El Mundo Indígena 2020: Malí

Escrito en 25 Mayo 2020. Publicado en Malí

A finales de 2019, la población de Malí era de más de 20 millones de habitantes1 (cuatro veces más que en los 59 años anteriores). Los Tuareg (hablantes de tamazight), los Moros (hablantes de árabe) y, en las zonas ribereñas, los Songhay y los Peuls (Fulani) son las principales comunidades que habitan el vasto espacio septentrional que representa dos tercios de Malí.

Sus alianzas políticas y sus conflictos han configurado la historia de una región en la que ha habido interdependencia entre las poblaciones nómadas y asentadas, que han participado en vastas redes de intercambio económico, cultural y social en todo el Sáhara.

Los Tuareg viven en las cinco regiones administrativas del norte de Malí (Kidal, Tombuctú, Gao, Taoudenit y Menaka), conocidas como Azawad por los movimientos de autonomía. También están presentes en las zonas fronterizas de otros Estados (Níger, Argelia, Libia y Burkina Faso).

En 1960, cuando se creó Malí, las cifras oficiales situaban a los tuaregs en más del 10% de la población del país. Hoy en día, a pesar de la falta de datos fiables, el discurso oficial en torno a los conflictos que han enfrentado a los tuaregs con el Estado maliense los sitúa en un mero 3% de la población total, cifra que resulta poco creíble.

El idioma oficial de Malí es el francés, pero la diversidad cultural se reconoce en su Constitución. Por su parte, el Acuerdo Nacional, un acuerdo de paz firmado con los frentes armados Tuareg en 1992, reconoció la naturaleza específica de las regiones habitadas por los tuaregs, aunque estas disposiciones nunca se aplicaron concretamente. Malí votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) en 2007. Sin embargo, el Estado maliense no reconoce la existencia en su territorio de “pueblos indígenas”, tal como los define la Declaración y el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación está hecha en la amazonía peruana, dentro del territorio Wampi, fotografiada por Pablo Lasansky y que es la portada del Mundo Indígena 2023 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2020 completo aquí

Clima y medio ambiente

En el año 2019 se produjeron de nuevo periodos de sequía seguidos de graves inundaciones que destruyeron todo a su paso. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas,² estas inundaciones afectaron a más de 68.670 personas, 20 de las cuales perdieron la vida, entre mayo y agosto de 2019, siendo Tombuctú la que registró el mayor número de víctimas (35%).

Los pastores nómadas, cuyos derechos territoriales son ignorados por el Estado, han tenido que abandonar sus tierras no solo a causa de estos desastres sino también por la expansión agrícola, la minería y la violencia armada. Ya no pueden gestionar ni proteger los frágiles recursos de la zona saharo-saheliana. Esto exacerba las duras condiciones climáticas existentes y pronto dará lugar a una región que no podrá albergar vida alguna donde antes había poblaciones locales. Las industrias extractivas altamente contaminantes, como la minería de oro (Malí es el cuarto productor de oro en África), están en manos de multinacionales: sus ganancias no benefician a la población local y, de hecho, muy poco al Estado, el que no ha redistribuido los dividendos³ para así compensar por la anexión de tierras y la destrucción de los recursos vegetales e hídricos locales.

Derramamiento de sangre y un acuerdo de paz bloqueado

Durante todo el año 2019, Malí siguió sumido en la crisis política, socioeconómica y de seguridad que ha asolado al país desde hace siete años. Los ataques armados continuaron en el norte y se extendieron al centro de un país que ahora está bajo la influencia de los movimientos yihadistas que reclutan especialmente entre las comunidades Peul marginadas. Desde el levantamiento independentista del MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad) en enero de 2012 que exigía un proyecto político plural, democrático y laico, el gobierno de Malí ha tratado de dividir internamente el país, empujándolo al borde de la guerra civil. Los grupos de milicias contrainsurgentes han proliferado y algunos de ellos han escapado ahora del control de sus partidarios, quienes pensaban que serían capaces de limitarlos al norte.

