El Mundo Indígena 2021: Editorial
El 2020 fue un año sin precedentes para la población mundial, que experimentó una pandemia global única en la vida. Los pueblos indígenas, armados con conocimientos y experiencia de varias generaciones por haber enfrentado enfermedades contagiosas y otras pandemias, respondieron al COVID-19 con métodos tanto tradicionales como nuevos e innovadores para la protección y la prevención; todo ello ante la desproporcionada discriminación y marginación a la que se enfrentan día a día.
A pesar de la falta de programas de ayuda de emergencia o de su in-adecuada aplicación, de la debilidad de las políticas y del escaso o nulo apoyo social, sanitario y económico de los gobiernos, los pueblos indígenas tomaron la iniciativa para protegerse y apoyarse mutuamente. Sencillamente, aunque los pueblos indígenas han mostrado una resiliencia deci-dida durante la pandemia, el COVID-19 también ha puesto de manifiesto y ha amplificado exponencialmente las profundas desigualdades a las que siguen enfrentándose a nivel mundial.
La pandemia tuvo un impacto tan grave en los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas que el recién nombrado Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, dedicó su primer informe temático al COVID-19 y a los riesgos particulares y los problemas globales que planteó para los pueblos indígenas. En él señaló que los pueblos indígenas “rara vez se tienen en cuenta en los planes de contingencia” y, según las conclusiones de su informe, la mayoría de los estados no han incluido a los pueblos indígenas en sus planes de recuperación del COVID-19, lo que destaca la importancia del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en las decisiones que les afectan.[1]
Las pruebas y experiencias que se presentan en esta edición de El Mundo Indígena son abrumadoramente claras y similares: los derechos, las necesidades y los retos de los pueblos indígenas durante la pandemia simplemente no se tuvieron en cuenta. En casi todos los continentes, en mu-chos casos, los centros de salud eran inaccesibles, la información sanitaria no se difundió ni estuvo disponible en lenguas indígenas, no se distribuyó el equipo de protección personal, los paquetes de ayuda no tuvieron en cuenta los mercados económicos indígenas, y la educación a distancia no consideró la falta de equipos electrónicos ni la indisponibilidad de acceso a Internet de los niños y estudiantes indígenas.
Además, en la mayoría de los países, los datos del COVID-19 relacio-nados, por ejemplo, con los impactos sanitarios y económicos, no estaban desglosados ni en su totalidad ni para los pueblos indígenas en particular. Por eso, ha sido casi imposible obtener una imagen clara de cómo el virus afectó a las poblaciones indígenas en los distintos países, lo cual podría haber ayudado a las autoridades a proporcionar la ayuda específica que ne-cesitan los pueblos indígenas.
La Iniciativa del Navegador Indígena,[2] que se basa en los esfuerzos de colaboración y recopilación de datos liderados por la comunidad y los testi-monios de las comunidades indígenas, proporcionó información de primera mano sobre la situación de los pueblos indígenas en los 11 países (Bangladesh, Bolivia, Camboya, Camerún, Colombia, Kenia, Nepal, Perú, Filipinas, Surinam y Tanzania), donde las comunidades participaron en la recopilación de datos, la promoción y la ejecución de proyectos. En esta iniciativa, los datos y las entrevistas identificaron cómo las barreras preexistentes a la salud, la seguridad social y la educación han alimentado los impactos desproporcionados de la pandemia en los pueblos indígenas. También indicaron un aumento de la inseguridad alimentaria relacionada con la pérdida de los medios de subsistencia y la falta de acceso a la tierra y los recursos naturales. Por el contrario, los informes han demostrado que cuando los pueblos indígenas tienen asegurados sus derechos sobre la tierra, están mucho mejor preparados para sobrevivir a la pandemia y no se preocupan tanto por los confinamientos prolongados ni por poder cultivar y acceder a los alimentos y plantas medicinales.[3]
Pero los resultados también han subrayado el papel vital que desem-peñan las comunidades indígenas en la construcción de la respuesta y la recuperación de la crisis mundial.
Una vez más —como en el caso de otras pandemias, virus y enfermedades—, los pueblos indígenas tuvieron que valerse por sí mismos a través de diversas actividades, como la reactivación de las prácticas tradicionales de autoaislamiento y protección, el empleo de terapias médicas tradicionales para reforzar su sistema inmunitario o tratar otras enfermedades con el fin de evitar la exposición al acudir a clínicas u hospitales, la fabricación de su propio equipo de protección personal y la creación de sus propias inicia-tivas de información y sensibilización sobre el virus en sus propias lenguas. A lo largo de esta edición, se pueden encontrar muchos más ejemplos de cómo los pueblos indígenas abordaron la situación con su propio enfoque autodeterminado, culturalmente sensible y basado en los derechos.
