El Mundo Indígena 2026: México

Escrito en 22 Abril 2026. Publicado en México

Según datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (INEGI), en México fueron contabilizados 126.014.024 ciudadanos, de los cuales, 23.200.000 de personas de tres años y más años se autoidentificaron como indígenas.^[1] De este segmento poblacional, 7.345.645 entrevistados de tres años y más declararon hablar una lengua indígena (87.2% habla español y una lengua indígena y 11.8% sólo habla una lengua indígena). Asimismo, el país registra 68 lenguas originarias, entre las cuales el náhuatl resulta la más practicada  (22,4 %), seguida del maya (10,5 %) y el tseltal (8,0 %).

Las lenguas con menores porcentajes de hablantes son: el totonaco, con 3,5 %; el ch’ol, con 3,5 %; y el mazateco, con 3,2 %. Cabe destacar que el 19,1 % de la población indígena de 15 años y más es analfabeta; en tanto, 2,8 % de personas no indígenas de ese mismo grupo de edad no sabe leer ni escribir. Por otra parte, los estados con mayores porcentajes de población indígena son: Oaxaca (26,3 %), Yucatán ( 24,3 %, Chiapas (22,4 %), Guerrero (13,5 %) y Quintana Roo (12,9 %). México contará en 2026 con nueva información sobre su población indígena, pues mediante la Encuesta Intercensal 2025 actualizó los datos geoespaciales y sociodemográficos. México votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a nivel nacional el Artículo Segundo de la Constitución Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía.^[2] En marzo de 2025 se presentó en el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual continúa en proceso de aprobación.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Paz y seguridad, un reclamo histórico de las comunidades indígenas y afrodescendientes en México

En 2025, los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de México continuaron su lucha por transformar los andamiajes normativos que regulan sus derechos y la construcción de la paz. Sin embargo, estos avances jurídicos coexistieron con violencias persistentes, despojos territoriales y profundas limitaciones oficiales para incorporar los saberes jurídico-políticos de los propios pueblos. Esta tensión entre reconocimiento formal y realidad territorial condiciona, de manera decisiva, las posibilidades de construir una paz efectiva y duradera en los territorios indígenas.

Entre el reconocimiento legal y la realidad institucional: luces y sombras de la reforma

La Reforma al Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos^[3] —publicada al cierre de 2024— abrió en 2025 una etapa de reconocimiento a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos como sujetos de derecho público, fortaleciendo su visibilidad jurídica. Este cambio generó expectativas importantes en torno a la autonomía y al ejercicio directo de los derechos colectivos. No obstante, el primer año de su instrumentación mostró con claridad la distancia entre el reconocimiento normativo y su traducción práctica, así como las inercias institucionales que siguen condicionando su implementación efectiva.

Entre los principales pendientes se mantiene la ausencia del derecho al territorio en un sentido amplio —sustituido por nociones como patrimonio biocultural o hábitat—, lo que debilita la defensa ante proyectos extractivistas; la falta de reconocimiento de la seguridad comunal en contextos marcados por la violencia y el crimen organizado; así como el riesgo que la consulta previa se reduzca a un trámite burocrático sin efectos vinculantes. A ello se suma la necesidad de una ley reglamentaria que delimite con claridad los niveles de autogobierno, al igual que avances pendientes en perspectiva de género intercultural, autoadscripción indígena y representación política más allá de la lógica partidista, elementos claves para que la Reforma no quede en el plano declarativo.

Ahora bien —en un ejercicio inédito— la población mexicana eligió por votación directa a los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado de origen mixteco, Hugo Aguilar Ortiz, resultó electo como ministro presidente del máximo tribunal constitucional del país, cargo donde la última representación indígena había sido durante la segunda mitad del siglo XIX. Con una amplia trayectoria como defensor de los Pueblos Originarios y sus derechos colectivos sobre el territorio y recursos, y con participación en la función pública, la llegada de Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte ha generado fuertes expectativas en los movimientos indígenas y sociales, en un contexto en  el que el Estado mexicano busca reconfigurar el marco jurídico relacionado con los Pueblos Indígenas a partir de las reformas constitucionales que ha realizado en los últimos años.

Defender el territorio en nombre de la paz: una contradicción persistente

Durante 2024 y 2025, los diversos contextos de los Pueblos Indígenas en México estuvieron marcados por una crisis de derechos humanos, donde confluyen el extractivismo, la violencia institucional y la expansión de economías ilícitas. La falta de un reconocimiento pleno del territorio en la Reforma Constitucional ha dejado a las comunidades en una condición de alta vulnerabilidad frente a los megaproyectos, las economías extractivas y el avance del crimen organizado, profundizando procesos de despojo que ya eran estructurales, como lo demuestran recientes diagnósticos y datos reunidos en el Atlas MEZINAL I del PUIC-UNAM^[4]. Esta violencia no es únicamente armada —también es territorial y económica— y se reproduce en contextos donde la militarización se presenta como estrategia de seguridad, sin generar condiciones reales de paz.

En este escenario, la defensa del territorio y de la autonomía comunitaria suelen ser contestadas mediante actos de criminalización, hostigamiento y militarización, lo cual muestra que la seguridad estatal no siempre protege a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, sino con frecuencia incrementa su exposición a la violencia. En México, los asesinatos de personas defensoras del territorio aumentaron un 25 % durante 2024,^[5] y casi la mitad de las agresiones letales (43 casos) afectaron a personas indígenas o de comunidades agrarias, muchas de ellas autoridades comunitarias o liderazgos locales opuestos a megaproyectos o a la colusión entre actores políticos, empresariales y el crimen organizado. Esta violencia tiene impactos diferenciados: las mujeres indígenas enfrentan una doble victimización por su liderazgo y su condición de género; las infancias y juventudes resienten la fragmentación del tejido comunitario; y las autoridades comunitarias siguen siendo el principal blanco de agresiones letales, debilitando las estructuras de gobierno propio y profundizando escenarios de inseguridad y despojo.

Entre la gobernabilidad y la justicia comunitaria: los límites de la paz estatal

En 2025 se anunciaron los Planes de Justicia y Desarrollo Regional^[6] como el principal instrumento del Estado mexicano para atender demandas históricas de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. A la fecha, se registran 18 Planes en ejecución y seis en elaboración, los cuales operan en 13 entidades federativas y atienden a 27 Pueblos Indígenas en 1.373 comunidades. Entre ellos destacan los dirigidos a los pueblos Yaqui, Seri Comcaac, Guarijío Makurawe, Yoreme Mayo, Wixárika, O’dam y Au’dam; Náayeri y Mexikan; Chichimeco y Otomí; Chinantecos y Mazatecos; Ralámuli, Oichkama (pima), Warijó, Yumanos-Cochimí, Xhidza, Xhon y Zapoteco, entre otros. Estos Planes se articulan con una concepción estatal de la paz que oscila entre la resolución puntual de agravios —especialmente en materia de territorios y agua— y disensos sociales que por años afectaron la gobernabilidad estatal, lo cual introduce tensiones con los enfoques de justicia restaurativa de los sistemas normativos internos y con las formas indígenas de resolución de conflictos.

A pesar de que estas acciones son un avance, uno de los principales retos del Estado mexicano sigue siendo transformar la manera en que concibe el derecho, la justicia y la construcción de la paz. Persisten marcos institucionales que invisibilizan los sistemas normativos, las prácticas de justicia comunitaria y las formas indígenas de mediación, sanción y reparación que históricamente han permitido la resolución de conflictos y la reproducción de la vida colectiva. Esta tensión se expresa en espacios donde las autoridades tradicionales participan de manera consultiva, con voz pero sin capacidad real de decisión, reproduciendo una noción de paz centrada en el control del conflicto y el mantenimiento del orden, más que en procesos de reparación y transformación social. Reconocer hoy en día estos saberes y derechos resulta clave para construir una paz más legítima, sostenible e incluyente, capaz de enfrentar las violencias estructurales que atraviesan a los Pueblos Indígenas.

Pueblos Indígenas: paz y la seguridad

Ante este panorama, actualmente los Pueblos Indígenas de México luchan para que en sus territorios prevalezca la paz y la seguridad, a través de superar las barreras estructurales históricas que limitan su desarrollo; lograr su inserción en la sociedad actual con base en el respeto a sus especificidades culturales, a su identidad y a derechos colectivos como pueblos con independencia y libertad; así como lograr que sus propias perspectivas definan sus proyectos de desarrollo, en tanto sujetos políticos plenos. Ello resulta imprescindible dado que sus condiciones de vida siguen caracterizándose por la exclusión, la pobreza, el bajo desarrollo social, la alta y muy alta marginación, según lo constatan estudios oficiales publicados por el INEGI,^[7] entre otros análisis que exhiben las profundas condiciones de desigualdad social en la que se encuentran todavía.^[8]

Además, los territorios indígenas se ven afectados por la presencia del crimen organizado, el narcotráfico, el cambio climático, la implementación de megaproyectos, entre otros aspectos que generan violencia en sus comunidades y vulneran sus derechos. Incluso, han propiciado el desplazamiento forzado y una intensa migración interna e internacional como una estrategia de sobrevivencia, lo que afecta la paz y la seguridad de los pueblos, comunidades indígenas del país y vulnera sus derechos a una paz justa, sostenible y duradera como ha sido señalado por la UNESCO.^[9] A ello se suma la persistencias de prácticas racistas y discriminatorias que les afectan en diferentes ámbitos de la vida social, y que denotan la falta de respeto a sus culturas e identidades, además del desconocimiento que existe en la sociedad sobre ellas, pues son consideradas como un garante de paz.^[10]

No obstante lo anterior, hay avances en la respuesta del Estado frente a la situación de los Pueblos Indígenas de México. Entre ellos se encuentran las acciones impulsadas por parte del Gobierno Federal en 2025, en el marco de la Reforma Constitucional que en 2024 reconoció a las comunidades y Pueblos Originarios como sujetos de derecho público; destacando, en este sentido, el impulso de los Planes de Justicia previamente señalados. De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)^[11], dichos Planes permitirán implementar acciones para atender las problemáticas de la población indígena con respecto a sus condiciones de vida, entre otras cuestiones. Además, contarán con mecanismos de monitoreo a través de indicadores que permitan conocer su impacto en las zonas indígenas. La misma fuente reporta que en su elaboración han colaborado autoridades tradicionales a través de sus propios mecanismos de gobierno y toma de decisiones, por lo que se han ampliado los espacios de participación social para fortalecer el diálogo con los pueblos y comunidades indígenas en la definición de políticas y programas de acción que los involucran.

Sin embargo, los pueblos y comunidades indígenas continúan con la demanda de garantizar su participación plena en estos procesos, como parte de la construcción de la paz en sus territorios. En este sentido, durante 2025 se organizaron foros en la región purépecha de Michoacán^[12] para trabajar en la preparación del Plan de Justicia, donde fueron incluidas personas de cuatro regiones indígenas de la entidad (Meseta, Cañada, Ciénega y del Lago), quienes, en conjunto con los gobiernos federal y estatal, definieron acciones a desarrollar con base en once temas, entre ellos, la paz y la seguridad frente a las situaciones de alta violencia. Asimismo, la construcción de la paz para los Pueblos Indígenas de México está relacionada también con los procesos de resistencia que se pueden denominar pacíficos,^[13] y que se expresan paralelamente a la emergencia mediante formas de organización social propias, como las autodefensas. Sin duda, la construcción de la paz y la seguridad en las regiones indígenas de México tendrá que reflejarse en la solución de problemas que históricamente les han afectado, tanto los derivados del desarrollo social, como los que surgen del mundo moderno.

Plan de Desarrollo Institucional

El Gobierno Federal presentó el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030^[14] y, según datos del INPI, este es resultado del trabajo realizado con la participación de personas que pertenecen a los 68 Pueblos Originarios de México.^[15] Cabe destacar que entre sus planteamientos se indica que “las políticas, programas y acciones del Estado mexicano deben incorporar el enfoque de derechos colectivos, bajo los principios de libre determinación, autonomía, interculturalidad, participación efectiva, igualdad sustantiva y justicia social”, aspectos que están entre las principales demandas de los Pueblos y comunidades Indígenas. El cumplimiento de estos principios podría contribuir a la construcción de paz y seguridad en sus territorios. También, este año se decretó como el Año de la Mujer Indígena,^[16] por lo cual el INPI, junto con otras instituciones, impulsaron acciones en aras de reconocer el papel de las mujeres en la lucha por la emancipación y la defensa de los derechos humanos en sus comunidades.

Carolina Sánchez García es Directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM).

Juan Mario Pérez Martínez es Secretario Técnico del PUIC-UNAM.

Emanuel Rodríguez Domínguez es Secretario Académico del PUIC-UNAM.

Este artículo forma parte de la 40.ª edición de El Mundo Indígena, una publicación anual de IWGIA que documenta e informa sobre los avances experimentados por los Pueblos Indígenas. Encuentre El Mundo Indígena 2026 completo aquí

Notas y referencias

^[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, 2022.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198060.pdf.

^[2] Constitución Política de México. Artículo 2 de la Nación Mexicana.  https://www.constitucionpolitica.mx/titulo-1-garantias-individuales/capitulo-1-derechos-humanos/articulo-2-nacion-mexicana

^[3] Martínez Ruíz, Diana Tamara, Orlando Aragón Andrade, y Luis Alejandro Pérez Ortiz, coords. Proyecto Pluriversos: Relatorías y propuestas. Hacia la Ley Reglamentaria del Artículo 2º en materia de derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Morelia/Ciudad de México: ENES Morelia, UNAM / Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado, 2025.

^[4] Rodíguez, Nemesio. J., coord. Atlas MEZINAL I. Megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina. PUIC-UNAM, 2018.

^[5] Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024. Ciudad de México: CEMDA, 2025.

^[6] Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Gobierno de México, 2025.

^[7] INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de los Pueblos Indígenas en, comunicado de prensa 115/25. INEGI, 6 de agosto de 2025.https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PuebIndig_25.pdf

^[8] Sánchez García Carolina. "Desigualdad en poblaciones indígenas y afromexicanas. Revista UNAM Internacional, 2025. https://revista.unaminternacional.unam.mx/nota/11/desigualdad-en-poblaciones-indigenas-y-afromexicanas-dimensiones-multiples-en-la-configuracion-de-la-desigualdad-social

^[9] UNESCO. La paz es un derecho.  https://www.unesco.org/archives/multimedia/document-2800    

^[10] Informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (2004). file:///Users/unam/Desktop/INFORME%202004%20PNUD.pdf

^[11] INPI. Planes de justicia. INPI. https://www.inpi.gob.mx/planes-de-justicia/

^[12] INPI. “Gobierno de México acuerda con las autoridades comunitarias las aaciones 2026 del Plan de Justicia Purépecha”. INPI, 2025. https://www.gob.mx/inpi/prensa/gobierno-de-mexico-acuerda-con-las-autoridades-comunitarias-las-acciones-2026-del-plan-de-justicia-del-pueblo-p-urhepecha-413056?idiom=es#:~:text=El%20Plan%20de%20Justicia%20del,voces%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.&text=Santo%20Tom%C3%A1s%2C%20Chilchota%2C%20Michoac%C3%A1n.&text=Santo%20Tom%C3%A1s%2C%20Chilchota%2C%20Michoac%C3%A1n%2C,voces%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas

^[13] Sánchez García Carolina, Jorge González y Ma. Antonieta Melo. “Prácticas de resistencia intercultural en América Latina y el Caribe”. Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, UNAM, 2025..

^[14] El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación en el siguiente enlace: https://goo.su/CfSaI 

^[15] INPI. “Gobierno de México acuerda con las autoridades comunitarias las aaciones 2026 del Plan de Justicia Purépecha”. INPI, 15 de noviembre de 2025.  https://secihti.mx/sala-de-prensa/gobierno-de-mexico-acuerda-con-las-autoridades-comunitarias-las-acciones-2026-del-plan-de-justicia-del-pueblo-purhepecha/

^[16] Presidencia de la República. “Anuncia gobierno de México que 2025 será el año de la mujer indígena”. Presidencia de la República, 23 de diciembre de 2024. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-gobierno-de-mexico-que-2025-sera-el-ano-de-la-mujer-indigena

Etiquetas: Derechos Humanos