción de la capacidad mundial estimada de 244 gigavatios, ofrece un panorama de lo que sucede cuando la industria se centra abrumadoramente en grandes granjas dominadas por enormes compañías concentradas en un área pequeña. Han sido mayormente firmas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa y Gamesa, y compañías estadounidenses como Sempra Energy, las que han construido enormes torres eólicas que ahora atestan el Istmo de Tehuantepec, dejando a la población local sintiéndose invadida. Solamente cuatro de las 17 granjas eólicas en México están ubicadas fuera del istmo. Eso pone en entredicho la premisa de que mientras más grande, mejor. Irma Ordóñez, una activista de la comunidad indígena zapoteca de Ixtepec, Oaxaca, dice que lo que desean es que las compañías multinacionales salgan de esas áreas. Acusó a las empresas de tratar de robarse las tierras, y no pagar lo que deberían. Fuentes de la industria dicen que la desconfianza es inmerecida, dados los beneficios potenciales para los empobrecidos pueblos en el istmo.

México: Importante recomendación de la CNDH: Caso Wirikuta. Por Rodolfo Stavenhagen

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El 28 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación (CNDH 56/2012) dirigida a varios niveles de gobierno, a raíz de quejas motivadas por la existencia de actividades mineras en un sitio sagrado indígena denominado Wirikuta, localizado en el estado de San Luis Potosí, en agravio del pueblo indígena Wixárika (huichol) y, en específico, de sus derechos humanos colectivos a la consulta y participación, al uso y disfrute de los territorios indígenas, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento y a la protección a la salud.

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