Además de las luchas y los esfuerzos de mitigación a los que se enfrentaron los pueblos indígenas debido al virus, siguieron luchando contra la discriminación y la violencia selectiva y contra un espacio cívico cada vez más reducido, carecieron de reconocimiento de sus derechos como pueblos y sufrieron el despojo de sus tierras, los desalojos y el impacto negativo del cambio climático, así como de los esfuerzos de conservación descen-dente. Los pueblos indígenas no solo se ven afectados de forma desproporcionada por los efectos del COVID-19 y sus consecuencias, sino que también se enfrentan a una mayor represión por parte de los estados, que utilizan la pandemia como medio para promulgar leyes que cercenan aún más sus derechos. Para los pueblos indígenas, las consecuencias a largo plazo de la pandemia pueden ser devastadoras.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
El COVID-19 repercute en la salud de los pueblos indígenas
La historia ha demostrado que enfermedades como el COVID-19 pueden causar estragos en los pueblos indígenas debido a diversos factores, desde el escaso acceso a las infraestructuras hasta la falta de servicios sanitarios básicos, incluida la vacunación.
Los pueblos indígenas ya se enfrentan a la marginación y a servicios médicos e información sanitaria inadecuados, incluida una información insuficiente en sus lenguas, lo que dificulta que reciban la información y la atención adecuadas que necesitan para analizar e identificar los casos de infección o para tratar a los que puedan resultar infectados. Además, muchas comunidades no suelen tener acceso a fuentes de agua limpias o suficientes debido a infraestructuras inadecuadas o inexistentes, a la se-quía o a la contaminación, lo que significa que una de las principales me-didas para prevenir la propagación de la enfermedad —lavarse las manos con jabón— es difícil de adoptar para las comunidades. Y el hecho de que los gobiernos no tengan en cuenta a las comunidades indígenas a la hora de elaborar sus planes de prevención hace que la situación sea más difícil para los pueblos indígenas.
En última instancia, el COVID-19 puso de manifiesto el deficiente sistema nacional de salud de muchos países, no solo en general, sino es-pecíficamente en la forma en que respondía a las necesidades sanitarias inmediatas y variadas de los pueblos indígenas y sus comunidades. Las instalaciones médicas no estaban lo suficientemente cerca de las comuni-dades indígenas y carecían de equipos adecuados, los médicos no podían llegar a muchas comunidades, los gobiernos no aplicaban las medidas de protección de manera uniforme, las comunicaciones no eran culturalmente sensibles ni se realizaban en las lenguas indígenas y locales, y no se con-sultaba ni se incluía a los pueblos indígenas en el diseño de los programas de prevención y tratamiento de emergencias, ignorando por completo sus necesidades y terapias tradicionales, y el material informativo solo se pro-porcionaba en las lenguas indígenas tras la persistente presión de las orga-nizaciones indígenas.
Algunos artículos de esta edición presentan cifras muy claras que muestran el impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades indígenas. En algunos estados de EE. UU., por ejemplo, la tasa de mortalidad de los nativos estadounidenses de entre 20 y 50 años era 10 veces superior a la de los no indígenas; en Canadá, los pueblos de las Primeras Naciones experimentaron los efectos de la COVID-19 a un ritmo un 40% superior al de los no indígenas, y en Chile, una comunidad —la comunidad Yagán— tuvo la tasa de infección más alta del país, casi el triple de la media nacional, lo que afectó a los ancianos de la comunidad, incluido uno que es el último hablante nativo de su lengua.
Otros artículos muestran claramente las insuficientes denuncias de incidentes y muertes por COVID-19 en las comunidades indígenas de zonas remotas. En Surinam, por ejemplo, la tasa de mortalidad de los pueblos indígenas a causa del COVID-19 era desproporcionada en comparación con la de los no indígenas. Sin embargo, a pesar de los informes de las orga-nizaciones indígenas y de la presión ejercida sobre las autoridades, estas muertes no se notificaron ni se investigaron. En Kenia, debido a la lejanía de muchas comunidades indígenas y a la falta de equipos médicos, tampoco se notificaron los casos de COVID-19.
Estos factores se vieron exacerbados por el hecho de que el COVID-19 se propagó rápidamente, lo que significa que arrasó con las comunidades indígenas con poca inmunidad acumulada. Estas comunidades suelen estar muy unidas, dependen unas de otras o viven muy cerca y comparten recursos y hogares, lo que hace que el impacto sea más grave cuando es-trategias como el distanciamiento social no son tan viables.
