Los pueblos de los grupos Orang Asli, Orang Ulu y Anak Negeri constituyen la población indígena de Malasia. Si bien Malasia adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la población indígena del país enfrenta una serie de desafíos, especialmente en términos de derechos a la tierra. Malasia no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Los Orang Asli, los Orang Ulu y los pueblos Anak Negeri

En 2015, se estimó que los pueblos indígenas de Malasia representaban alrededor del 13.8% de la población de 31,660,700 millones.

Los pueblos indígenas de la Malasia peninsular se conocen colectivamente como Orang Asali. Los 18 subgrupos Orang Asli dentro de los grupos Negrito (Semang), Senoi y Aborigen-Malayo representan alrededor de 210,000 personas o el 0.7% de la población de Malasia peninsular.

En Sarawak, los pueblos indígenas se conocen colectivamente como nativos (Dayak y / o Orang Ulu). Incluyen el Iban, el Bidayuh, el Kenyah, el Kayan, el Kedayan, el Lunbawang, el Punan, el Bisayah, el Kelabit, el Berawan, el Kejaman, el Ukit, el Sekapan, el Melanau y el Penan, y la cuenta para 1,932,600 personas, o el 70.5% de la población de Sarawak.

En Sabah, los 39 grupos étnicos indígenas diferentes se conocen como nativos o Anak Negeri y constituyen alrededor de 2,233,100 personas o el 58,6% de la población de Sabah. Los grupos principales son los grupos Dusun, Murut, Paitan y Bajau.

Si bien los malayos también son indígenas de Malasia, no están categorizados como pueblos indígenas, porque constituyen la mayoría y son política, económica y socialmente dominantes.

Principales desafíos para los pueblos indígenas de Malasia

En Malasia peninsular hay una clara falta de referencia a los derechos agrarios consuetudinarios de Orang Asli. En Sarawak y Sabah, las leyes introducidas por los británicos durante su régimen colonial que reconocen los derechos consuetudinarios sobre la tierra y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas siguen vigentes. Sin embargo, no se implementan adecuadamente y son ignoradas por el gobierno, que da prioridad a la extracción de recursos a gran escala y las plantaciones de empresas privadas y agencias estatales sobre los derechos e intereses de las comunidades indígenas.