El proceso de descentralización establecido en el Acuerdo de Paz de Argel de 2015 ha sido bloqueado a diferentes niveles.⁴ En términos constitucionales, las disposiciones necesarias para implementar el acuerdo fueron eliminadas durante la revisión constitucional, en beneficio de mayores poderes presidenciales. Las protestas populares dieron lugar a que el referéndum de 2017 sobre la revisión constitucional fuera aplazado y finalmente abandonado. En abril de 2019⁵ se inició un nuevo proceso que prevé un diálogo nacional inclusivo.⁶

En el plano social y político, la proliferación de grupos armados destinados a contrarrestar a los tuaregs en favor de la independencia ha creado una situación caótica de luchas supuestamente “interétnicas”, cuyas principales víctimas son los civiles. Además, el diálogo político se vio rápidamente comprometido por el desequilibrio creado entre las partes en conflicto. En oposición a los movimientos pro-Azawad reunidos en el seno de la Coordinación de los Movimientos Azawad (CMA),⁷ se han incluido en las negociaciones de paz varios grupos progubernamentales financiados por Bamako, que se unieron en 2014 para formar la ambiguamente nombrada Plataforma⁸ (término que equivale a Al-Qaida en árabe). A pesar de la presión argelina en favor del grupo yihadista “local” Ansar Dine, este movimiento Tuareg antindependentista (que nació dos meses después de la aparición del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad) no fue admitido en la mesa de negociaciones, como tampoco lo fue el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO). Estos grupos armados de inspiración salafista, afiliados al Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), fueron redesplegados al centro de Malí, donde se fusionaron en marzo de 2017 con otros movimientos yihadistas bajo el nombre de Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes). Sus ataques asesinos y atentados suicidas se han extendido a países vecinos como Burkina Faso y Níger.

Al centrarse en el deterioro de la situación, el Gobierno de Malí ha descuidado la aplicación del Acuerdo de Paz de Argel.⁹ Solo gracias a la presión internacional se han logrado finalmente algunas medidas. La instalación de autoridades provisionales en las cinco regiones del norte no ha hecho sino reavivar el conflicto entre los diferentes protagonistas: los firmantes del acuerdo, los movimientos más recientes que reclaman su inclusión a posteriori y, por último, los grupos llamados “terroristas” excluidos de las negociaciones. Anticipada en el Acuerdo de 2015 pero operativa solo desde octubre de 2018, la Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los diferentes protagonistas del conflicto desde 2012-2013 manifestó su satisfacción con su segunda visita a Malí en febrero-marzo de 2019.¹⁰ Todavía no se ha publicado ningún informe.

Elecciones

Las elecciones legislativas que deberían haberse celebrado en diciembre de 2019 se aplazaron hasta junio de 2020 debido a la situación de seguridad.¹¹ La consulta prevista sobre la revisión de la Constitución volvió a suscitar preguntas de los partidos políticos competidores sobre los méritos del Acuerdo de 2015 (firmado por el actual presidente), lo que suscitó el espectro de la partición de Malí. La instrumentalización de la cuestión del norte con fines políticos sigue obstaculizando la aplicación de las tímidas medidas de descentralización establecidas en el Acuerdo.

En este clima de tensión y en un contexto de seguridad desastroso, el presidente nombró un nuevo primer ministro y en abril de 2019¹² se formó un nuevo Gobierno con el objetivo, entre otros, de completar la implementación del Acuerdo de Paz y llevar la seguridad a un país en crisis.

Inseguridad, situación humanitaria y violaciones de los derechos humanos

El estado de emergencia que ha estado en vigor desde 2015 se prolongó  en 2019. La situación de seguridad del país ha llegado a un punto crítico, siguiendo en gran medida la misma trayectoria que en 2018 a pesar de la presencia masiva de fuerzas internacionales.

Los grupos yihadistas intensificaron sus ataques a lo largo de 2019, donde murieron 150 civiles,¹³ y en los que aterrorizaron a las poblaciones rurales, lo que provocó su desplazamiento. Ejecutaron sumariamente a varios políticos locales y miembros de los frentes armados de Azawad, y los acusaron de ayudar e instigar a las autoridades o a fuerzas extranjeras. Los ataques contra el ejército aumentaron, y tan solo en octubre y noviembre de 2019 murieron más de 100 soldados malienses.¹⁴

Al amparo de la guerra contra el terrorismo, se ha llevado a cabo un número creciente de ejecuciones extrajudiciales a manos tanto del Ejército de Malí como de las fuerzas francesas y de la milicia contrainsurgente, aunque no hay cifras exactas al respecto. Según el informe de Human Rights Watch 2020 (Acontecimientos en Malí en 2019), los soldados malienses detuvieron a numerosos “sospechosos”, de los cuales al menos cinco fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Decenas de otros han “desaparecido”.¹⁵ A pesar de las investigaciones internas anunciadas en relación con la violencia militar que se produce en el centro de Malí, ninguno de los autores ha sido llevado ante la justicia. Los servicios de inteligencia han detenido a numerosas personas (hombres y niños) sospechosas de “terrorismo”, en total violación del derecho nacional e internacional.16 Las autoridades judiciales no han realizado ninguna investigación sobre los abusos cometidos contra civiles por las fuerzas de seguridad.

La población local, en particular en el centro del país, se encuentra atrapada en medio de los grupos yihadistas, el Ejército de Malí y las denominadas milicias de autodefensa, alentadas por el Ejército y que reclutan según criterios étnicos (Dogon, Bambara). Provistas de armas de asalto, estas milicias -como el grupo Dogon Dan Na Ambassagouhan desatado con impunidad verdaderos pogromos, en donde han muerto centenares de hombres, mujeres y niños Peuls, en particular en Koulogon¹⁷ (enero de 2019, 37 muertos), Ogassagou y Welingara (marzo de 2019, 160 muertos). Estos actos sangrientos fueron seguidos dos meses más tarde por represalias en forma de ataque al pueblo Dogon de Sobane Da (35 muertos). El Gobierno se ha mostrado incapaz de impedir este ciclo de extrema violencia o de detener la propaganda genocida que sigue circulando en las redes sociales. A finales de 2019, el número de refugiados en los tres principales países sahelianos de exilio (Mauritania, Níger y Burkina Faso) se estimaba en 138.659;¹⁸ en noviembre de 2019, los pueblos rurales desplazados internamente que buscaban refugio en las zonas urbanas ascendían a 199.385 personas, lo que supone un aumento de casi el 250% con respecto al año anterior; y, por último, 74.397 personas (cifras del Gobierno de Malí), regresaron a su país de origen¹⁹ en 2019, una cifra siete veces menor que en 2018. Muchos de estos refugiados son familias Tuaregs, árabes y Peuls que han perdido sus rebaños, sus tierras y/o sus negocios en las represalias y el saqueo.

En 2019, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR), establecida por un decreto presidencial de 2014 y apoyada por Minusma (la Misión Integrada Multidimensional de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí), reunió 15.612 testimonios de víctimas de atrocidades cometidas, en particular, durante el conflicto armado de 2012-2013 pero, más en general, desde 1960.²⁰ No obstante, la credibilidad de esta comisión se puso en tela de juicio a raíz de la inclusión de nueve miembros de grupos armados y, en cambio, la exclusión de los representantes de las víctimas.²¹ Una de las consecuencias del caos en el norte y el centro, donde el único poder proviene del cañón de un arma, es que los servicios sociales básicos (escuelas, hospitales, seguridad de la justicia) —ya mal prestados antes del levantamiento de 2012 debido a la corrupción generalizada— han disminuido o desaparecido. Muchas escuelas permanecieron cerradas (1051 según cifras de fin de año)²² durante todo el año 2019 en el norte y centro de Malí debido a la inseguridad y a las amenazas contra el personal escolar y los alumnos de los grupos islamistas.

El carácter implacable de la violencia armada, independientemente de que se la considere “legítima” o no,²³ y del creciente bandolerismo, ha creado un clima de terror para los civiles que no tienen medios para protegerse. Muchos han muerto en enfrentamientos armados o por minas terrestres enterradas a lo largo de las carreteras. La población sufre de pobreza, privaciones y tratos degradantes. La gente teme hacer sus actividades diarias y tiene miedo de haber sido completamente abandonada. Todos los viajes habituales necesarios para su supervivencia (para acceder a los pastizales para su ganado, para ir a recolectar, ir al pozo o al mercado) son ahora peligrosos. No pueden contar con las fuerzas armadas de Malí, que muy a menudo equiparan ser Tuareg o Peul con ser un “terrorista”. Este perfil racial sigue siendo una preocupación en el norte y el centro de Malí.

La presión de los yihadistas sigue siendo fuerte también en las zonas urbanas, lo que obliga a los residentes a adaptar sus prácticas sociales (comportamiento entre hombres y mujeres en particular), abandonar la escuela, renunciar a sus actividades musicales y culturales, cambiar su apariencia y adoptar nuevas facetas del ser “musulmán”.

Papel de las fuerzas internacionales

Para resolver la cuestión política de los derechos democráticos, planteada desde 2011 por el movimiento proindependentista Azawad, las autoridades nacionales e internacionales (Argelia, Estados Unidos y Francia, en particular) han elegido un camino de represión en lugar de uno de diálogo político y más justicia social.

Desde el comienzo de la intervención militar de Francia en Malí a principios de 2013 para “destruir a los terroristas”, las autoridades malienses han delegado la defensa del Estado y su territorio a las potencias internacionales. Estas han establecido bases militares en las tierras indígenas de Gao, Tombuctú, Kidal y Tessalit para las fuerzas francesas Barkhane (4500 hombres); Minusma (cuyo mandato se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2020)²⁴ (cerca de 15.000 hombres); ²⁵ y la EUTM de Malí (Misión de Formación de la Unión Europea).

La Fuerza del G5 en el Sahel,²⁶ obstaculizada por la falta de formación, compromiso, recursos y también por la corrupción, se ha mostrado incapaz de frenar la inseguridad, que no ha hecho más que empeorar en 2019, en particular en el centro del país. Los grupos yihadistas llevaron a cabo ataques suicidas contra las fuerzas internacionales (el ejército francés, patru-

llas franco-malienses, y la Minusma),²⁷ que provocaron decenas de muertos y heridos, entre ellos civiles (malienses y extranjeros).²⁸ Por último, seis rehenes extranjeros siguen en poder de grupos islamistas.

Conclusión

Ni la intervención militar francesa de 2013 ni la reelección impugnada del presidente saliente en 2018, ni la presencia de un número cada vez mayor de tropas extranjeras, ni siquiera el refuerzo de los recursos logísticos y los programas de entrenamiento del ejército de Malí han logrado expulsar a los “terroristas” y restablecer la paz. La violencia se presenta como “interétnica” e “intertribal” y, por lo tanto, forma parte de una política que es apoyada y financiada por diferentes grupos de interés, incluido el propio Gobierno de Malí. Los yihadistas vinculados al tráfico de drogas no han cesado sus actividades transfronterizas, algunos en colusión con representantes de alto rango del régimen maliense o de otros Estados de la región. El vacilante Estado de Malí (cuyo gobierno fue derrocado por un golpe de Estado en abril de 2012) se ha salvado de la desintegración gracias al mero despliegue de fuerzas militares internacionales y parece, hasta ahora, incapaz de mantenerse en el poder sin su apoyo.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación está hecha en la amazonía peruana, dentro del territorio Wampi, fotografiada por Pablo Lasansky y que es la portada del Mundo Indígena 2023 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2020 completo aquí

Notas y referencias

1. 252.586 habitantes (Populationdata.net)
2. Informe de situación 12/09/2019.
3. Véase el informe de enero de 2019 de la organización internacional Publiez Ce Que vous Payez (Publiquen lo que paguen) y el artículo https://mondafrique. com/main-basse-lor-mali/
4. A pesar de algunas medidas simbólicas como la instalación de autoridades provisionales, en particular en Kidal, en agosto de 2017, y el comienzo de la capacitación de las patrullas mixtas.

5. https://www.jeuneafrique.com/757183/politique/mali-presentation-dun-nou- veau-projet-de-revision-de-la-constitution/
6. Informe 1/10/10 (S/2019/782) del Consejo de Seguridad de la ONU.
7. Coalición formada por el MNLA (Movimiento de Liberación Nacional Azawad), el HCUA (Alto Consejo para la Unidad de Azawad) y parte del MAA (Movimiento Árabe para Azawad).
8. La Plataforma agrupa los siguientes movimientos: Grupo de Autodefensa de los Tuareg Imghad y Aliados (GATIA); Coordinación de Movimientos y Frentes Patrióticos de Resistencia, formado por Ganda Koy, una milicia mayoritaria de Songha creada a raíz del Pacto Nacional de 1992, conocida por su violencia contra los “rojos”, que denota a los Tuareg y los moros de piel clara; Ganda Izo y las Fuerzas de Liberación para las regiones del norte de Malí; el Movimiento Árabe para Azawad (en parte); el Movimiento Popular para la Salvación de Azawad; el Frente Popular de Azawad.

9. De ahí la amenaza de sanciones por obstrucción, utilizada en enero de 2018 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas AFP 25/01/18.
10. “La Commission d’enquête internationale pour le Mali conclut sa deuxième visite dans le pays”. United Nations Peacekeeping, 10 marzi 2019: https:// un.org/fr/la-commission-denquete-internationale-pour-le-ma- li-conclut-sa-deuxieme-visite-dans-le-pays
11. “Mali: le mandat des députés prolongé jusqu’en mai 2020”. Radio France Internationale, 28 junio 2019: http://www.rfi.fr/afrique/20190628-mali-le-man-. dat-deputes-prolonge-jusqu-mai-2020
12. “Mali: Boubou Cissé nommé Premier minister”. Radio France Internationale, 23 abril 2019: http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190422-mali-boubou-cisse-nom-o me-nouveau-premier-ministre
13. Informe 2020 de Human Rights
14. El movimiento liderado por Iyad ag Ghali se responsabiliza, en particular, del ataque a los campamentos militares de Dioura el 17/03/2019 (30 muertos), Boulikessi del 30/09 al 1/10/2019 (más de 25 muertos), e Indelimane el 1/11/ 2019 (53 muertos)
15. “Mali : plusieurs enquêtes ouvertes après la disparition de civils interpellés par l’armée”. L’Express, 31 dicimbre 2019 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/ afrique/mali-plusieurs-enquetes-ouvertes-apres-la-disparition-de-civils-inter- pelles-par-l-armee_2113064.html
16. Informe 2020 de Human Rights
17. “Mali: après la tuerie de Koulogon l’émotion est forte dans le pays”. Radio France Internationale, 3 enero 2019: http://www.rfi.fr/afrique/20190103-mali-insecuri-a te-koulogon-peul-bankass-dozos-dogons
18. Actualización operacional del ACNUR, octubre de
19. ACNUR, Actualización Operativa Malí 2019.
20. “Vérité et Justice: Parcours Vers La Réconciliation”. Un Missions United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), 11diciembre 2019: https://minusma.unmissions.org/vérité-et-justice-par-i cours-vers-la-réconciliation
21. Informe de Human Rights Watch 2019, pág. 382
22. UNICEF Mali Humanitarian Situation Report, 31 octurbe 2019: https://reliefweb. int/report/mali/unicef-mali-humanitarian-situation-report-31-october-2019
23. Ya sean luchas entre grupos armados, incursiones del ejército, intervenciones aéreas y terrestres de Barkhane, asesinatos selectivos de “terroristas” por parte de los servicios secretos internacionales, ataques yihadistas o atentados
24. Resolución 2480 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (https:// org/fr/S/RES/2480(2019))
25. Effectifs de la MINUSMA”. Un Missions United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), diciembre 2019: https://minus-i unmissions.org/effectifs
26. Comprende cinco Estados Miembros del G5 del Sahel (Mauritania, Níger, Malí, Chad y Burkina Faso)
27. En particular contra Minusma por Aqmi en enero de 2019 en Aguelhok, en el noreste de Malí (10 muertos y 25 heridos entre el contingente de Chad) y contra los campamentos militares de Malí: véase la nota 9.

28. Informe 2020 de Human Rights Watch

 Hélène Claudot-Hawad es una antropóloga y lingüista francesa, directora honoraria de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica. Es autora de numerosos artículos y trabajos sobre el mundo Tuareg y ha hecho que gran parte de su producción científica sea de libre acceso (https://cv.archives-ouvertes.fr/helene-claudot-hawad).

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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