En Israel, por ejemplo, la construcción de aldeas y viviendas de las comunidades de los Beduino hacía casi imposible el aislamiento. Debido a su ubicación remota y a la falta de caminos pavimentados, el acceso a la atención médica era reducido. Además, el gobierno limitó el suministro de información sobre el COVID-19 en árabe, no solo en el material impreso, sino también con la dotación de personal de los operadores de la línea directa que sabían hablar árabe. Este fue el caso de los pueblos indígenas de Vietnam, que viven lejos de los centros médicos y cuyo acceso a la información sobre el virus era escaso y raramente estaba disponible en sus idiomas. Los pueblos indígenas de Camerún se enfrentaron a la misma si-tuación y experimentaron una escasa participación del gobierno y una falta general de coordinación entre diversos organismos gubernamentales.
Los pueblos indígenas de la Guayana Francesa se contagiaron de CO-VID-19 porque la gente introdujo el virus por la frontera al viajar libremente al país desde Brasil, que ha tenido políticas laxas en respuesta a la pandemia. Las políticas francesas también fueron débiles en cuanto a los viajes hacia y desde la Guayana Francesa, lo que ayudó a la propagación del virus. Los alimentos y el equipo de protección personal solo se pusieron a disposición de los pueblos indígenas porque ellos mismos lo solicitaron y pidieron ayu-da a las organizaciones no gubernamentales internacionales. Los pueblos indígenas de Bolivia tuvieron que viajar a otras comunidades para recibir suministros médicos, tratamiento y vales —ya que esos productos y servi-cios no estaban disponibles en sus comunidades— donde, en algunos ca-sos, se contagiaban del virus y lo llevaban de vuelta a sus comunidades en situación de vulnerabilidad actuando como vector.
Del mismo modo, los confinamientos en la India dejaron varados a millones de trabajadores migrantes; cuando pudieron regresar a sus ciudades de origen, muchos llevaron el virus con ellos. Además, muchos de estos indígenas que trabajaban o estudiaban en las principales ciudades del noreste, lejos de sus hogares, sufrieron discriminación racial al ser acusados directamente de traer el virus con ellos por su aspecto. Algunos fue-ron echados de sus habitaciones alquiladas, a otros les escupieron por la calle y a otros les negaron el acceso a los centros médicos. Incluso se ha informado de que algunos fueron arrojados de trenes en movimiento.
Inseguridad alimentaria e impactos económicos
A medida que el mundo se confinaba, los pueblos indígenas se vieron considerablemente afectados por una grave reducción de sus oportunidades económicas, y cayeron más profundamente en la pobreza, lo que los llevó a una peligrosa inseguridad alimentaria. La pérdida de puestos de trabajo, como en el caso de Vietnam y Tailandia, obligó a algunos a trasladarse des-de las zonas urbanas y las ciudades más grandes a sus pueblos natales, lo que supuso una carga adicional para las comunidades que también sobrevivían a duras penas. En algunos casos extremos, la gente ni siquiera podía acceder a sus propios campos para cultivar alimentos para sus familias.
Las prácticas tradicionales, como la agricultura y la cría de animales con el fin de vender productos en los mercados, prácticamente desapa-recieron al cerrarse los mercados, limitarse el transporte y bloquearse las carreteras. En Tanzania y Burkina Faso, el valor del ganado cayó cuando los mercados volvieron a abrirse y redujo significativamente los ingresos de los pastores. En muchos casos, los pastores tuvieron que vender más de su ganado para llegar a fin de mes.
Los pueblos indígenas de varios países dependen del turismo para la venta de bienes, así como para obtener ingresos a través del trabajo en los parques. Los jóvenes indígenas de Kenia y los Batwa de Uganda, por ejemplo, que trabajan en el ámbito turístico de la fauna y flora silvestres y actúan como guías pastorales, perdieron sus ingresos debido a la fuerte caída del turismo.
Impacto en los ancianos y en la educación
Los ancianos indígenas de muchas culturas son los portadores del conocimiento tradicional, la historia y la lengua, y ocupan puestos importantes en la toma de decisiones de sus comunidades. El COVID-19 amenazó la supervivencia de estos ancianos y de la cultura y la tradición que portan, como ocurrió en Estados Unidos, donde muchos ancianos tribales murieron y con ellos las lenguas y tradiciones en peligro de extinción. En Perú, cuando el gobierno elaboró un plan para hacer frente al COVID-19 ya era demasiado tarde para muchas comunidades indígenas que perdieron a varios líderes.
Los confinamientos no solo cerraron comunidades y ciudades, sino también muchos servicios, incluidas escuelas y universidades que tuvieron que hacer el cambio a una educación totalmente virtual y en línea. Sin embargo, el acceso a Internet y a los equipos electrónicos rara vez se tuvo en cuenta a la hora de abordar las circunstancias de los pueblos indígenas, que se vieron desproporcionadamente afectados, como en Bangladesh, donde el 75% de los estudiantes indígenas no pudo acceder a las clases emitidas por la televisión nacional por falta de electricidad o de acceso a un televisor, y en la Polinesia Francesa, donde solo la mitad de la población estudiantil tiene acceso a Internet. En Malasia, los estudiantes indígenas simplemente abandonaron la escuela y los que hicieron el intento y tuvieron la posibilidad de seguir con sus estudios tuvieron que viajar largas distancias hasta las cimas de las colinas con la esperanza de encontrar una conexión a Internet.
Como siempre, los pueblos indígenas mostraron su capacidad de re-siliencia en este sentido y aportaron soluciones a estos retos. De nuevo, en Bangladesh, donde la educación estaba afectando de forma desproporcio-nada a los estudiantes indígenas, un grupo de jóvenes universitarios Chakma que tuvieron que regresar a su aldea debido a la pandemia pusieron en marcha un proyecto —Pohr Sidok (Deja que la luz brille)— y empezaron a enseñar a los niños de su aldea con libros de texto regulares. La iniciativa en la aldea se extendió e inspiró a los jóvenes de las aldeas adyacentes a hacer lo mismo.
El acaparamiento de tierras y los proyectos a gran escala continúan a pesar de la pandemia
Como comentó el Relator Especial de la ONU, Calí Tzay, en su informe, los pueblos indígenas siguieron sufriendo injusticias, ya que al parecer se per-mitía a las grandes empresas continuar libremente con sus actividades, invadiendo las tierras indígenas, mientras que se aplicaban de forma represiva las restricciones a la propia circulación de los pueblos indígenas y a su libertad para utilizar y proteger sus tierras.
En Chile, a pesar de las medidas de confinamiento, los grandes proyectos económicos continuaron mientras que las personas no podían llevar a cabo sus pequeños negocios ni vender productos en los mercados. Mientras los proyectos económicos continuaban, los que estaban en proceso de consulta indígena prosiguieron en línea, sin respetar la brecha digital entre los pueblos indígenas y las empresas, cuestión que se planteó a Calí Tzay. Además, el número de proyectos que se presentaron para estudios de im-pacto ambiental en el país se duplicó de marzo a mayo de 2020 —cuando el COVID-19 comenzó su propagación— en comparación con el mismo periodo en 2019 y 2018.
Chile no fue el único país de América Latina o de otros lugares que exhibió este comportamiento perturbador y deletéreo. En muchos países, como India, Nepal y Filipinas, entre otros, las actividades mineras, la explotación de hidrocarburos y la agroindustria se consideraron una forma de evitar que las economías nacionales se endeudaran en extremo y, por lo tanto, quedaron exentas de las restricciones impuestas por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad.
Como parte de las medidas de recuperación del COVID-19, el Gobierno de la India lanzó una subasta de docenas de bloques de carbón para fines de minería comercial, muchos de los cuales estaban en tierras indígenas. Y aunque la pandemia afectó severamente a la India, las fuerzas de seguridad y la oposición armada no dejaron de atacar, secuestrar y asesinar a los indí-genas, y los desalojos de los indígenas de sus bosques también continua-ron sin cesar, con más de cuatro millones de reclamaciones presentadas en virtud de la Ley de Derechos Forestales por los pueblos indígenas y tribales. En Camboya, la respuesta del gobierno se centró principalmente en las zo-nas urbanas, lo que permitió que las operaciones de tala ilegal y acapara-miento de tierras no solo continuaran, sino que aumentaran. En Malasia, a pesar del confinamiento, el gobierno permitió que continuara la tala y, en un caso especialmente atroz, los madereros se trasladaron a un territorio cuya tala se declaró suspendida en 2019.
Mientras tanto, en otros países, como Aotearoa, se redactaron y apro-baron leyes de emergencia en relación con la realización de negocios con lagunas legales que permitían eludir los procesos de consentimiento, mientras que en Australia la legislación incluía cláusulas que permitían anular la consulta a los pueblos indígenas.
Ataque a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas
Junto a la peligrosa amenaza de la pandemia de COVID-19, los pueblos in-dígenas se enfrentaron a un segundo problema peligroso: el ataque a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas al amparo del desorden o la ampliación de las medidas de emergencia.
A pesar de que el COVID-19 prácticamente paralizó el mundo, los pue-blos indígenas siguieron luchando por defender sus derechos humanos, territoriales y medioambientales. El 2020 fue otro año mortal para los defensores de los derechos humanos. Al menos 331 defensores fueron asesi-nados en 2020, 44 de ellos mujeres. Más concretamente, el 26% de estos valientes defensores trabajaban específicamente por los derechos de los pueblos indígenas y el 69% de los que fueron asesinados trabajaban por los derechos sobre la tierra y el medioambiente, además de por los dere-chos de los pueblos indígenas. Según las violaciones que se comunicaron a la organización Front Line Defenders para el informe anual de análisis global, los defensores que sufrieron la mayor cantidad de ataques fueron los que defendían los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y del medioambiente,[4] los principales derechos por los que los pueblos indígenas luchan cada día.
En respuesta a la pandemia, algunos países introdujeron o aumentaron la presencia de militares y policías en las zonas rurales donde viven los pueblos indígenas. La falta de acceso a la comunicación y a la información aumentó aún más el riesgo de que se produjeran violaciones de los derechos humanos, que podrían pasar desapercibidas para los mecanismos de vigilancia y protección afectados por los confinamientos y otras medidas legales, sin que nadie rinda cuentas.
Tal fue el caso de Myanmar en 2020, donde al comienzo de la pande-mia —antes del golpe de 2021— se cerraron 220 sitios web, muchos de ellos administrados por minorías étnicas y pueblos indígenas, conforme a medidas de emergencia, por difundir supuestamente noticias falsas sobre el virus. Y un apagón de Internet que comenzó en 2019 en ocho municipios afectados por el conflicto continuó durante la pandemia, a pesar de las críticas de la sociedad civil, lo que dejó a estas zonas sin poder compartir in-formación vital sobre el virus.
El Gobierno de Filipinas adoptó un enfoque militarista de las restricciones y medidas. Se aprobó una ley antiterrorista con definiciones vagas que permite detener a personas sin motivo. Los severos confinamientos dejaron a los pueblos indígenas extremadamente aislados, y dejaron a algunas perso-nas varadas durante largos periodos en comunidades que no eran las suyas debido a las prohibiciones extremas de viaje. Y a pesar de estas restricciones excesivas, los grandes proyectos agrícolas y de infraestructura continuaron, y los pueblos indígenas que defendían sus tierras y comunidades siguieron siendo objeto de ataques, incluso a través de la distribución de materiales, sitios de noticias y perfiles falsos en las redes sociales que afirmaban que los individuos y las organizaciones indígenas eran grupos terroristas.
En Nicaragua, los ataques contra los pueblos indígenas provocaron la muerte de 13 personas y la desaparición de otras 10. En Guatemala fueron asesinados varios indígenas y no indígenas que defendían los derechos de los indígenas y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos, eran blanco de ataques por su activismo.
A medida que aumenta el número de zonas en las que se producen confinamientos, los gobiernos han aumentado sus poderes a través de la legislación de emergencia y, en algunos países, han desplegado fuerzas militares para aplicar la legislación de emergencia, lo que significa que los defensores de los derechos corren un mayor riesgo al no poder desplazarse libremente. Así, estos importantes defensores son más fáciles de encontrar, su red de apoyo de emergencia es más difícil de movilizar para su protección y las autoridades siguen adquiriendo más capacidades para silenciarlos.
Resiliencia de los pueblos indígenas: autoprotección y sensibilización
Las comunidades indígenas han experimentado durante generaciones la violación de los derechos humanos, incluida la violación de su derecho a la salud debido a las infecciones virales. Han aprendido a protegerse para sobrevivir y ser así comunidades fuertes y resilientes. Las comunidades de los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo ya han respondido a la pandemia utilizando sus mecanismos de protección autodeterminados y han tomado medidas avanzadas para cerrar sus aldeas o retirarse más a la naturaleza para evitar el contacto, mucho antes de que los gobiernos nacionales tomaran medidas. En todo el mundo, los pueblos indígenas han respondido de forma proactiva al desafío de satisfacer una necesidad crítica de información con comunicaciones de radio o podcast que difunden información sobre el COVID-19 a sus comunidades, así como medidas de precaución en lenguas indígenas (véanse, por ejemplo, los artículos sobre Bolivia, Indonesia, Nepal, Tanzania, Tailandia y Zimbabue).
La respuesta a la pandemia por parte de los pueblos indígenas del Ártico demostró su fuerza y resiliencia al utilizar sus extensas tradiciones ora-les que rastrean la larga historia de cómo les han afectado las pandemias para ayudar a afrontar el COVID-19, por ejemplo, utilizando el conocimiento de cómo evitar las infecciones de viruela al entender cómo se propaga la enfermedad y qué acciones fueron efectivas para mitigarla. Otros emplearon prácticas nómadas para evitar los focos de la enfermedad. Muchos todavía tienen recuerdos vívidos de sus familiares y miembros de la comunidad compartiendo historias de la última pandemia mundial —la gripe española de 1918-1920— y, como tales, todavía fueron capaces de aplicar determi-nadas prácticas tradicionales porque las habilidades y los conocimientos necesarios se han mantenido vivos a través de las tradiciones orales transferidas entre generaciones.
En Indonesia, las organizaciones indígenas nacionales se coordinaron y asesoraron mutuamente sobre cómo responder a la pandemia mediante lo que llamaron una “cuarentena digna” y celebraron numerosas reuniones virtuales para compartir información y aprender unos de otros sobre cómo adaptarse. Al mismo tiempo, las mujeres y los jóvenes indígenas estuvieron en la primera línea de la respuesta fabricando desinfectantes con ingredientes naturales y creando videotutoriales para enseñar a las comunidades indígenas a mantenerse a salvo del virus. Las comunidades indígenas de Tailandia también se unieron para apoyarse mutuamente intercambiando productos, compartiendo información sobre el COVID-19 y enseñándose mutuamente a fabricar desinfectantes, geles y mascarillas.
En Australia, el Sector Sanitario Controlado por la Comunidad Abori-gen fue capaz de ofrecer soluciones culturalmente apropiadas al virus, lo que demostró la importancia y la eficacia del control comunitario y la autodeterminación, y permitió reducir seis veces los casos de infección en esas comunidades indígenas. Algunas de las intervenciones incluyeron visitas a domicilio para realizar pruebas, la colaboración con bancos de alimentos y cafeterías para quienes necesitaban comida, la distribución de material escrito traducido, la comunicación a través de varias plataformas de redes sociales y la creación de un conjunto de herramientas especializadas para la prevención.
Cientos de comunidades indígenas de todo el mundo tomaron medidas para autoaislarse, protegiendo sus aldeas y territorios de los forasteros, incluido el cierre de carreteras, pistas de aterrizaje y rutas de transporte. En Bangladesh, Camboya, India y Tailandia, las comunidades indígenas blo-quearon sus pueblos. Los pueblos indígenas de Argelia, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua hicieron lo mismo, creando cordones de seguridad, impidiendo la entrada y salida de personas o estableciendo controles, asegurándose de que quienes tuvieran contacto con forasteros llevaran máscaras, entre otras medidas. En Surinam, como muestra la portada de este libro, las comuni-dades indígenas llegaron a bloquear las pistas de aterrizaje. En Rapa Nui también se bloquearon los vuelos, a pesar de provocar un grave desempleo y un aumento del coste de los productos, ya que solo se permitían los avio-nes de carga y no de turistas. Sin embargo, para adaptarse a la situación, los indígenas de la isla recuperaron sus métodos de cultivo de alimentos y la pesca, y el gobierno destinó todo su presupuesto a la creación de empleo.
En Estados Unidos, las tribus establecieron puestos de control sanitario en las entradas de sus territorios para protegerse del virus; en Canadá, las comunidades cerraron el acceso a los viajes y al comercio, y en Malasia, muchos pueblos indígenas se retiraron a los bosques no solo para protegerse, sino también para subsistir. Estas tácticas de autoaislamiento fueron en muchos casos la razón por la que hubo una baja propagación del virus entre estas comunidades.
En muchos casos, las medidas que se adoptaron para el autoaisla-miento y la autoprotección se basaron en antiguos conocimientos y prác-ticas tradicionales que fueron revividos. Los pueblos indígenas también reactivaron las prácticas médicas y terapéuticas tradicionales, utilizando plantas y remedios tradicionales para ayudar a cuidar de sus comunidades y prevenir la propagación del virus; se pueden encontrar ejemplos en los artículos sobre Kenia y Tanzania. En Guatemala, en varias comunidades indí-genas, la pandemia dio lugar a una revitalización de la medicina tradicional y la alimentación saludable basada en productos autóctonos —en lugar de depender de productos no autóctonos— y se ha reafirmado la necesidad de fortalecer los lazos de solidaridad entre las comunidades y defender sus territorios ancestrales.
Cuando los gobiernos nacionales aplicaron las leyes contra el CO-VID-19 para hacer frente a la pandemia, algunas comunidades indígenas lograron oponerse con éxito a las estipulaciones que no tenían en cuenta su cultura. En Aotearoa, por ejemplo, el gobierno promulgó leyes sin consultar a los Maoríes y así, después de mucha acción política, se modificaron las leyes para, por ejemplo, permitir reuniones más grandes para prácticas y ceremonias tradicionales. En Kenia, el gobierno prohibió los ritos de paso en una medida sin precedentes, pero los ancianos entablaron un diálogo con el gobierno para llegar a un compromiso y los rituales pudieron llevarse a cabo teniendo en cuenta la prevención del COVID-19.
Los procesos y mecanismos internacionales y regionales encuentran una nueva forma de participación
A medida que la pandemia se extendía, muchos mecanismos y organismos internacionales y regionales, como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se apresuraron a cancelar sus reuniones y a buscar otras formas de con-tinuar con su importante labor. Al principio resultó difícil acostumbrarse a las plataformas en línea y virtuales y cerrar la brecha digital entre ellas y los pueblos indígenas, pero pronto se convirtió en una solución integral y ampliamente utilizada.
Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de la realidad en lí-nea provisional de las reuniones mundiales ha sido que, aunque los pueblos indígenas aprovecharon la oportunidad de participar de forma proactiva, los estados y otras partes interesadas relevantes no lo hicieron. Sin sesiones presenciales, los representantes indígenas no pudieron relacionarse directamente con los estados y promover sus opiniones y demandas. La pandemia ha mostrado claramente una disminución del compromiso de los estados con los pueblos indígenas y, en general, con los actores de la sociedad civil.
Un aspecto aún más preocupante del comportamiento del estado ha sido en una situación como la de Perú y Colombia, donde se obligó a continuar con los procesos de consulta en línea, lo que fue continuamente argumentado y rechazado por los pueblos indígenas.
El modelo virtual no sustituye a las reuniones y el trabajo in situ, donde se crean y fomentan las redes y se posibilita el aprendizaje interregional, pero es un método nuevo y complementario de participación que “ha llegado para quedarse”, como dijo Calí Tzay durante una entrevista concedida a IWGIA.[5]
Tal vez uno de los aspectos positivos que ha surgido de la pandemia ha sido el éxito de los pueblos indígenas al poder aprovechar la oportunidad de ya no estar atados a que se escuchen sus voces en reuniones presenciales, sino que pueden hacerlo virtualmente, con más frecuencia y con más representantes en línea. Además, los representantes de los distintos mecanismos, como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, organizaron un número cada vez mayor de diálogos mundiales y regionales con los pueblos indígenas, especialmente sobre el tema del COVID-19 y su impacto en ellos.
Los pueblos indígenas de todas las regiones participaron y contribu-yeron en estas nuevas oportunidades y, en muchos sentidos, sus voces se hicieron más fuertes. De hecho, muchas de las recomendaciones que estos mecanismos formularon provinieron directamente de los pueblos indígenas a través de estos diálogos, siendo el informe del Relator Especial de la ONU, Calí Tzay, sobre el COVID-19 a la Asamblea General de la ONU un excelente ejemplo. Y las agencias, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reaccionaron concretamente a las recomendaciones de los pueblos indígenas dirigiéndose a ellos en su programación de COVID-19.
Los pueblos indígenas y los mecanismos de derechos humanos que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas han encontrado que los resultados, la mayor frecuencia para poder reunirse y una representación más amplia son una novedad importante en la forma de comprometerse con una eficacia cada vez mayor. Pero el cambio real no puede hacerse solo en línea.
De cara al futuro, será importante seguir responsabilizando a los estados y garantizar que el éxito de la participación virtual no se vea fuera de contexto, sustituyendo todos los futuros procesos de participación de los pueblos indígenas por plataformas únicamente en línea. A medida que el mundo abraza los beneficios de la tecnología, las voces de los pueblos in-dígenas no deben ser silenciadas por la transferencia de los procesos cruciales de la participación en persona, impulsada por la comunidad, a las reuniones en línea.
También es necesario que busquemos reforzar la conectividad para ampliar el alcance de la representación y la participación, ya que el acceso a conexiones estables a Internet no es una realidad común para muchas comunidades indígenas. Se puede seguir haciendo mucho para que las comunidades indígenas se conecten a Internet, no solo para participar en los mecanismos internacionales y regionales, sino también para superar los desafíos de la educación en línea y la difusión de información y noticias. El fortalecimiento de la conectividad también ofrece una gran oportunidad para que los propios pueblos indígenas compartan sus experiencias entre ellos, refuercen los esfuerzos de defensa y apoyen las iniciativas de solida-ridad en todas las regiones.
IWGIA desea reconocer el enorme esfuerzo que estos organismos han realizado para garantizar que se escuchen las experiencias y recomenda-ciones de los pueblos indígenas y se lleven a una plataforma global.
Una mejor reconstrucción
Dado que la pandemia ha magnificado las desigualdades a las que se han enfrentado los pueblos indígenas durante generaciones, pero también ha agudizado la atención sobre la fuerza y la resiliencia de ellos y de sus comu-nidades al unirse y aplicar prácticas y conocimientos tradicionales para su supervivencia, ¿cómo podemos lograr una mejor reconstrucción?
Una de las medidas necesarias que hay que tomar es el aumento de los esfuerzos para proporcionar a las comunidades indígenas los medios adecuados y necesarios de prevención en relación con el COVID-19, incluyendo el acceso a instalaciones sanitarias que estén equipadas de forma adecuada y sean culturalmente apropiadas, y la información en lenguas indígenas. Deben llevarse a cabo evaluaciones inclusivas y dirigidas por la comunidad de los riesgos y las necesidades con el fin de comprender la situación específica de los pueblos indígenas. Deben reforzarse las capacidades en materia de derechos de los pueblos indígenas de las instituciones estatales que se encargan de tratar las cuestiones indígenas, incluidos los mecanismos de participación y consulta con los pueblos indígenas. También debe garantizarse la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la gestión de los servicios sanitarios y educativos, incluyendo el regreso a la escuela, y ofrecer oportunidades de aprendizaje a distancia.
Mientras los gobiernos nacionales se centran en la recuperación eco-nómica para contrarrestar los daños de la pandemia mundial, muchos pueden optar por formas tradicionales de desarrollo económico centradas en los recursos naturales, los grandes proyectos de infraestructuras y las opor-tunidades extractivas.
Los pueblos indígenas llevan mucho tiempo experimentando amenazas a sus tierras, territorios y recursos naturales por parte de las industrias extractivas y los grandes proyectos industriales. Una “mejor” economía que se centre en estos sectores puede tener de nuevo un impacto negativo en los pueblos indígenas y violar sus derechos y medios de vida. Además, tie-nen la capacidad de hacer retroceder a la humanidad en su objetivo de fre-nar el cambio climático. Seguir como hasta ahora no es la solución.
Por lo tanto, las iniciativas de reconstrucción deben tomar como punto de partida los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, el derecho sobre la tierra, los territorios y los recursos naturales, que son esenciales para sus actividades tradicionales y para las prácticas sostenibles y regenerativas. Las iniciativas y negocios propios de los pueblos indígenas deben ser lo primero y prioritario. Los derechos laborales de los pueblos indígenas también deben garantizarse en todas las etapas de la respuesta a la crisis y las medidas de recuperación.
Para lograr una mejor reconstrucción, las soluciones de los pueblos indígenas deben escucharse, ya que las comunidades y organizaciones indígenas poseen conocimientos esenciales en el diseño de la respuesta a la pandemia de COVID-19 y más allá, aprovechando sus capacidades de resiliencia y sus conocimientos y prácticas tradicionales, y con pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Dwayne Mamo
Editor general
Kathrin Wessendorf
Directora ejecutiva
Copenhague, marzo de 2021
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1]Naciones Unidas. “Indigenous Peoples Increasingly Succumb to Extreme Poverty as Land Evictions Spike amid COVID-19, Special Rapporteur Tells Third Committee” (Los pueblos indígenas sucumben cada vez más a la pobreza extrema mientras aumentan los desalojos de tierras durante la COVID-19, dice el Relator Especial a la Tercera Comisión). Disponible en Cobertura de reuniones y comunicados de prensa, GA/SHC/4292, 12 de octubre, 2020. https://www.un.org/press/en/2020/gashc4292.doc.htm
[2]Ver https://indigenousnavigator.org/
[3]Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia. “Flash Update on COVID-19: Les-sons learned from IPs in Asia” (Actualización sobre la COVID-19: Lecciones aprendidas de los pueblos indígenas en Asia). 20 de abril de 2020. Disponible en https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/04/Combined-2nd-flash-Brief-C19.pdf
[4]Front Line Defenders. “Global Analysis 2020” (Análisis global 2020). 2020. Disponible en https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fldglol-balanalysis_2020.pdf
[5]Lola García-Alix y Alejandro Parellada. “Francisco Calí Tzay: Las visitas in situ a los países son importantes”. Debates Indígenas, 1 de febrero de 2021. Disponi-ble en https://debatesindigenas.org/notas/90-entrevista-francisco-cali-tzay.html
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