El Mundo Indígena 2015: Editorial

Escrito en 29 Abril 2015. Publicado en El Mundo Indígena Editorial

La Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas 

“Los pueblos indígenas tendrán siempre un hogar en las Naciones Unidas”, dijo el Secretario General Ban Ki-moon en la apertura de la sesión plenaria de alto nivel de la ONU sobre pueblos indígenas.

La apertura de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI) tuvo lugar el 22 de septiembre de 2014 en el gran salón de actos de la sede de la ONU en Nueva York. Muchos representantes de los pueblos indígenas del mundo no consiguieron pase para uno de los escasos asientos reservados a observadores en el anfiteatro. Sin embargo, en la parte central del salón de sesiones, bastantes de los puestos reservados a los estados y agencias de la ONU lucían sus azules tarjetas de identificación oficiales en sillas vacías.

A pesar del reconocimiento casi universal de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) y la adopción por consenso del documento final de la conferencia mundial, muchos estados aún no reconocen la existencia de pueblos indígenas en sus propios países y sus derechos no ocupan un puesto destacado en la agenda política. Además, los derechos humanos de los pueblos indígenas están lejos de ser reflejados en la vida diaria de los más de 370 millones de indígenas del mundo.

Los pueblos indígenas siguen estando entre los más pobres y marginados del mundo, según afirmó en el discurso inaugural de la Conferencia Mundial el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. Además añadía que el peligro de carecer de acceso a la educación, el agua potable y una vivienda segura, de acabar en la cárcel y de morir durante el embarazo y el parto es mucho mayor para los pueblos indígenas que para otras personas. “Estos datos contundentes se traducen en miles de tragedias humanas. Miles de violaciones de derechos humanos”, dijo Al Hussain, e instó a todas las partes a hacer uso del documento final para asegurar que la DDPI se plasma en realidades.

A pesar de que la conferencia mundial no fue una iniciativa de los pueblos indígenas, estos unieron sus fuerzas durante tres años en un proceso preparatorio global que tenía por objetivo garantizar su participación directa y plena en todo el proceso, incluyendo las negociaciones sobre el programa y los resultados de la reunión. También se buscaba asegurar que la reunión de alto nivel no fuera usada como pretexto para debilitar los derechos por los que han luchado y que les han sido reconocidos en la DDPI.

Documento final de la Conferencia Mundial 

El documento final de la CMPI confirma y reafirma el lenguaje de la DDPI e incluye muchas de las prioridades identificadas por los pueblos indígenas en la Conferencia Preparatoria Global Indígena celebrada en Alta, Noruega (ver El Mundo Indígena 2014), sobre todo respecto a los derechos a la tierra y recursos naturales, y al consentimiento libre, previo e informado. Este hecho es en buena parte el resultado de un exhaustivo proceso de preparación, un trabajo de incidencia tenaz y la construcción de alianzas que han llevado a cabo los pueblos indígenas.

El documento final contiene obligaciones en materia de intervención a nivel tanto nacional como internacional. Por ejemplo, se pide a los estados que elaboren planes de acción nacionales, estrategias u otras medidas para alcanzar los fines de la DDPI. Asimismo, se alienta a los estados a incluir información sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo las medidas que han sido tomadas para perseguir los objetivos de la DDPI, en los informes presentados a los órganos de los tratados y durante el proceso del examen periódico universal. A nivel internacional se ha solicitado al Secretario General que inicie el desarrollo de un plan de acción del sistema de las Naciones Unidas que garantice un enfoque coherente con lograr los fines de la DDPI.

También es positivo que el documento final reconozca la necesidad de prestar una atención especial a los derechos de las mujeres indígenas, incluyendo la promoción de su empoderamiento y su participación en condiciones de igualdad dentro de los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. También existe una mención especial a la necesidad de examinar las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres indígenas, así como de desglosar los datos y realizar encuestas para abordar la situación y necesidades de las personas y pueblos indígenas en base a indicadores de bienestar que sean integrales.

Por otra parte, los estados no aceptaron la inclusión de ciertos artículos sugeridos por los pueblos indígenas que trataban cuestiones relacionadas con los derechos reconocidos en los tratados y la desmilitarización de las tierras de los pueblos indígenas. Asimismo es importante tener en cuenta que algunas cuestiones de gran interés para los pueblos indígenas, como el impacto de las industrias extractivas y la necesidad de una actuación del estado en este sentido, solo cuentan con leves referencias en el documento final, a pesar de que en el texto propuesto por los pueblos indígenas se incluían menciones más contundentes.

Despojo territorial 

Las inversiones en las industrias extractivas y la agricultura a gran escala son la principal causa de la lucha cotidiana de los pueblos indígenas por conservar su cultura, sus tierras y sus medios de vida.

Según la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, el área de las grandes parcelas de tierra adquiridas o en proceso de negociación a favor de gobiernos extranjeros o empresas trasnacionales durante el periodo 2000-2011 ascendía a 203 millones de hectáreas en todo el mundo. Esta área equivale a más de ocho veces el tamaño del Reino Unido.¹ Pero sólo muy pocas de estas transacciones con fines comerciales o industriales se llevan a cabo en Europa Occidental. La mayoría afectan a tierras de los pueblos indígenas en países en desarrollo y dichos tratos se cierran sin consultar a las comunidades locales, sin otorgar compensación y sin respetar la sostenibilidad ambiental ni el acceso equitativo y el control que estas ejercen sobre sus recursos naturales. En otras palabras, la mayoría de estos acuerdos sobre tierras conllevan lo que se ha denominado el “despojo territorial”. Este acaparamiento de tierras representa hoy en día la mayor amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas y es por lo tanto una preocupación constante en los artículos de El Mundo Indígena. La edición de este año no es una excepción a esta regla.

Con el pretexto de mejorar la seguridad alimentaria mediante la transformación de “tierras infrautilizadas” en tierras productivas, Etiopía sigue arrendando millones de hectáreas de tierra a inversores agroindustriales privados, tanto extranjeros como nacionales, mientras que obliga a familias pastoralistas a abandonar sus territorios y reubicarse en poblados. Aunque se presenta desde el gobierno como una estrategia nacional de desarrollo, la realidad es que estas acciones conducen a la población indígena local a la extrema pobreza y la pérdida de sus tierras y medios de vida tradicionales, ya que pasan a dedicarse a la agricultura de exportación con la consiguiente producción no alimentaria y la afluencia de trabajadores migrantes.

En el artículo de este año sobre Camboya se critica la importante inversión del Banco Mundial en la producción de caucho, llevada a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas y sin ofrecerles una compensación satisfactoria. En contraposición con la misión del Banco Mundial de “reducir la pobreza”, dichas inversiones han desprovisto a los pueblos indígenas de sus tierras y han provocado “la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de las fuentes de agua, (que han) afectado gravemente a los medios de vida de las personas, han interrumpido la educación de los niños, limitan la expresión religiosa, (y) generan inseguridad alimentaria.”

Existen ejemplos similares a este en las siete regiones geográficas del mundo, donde están en marcha nuevos proyectos como el del Corredor de Transporte de Puerto Lamu (Kenia), Sudán del Sur y Etiopía (LAPSSET), el Corredor de Crecimiento Agrícola del sur de Tanzania (SAGCOT) y el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Estos son solo tres ejemplos de los muchos proyectos a gran escala que prometen desarrollo pero que podrían ser devastadores para varios derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la alimentación, el agua, una vivienda adecuada, la tierra, el consentimiento libre, previo e informado y la autodeterminación así como a un medioambiente, un territorio y unos medios de subsistencia seguros, limpios, saludables y sostenibles. 

Estrategias locales diversificadas 

El documento final de la CMPI reitera el compromiso de los estados por el reconocimiento y la promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Algunos países ya están tomando medidas en este sentido. Indonesia, donde viven unos 70 millones de indígenas, ha experimentado avances positivos en cuanto a la clarificación de los derechos sobre la tierra y la resolución de conflictos territoriales. Con el telón de fondo del despojo de tierras y las violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos territoriales que muchas veces involucran a los pueblos indígenas, el gobierno de Indonesia ha puesto en marcha una iniciativa de “mapa único” con el fin de crear un mapa nacional estandarizado que incluya datos intersectoriales en un único portal abierto. Los pueblos indígenas han venido recogiendo datos geoespaciales y cartografiando sus territorios tradicionales desde 2013, de manera que en 2014 la iniciativa del “mapa único” aceptó los mapas correspondientes a 4,8 millones de hectáreas de tierras indígenas. Esto deja el camino libre para un mayor reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y una mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relacionadas con las tierras.

En Paraguay, mientras que la política económica favorece que se continúe desplazando a comunidades indígenas de sus territorios, los pueblos indígenas acuden en busca de asistencia legal para recuperar sus tierras. En 2014, la comunidad sawhoyamaxa recuperó su territorio tradicional. Tras 30 años de apropiación ilegal de sus tierras por parte de los ganaderos y ocho años después de que la Corte Interamericana fallara a favor de la comunidad, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay confirmó finalmente la expropiación y la devolución de las 14.000 hectáreas de tierras a la comunidad. Este es un ejemplo de cómo los pueblos indígenas de América están logrando cada vez más que se reparen las violaciones cometidas contra sus derechos sobre la tierra y los territorios a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, este caso también demuestra que existen obstáculos para la aplicación de este sistema, ya que depende en última instancia de la buena voluntad de los gobiernos nacionales.

El movimiento indígena en Camboya, decepcionado por la falta de voluntad del estado para proteger sus derechos, se dirige ahora directamente a las instituciones financieras que están detrás de las apropiaciones de tierras. Hasta el momento parece una estrategia prometedora, sin embargo, esta acción requiere que la empresa o institución financiera en particular se preocupe realmente por su imagen pública. Por ello, es clave mantener la presión sobre los estados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en relación con las intervenciones empresariales. Cabe destacar que los pueblos indígenas son uno de los grupos más vulnerables a las violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial. Por tanto, es imprescindible que los Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos incluyan objetivos y medidas específicas que establezcan salvaguardas sólidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo un mejor acceso a la justicia en los estados de origen de las empresas transnacionales y el reconocimiento de su derecho consuetudinario y su derecho sobre la tierra.²

Represión contra la sociedad civil 

La fiebre cada vez más salvaje por la tierra y los recursos naturales, justificada como una necesidad pero realmente impulsada por la codicia, vendida como desarrollo pero generadora de desigualdad, ha generado una amplia gama de frentes abiertos a nivel local donde los pueblos indígenas continúan resistiendo por salvar sus territorios, medioambiente, cultura y supervivencia como pueblos.

Dado que están en juego grandes intereses económicos, muchos estados adoptan medidas lamentables para acallar las críticas y poner freno a las propuestas de desarrollo alternativas que emanan de los pueblos indígenas.

Como se informa en varios de los artículos de este año, las inversiones privadas y las estrategias nacionales de desarrollo cuentan a menudo con el apoyo del ejército, la policía o grupos paramilitares. Situaciones de acoso a los pueblos indígenas, desalojos violentos e incluso asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas se producen con impunidad mientras que los bosques están desapareciendo a un ritmo sin precedentes.

Varios artículos de este volumen también destacan la especial vulnerabilidad de las niñas y mujeres indígenas en relación con la pérdida de tierras, la militarización y los conflictos violentos. En Bangladesh, por ejemplo, las fuerzas militares han respaldado desde mediados de la década de los 70, los programas de transmigración que desplazan ilegalmente a bengalíes hacia las Colinas de Chittagong. Esta mezcla de despojo territorial y militarización ha afectado profundamente a la seguridad y protección de mujeres y niñas indígenas.³ Sólo en 2014, 122 mujeres y niñas indígenas fueron víctimas de la violencia, mientras que los autores de tales actos disfrutaron de una casi total impunidad.

Menos brutales pero igual de efectivas son las medidas administrativas que limitan el trabajo de las organizaciones indígenas y la libertad de expresión de los defensores indígenas de derechos humanos. En 2014, atrajo la atención internacional el caso de varios representantes indígenas de la Federación de Rusia cuya participación en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de Nueva York fue claramente obstaculizada. Estos hechos fueron denunciados desde la tribuna de la ONU por los presidentes de Finlandia y Estonia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Presidente del Foro Permanente de la ONU durante la sesión plenaria inaugural de la Asamblea General el 22 de septiembre. Sin embargo, en esos momentos en Rusia continuaba la represión contra las organizaciones de la sociedad civil indígenas.

Después de haber cooptado en 2013 a la coalición nacional de organizaciones indígenas RAIPON y exigir que las ONG que participan en actividades políticas y reciben fondos internacionales se registren como “agentes extranjeros”, el Gobierno Federal fue más allá en 2014. En el mes de diciembre se implantaron medidas adicionales que limitaban el derecho a la libre asociación de los pueblos indígenas, por medio de un decreto que permite a las autoridades realizar registros de ONG políticas de manera unilateral. Aparte de estigmatizar en gran medida la legítima agenda política de estas organizaciones (entre las que se encuentran asociaciones de profesionales como la de cazadores y criadores de renos), portar la etiqueta de “agente extranjero” implica estar sometido a una estrecha vigilancia por parte de las autoridades y satisfacer una serie de restricciones y obligaciones administrativas adicionales.

También en Argelia, la ley de asociaciones adoptada en diciembre de 2011 está empezando a tener sus efectos en forma de restricciones de las libertades amazigh. En particular se trata de la obligación de utilizar exclusivamente la lengua árabe en las comunicaciones oficiales y la prohibición de cualquier relación con asociaciones amazigh de otros países u ONG extranjeras. Estas medidas se utilizan para reprimir la legítima protesta amazigh en contra de la falta de acceso a los beneficios derivados de la extracción de recursos en sus territorios tradicionales y en contra de la creciente militarización de estos territorios.

Etiopía es otro país donde el acaparamiento de tierras por parte de inversores extranjeros va de la mano de la represión estatal de la sociedad civil. En este caso, las restricciones legales a la libertad de asociación y de expresión impiden que los pueblos indígenas se organicen formalmente para presionar al gobierno de Etiopía a actuar según los estándares regionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas.

Implementación 

El documento final de la CMPI representa un avance importante hacia la afirmación de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la DDPI. Sin embargo, el valor real del documento está aún por verse, ya que para su aplicación se requiere la voluntad política de los estados y acciones coordinadas de los pueblos indígenas que aseguren un seguimiento de los compromisos hechos a nivel nacional e internacional.

No cabe duda de que el compromiso expresado por los estados sobre elaborar planes de acción nacionales debe ser una prioridad que los pueblos indígenas deben impulsar a nivel nacional. De esta manera se demostrará si los estados están dispuestos a convertir las buenas intenciones manifestadas en el documento final sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas en resultados concretos.

Los estados tienen la misión urgente de garantizar que la agenda de desarrollo Post-2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible respetan la contribución de los pueblos indígenas a la gestión de los ecosistemas y al desarrollo sostenible, además de prestar la debida atención a todos los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a determinar y desarrollar prioridades y estrategias propias para el ejercicio de su derecho al desarrollo.

La ONU también tiene por delante la gran tarea de aplicar y regularizar sus compromisos dentro de toda la organización. Como ejemplo cabe mencionar al Banco Mundial, que presentó en julio de 2014 su borrador del informe Estándares Medioambientales y Sociales (ESS) 7, donde se plantea la futura política del Banco en relación con los pueblos indígenas. Como aspectos positivos, dicho borrador refuerza el derecho de los pueblos indígenas a otorgar o denegar su consentimiento libre, previo e informado y aumenta la protección contra los desalojos forzosos. Por el lado negativo, se establecen salvaguardas débiles en varias áreas clave. El párrafo 9 del ESS7 contiene una cláusula que permite a los gobiernos optar por no aplicar ni adoptar un “enfoque alternativo” si la aplicación de los ESS pudiera generar un riesgo grave de aumento de las tensiones étnicas y los conflictos sociales, o cuando la identificación de diversos grupos culturales según se indica en los ESS no sea compatible con las disposiciones de la constitución nacional. Esta cláusula es una trampa de magnitud extraordinaria que ha sido ampliamente criticada, ya que permitirá al Banco y sus prestatarios ignorar sus propios reglamentos sobre pueblos indígenas y las propias disposiciones de la DDPI en los países donde los pueblos indígenas no son reconocidos oficialmente.⁴

Otro caso de gran preocupación es la necesidad urgente de que la Convención del Patrimonio Mundial se alinee con la DDPI y las directrices operacionales de la Convención se modifiquen para tal fin. En los últimos años, la UNESCO ha aumentado la atención que dedica a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, la nominación, el establecimiento y la gestión de los sitios patrimonio mundial ubicados en tierras y territorios de los pueblos indígenas, todavía tienen lugar sin la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas ni su consentimiento libre, previo e informado. Y así se refleja en varios de los artículos de este año.⁵

Cæcilie Mikkelsen
Editora

Orla Bakdal
Director

Copenhague, abril de 2015

Notas y referencias 

¹W. Anseeuw, L. Alden Wily, L. Cotula, and M. Taylor, 2012: Land Rights and the Rush for Land. Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra: Roma.

²Véase también: Johannes Rohr & José Aylwin, 2014: Business and Human Rights: Interpreting the UN Guiding Principles for Indigenous IWGIA Informe 16. IWGIA y la Red Europea sobre los Pueblos Indígenas (ENIP): Copenhague.

³Véase también: Dr Bina D’ Costa, 2014: Marginalisation and Impunity - Violence Against Women and Girls in the Chittagong Hill Tracts. Comisión de las Colinas de Chittagong (CHTC), IWGIA y la Red de Mujeres Indígenas de Bangladesh: Daca. Disponible en: https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones.html

⁴Leer más en: http://www.iwgia.org/human-rights/policiesstrategies-on-indigenous-peoples/world- bank-environmental-and-social-safeguard-policies

⁵Véase también: Stefan Disko and Helen Tugendhat, 2014: World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights. IWGIA, Forest Peoples Programme y Gundjeihmi Aboriginal Corporation: Copenhague

Este artículo es parte de la 29ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2015 aquí

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA