El Mundo Indígena 2018: Editorial
“Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas”. Esta legendaria cita describe muy bien las progresivas fases por las que habitualmente pasan los conflictos y movimientos sociales. La lucha y resiliencia de los pueblos indígenas no es una excepción.
Aunque el origen de la frase sigue siendo incierto, nos traza una precisa imagen para resumir los acontecimientos que han tenido impacto en las vidas de los pueblos indígenas durante el año 2017. La recopilación de realidades aunadas en este libro revela que los pueblos indígenas se enfrentan a los niveles más altos registrados de criminalización y violencia. Una y otra vez, los análisis locales presentes en el libro ilustran que los derechos colectivos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos permanecen en el centro de conflictos sociales y ambientales, actualmente en ascenso a nivel mundial. Mientras el mundo se mueve velozmente en sus ansias de explorar y explotar nuevos territorios para satisfacer las crecientes necesidades de consumo, los pueblos indígenas se encuentran prácticamente desamparados en la primera línea de batalla defendiendo sus tierras.
Un llamado a respetar las visiones indígenas de desarrollo sostenible
La proliferación de conflictos territoriales sucede mientras el mundo avanza en el marco común de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este marco global de acción demanda que los líderes elaboren soluciones alternativas para el desarrollo sostenible garantizando “no dejar a nadie atrás”. En este contexto, los pueblos indígenas han alzado sus voces para que se respeten sus visiones distintivas de desarrollo sostenible. En especial, los pueblos indígenas han enfatizado repetidamente que, para ellos, la tierra no es solo un recurso económico sino un elemento vital para su supervivencia como pueblos. De hecho, 73 de los 169 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están directamente relacionados con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Dentro de la esfera de las Naciones Unidas, a lo largo de 2017 se constató un progreso en la coordinación para implicar a los pueblos indígenas en los ODS. En abril se creó el Comité de Coordinación Global (GCC) del Grupo Mayor de Pueblos indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG), englobando a 63 organizaciones como miembros socios. Los esfuerzos realizados por el IPMG en 2017 han dado como resultado una mejor cooperación, colaboración y participación de los pueblos indígenas en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF).
La inclusión de los pueblos indígenas en la Declaración Ministerial de 2017 contribuye significativamente a su mayor visibilidad y cabe esperar que se les dedique mayor atención en la aplicación práctica de los ODS. Además, la Declaración Ministerial también reiteró la necesidad del desglose de datos por etnia, aspecto crucial para que los pueblos indígenas sean visibles en el seguimiento de los logros y deficiencias en la implementación de los ODS.
Los primeros 10 años defendiendo la Declaración
Primero te ignoran. En líneas generales, 2017 estuvo determinado por las celebraciones del 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), un cuerpo legal trascendental que requirió más de 20 años de debates en las Naciones Unidas. El aniversario supuso una oportuna ocasión para hacer balance y evaluar las brechas existentes en la aplicación de la DNUDPI. Muchos de los artículos en esta edición exponen las diferentes formas de conmemoración del aniversario alrededor del mundo. “A pesar del compromiso mostrado hacia la DNUDPI y reiterado por Estados Miembros de la ONU, su implementación práctica es de limitado progreso”, concluyó la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en julio de 2017.
En 2017, la Declaración se citó mil veces en los dos primeros ciclos del Examen Periódico Universal (EPU). Esto muestra que la Declaración se ha convertido en un reconocido instrumento internacional de derechos humanos, a la que cada vez más Estados y otras partes interesadas relevantes mencionan en sus informes sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos.
Tras una década de experiencias y lecciones aprendidas sobre el uso de la DNUDPI para luchar por los derechos territoriales, la Declaración sigue siendo fundamental para garantizar que se respete el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación a actividades de desarrollo que afecten el bienestar de comunidades indígenas y sus futuras generaciones. Aún así, para tener éxito en la implementación se requiere un cambio de paradigma: “el racismo y la discriminación son mentalidades y actitudes prevalentes que impiden establecer relaciones equitativas entre los pueblos indígenas y los Estados”, manifestó la Relatora Especial en su evaluación sobre el estatus actual de la Declaración. Para esto, afirmaciones retóricas de reconciliación requieren de políticas públicas efectivas, desarrolladas en estrecha colaboración con los pueblos indígenas.
En el horizonte inmediato, el desafío radica en encontrar formas efectivas de medir el cumplimiento y progreso realizados a través de las leyes y políticas adoptadas. Se necesita urgentemente contar con datos desagregados e indicadores que evalúen los derechos de los pueblos indígenas para reducir así las brechas y armonizar las políticas nacionales con la DNUDPI. Una tarea, que es sin duda, una responsabilidad universal.
