El Mundo Indígena 2010: Editorial

Escrito en 29 Abril 2010. Publicado en El Mundo Indígena Editorial

El derecho al autogobierno constituye el punto central de las luchas de los pueblos indígenas en el ámbito mundial. En 2009 se hicieron realidad algunos avances de enorme importancia para la consecución de dicho objetivo, especialmente en Groenlandia y Bolivia.

En 2009 Groenlandia comenzó una nueva era después de algunos años de deliberaciones internas y posteriores negociaciones con Dinamarca, cuando en su día nacional –el 21 de junio– la reina Margarita de Dinamarca hizo entrega oficialmente de la Ley de Autogobierno al presidente del Parlamento de Groenlandia. Esta Ley concede a Groenlandia una autonomía más sólida. Por ejemplo, el groenlandés pasa a ser el único idioma oficial del territorio y obliga al Gobierno danés a consultar previamente con el gobierno autónomo groenlandés antes de presentar proyectos de ley que afecten a Groenlandia. Esta nueva relación comenzó hace 30 años con el establecimiento de la Autonomía en 1979 y se ha desarrollado principalmente de conformidad con los principios expuestos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por otra parte, en Bolivia se alcanzó el año pasado otro tipo de autogobierno indígena cuando, en enero, concluía un largo y difícil proceso con la aprobación de la nueva Constitución Estatal que declara a Bolivia como un Estado plurinacional y comunitario y mejora los derechos de los pueblos indígenas en relación, entre otros asuntos, con la representación electoral y el idioma, y que estipula el marco hacia un incremento de autonomía para los territorios indígenas. El 6 de diciembre, el presidente indígena, Evo Morales, fue reelegido, y el partido gobernante obtuvo dos tercios de la mayoría, lo que permitirá al Gobierno acelerar la implementación de la nueva Constitución. Aunque ni mucho menos de tan magno alcance como los dos ejemplos anteriores, El Mundo Indígena 2010 informa también sobre otros diversos logros para los pueblos indígenas acontecidos en 2009. Por ejemplo, aunque el Gobierno de Camerún está aún considerando un anteproyecto de ley sobre Poblaciones Marginales, este año, dicho Gobierno oficialmente participó por primera vez en la celebración del día de los Pueblos Indígenas y tomó medidas para fomentar el diálogo con las organizaciones indígenas. En la República del Congo se han suscitado esperanzas para el futuro de los pueblos indígenas, al finalizar el año, con la aprobación de una Ley sobre promoción y protección de los pueblos indígenas, que contempla todos los derechos contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que constituye, por lo tanto, un inmenso avance en el respaldo de los derechos indígenas en África.

Asimismo debe mencionarse que, en abril, Australia finalmente ratificó la Declaración, dejando a Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos como los únicos Estados que aún se oponen a la aprobación de la misma.

A pesar de los desarrollos positivos alcanzados en 2009, los artículos de la edición de este año de El Mundo Indígena nos muestran, una vez más, una alarmante y nítida imagen de la situación de los pueblos indígenas que en 2010 se sigue caracterizando por su ardua lucha en pos de la supervivencia física y cultural en un mundo dominado por la inseguridad medioambiental, las agresiones en nombre del desarrollo y la continua criminalización de modos de vida y protestas sociales indígenas.

Es digno de destacar la amplia cantidad de artículos que este año se refieren a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, al Examen Periódico Universal mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas como herramientas legales claves y mecanismos de derechos humanos utilizados por los pueblos indígenas. Sin embargo, se constata claramente que los acuerdos internacionales y los mecanismos de derechos humanos aún distan mucho de ofrecer la suficiente garantía para proteger a los pueblos indígenas de los abusos de sus derechos fundamentales.

La situación de los pueblos indígenas en América Latina en 2009 estuvo caracterizada, por ejemplo, por el enorme vacío existente entre la aprobación de las leyes y la ejecución práctica de las mismas. Así, al sopesar los intereses económicos nacionales frente al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y expresar su consentimiento libre, previo e informado, este último elemento de la balanza sistemáticamente sale perdiendo. Un ejemplo de este hecho lo constituye el prominente "Plan de Aceleración del Crecimiento" del presidente brasileño que contiene planes para la construcción de cientos de plantas energéticas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía, sin que en ninguno de los casos se haya presentado el programa a los pueblos indígenas afectados para su consulta previa.

El tema del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, además de su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, recibió también especial atención por parte del Relator Especial de Naciones Unidas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su 20 informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2009, el Relator Especial dedicó la segunda mitad de su informe a un análisis del deber de los Estados para consultar con los pueblos indígenas en temas que les afectan. También en septiembre de 2009, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Mecanismo que llevara a cabo un estudio sobre los pueblos indígenas y su derecho a participar en la toma de decisiones. 

Cambio climático

2009 será recordado por la destacada atención en torno al cambio climático y al enorme desafío al que todos nos enfrentamos en la protección del planeta. Si bien 2009 concluyó con un abrumador desencanto tras el resultado de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague, que produjo un decepcionante y no concluyente Acuerdo de Copenhague, también dejó tras de sí un halo de esperanza que da lugar a pensar que las renovadas alianzas entre los pueblos indígenas y la sociedad civil mundial podrían dar fruto en la nueva década, a tenor de lo señalado en muchos de los artículos de la presente edición. Nos tenemos que remontar a la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 para encontrar tanta esperanza y determinación expresadas al unísono por gobiernos y la sociedad civil volcados en la consecución de soluciones comunes frente a un problema global, tal como sucedió en aquella ocasión. Durante 2009, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) trabajó duramente para asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las negociaciones en torno a la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este proceso se consiguió incluir una referencia a la Declaración en el borrador de decisión sobre la Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación ambiental (REDD) que se acordó en la reunión de Copenhague.

Los devastadores efectos del cambio climático en las comunidades indígenas y en sus medios de sustento quedan patentes en muchos de los informes de países. Los pueblos indígenas están, además, en riesgo de sucumbir ante algunas de las medidas de mitigación sugeridas por la comunidad internacional, incluyendo las fuentes "verdes" de energía, como las plantaciones de soja y palma aceitera para la producción de biocombustibles y la construcción de presas para la producción de energía hidroeléctrica. De igual manera está aún por verse si los programas REDD, respetarán el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado, o si éstos meramente propiciaran más planes de reforestación industrial de caucho y palma aceitera como ha sucedido, por ejemplo, en Camboya, Indonesia, Malasia y Colombia entre otros, o formarán otro incentivo para crear tradicionales reservas de bosques y, por lo tanto, una excusa para expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales.

Agresivos proyectos de desarrollo

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas tratará el tema de Desarrollo e Identidad en 2010 pero, como se puede ver por los informes de los 64 países contenidos en este volumen, los sucesos que están aconteciendo en muchas partes del mundo podrían ser principalmente descritos como agresiones en nombre del progreso: la imposición de programas de desarrollo a gran escala supuestamente en aras de los intereses del desarrollo nacional, produce masivas desaposesiones y violaciones de derechos humanos. En Rusia, donde la Ley Federal de 200I referente a los territorios de uso tradicional de los recursos naturales está aún pendiente de implementar cuando se cumple casi una década después de su aprobación, los pueblos indígenas están compitiendo cada vez más con intereses comerciales por el acceso a sus tradicionales caladeros de pesca y terrenos de caza que están siendo ofertados para licitación. En Asia, los programas de explotaciones a gran escala incluyen plantaciones de árboles industriales como caucho (Laos, Camboya) y palma aceitera (Indonesia, Malasia), minería (Laos, Camboya, India) y proyectos hidroeléctricos (Malasia, Birmania, India).

En Tanzania, una vez más el desarrollo de la industria del turismo dio lugar a violaciones flagrantes de derechos humanos. En el mes de julio, ocho comunidades masaai fueron expulsadas violentamente por guardias de seguridad privados junto con la policía local para abrir paso a una compañía de caza y turismo extrajera. Esto se llevó a cabo a pesar de que las comunidades en cuestión tenían derechos no-derogables a las tierras de sus aldeas según la ley nacional.

Perú fue también testigo de la protección militar a actividades de desarrollo que dieron lugar a uno de los peores conflictos sociales entre los pueblos indígenas y el Gobierno en la historia reciente del país, ahora conocidos como los Sucesos de Bagua. Este conflicto provocó la muerte de 34 personas cuando una ocupación pacífica indígena de una carretera en la provincia de Utcubamba fue violentamente desalojada por la policía militar. La manifestación estaba organizada para expresar el rechazo de los awajún y los wampis sobre las actividades mineras que se estaban llevando a cabo en sus territorios. 

Criminalización

Los disturbios sociales en Perú tenían su base en una movilización nacional indígena contra una nueva ley, que permitiría a compañías mineras y petrolíferas entrar en sus territorios sin llevar a cabo consultas y sin su consentimiento libre, previo e informado. En vez de seguir las recomendaciones delRelator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, para establecer una comisión independiente de investigación de los incidentes, el Gobierno peruano ha intentado cubrir el asunto y criminalizar a las organizaciones indígenas.

Asimismo también se produjeron desalojos forzosos de comunidades indígenas para dejar espacio libre a explotaciones petrolíferas y mineras además de agroindustrias, como por ejemplo en las tierras nativas del pueblo Mapuche, tanto en Chile como en Argentina, donde han dado lugar a una criminalizaci6n sistemática de los pueblos que osaron protestar. Cuando el movimiento mapuche en el sur de Argentina se organizó para reclamar por sus legítimos derechos, tuvo que hacer frente a falsas acusaciones de separatismo realizadas por la élite política tradicional, junto a los cargos de enaltecimiento de la violencia y contacto con organizaciones terroristas extranjeras.

También se han registrado amenazas e intimidaciones contra miembros de la comunidad indígena intentando proteger sus tierras y recursos naturales en Asia. En Camboya, representantes de la comunidad indígena han contado que los funcionarios gubernamentales les han dicho en repetidas ocasiones que allí los pueblos indígenas no tienen derechos y que deben dejar paso al rápido desarrollo económico.

Aunque está ampliamente documentado que la campaña global contra el terrorismo, instaurada desde 2001, ha sido instrumentalizada para criminalizar la protesta social. Un caso reseñado este año en Tailandia nos muestra un nuevo y escalofriante escenario donde el cambio climático es utilizado como arma para combatir las tradicionales prácticas de roza y quema por parte de los pueblos indígenas. Esta vez, los cargos a los que se enfrentan los agricultores indígenas no sólo se refieren a la degradación del bosque nacional, sino también por ser responsables del aumento de la temperatura ambiental. Una excesiva y a todas luces injusta acusación considerando la escala de emisiones provenientes de las actividades minifundista comparado con la tala comercial, los monocultivos de soja, etc. 

Desarrollo e identidad

En ninguna parte, durante 2009, se puede encontrar ejemplos más acordes con el concepto de desarrollo e identidad que en Bolivia y Groenlandia.

En Bolivia se presentó en el Parlamento un borrador de enmienda a la Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 2005 (que dedica un apartado completo a los derechos de los pueblos indígenas, resaltando la consulta, la participación y las garantías legales). De acuerdo al artículo de este volumen relativo a Bolivia, dicho borrador “propone la virtual desaparición de los títulos indígenas, considerándolos una afrenta al ‘desarrollo nacional’, en una visión que está en completa contradicción, no sólo con la Constitución, sino también con las bases fundamentales del nuevo modelo de desarrollo que está apoyando este proceso de cambio, cuyo lema es ‘vivir bien’ o ‘buen vivir’, y que incluye los principios de equilibrio y armonía con la naturaleza, la complementariedad y reciprocidad en las relaciones sociales y el respeto al medio ambiente”.

Desde IWGIA no podemos evitar mostrarnos prudentes en relación con el creciente uso de alusiones al buen vivir o a los derechos de la Madre Tierra dentro del marco de los derechos humanos. Aunque tal lenguaje refleje mejor una cosmovisión indígena que el lenguaje de los derechos humanos, es importante ser precavido ante sus potenciales implicaciones. Como reflejan mucho de los artículos de este año, la retórica solidaria de los Gobiernos en las ocasiones festivas es una cosa, pero la cruda realidad cuando los proyectos de “desarrollo” se implementan en territorios indígenas es otra muy diferente. Como el derecho a ser consultados es, a menudo, obviado, el único recurso a disposición de los pueblos indígenas son los tribunales, donde en 2009 estos pueblos ganaron varias batallas contra Gobiernos nacionales en referencia a los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Con el logro, en 2009, del Autogobierno de Groenlandia, la cuestión ahora es qué tipo de desarrollo quieren los groenlandeses. El gobierno autónomo sorprendió a muchos cuando propuso incrementar las emisiones de dióxido de carbono de Groenlandia en los próximos años para desarrollar su industria, incluyendo el sector de extracción de recursos mineros. Este tema ha sido el centro de acalorados debates a lo largo del año y la consulta relativa a la nueva legislación de los recursos del subsuelo, adoptada por el Parlamento en noviembre, ha sido criticada por inadecuada, así como por no cumplir con el derecho al consentimiento libre, previo e informado, ni con el derecho de participación en la toma de decisiones.

El mayor reto para los países donde los pueblos indígenas están en control del gobierno es conseguir equilibrar la necesidad de asegurarse recursos económicos con el respeto a los derechos humanos indígenas –entre ellos el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Esperamos que 2010 nos muestre gobiernos indígenas tomando el liderazgo en la promoción y, por supuesto, la implementación de este derecho central de los pueblos indígenas, como está estipulado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos indígenas.

Cæcilie Mikkelsen
Editora

Lola Garcia-Alix
Directora

Copenhague, abril 2010

Este artículo es parte de la 24ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2010 aquí

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA