El Mundo Indígena 2025: Kenia
Los pueblos que se identifican con el movimiento indígena en Kenia son principalmente pastores y cazadores-recolectores, así como algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Se calcula que los pastores representan el 25 % de la población nacional, en tanto que la comunidad individual más grande de cazadores-recolectores cuenta con aproximadamente 79.000 integrantes.
Los pastores ocupan principalmente las tierras áridas y semiáridas del norte del país, mientras que en el sur se encuentran en la frontera con Tanzania. Entre los cazadores-recolectores se cuentan los ogiek, los sengwer, los yiaku, los waata y los awer (boni), mientras que los pastores son los turkana, los rendille, los borana, los masai, los samburu, los ilchamus, los somalíes, los gabra, los pokot y los endorois, entre otros. Todos ellos enfrentan una situación de inseguridad en cuanto a la tenencia de tierras y de recursos, una prestación de servicios deficiente, escasa representación política, así como discriminación y exclusión. Su situación parece empeorar cada año, dada la competencia cada vez mayor por los recursos presentes en sus zonas.
Las mujeres indígenas de Kenia se enfrentan a múltiples limitaciones y retos sociales, culturales, económicos y políticos. En primer lugar, por pertenecer a minorías y pueblos marginados a nivel nacional y, en segundo lugar, por prejuicios sociales y culturales internos, los cuales continúan privándolas de igualdad de oportunidades para superar los altos niveles de analfabetismo y pobreza. Asimismo, se les ha impedido tener voz para orientar e influir en la gobernanza cultural y política, así como en las políticas y procesos de desarrollo, debido a la desigualdad en las relaciones de poder, tanto a nivel local como nacional.
Kenia ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), pero no la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) ni el Convenio 169 de la OIT.
El capítulo cuarto de la Constitución keniana contiene una Declaración de Derechos progresista que convierte el derecho internacional en un componente clave de las leyes del país y garantiza la protección de las minorías y los grupos marginados. Los artículos 33, 34, 35 y 36 garantizan la libertad de expresión, de los medios de comunicación, el acceso a la información y el derecho a la reunión. Sin embargo, el principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sigue siendo un reto para los Pueblos Indígenas de Kenia, aunque la Constitución garantiza la participación de la población.[1]
La actual situación económica de Kenia se resume en una crisis irresoluble. El hecho de que un número desproporcionado de comunidades indígenas siga soportando el peso de crisis tras crisis, según lo evidencian los impactos del cambio climático, la inseguridad alimentaria y contra la propia integridad, constituye una grave denuncia contra el status quo.
Pese a algunos cambios en la retórica, los proyectos de financiación climática destinados a la mayoría de las regiones de los Pueblos Indígenas no parecen achicar la brecha de la desigualdad y, en casi todos los casos, están coordinados por las élites.
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos concertados para garantizar los derechos colectivos a la tierra de las comunidades, acciones perturbadoras como el desalojo de la comunidad ogiek son un recordatorio tangible de que aún estamos lejos de garantizar los derechos humanos y, en particular, los derechos de tenencia de la mayoría de las comunidades indígenas de Kenia.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Cambios legislativos
En 2024 se propusieron y debatieron varios proyectos de ley con posibles repercusiones en los derechos y medios de vida de los Pueblos Indígenas.
La Normativa sobre el Cambio Climático (Mercados de Carbono) de 2024
La Normativa sobre Mercados de Carbono de 2024[2] codifica los Principios Básicos del Carbono (PBC) en distintos aspectos e identifica un marco legal para las operaciones del mercado de carbono en Kenia. La normativa establece requisitos específicos que deben cumplir todos los proyectos de carbono, lo que sirve de base para invalidar aquellos que no los cumplan. Los principios permiten a los litigantes formular demandas contra los promotores de proyectos que no cumplan las normas establecidas.
A medida que la ejecución de proyectos de carbono vaya ganando terreno en Kenia, se pondrá a prueba la eficacia de esta normativa. El objetivo principal del marco regulatorio es facilitar la transición del país hacia una economía con bajas emisiones de carbono, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de sus compromisos climáticos internacionales. Para ello, todos los proyectos de carbono deben someterse a una evaluación de impacto ambiental y social que se ajuste a las normas y salvaguardas específicas del sector. Antes de iniciar las operaciones, cada proyecto debe recibir una certificación conforme a las normas internacionales emitido por un organismo reconocido, validado por un auditor independiente y verificado posteriormente para comprobar su apego a la ley y a la normativa.
Un aspecto clave de la normativa es que exige que los proyectos de carbono generen contribuciones sociales. En concreto, los proyectos terrestres deben destinar el 40% de sus ingresos al desarrollo comunitario, mientras que los proyectos no terrestres deben aportar el 25% al desarrollo comunitario y un 25% adicional al Fondo para el Cambio Climático.
Sin embargo, los proyectos de carbono del sector privado ejecutados en terrenos privados están exentos del requisito de contribución social anual.
Un Comité de Desarrollo del Proyecto Comunitario supervisa la gestión y distribución de los beneficios para la comunidad, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Desarrollo Comunitario.
La normativa ha suscitado reacciones encontradas, especialmente entre las comunidades indígenas y de pastores del norte de Kenia. Aunque presenta oportunidades económicas gracias a los proyectos de carbono, también exige potencialmente que las comunidades sacrifiquen medios de vida tradicionales, prácticas de uso de la tierra y patrimonio cultural. Persisten las preocupaciones sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y el costo de oportunidad indefinido para las comunidades que participen en estos proyectos, en particular, la incertidumbre sobre la pérdida que sufren las comunidades en cuanto a tierras de pastoreo, identidad cultural y medios de vida al comprometerse con estos proyectos.
Proyecto de Ley de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Kenia (Enmienda) de 2024
Aunque el Proyecto de Ley de Conservación y Gestión de la Vida Silvestre de Kenia (Enmienda) de 2024[3] aún está en debate parlamentario, propone cambios significativos destinados a mejorar la conservación de la vida silvestre y a abordar las necesidades de las comunidades de pastores. Estas reformas forman parte de la estrategia más amplia de Kenia para equilibrar la conservación de la biodiversidad con medios de vida sostenibles, sobre todo en las regiones áridas y semiáridas, donde el pastoreo es el medio de subsistencia dominante. Las reformas hacen hincapié en una mayor participación de las comunidades locales, incluidos los pastores, en los esfuerzos de conservación de la fauna silvestre, con la creación de Comités Comunitarios de Conservación de la Fauna Silvestre a nivel de condado, responsables de la toma de decisiones y de los mecanismos de distribución de beneficios. Estos comités pretenden garantizar que los pastores tengan voz en la planificación de la conservación y la asignación de recursos.
Sin embargo, las reformas apoyan la expansión de las zonas de conservación comunitarias (CBC), que obligan a los pastores a reservar tierras para la conservación de la fauna silvestre a cambio de beneficios económicos, como ingresos por turismo y oportunidades de empleo. Este impulso ha provocado la fragmentación de las tierras y la restricción del acceso a las zonas de pastoreo, lo que puede repercutir negativamente en los medios de subsistencia de los pastores. Es evidente que el objetivo es aumentar las zonas de conservación para los mercados de carbono, en detrimento significativo de la actividad de pastoreo y la exacerbación de los problemas de acceso a la tierra y los conflictos por los recursos.
Proyecto de Ley del Medio Ambiente (Enmienda) de 2024
El Proyecto de Ley del Medio Ambiente (Enmienda)[4] propone prohibir el pastoreo en los bosques públicos para salvaguardar los ecosistemas forestales y apoyar las iniciativas de reforestación. Esta prohibición se aplicará mediante Planes de Gestión Forestal (PGF) participativos y Acuerdos de Gestión Forestal (AGF) con Asociaciones Forestales Comunitarias (AFC) registradas. Solo a las AFC que lleven a cabo actividades de gestión forestal sostenible se les permitirá acceso controlado. La consecuencia inminente es que las comunidades indígenas pastoralistas y dependientes de los bosques, que requieren de las zonas boscosas para el pastoreo en la estación seca, podrían enfrentar problemas debido a la restricción del acceso. Esto podría aumentar la presión sobre las tierras de pastoreo, que ya son limitadas, lo que a su vez podría agravar los conflictos entre el hombre y la fauna silvestre a medida que el ganado invada los hábitats de esta última.
Proyecto de Ley de Protección y Sostenibilidad de la Ganadería de 2024
El Proyecto de Ley de Protección y Sostenibilidad de la Ganadería[5] implica un cambio significativo en la normativa ganadera, lo que presenta tanto oportunidades como desafíos para el sector. En esencia, la legislación pretende modernizar el sector ganadero mediante sistemas normalizados de clasificación y certificación, con el claro objetivo de mejorar la competitividad del mercado, tanto a escala nacional como internacional.
El énfasis del proyecto de ley en la comercialización y el crecimiento orientado a la exportación podría transformar la estructura del sector. Aunque esto podría crear nuevas oportunidades de mercado y aumentar potencialmente los ingresos del sector en su conjunto, plantea serias dudas en cuanto al futuro de las prácticas de pastoreo tradicionales. La tensión entre la modernización y las prácticas tradicionales emerge como una problemática central, que amenaza no solo el sustento económico de los pastores, sino también su patrimonio cultural y sus sistemas de conocimientos tradicionales.
Foros regionales y defensoría
Conferencia Nacional de Pastores
La primera Conferencia Nacional de Pastores, celebrada en 2024,[6] reunió a las principales partes interesadas para abordar los acuciantes retos a los que se enfrentan las comunidades de pastores, como el cambio climático, la sequía, los conflictos por los recursos y la marginación económica. Organizada del 6 al 8 de noviembre por la Escuela de Gobierno de Kenia (KSG), en colaboración con el Departamento de Estado para las Tierras Áridas y Semiáridas y el Desarrollo Regional, el Consejo de Gobernadores y los socios para el desarrollo del condado de Isiolo, la conferencia hizo hincapié en la transición de la dependencia al fortalecimiento de la resiliencia y la productividad en las regiones de tierras áridas y semiáridas. Las principales recomendaciones se centraron en la coordinación de políticas, el reparto de recursos, la comercialización del ganado y el fomento de capacidades, con el objetivo de transformar el pastoreo en un motor de crecimiento económico. El acto concluyó con un comunicado en el que se esbozaban planes de acción para intervenciones sostenibles y se reforzaba el compromiso de los gobiernos nacionales y de los condados, así como de los agentes del sector privado y la sociedad civil para garantizar un futuro más próspero para las comunidades de pastores.[7]
La Conferencia y Exposición sobre Inversión Minera en Kenia
Entre los días 26 y 27 de noviembre de 2024 se celebró la Conferencia y Exposición sobre Inversión Minera en Kenia,[8] que contó con la colaboración estratégica de la Corporación Minera Nacional, Base Titanium y socios para el desarrollo en Nairobi. El foro se centró en el tema “Explorar el papel de los minerales críticos en el fortalecimiento de los cimientos y el desbloqueo de oportunidades de negocio para un futuro sostenible”.
Las comunidades indígenas desempeñan un papel fundamental en el sector minero de Kenia, en especial mediante la minería artesanal, que proporciona medios de vida a muchas de ellas. Reconociendo sus contribuciones, el Gobierno despenalizó la minería artesanal en 2023, permitiendo a los mineros operar legalmente y organizarse en cooperativas de comercialización. Con ello se pretendía aumentar las oportunidades económicas y mejorar la gobernanza de los recursos del sector.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas de formalización, siguen existiendo importantes retos. Los marcos existentes son insuficientes para garantizar que las comunidades indígenas se beneficien equitativamente de las actividades mineras. Cuestiones como indemnizaciones inadecuadas, traslados forzosos y la impugnación de la propiedad de la tierra siguen asolando a las comunidades afectadas. Estas injusticias ponen de manifiesto las deficiencias estructurales de la gobernanza minera en Kenia, donde las empresas a menudo se aprovechan de las lagunas jurídicas o de la debilidad de los mecanismos de aplicación para eludir la plena rendición de cuentas.
Una de las principales preocupaciones es la falta de mecanismos transparentes y equitativos para la distribución de beneficios. Si bien la compensación es un aspecto clave de los acuerdos mineros, a menudo es inadecuada o se aplica de forma incoherente, sin abordar las repercusiones socioeconómicas y medioambientales a largo plazo. Dada la ampliación del espacio de inversión, lo único que resulta claro es que estos retos persistirán.
Existe una creciente demanda para que las empresas mineras vayan más allá de las compensaciones puntuales e inviertan activamente en el desarrollo sostenible de la comunidad, mediante obras de infraestructuras, educación y rehabilitación medioambiental. Reforzar la supervisión normativa, garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones y hacer que las empresas rindan cuentas son pasos esenciales para lograr un sector minero más justo y sostenible en Kenia.[9]
Litigios
Murusi y otros 17 contra el Gobierno del Condado de Marsabit y otros 3 - Comisión Nacional de Tierras y otro (Partes interesadas) [2024]
Los tribunales kenianos siguieron sirviendo de escenario fundamental para la defensa de los derechos sobre la tierra. La sentencia dictada por el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Isiolo en el caso de Murusi y otras 17 contra el Gobierno del Condado de Marsabit y otras 3; Comisión Nacional de Tierras y otra (Partes interesadas) [2024] KEELC 5374 (KLR),[10] reafirmó los derechos territoriales de las comunidades.
El litigio surgió cuando los representantes de la comunidad Rendille desafiaron al Gobierno del Condado de Marsabit, al Jefe de las Fuerzas de Defensa de Kenia y al Ministerio de Defensa por la asignación de aproximadamente 2.500 hectáreas de tierra Karare-Songa a las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), sin consultar a las comunidades indígenas que tradicionalmente habían ocupado y utilizado la tierra. Los demandantes alegaron que la asignación violaba sus derechos constitucionales a la tierra y no cumplía el requisito legal de adquisición de tierras, lo que los marginaba aún más. Este caso, también conocido como Mohamud Iltarakwa Kochale y otras 5 contra Lake Turkana Wind Power Ltd y otras 4; Aaron Iltele Lesianntam y otras 4 (Partes interesadas) [2021] KEELC 1441 (KLR)[11], puso de relieve la adquisición irregular de 150.000 acres de las tierras de las mismas comunidades, entre otras, reafirmando que la continuación de semejantes adquisiciones forzosas llevaría inevitablemente a la comunidad a la indigencia.
El tribunal falló a favor de los demandantes y ordenó que las Fuerzas de Defensa de Kenia desalojaran las 2.500 hectáreas de tierra. Además, concedió a la comunidad una indemnización por daños y perjuicios de 30 millones de chelines (unos 231.000 USD) a consecuencia del ilícito. Esta sentencia sienta un precedente fundamental al reforzar los requisitos de procedimiento en las expropiaciones, el reconocimiento de los derechos constitucionales y, en particular, el principio de participación significativa de las comunidades indígenas.
Seguimiento del caso de los ogiek en Tanzania
En noviembre de 2024, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Arusha, Tanzania, revisó la ejecución de la sentencia histórica de la Corte Africana durante una audiencia de cumplimiento. Durante esta, se concedió a la República de Kenia un plazo de 90 días, contados a partir del 12 de noviembre de 2024, para presentar su informe sobre las medidas adoptadas para ejecutar las decisiones de la Corte en esta Petición en cuanto al fondo, así como sobre las reparaciones.[12]
Una de las mayores preocupaciones sigue siendo el lento y difícil proceso de restauración de las tierras ogiek. La inacción del Gobierno y los obstáculos burocráticos retrasaron aún más el proceso oficial de demarcación y restitución, dejando a muchas familias ogiek en un estado de incertidumbre.[13] Además, el Gobierno keniano sigue justificando las restricciones al acceso de los ogiek a la tierra alegando esfuerzos de conservación, a pesar de que el tribunal reconoce la coexistencia sostenible de los ogiek con el ecosistema forestal.
Sigue siendo evidente que la lucha de los ogiek por la justicia está lejos de terminar, ya que ahora se ve agravada por el creciente interés de expansión de los mercados de carbono en la región.
Protestas por motivos políticos y activismo juvenil
El año 2024 estuvo marcado por protestas generalizadas, impulsadas en gran medida por los jóvenes en todo el país. Entre los temas centrales figuran los fracasos en la gobernanza, la desigualdad económica y el desempleo. El descontento político alcanzó su punto álgido entre acusaciones de corrupción, mala gestión y distribución desigual de los recursos, tanto a nivel nacional como de condado. Impulsados por las redes sociales, los jóvenes activistas se movilizaron bajo el hashtag #FixKenyaNow (Reparemos a Kenia ya), exigiendo mayor transparencia gubernamental y reformas económicas. Sus llamamientos a la rendición de cuentas se centraron en la mala asignación de los fondos públicos, la necesidad de auditorías presupuestarias y políticas económicas más justas. Aunque las protestas se concentraron principalmente en los grandes centros urbanos, también cobraron fuerza en las regiones de las comunidades indígenas, con manifestaciones en ciudades de los condados de Samburu, Laikipia, Isiolo y Turkana.
Más allá de las preocupaciones por la gobernanza, los agravios económicos fueron el eje central que impulsó las manifestaciones dirigidas por jóvenes. El aumento del desempleo, la inflación galopante y la reducción de las oportunidades desilusionaron a muchos jóvenes, sobre todo a los universitarios, que veían pocas esperanzas de encontrar un empleo significativo. Para los Pueblos Indígenas, estas dificultades económicas se vieron agravadas por injusticias históricas relacionadas con la tierra, los desalojos forzosos y la explotación de recursos en nombre del desarrollo y la conservación.
La dura respuesta del Gobierno, que incluyó detenciones y cierres de acceso a Internet, suscitó las críticas de organizaciones de derechos humanos y puso de manifiesto la actual lucha por una gobernanza democrática.
El movimiento ha ampliado su alcance más allá de su enfoque económico original, reconociendo ahora profundos paralelismos históricos con las luchas de los Pueblos Indígenas. Estos paralelismos son especialmente evidentes en las cuestiones de despojo de tierras y desplazamientos forzosos, que pueden remontarse a la era poscolonial. Este cambio se ve subrayado por la creciente atención que se presta a las continuas violaciones relacionadas con la conservación, un costo real de la conservación que afecta a las comunidades indígenas y que persiste hasta la fecha, tanto en los medios de comunicación convencionales como en los alternativos.
Conclusión
El panorama legislativo y de gobernanza de Kenia en 2024 reflejó una combinación de avances y retos persistentes. Las comunidades indígenas se hacen oír cada vez más a la hora de reivindicar sus derechos y se desenvuelven en un entorno sociopolítico dinámico. Los jóvenes indígenas, en particular, están emergiendo como actores clave del activismo, defendiendo sus derechos, desafiando la mala gobernanza y exigiendo una mayor autonomía en la gestión de sus recursos naturales. Su participación activa en la lucha por la justicia y la equidad, que lleva décadas librándose, es un avance prometedor. A medida que Kenia siga evolucionando, será esencial abordar las disparidades existentes y fomentar políticas integradoras para construir una sociedad más equitativa y resistente.
Mali Ole Kaunga es masái laikipiak y experto en Pueblos Indígenas con un interés especial en los derechos sobre la tierra, el impacto de las inversiones y negocios en los Pueblos Indígenas, y la acción y el movimiento colectivo, así como en el desarrollo de capacidades en torno a los recursos naturales. Es el fundador y Director de IMPACT (Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos, www.impactkenya.org),Ccoordinador de PARAAN (Alianza de Pastores para la Resiliencia y la Adaptación en Todas las Naciones) y Asesor Principal del equipo de investigación de Shared Lands (www.shared-lands.com). Además, es coorganizador de la Alianza de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales para la Conservación en África (www.aica-africa.org).
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Nyanjom, Othieno. “Re-marginalising the pastoralists of Kenya's Asals” (La nueva marginación de los pastores de las tierras áridas y semiáridas de Kenia). African Study Monographs, N.º 50, págs. 43-72, octubre de 2014. https://www.researchgate.net/publication/280572964_Remarginalising_the_Pastoralists_of_Kenya's_ASALs_the_hidden_curse_of_national_growth_and_development
[2] República de Kenia. The Climate Change (Amendment) Bill, 2023 (Proyecto de Ley sobre el Cambio Climático [Enmienda] de 2023). (19 de julio de 2023). http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2023-08/THE%20CLIMATE%20CHANGE%20%28AMENDMENT%29%20BILL%2C%202023.pdf
[3] República de Kenia. The Wildlife and Conservation (Amendment) Bill, 2023 (Proyecto de Ley de la Vida Silvestre y la Conservación [Enmienda], 2023). (10 de octubre de 2023). http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2024-02/The%20Wildlife%20Conservation%20and%20Management%20%28Amendment%29%20Bill%2C%20No.%2046%20of%202023.pdf
[4] República de Kenia. The Environment Laws (Amendment) Bill, 2024 (Proyecto de Ley del Medio Ambiente [Enmienda] de 2024). (12 de abril de 2024). http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2024-09/The%20Environment%20Laws%20(Amendment)%20Bill,%20No.23%20of%202024.pdf.
[5] República de Kenia. The Livestock Protection and Sustainability Bill, 2024 (Proyecto de Ley de Protección y Sostenibilidad de la Ganadería, 2024). (31 de mayo de 2024). http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2024-08/32.%20The%20%20Livestock%20Protection%20and%20Sustainability%20Bill%2CNo.32%20of%202024.pdf
[6] Conferencia Nacional de Pastores. https://npc.co.ke/
[7] Conferencia Nacional de Pastores. “Innovative Solutions and Sustainable Pathways for Building Resilient Pastoral Systems in Kenya” (Soluciones innovadoras y vías sostenibles para construir sistemas pastoriles resilientes en Kenia). Del 6 al 8 de noviembre de 2024. https://npc.co.ke/#:~:text=Develop%20strategies%20to%20end%20drought,climate%20resilience%20through%20livelihood%20diversification.&text=Review%20of%20county%20government%20structures,service%20delivery%20in%20pastoral%20counties.
[8] NAMICO, Corporación Minera Nacional. Conferencia y exposición sobre inversión minera en Kenia, 26 al 27 de noviembre de 2024. https://www.nmckenya.go.ke/kenya-mining-investment-conference-and-exhibition-26-27-nov-2024
[9] Agencia Gubernamental de Publicidad.(21 de mayo de 2024). Kenya hosts historic mining investment conference, set to boost sector visibility (Kenia es la anfitriona de una conferencia histórica sobre inversión minera, posicionada para impulsar la visibilidad del sector). https://mygov.go.ke/kenya-hosts-historic-mining-investment-conference-set-boost-sector-visibility
[10] Kenya Law. Murusi & 17 others v County Government of Marsabit & 3 others; National Land Commission & another (Interested Parties) (Environment & Land Petition 007 of 2021) (Murusi y otras 17 contra el Gobierno del Condado de Marsabit y otras 3; Comisión Nacional de Tierras y otra [Partes interesadas] [Petición de Medio Ambiente y Tierras]) [2024] KEELC 5541 (KLR) (19 de julio de 2024) (Sentencia). https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/keelc/2024/5541/eng@2024-07-19
[11] Kenya Law. Mohamud Iltarakwa Kochale & 5 others v Lake Turkana Wind Power Ltd & 4 others; Aaron Iltele Lesianntam & 4 others (Interested Parties) (Mohamud Iltarakwa Kochale y otras 5 contra Lake Turkana Wind Power Ltd y otras 4; Aaron Iltele Lesianntam y otras 4 [Partes interesadas])[2021] KEELC 1441 (KLR). 19 de octubre de 2021. https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/keelc/2021/1441/eng@2021-10-19
[12] Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia. (12 de noviembre de 2024).
[13] Koech, B.C. y Simiyu, R. (2023). “Challenges and Opportunities Resulting from Mau Forest Evictions of Ogiek Community, Kenya” (Desafíos y oportunidades resultantes de los desalojos de la comunidad ogiek en el bosque de Mau, en Kenia). African Journal of Empirical Research, 4(2), pp. 304-314.
Etiquetas: Clima, Juventud, Conservación