Los derechos de los pueblos indígenas a la tierra: eje central de un cambio de paradigma
Luego te atacan. Los pueblos indígenas constituyen uno de los grupos marginados más expuestos a violencia y represión por hacer valer sus derechos. Las crecientes tensiones entre Estados y pueblos indígenas están llegando a un punto de inflexión y El Mundo Indígena 2018 aporta a los registros documentados que resaltan el aumento de ataques y asesinatos de personas indígenas al defender sus tierras.
La escalada de la violencia registrada en 2017 y su mayor visibilidad ha colocado a los pueblos indígenas en el centro de una conversación global, impulsando un cambio de paradigma basado en el reconocimiento de sus derechos. En este sentido, el 2017 puede leerse como el comienzo de una era que ofrece oportunidades sustanciales para que el mundo cambie su relación con las comunidades indígenas, sus tierras ancestrales y sus identidades.
Los Estados –aunque no necesariamente los perpetradores– no tienen la voluntad o la capacidad de proteger a los pueblos indígenas e incluso, en algunos casos, están colaborando con las fuerzas que constriñen al límite su supervivencia. Los 56 artículos de países y 13 artículos sobre procesos internacionales recogidos en esta edición ponen de relieve esta tendencia mundial, que se resalta en los siguientes casos representativos.
Los números hablan por sí solos. En 2017, Brasil figuró entre los cuatro países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos, espiral de violencia especialmente motivada por la minería a gran escala. En la actualidad, 37 millones de hectáreas están reservadas para exploración y explotación en tierras indígenas. En Perú, con la segunda mayor superficie de bosque amazónico después de Brasil, el 49,6% de tierra indígena está afectada por concesiones otorgadas por el Gobierno.
La presión sobre el control individual y colectivo de las tierras es palpable en Nepal, donde 150.000 indígenas se han visto afectados por un proyecto de expansión de una carretera nacional, que ocasiona desalojos forzados, tortura y destrucción de innumerables sitios espirituales. En Ecuador, se han concedido 50.000 hectáreas de tierra a concesiones mineras, incumpliendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
La explotación minera también genera violencia contra pueblos indígenas en Filipinas, donde grandes operaciones empresariales de minería de oro, cobre y níquel siguen causando estragos en territorios indígenas. A fecha de junio de 2017, se habían aprobado 229 solicitudes de explotación minera en territorios ancestrales indígenas.
En Chile, 2017 fue testigo de una intensificación en el uso de la ley antiterrorista contra los pueblos indígenas, esgrimida contra 23 indígenas mapuche, en un contexto de reactivación de las actividades mineras en sus territorios. Mientras que Paraguay registra la tasa más alta de desforestación de mundo, las comunidades indígenas han logrado que se dictamine al Estado responsable en conflictos relacionados con sus tierras a través de tres casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento no se han cumplido.
Registrando los números de la violencia
Como respuesta ante la violencia, las organizaciones indígenas aúnan esfuerzos para dejar constancia del número de muertes y hostigamientos. En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró solo en 2017: 45 asesinatos, 122 amenazas, 827 encarcelaciones injustas y 3.800 indígenas desplazados.
Mientras, en la otra parte del mundo, KATRIBU en Filipinas, contabilizó 37 casos de asesinatos extrajudiciales de personas indígenas, 62 arrestos ilegales, 21 prisioneros políticos, 20 incidentes de evacuación forzada perjudicando a 21.966 indígenas y más de cien personas acusadas falsamente desde que el presidente Duterte fue elegido en julio de 2016. También, la Alianza de Pueblos indígenas del Archipiélago (AMAN) en Indonesia computó 21 casos relativos a tierras que afectan a pueblos indígenas por proyectos de construcción de infraestructuras en sus territorios.
En Asia, la fuerte militarización sobre territorio indígena continúa causando devastadores efectos para las comunidades indígenas y, en especial, para las mujeres indígenas. En Bangladesh a lo largo del año se informó de un total de 141 defensores de derechos humanos indígenas arrestados o detenidos y 161 acosados con falsas acusaciones. Según la Fundación Kapaeeng, un creciente número de mujeres y niñas indígenas en Bangladesh son objeto de violación en conflictos relacionados con territorio. Una cifra estimada de 56 mujeres indígenas fueron sexual y físicamente atacadas por 75 supuestos autores, la mayoría no indígenas. Es más, la mayor parte de las víctimas de violación eran niñas y niños menores de 18 años.
Los delitos de Eritrea contra los pueblos indígenas son especialmente preocupantes. Después que la Comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea presentara un informe de acusaciones de crímenes de lesa humanidad, los derechos de los pastores a la tierra continúan sin ser reconocidos. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea informó que el Gobierno ha forzado la expulsión y destruido los medios de vida de pueblos indígenas mediante asesinatos, desapariciones, tortura y violación. Las denuncias de limpieza étnica cuentan con sustanciales testimonios y un análisis de 21.000 entrevistas que han sido enviados a la Relatora Especial, Victoria Tauli-Corpuz, y esperan su seguimiento.
Apropiación de tierras enmascarada bajo las inversiones y la conservación
Las industrias extractivas siguen siendo una amenaza concreta para las comunidades indígenas. En África, desalojos forzados y apropiación de tierras en nombre de la conservación, el desarrollo y las inversiones prosiguen su usurpación con impunidad. Esta flagrante realidad fue documentada exhaustivamente por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) en su informe relativo a las industrias extractivas y sus consecuencias sobre los pueblos indígenas publicado en 2017.
En Kenia, el Proyecto de Transportes Puerto de Lamu–Sudán del Sur–Etiopía (LAPSSET), cifrado en 25.500 millones de dólares y que enlazará la costa de Kenia a Camerún, atraviesa territorios de pueblos indígenas. Este proyecto de infraestructuras a gran escala repercutirá potencialmente en pequeños agricultores, cazadores-recolectores, comunidades pesqueras y pastoriles, que han expresado reiteradamente su preocupación porque la implementación del proyecto se efectúa sin el debido respeto a sus derechos a tenencia y recursos.
En Tanzania, la apropiación de tierras y los conflictos por tierras siguen estando relacionados con la expansión de parques nacionales. En 2017, continuaron las protestas contra la invasión de pastizales en el Kilimanjaro Occidental por parte de la Autoridad de Parques Nacionales de Tanzania, que en 2016 provocó que los masáis perdieran todo su territorio de 5.500 acres, de los que ellos y sus ganados dependen fuertemente para su supervivencia.
Asimismo, los desalojos forzados en Loliondo (norte de Tanzania), constituyeron también un claro ejemplo de usurpación de tierras en 2017. Estos desalojos ejecutados en nombre de “la conservación de la fauna y flora silvestres” captaron la atención internacional cuando el comisario del distrito de Ngorongoro emitió una orden para desalojar tierras de aldeas legalmente registradas, situadas en las proximidades del Parque Nacional del Serengeti. Casas masáis fueron reducidas a cenizas y muchas de sus propiedades destruidas, dejando a las familias sin refugio, alimento ni agua.
En Etiopia, el Gobierno continúa arrendando vastas extensiones de tierra fértil a empresas nacionales y extranjeras, perjudicando directamente a los pueblos indígenas situados a lo largo de las llanuras etíopes-Gambela, Benishangul-Gumuz y el valle inferior del río Omo. Con el objetivo de aumentar la inversión en el sector agrícola, la tierra indígena es injustamente etiquetada por el Gobierno como tierra “infrautilizada” y los pueblos indígenas, por tanto, son desposeídos de sus tierras, debilitando seriamente su seguridad alimentaria. Esta tierra abarca una superficie estimada de 11 millones de hectáreas que constituyen la fuente de sustento de aproximadamente 15 millones de pueblos indígenas -pastoralistas, pequeños agricultores y cazadores-recolectores– cuyos derechos consuetudinarios a la tierra son constantemente violados.
La inversión a gran escala sigue expandiéndose en Laos, especialmente debido a un auge compulsivo de construcción de presas, incluyendo 72 nuevas grandes presas, 12 de las cuales están en construcción y casi 25 en avanzada fase de planificación. Estos planes de construcción de instalaciones hidroeléctricas provocan la expulsión forzada de pueblos indígenas, de la que 100 familias fueron víctimas en 2017.
Asimismo, en Camboya, la mayor fuente de energía hidroeléctrica del país se llevó a cabo casi por completo en 2017 con la total oposición de las comunidades indígenas. En diciembre de 2017, el Gobierno intensificó la falta de respeto por sus derechos al anunciar que más de 30.000 hectáreas próximas a la presa se convertirán también en concesiones de tierras con fines económicos.
En 2017, México ocupó el cuarto puesto como país más peligroso para activistas defensores de los derechos a la tierra. Un hecho que está directamente vinculado con las 29.000 concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica que en la actualidad están en funcionamiento en el país, ocupando un 35% del territorio nacional. La mitad de las operaciones en dicha superficie se ejecutan en territorio indígena.
Reprimir las reivindicaciones de los pueblos indígenas tendrá un impacto negativo sobre nuestro planeta si la extracción de recursos naturales continua su expansión. Si los Estados y las empresas no protegen a los últimos habitantes que protegen la diversidad natural que queda en el mundo, ¿qué quedará entonces para ser explotado?
La protección de los derechos humanos ambientales gana impulso
Al momento de escribir esta editorial, se vertían violentas acusaciones contra la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien, junto a otros defensores de derechos humanos indígenas, ha sido calificada como “amenaza terrorista” por el Gobierno de Filipinas. Estas acusaciones llegan en un momento crucial pues, como parte de su mandato, la Relatora Especial está recopilando datos para un informe temático sobre la criminalización de defensores de derechos humanos indígenas.
El estallido de violencia comprobado por estos actos y muchos otros contenidos en este libro, sin embargo, conllevan cambios de políticas dirigidas a mejorar la seguridad de defensores ambientales. A la hora de imprimir este volumen, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está presentando una nueva política para la protección de defensores ambientales. En América Latina, donde la mayoría de los defensores de derechos a la tierra son asesinados, los Estados están avanzando hacia un acuerdo regional específicamente destinado a proteger a las personas defensoras del medio ambiente. Esto demuestra que las demandas ambientales, incluyendo las reivindicaciones de los pueblos indígenas, se están abriendo camino en la elaboración de respuestas sistemáticas.
El reconocimiento oficial del derecho a un medio ambiente sano contribuiría a proteger a quienes cada vez más arriesgan sus vidas por defender los ecosistemas naturales.
¿Qué está funcionando?
Entonces ganas. El Mundo Indígena 2018 también recopila esperanzas y acciones positivas. En Bolivia, 36 territorios indígenas han comenzado el procedimiento para convertirse en gobiernos autónomos, en un país donde el 21% de la tierra es de propiedad colectiva de pueblos indígenas. Estos innovadores procesos autónomos son también potentes en Perú, donde el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), establecido en 2015, está trabajando en directrices y hojas de ruta encaminadas a restablecer su propia institucionalidad y alcanzar mejores condiciones para un diálogo con el Estado peruano. Otras comunidades indígenas como los shawi, kandozi y shapra en la Amazonía peruana han expresado también su deseo de establecer un gobierno autónomo que los represente como pueblos.
En Costa Rica se progresó considerablemente con el establecimiento de un mecanismo de consultas a pueblos indígenas, que se debatirá en 2018. Este mecanismo se describe como prometedor porque tiene en consideración que cada pueblo indígena toma sus decisiones de manera diferente y que asuntos distintos requieren diferentes procedimientos de consulta.
En un movimiento sin precedentes, en 2017 México fue testigo de la primera candidatura de una mujer indígena a la presidencia del país. Su nominación aún requiere el apoyo del 1% del padrón electoral para presentarse, haciendo frente a campañas de desprestigio y ataques personales. Contra todo pronóstico, en Kenia, mujeres indígenas obtuvieron impresionantes resultados en las elecciones generales con la elección de cinco mujeres indígenas. Esto señala un cambio hacia contiendas políticas más inclusivas en el país.
En cuanto a la protección de los derechos de las mujeres indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo hincapié en la necesidad de actuar contra la violencia que sufren especialmente las mujeres indígenas en las Américas en contextos de conflictos armados, ejecución de proyectos de desarrollo, de inversión y de extracción y militarización de sus territorios. En 2017, la CIDH publicó un instrumento jurídico para la defensa de sus derechos que contiene principios rectores con los que instar a los Estados a reconocer la autonomía de las mujeres indígenas. Herramientas como esta son de importante utilidad, ya que se centran en la promoción de principios rectores y buenas prácticas que pueden ser empleados por organizaciones indígenas, abogados y defensores de derechos humanos en general.
En la región del Pacífico, mediante el apoyo de aliados no indígenas y Planes de Acción para la Reconciliación, los medios de comunicación australianos han incrementado su cobertura desde las perspectivas aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres. En 2017, los derechos de los pueblos indígenas al agua se situaron en el centro del debate. Al avanzar la restitución de territorio mediante el Título Nativo de propiedad, la política de gestión del agua ha ganado espacio en la mesa de elaboración de políticas.
Los inuit de Canadá consiguieron una histórica victoria en el Tribunal Supremo en junio de 2017, cuando una decisión unánime revocó los planes de Petroleum Geo-Services Inc. de recopilar datos sísmicos de más de 16.000 km en búsqueda de petróleo. Los inuit también esperan una nueva legislación nacional sobre lengua indígena, que el primer ministro Trudeau anunció se desarrollaría en colaboración con los pueblos indígenas.
Tras una disculpa nacional a los pueblos indígenas, Taiwán avanzó en el establecimiento del Comité de Justicia Histórica Indígena y Justicia Transicional, compuesto por representantes de los 16 grupos indígenas y tres de los grupos pingpu. Además de fortalecer la justicia transicional, el Parlamento de Taiwán abordó el impacto de las industrias extractivas enmendando la Ley de Minería. La modificación de ley propuesta contiene una evaluación de impactos más estricta, supervisión más rigurosa y suspensión de la licencia de explotación si se constatan graves violaciones. Es más, el Consejo de Pueblos indígenas (CIP) anunció directrices sobre la demarcación de territorios indígenas tradicionales con la participación y consulta de 800 indígenas.
A nivel de las Naciones Unidas, 2017 resultó un año apasionante para el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, pues dio la bienvenida a doce nuevos expertos y organizó la primera zona de medios de comunicación indígena. Este espacio demostró ser un impulsor para mejorar los flujos de información sobre cuestiones de pueblos indígenas y un punto de encuentro esencial para diferentes líderes de opinión, editores y periodistas que se dedican a temas de pueblos indígenas.
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) celebró su décimo aniversario en 2017 y emprendió la aplicación práctica de su nuevo mandato. Entre los cambios figuran una mayor colaboración específica con las instituciones nacionales de derechos humanos y considerablemente mayor implicación a nivel nacional. En este sentido, a lo largo del año, el EMRIP celebró tres reuniones entre períodos de sesiones en Canadá, la Federación Rusa y Chile y presentó nuevos formularios en internet para solicitar asistencia técnica. Dicha solicitud la pueden realizar Estados, pueblos indígenas y otras partes interesadas, incluyendo el sector privado. En general durante el transcurso de 2017, el EMRIP reafirmó sus esfuerzos para fomentar capacidades y confianza, atenuando al mismo tiempo tensiones entre Estados y pueblos indígenas.
“Nada sobre nosotros sin nosotros”
La creciente emergencia de plataformas para diálogo donde destacados líderes indígenas participan activamente en la adopción de decisiones fue notable en 2017, especialmente en relación a las acciones climáticas. Al ser desproporcionadamente vulnerables al cambio climático por sus fuertes vínculos tradicionales con sus tierras y recursos naturales, los pueblos indígenas hicieron oír sus voces en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en noviembre de 2017 en Bonn. La participación de representantes indígenas mostró un renovado compromiso bajo el lema “nada sobre nosotros sin nosotros”, dejando constancia de que más allá de ser víctimas del cambio climático, son los mejores observadores y actores clave para combatir con eficacia las amenazas climáticas.
Entre las 31 decisiones tomadas en la COP23, una fue de importancia fundamental para los pueblos indígenas: la decisión sobre la operacionalización de la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas para intercambio de conocimientos. La plataforma fue aplaudida por muchos como un paso adelante para aumentar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Sin embargo, muchos otros no la consideraron suficientemente fuerte para garantizar que los pueblos indígenas puedan negociar o documentar la adopción de decisiones en igualdad de condiciones.
Sin duda, la puesta en marcha de la plataforma representó un hecho destacable en 2017, siendo el principal foco de acción para la mayoría de los representantes de pueblos indígenas. Lo que está claro es que la aprobación de la plataforma abre un nuevo espacio para aportar y compartir conocimientos, contribuciones positivas y lecciones indígenas aprendidas a las conversaciones sobre el clima, y por tanto representa una oportunidad para fortalecer la interacción entre pueblos indígenas y la comunidad especializada en cambio climático.
Tras la decisión de desarrollar una Política de Pueblos Indígenas en diciembre de 2016, el Fondo Verde para el Clima (GCF) preparó un borrador final en diciembre de 2017 basado en las consultas y aportes de pueblos indígenas y miembros de la junta. El objetivo de la política es la inclusión de adecuadas salvaguardas, participación y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
Teniendo en cuenta que, en aquellos primeros tiempos de elaboración de políticas para el cambio climático en la década de 1990, los pueblos indígenas apenas estuvieron implicados, estos avances son prometedores. Muestran que el persistente trabajo de defensa va obteniendo sus frutos y los pueblos indígenas a un ritmo constante están convirtiéndose en una parte reconocida de la solución a los desafíos que supone el cambio climático para el mundo.
Pamela Jacquelin-Andersen
Editora General
Julie Koch
Directora Ejecutiva
Copenhague, abril de 2018
Este artículo es parte de la 32ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2018 aquí
Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA
