El Mundo Indígena 2014: Editorial

Escrito en 28 Abril 2014. Publicado en El Mundo Indígena Editorial

El camino hacia la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas

La Conferencia Preparatoria Global en Alta fue escenario de un momento decisivo durante la larga tarde de la espera por la presentación del borrador final del documento de Alta. El Jefe Wilton Littlechild, indígena cree y presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tomó la palabra y emitió un mensaje de esperanza e inspiración a los más de 600 delegados y observadores reunidos en Alta.

Los delegados indígenas estaban especialmente agotados tras largos días de trabajo bajo el sol de media noche, acaloradas discusiones y negociaciones difíciles. El ambiente era tenso y se respiraba la preocupación de que no se pudiera alcanzar un consenso global sobre las prioridades y recomendaciones de los pueblos indígenas para la Conferencia Mundial.¹

Subido a la tribuna de Alta, región sami del norte de Noruega, el jefe Littlechild rindió homenaje a aquellos líderes que abrieron el camino para el reconocimiento internacional de los pueblos indígenas y para que estos tuvieran voz en la ONU: “A veces sufrimos. Sí. En muchas ocasiones nos enfrentamos a desafíos difíciles. Pero no debemos olvidar los avances que hemos conseguido”, dijo. Asimismo evocó la visión colectiva formulada en 1977 por líderes indígenas de todo el mundo en Kiruna, durante la 2ª Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas organizada por el pueblo Sami en esta ciudad de la Sápmi sueca: “Queremos reconocimiento. Queremos respeto. Y queremos justicia y convivencia pacífica”.

Desde el encuentro de Kiruna el movimiento indígena ha conseguido importantes progresos con la adopción del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (de ahora en adelante “la Declaración”), así como con el establecimiento de los tres mandatos institucionales de la ONU en materia de derechos de los pueblos indígenas: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El jefe Littlechild destacó que a pesar del reconocimiento internacional, hay muchos pueblos indígenas que no gozan del reconocimiento, el respeto, la justicia y la convivencia pacífica. En este sentido concluyó diciendo:

Como pueden ver tenemos mucho trabajo por hacer y un largo camino por recorrer. Aunque creo que si continuamos apoyándonos en la fortaleza de nuestra gente y aplicamos el plan de acción y la estrategia en la que se está trabajando hoy aquí, llegaremos a nuestro destino pronto. (...)

Desde Kiruna hasta Alta tenemos ante nosotros un camino de esperanza hacia el futuro. Hacia un mundo donde gocemos del pleno reconocimiento como pueblos indígenas: reconciliación respecto a los daños causados a nuestras gentes en el pasado: ...relaciones respetuosas basadas en alianzas: ...Y la plena implementación de la Declaración de las Naciones Unidas, de manera que podamos alcanzar nuestro sueño de disfrutar del pleno derecho a nuestra libre determinación. (...)

Porque vendrán tiempos mejores. Y sí, habrá un mundo mejor para todos.

El discurso del jefe Littlechild fue acogido con una gran ovación. Esa misma noche del 12 de junio de 2013, el documento final de Alta fue aprobado de manera unánime por los siete caucus indígenas regionales, el caucus de mujeres indígenas y el de jóvenes indígenas.

La Conferencia de Alta significó la culminación de un exhaustivo proceso global preparatorio en el que los pueblos indígenas han acercado posturas con el fin de formular sus aspiraciones respecto a la Conferencia Mundial. Y todo ello desde sus distintas perspectivas según su región, su edad o su género. Por tanto, el documento final de Alta representa un esfuerzo colectivo de gran magnitud llevado a cabo por los movimientos indígenas globales y que expresa de manera efectiva la opinión de los 5.000 pueblos indígenas del mundo (370 millones de personas) respecto a cuáles son sus prioridades.

El documento reafirma que el derecho inherente e inalienable a la libre determinación es fundamental y es requisito para el ejercicio de todos los derechos consagrados en la Declaración, a la vez que establece que la Declaración debe ser considerada la base y el marco normativo del documento final de la Conferencia Mundial y de su aplicación.

Las recomendaciones incluidas en el documento de Alta proporcionan una visión general de los temas de mayor relevancia para los pueblos indígenas. Aunque refleja muchos de los aspectos recogidos en la Declaración, el documento además contribuye a profundizar en las prioridades de los pueblos indígenas respecto al propio contenido de los derechos así como a los mecanismos institucionales establecidos para protegerlos. Según afirma el profesor James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el documento final de Alta es un importante instrumento normativo y un plan de acción en sí mismo.

Concretamente, el documento emite múltiples recomendaciones enmarcadas en cuatro temas generales que engloban los asuntos de mayor importancia para los pueblos indígenas. No es de extrañar que estos cuatro temas estén también ampliamente recogidos en los 73 artículos incluidos en esta edición de El Mundo Indígena.

Tierras, territorios, recursos, océanos y aguas de los pueblos indígenas

El primer tema del documento final de Alta se refiere a las tierras, territorios, recursos, océanos y aguas de los pueblos indígenas, y destaca la necesidad de los estados de reconocer los derechos inalienables de los pueblos indígenas a la tierra como un requisito previo para garantizar el ejercicio de su libre determinación. El contexto de este tema es la fuerte presión a que se enfrentan los pueblos indígenas para conservar sus tierras, medios de subsistencia y, en última instancia, algunos de los ecosistemas más frágiles y con mayor biodiversidad del planeta frente a un sistema de desarrollo económico en constante expansión.

Aunque esta situación no es nueva, recientemente se ha producido un incremento de los desplazamientos forzados de comunidades indígenas a nivel global. Una marcada aceleración de la adquisición de tierras, principalmente por inversores extranjeros ávidos en obtener acceso a tierras cultivables y recursos naturales, ha dado lugar en muchos casos al fenómeno conocido como “land grabbing”.

En Tanzania, por ejemplo, varias comunidades indígenas fueron expulsadas de sus tierras en 2013 bajo la justificación de conservar la naturaleza y la fauna salvaje para el turismo. Una operación militar de gran envergadura supuestamente destinada a luchar contra la caza ilegal, resultó ser un ataque dirigido a las comunidades pastoralistas que dejó un rastro de incendios de hogares, muerte de ganado y detenciones arbitrarias de habitantes que en algunos casos fueron torturados y asesinados. En Etiopía, unos 7.000 indígenas han sido desplazados por la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y se estima que otros 500.00 perderán sus tierras y hogares cuando el proyecto de la presa Gibe III sea una realidad. En Laos y Camboya la expropiación de tierras de las comunidades indígenas para otorgar concesiones a empresas de la industria agrícola y minera se ha acelerado. Al mismo tiempo en Brasil existen proyectos de energías renovables en forma de presas hidroeléctricas que ponen en peligro más de 90.000 ha de tierras de los pueblos indígenas.

Una de las causas inherentes al fenómeno de “land grabbing” es la falta de claridad respecto a los derechos de propiedad de la tierra. En este sentido es un hecho positivo que en los últimos años Kenia haya aprobado una nueva Constitución y una Ley Nacional sobre Tierras, así como haya establecido una Comisión Nacional de Tierras. Si estas leyes se implementan y la Comisión Nacional de Tierras ejerce su mandato adecuadamente, esta proporcionará el marco legal apropiado para resolver las reclamaciones de tierras de los pueblos indígenas y asegurar sus derechos territoriales. A pesar del espíritu progresista de la nueva constitución y de la existencia de un sistema regional de derechos humanos que funciona adecuadamente, los pueblos indígenas de Kenia aún se enfrentan a importantes desafíos a la hora de reclamar justicia. Un ejemplo de ello es la falta de aplicación de la sentencia de 2009 del ACHPR sobre los endorois, la cual exigía al gobierno keniata a restituir los derechos de los endorois a sus tierras ancestrales en la región del lago Bogoria. Se espera que la Comisión Nacional de Tierras se encargue de presentar este asunto frente a los órganos de gobierno pertinentes, como parte del proceso de obtención de reparación por las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas a lo largo de la historia.

Otra mejora significativa en la clarificación de los derechos de propiedad tuvo lugar en Indonesia en mayo de 2013, cuando el Tribunal Constitucional falló en contra de la Ley Forestal de 1999 declarando que los llamados “bosques consuetudinarios” no son del Estado sino que son bosques que se encuentran en territorios tradicionales de las comunidades indígenas. Una adecuada implementación de esta sentencia está aún pendiente, mientras que el proceso de “land grabbing” sigue su curso. Por su parte las comunidades indígenas de Indonesia han asumido los resultados de la sentencia emprendiendo su propio proceso de demarcación y rehabilitación de los bosques consuetudinarios. Asimismo han elaborado mapas de unos seis millones de hectáreas de tierras indígenas en 2013 y puesto en marcha una campaña de reclamación del reconocimiento oficial de la sentencia.

Este y otros muchos ejemplos incluidos en este libro demuestran la fortaleza de los pueblos indígenas en el desarrollo de estrategias para la protección y defensa de sus tierras, medios de subsistencia y cosmovisiones a través de actos de resistencia diarios.

Acciones del sistema de la ONU para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas

El segundo tema del documento de Alta refleja la aspiración de los pueblos indígenas a mejorar sus posibilidades para una participación plena y efectiva en el propio sistema de la ONU, así como tomar parte y asegurar el respeto de sus derechos en todas aquellas acciones concretas desarrolladas por las agencias de la ONU a todos los niveles.

A pesar de los grandes avances experimentados por los pueblos indígenas desde que cuentan con acceso al sistema de la ONU, su derecho como titulares de los derechos a participar plenamente en los procesos de toma de las decisiones que les afectan a través de las organizaciones e instituciones que los representan, sigue siendo un asunto muy cuestionado por algunos estados miembros. Un reflejo de esto son las actuales reticencias al reconocimiento de la participación plena, efectiva, directa y en condiciones de igualdad de los pueblos indígenas en el proceso de la Conferencia Mundial. Aún más preocupante es que a cinco meses de la celebración de la Conferencia Mundial, siga sin quedar claro si la ONU tomará las decisiones necesarias para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en una conferencia que tiene como objetivo promover la aplicación práctica de sus derechos. Si la ONU fracasa en este intento, la mayoría de los pueblos indígenas del mundo se desvincularán del proceso y será una prueba evidente de la incapacidad de la ONU para cumplir con su obligación de promover, respetar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas.

Implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas

El hilo conductor de las recomendaciones bajo el tercer tema del documento de Alta es la renegociación de las relaciones de coexistencia pacífica entre los estados y los pueblos indígenas, basadas en la Declaración y en el fortalecimiento de la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a la libre determinación. Además de tratar de compensar las desigualdades que siguen viviendo los pueblos indígenas, las recomendaciones abogan por la total descolonización del sistema de salud, la educación, la gobernabilidad y el sistema legal de los pueblos indígenas, así como a la reconciliación y reparación por los daños ocasionados en el pasado, incluyendo la recuperación de tierras, lugares sagrados y restos ancestrales.

Durante 2013 se produjeron interesantes novedades en la forma en que los pueblos indígenas afrontaron la renegociación de su relación con los estados. Los pueblos indígenas de Tanzania se organizaron para tratar de influir en el actual proceso de revisión de la Constitución. Por primera vez en Tanzania se está llevando a cabo un proceso de revisión constitucional que se propone incluir a todos los sectores de la sociedad, con un primer borrador que menciona la representación, la educación y los derechos territoriales de las minorías en su primer borrador. Seis miembros de la iniciativa Katiba de pastoralistas y cazadores-recolectores fueron nombrados miembros de la Asamblea Constituyente. Se espera con esto que los asuntos de la revisión constitucional relativos a las minorías se vean fortalecidos y aclarados, lo cual es esencial para la construcción de una sociedad más justa en Tanzania.

En Nepal sin embargo, la revisión constitucional adoleció de serias deficiencias debido al rechazo continuado a respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser representados mediante sus propias instituciones en la Asamblea Constituyente, la cual está basada en un sistema de partidos políticos que privilegia a las élites. Las elecciones de noviembre a la segunda Asamblea Constituyente dieron lugar a una disminución del número de representantes indígenas, lo cual dificulta aún más el éxito de la reivindicación de los pueblos indígenas de un federalismo basado en la identidad étnica. Este modelo de gobierno les garantizaría el reconocimiento y el respeto de su diversidad, en un país donde al menos el 36% de la población es indígena.²

El año pasado en Colombia, en el contexto de las negociaciones de paz y del impulso acelerado de megaproyectos por parte del estado, los pueblos indígenas se movilizaron con el objetivo de clarificar, consolidar y mejorar sus derechos territoriales. La guerra civil ha causado dolorosísimos estragos en los pueblos indígenas, que a menudo se han visto atrapados en medio del fuego cruzado de los grupos armados. Es por ello que no se sienten representados por ninguna de las partes involucradas en las negociaciones de paz, y no confían en que ninguna de ellas sea capaz de promover sus reivindicaciones de recuperación de tierras perdidas y gobernanza territorial.

El camino hacia una coexistencia pacífica y respetuosa entre los pueblos indígenas y los estados exige que estos últimos reconozcan y se adhieran a la Declaración y, como primer paso, garanticen que los pueblos indígenas puedan participar en las negociaciones de paz, los procesos de reconciliación y las renegociaciones del pacto social a través de sus propias instituciones representativas.

Sin embargo, para hacer justicia hacen falta cambios sustanciales. 2013 nos dejó un ejemplo que demuestra el largo camino que queda por recorrer en la lucha por cambiar las estructuras de poder coloniales: En Guatemala, el antiguo presidente Ríos Montt fue acusado y condenado por genocidio contra el pueblos Maya Ixil y por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Desgraciadamente, el caso fue anulado posteriormente por la Corte de Constitucionalidad. Aun así, el proceso del juicio sirvió para crear conciencia en la sociedad guatemalteca respecto al genocidio de los pueblos indígenas durante la guerra civil, y demostró que hasta los más poderosos pueden ser llevados ante los tribunales, a pesar de que el resultado final demostró que sigue reinando la impunidad en este país.

Prioridades de los Pueblos Indígenas en materia de desarrollo con consentimiento libre, previo e informado

El último tema del documento final de Alta trata sobre el desarrollo libremente determinado como alternativa a la agresión producida por modelos de desarrollo económico impuestos desde el exterior. Los pueblos indígenas quieren desarrollarse en sus propios términos y exigen ser consultados mediante métodos que respeten el derecho de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).

En 2013, en su informe dirigido a la Asamblea General de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos definió el Convenio 169 de la OIT y la Declaración como las fuentes de autoridad de los derechos de los pueblos indígenas por las que los estados y las empresas comerciales deben regirse, incluyendo el derecho al CLPI³ en la planificación de los proyectos que les afecten. La Declaración recoge claramente los principios del CLPI mientras que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece los más altos estándares legalmente vinculantes respecto a la participación y la consulta previa de los pueblos indígenas en cuestiones que les afectan.

Este libro, sin embargo, recoge numerosos ejemplos de proyectos ejecutados por gobiernos y empresas donde el proceso de implementación del CLPI es lento e inadecuado, cuando no inexistente. En 2013 se organizaron protestas sociales frente a propuestas de megaproyectos que afectan a tierras y territorios indígenas en Namibia, Malasia, Nepal, Papúa Occidental, Brasil, Ecuador, Perú, Nicaragua, Canadá y muchos otros países. En ninguno de estos casos los pueblos indígenas han podido ejercer su derecho a un Consentimiento Libre, Previo e Informado.

La OIT celebra en 2014 el 25º aniversario del Convenio 169. Tras 25 años de existencia ha sido ratificado en 22 países (15 en Latinoamérica), muchos de los cuales se han esforzado por generar mecanismos de consulta indígena. A juzgar por las contribuciones de Latinoamérica a este libro, estos esfuerzos no satisfacen los estándares internacionales ni se caracterizan por haber culminado con éxito. En Chile, por ejemplo, el nuevo reglamento sobre consulta aprobado en 2013 exime a las empresas públicas, el ejército y las autoridades municipales de la obligación de consulta. Además considera que el deber de consulta queda satisfecho si se ha hecho un intento de consulta, aunque este no haya resultado en un acuerdo. En Perú por su parte, el reglamento sobre la ley de consulta previa no es claro sobre cuándo es obligatorio el consentimiento, además de disponer que la responsabilidad de llevar a cabo la consulta corresponde al propio sector público que promueve las acciones sometidas a consulta. Asimismo, el deber de consulta únicamente se está aplicando a una parte de la población indígena, ya que se siguen criterios arbitrarios para el reconocimiento de la identidad indígena.

Según expresó el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita a Perú en diciembre de 2013, es necesario generar un “ambiente de confianza mutua” para poder implementar con éxito el proceso de consulta.

Por un lado la confianza de los pueblos indígenas en los estados y las empresas está gravemente afectada por las devastadoras consecuencias de los proyectos de desarrollo en sus territorios y por las indiscriminadas medidas represivas aplicadas contra sus legítimas protestas sociales. Por otro lado muchos estados y empresas continúan cuestionando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y mantienen una actitud de desconfianza hacia las instituciones indígenas y los modelos indígenas de desarrollo, por lo que ven a los pueblos indígenas como “obstáculos” para el desarrollo.

Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo o la protección del medioambiente, un gran número de instituciones y organizaciones indígenas lo que están promoviendo son modelos alternativos de desarrollo que abarcan derechos, cultura y valores espirituales, a la vez que persiguen formas de vida sostenibles construidas sobre la base del conocimiento tradicional. De hecho, estos modelos pueden ser de gran ayuda en aspectos como el monitoreo de ecosistemas y el crecimiento de la biodiversidad, la resistencia y la capacidad de recuperación, la diversidad cultural, la seguridad alimentaria y la igualdad, como se demuestra en muchos de los artículos de este libro (por ejemplo en CBD, CMNUCC, FIDA, Agenda Post-2015).

Citando el artículo de Canadá de este año: “Los derechos de los pueblos indígenas no son un obstáculo al desarrollo económico. Los derechos de los pueblos indígenas, protegidos por el derecho nacional e internacional, proporcionan un marco de principios equilibrado para garantizar que el desarrollo beneficie a los pueblos indígenas, en lugar de sumarse a las injusticias que ya han vivido”.

A lo largo del año, desde las discusiones sobre los objetivos de desarrollo sostenible en Nueva York hasta la conferencia de mujeres indígenas en Lima y las conversaciones sobre el clima en Varsovia, los pueblos indígenas han insistido en afirmar que no representan el problema sino más bien parte de la solución a la crisis medioambiental por el cambio climático que nos afecta a todos. Reconocer los modelos de desarrollo libremente determinado de los pueblos indígenas y su derecho a un desarrollo en sus propios términos representa un paso importante hacia el reconocimiento, respeto, justicia y coexistencia pacífica. Esta es la visión formulada en 1977 por los pueblos indígenas en Kiruna y reiterada en Alta en 2013.

Cæcilie Mikkelsen
Editora

Lola García-Alix
Directora

Copenhague, abril de 2014

Notas y referencias

¹El título oficial de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre de 2014 en la sede de la ONU en Nueva York, es "reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General que se denominará Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas". Vea más información sobre la Conferencia Mundial y sobre el proceso preparatorio de los pueblos indígenas en el artículo incluido en este volumen.

²Según las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas representan más del 50% de la población de Para más información véase el artículo de Nepal de esta publicación.

³El informe está disponible en: https://www.ohchr.org/es/business/reports-and-other-documents-working-group-issue-human-rights-and-transnational-corporations-and

Este artículo es parte de la 28ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2014 aquí

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA