El Mundo Indígena 2023: Kenia
Los pueblos que se identifican con el movimiento indígena en Kenia son principalmente pastores y cazadores-recolectores, así como algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Se calcula que los pastores representan el 25 % de la población nacional, en tanto que la comunidad individual más grande de cazadores-recolectores cuenta con aproximadamente 79.000 integrantes.
Los pastores ocupan principalmente las tierras áridas y semiáridas del norte del país y por el sur se encuentran en la frontera con Tanzania. Entre los cazadores-recolectores se cuentan los ogiek, los sengwer, los yiaku, los waata y los awer (boni), mientras que los pastores son los turkana, los rendille, los borana, los masái, los samburu, los ilchamus, los somalíes, los gabra, los pokot, los endorois, entre otros. Todos ellos enfrentan una situación de inseguridad en cuanto a la tenencia de tierras y de recursos, a una prestación de servicios deficiente, una escasa representación política, además de discriminación y exclusión. Su situación parece empeorar cada año, dada la competencia cada vez mayor por los recursos presentes en sus zonas.
Las mujeres indígenas de Kenia se enfrentan a múltiples limitaciones y retos sociales, culturales, económicos y políticos. En primer lugar, por pertenecer a minorías y pueblos marginados a nivel nacional y, en segundo lugar, por prejuicios sociales y culturales internos, los cuales continúan privándolas de igualdad de oportunidades para superar los altos niveles de analfabetismo y pobreza. Asimismo, les ha impedido amplificar su voz para orientar e influir en la gobernanza cultural y política, así como en las políticas y procesos de desarrollo, debido a la desigualdad en las relaciones de poder tanto a nivel local como nacional.
Kenia ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni el Convenio 169 de la OIT.
El capítulo cuarto de la Constitución keniana contiene una Declaración de Derechos progresista que convierte el derecho internacional en un componente clave de las leyes del país y garantiza la protección de las minorías y los grupos marginados. Los artículos 33, 34, 35 y 36 garantizan la libertad de expresión, de prensa, de información y de reunión. Sin embargo, el principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sigue siendo un reto para los pueblos indígenas de Kenia, aunque la Constitución garantiza la participación de la población.
El costo de la sequía
En julio de 2022, se estimaba que la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria ascendía a 3,5 millones, reflejo del empeoramiento de la inseguridad alimentaria provocada principalmente por las malas temporadas de lluvias de los últimos cuatro años.[1] Más del 77,5 % de esta población se encuentra en las zonas de pastoreo de los condados de Turkana, Baringo, Mandera, Garissa, Marsabit y Samburu. Por ejemplo, la tasa de mortalidad del ganado en el condado de Marsabit se registró en 8 %, y en los condados de Samburu y Mandera llegaba al 10 %.[2] Se calcula que el costo que tuvo la sequía para la economía en el año 2022 rondará los 10.700 millones de KES o chelines kenianos (unos 79 millones de euros), provocado en gran medida por la mala planificación y las respuestas reaccionarias de las autoridades responsables. Los numerosos desafíos que plantea la sequía han exponenciado la vulnerabilidad de la población indígena dedicada al pastoreo.
Uno de los retos identificados en la gestión de la respuesta a la sequía se deriva de la centralización y la falta de titularidad, de recursos y de tecnología a nivel de los gobiernos condales, lo que les impide anticiparse o minimizar la magnitud de las pérdidas y los daños que generalmente se producen al comenzar las sequías. Además, el sistema de gestión de la sequía no tiene una vinculación sólida con las asignaciones de recursos a nivel de los condados, lo que hace que las acciones de mitigación de la sequía dependan totalmente de acciones nacionales centralizadas.[3] La ausencia de fondos de contingencia supone un obstáculo para la gestión de la sequía y las respuestas a nivel de los condados y de las comunidades. Del mismo modo, las respuestas reaccionarias frente a los planes estratégicos, que podrían influir en la futura preparación ante la sequía, han contribuido sistemáticamente a la crisis que afecta de forma negativa a las comunidades de pastores desde hace años, lo que supone un riesgo para sus medios de subsistencia.
La campaña para rechazar el proyecto de Ley de Conservación y Gestión Forestal (Enmienda) de 2021
La propuesta de Ley de Conservación y Gestión Forestal (Enmienda) de 2021 pretendía minimizar el papel del Servicio Forestal de Kenia (KFS), permitiendo a los políticos la potestad de decidir quién puede cambiar los límites de los bosques. Además, abriría la puerta a la destrucción forestal y pondría en peligro los bosques indígenas, así como a la biodiversidad que albergan. Habría allanado el camino a las escisiones forestales y a la subsiguiente lucha por los bosques sin la intervención del Servicio Forestal de Kenia.[4] Esto suscitó esfuerzos concertados entre ecologistas, conservacionistas y partes interesadas indígenas, todos orientados hacia una campaña para rechazar el proyecto de enmienda a través de los medios de comunicación locales y cartas abiertas al presidente. El resultado final fue que el proyecto de enmienda caducó el 9 de junio de 2022, lo cual fue recibido con beneplácito en las comunidades indígenas y supuso un gran alivio para los bosques del país, al tiempo que reveló un profundo conocimiento por parte de los ciudadanos y las instituciones kenianas en cuanto a las implicaciones de la enmienda para la sostenibilidad de la silvicultura.
Adopción por la Asamblea Nacional del Documento de Sesiones N.º 3 relativo al Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
Kenia es el segundo país africano en trasladar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) al ámbito nacional a través del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, publicado y puesto en marcha en 2019. La Asamblea Nacional lo adoptó formalmente el 2 de noviembre de 2022 mediante el Documento de Sesiones N.º 3, por el cual entra en vigor su aplicación.
Las áreas temáticas del Plan de Acción Nacional incluyen la tierra y los recursos naturales, el trabajo, la transparencia de los ingresos, la protección del medio ambiente y las barreras procesales para acceder a los recursos. El Documento de Sesiones enumera una serie de compromisos políticos, entre ellos la exigencia de llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos; elaborar directrices procesales inclusivas para su implementación por parte de empresas, particulares y comunidades en sus negociaciones sobre el acceso y la adquisición de tierras; hacer cumplir todas las leyes aplicables; así como respetar las leyes y las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente en lo que respecta a estos asuntos territoriales, a la gestión de recursos naturales, del medio ambiente y a la gestión de ingresos.
La adopción del Documento de Sesiones N.º 3 se produce en un momento crítico ya que Kenia está firmando acuerdos que permitirán que continúen las inversiones en tierras de pueblos indígenas. La historia de las inversiones en Kenia y sus retos, junto con el incumplimiento de los procesos judiciales, ponen a disposición de nuevos y posibles inversionistas importantes lecciones aprendidas, por ejemplo, en los ámbitos de la transición a las energías renovables y los megaproyectos. Dichas lecciones y la historia pueden servir como referencia, que las comunidades indígenas pueden aprovechar a la hora de hacer valer sus derechos humanos relacionados con las inversiones.
Proyecto de ley sobre recursos naturales (reparto de beneficios) de 2022
Este proyecto de ley pretende llevar a la práctica el artículo 69 de la Constitución de Kenia, que impone al Estado la obligación de “garantizar la explotación, utilización, gestión y conservación sostenibles del medio ambiente y los recursos naturales, y garantizar el reparto equitativo de los beneficios obtenidos”.
Aunque se espera que el proyecto de ley establezca un sistema y una estructura claros de reparto de beneficios entre los explotadores, el gobierno nacional, el gobierno condal y las comunidades locales, la cuestión de qué significa “equitativo” cobra mayor relevancia. El sistema de reparto propuesto por el proyecto de ley asigna apenas un mísero 12,8 % de los beneficios de los recursos naturales a proyectos comunitarios y asigna desproporcionadamente el 68 % al gobierno nacional. Además, propone la asignación del 19,2 % del dinero a proyectos que abarquen el condado en su conjunto. La desproporcionada asignación de fondos no tiene en cuenta el hecho de que las comunidades indígenas y locales soportan los mayores costos de la explotación de los recursos.
Del mismo modo, la definición de recursos naturales acordada en el proyecto de ley propuesto no incluye los recursos que figuran en la definición del artículo 259 de la Constitución de Kenia, que abarca los recursos energéticos renovables, los minerales y los combustibles fósiles. En cambio, define a los recursos naturales como luz solar, recursos hídricos, biodiversidad forestal y recursos genéticos, recursos de fauna silvestre, pesca industrial y viento. De aprobarse en su estado actual, el proyecto de ley excluiría a las comunidades indígenas donde hoy se explota energía geotérmica, minerales petrolíferos y otros recursos naturales.
Kenia en la COP 27
El actual gobierno ha heredado los planes trazados en su Visión 2030, cuyo objetivo de transformar Kenia en un Estado industrializado depende vitalmente de la utilización de energías limpias. Como muestra de la reafirmación de este compromiso durante la COP 27, el presidente firmó un acuerdo marco con un inversionista para colaborar en el desarrollo de industrias ecológicas sostenibles en Kenia con el fin de producir 30 gigavatios de hidrógeno ecológico en el país.[5] La producción de hidrógeno verde aprovechará el exceso de energía geotérmica,[6] y destaca aún más la noción de que los recursos geotérmicos se encuentran en tierras de los pueblos indígenas. La empresa inversionista tiene previsto asentar una planta de hidrógeno y amoníaco en el condado de Nakuru, cerca de una zona ya disputada que alberga la central geotérmica más grande de Kenia, Olkaria IV. Entre las polémicas relacionadas con Olkaria se encuentran el desplazamiento de más de 1.200 residentes de la comunidad masái, amenazas e intimidación a defensores de los derechos humanos, indemnizaciones inadecuadas y alteración de los medios de subsistencia. El levantamiento de la planta de amoníaco propuesta representa otra fuente de problemas para los pueblos indígenas de la zona, que ya afrontan numerosos desafíos derivados de la exploración geotérmica.
Las inversiones existentes y en curso en energías renovables han planteado graves problemas a las comunidades indígenas, cuyas tierras albergan recursos energéticos renovables. Los métodos de inversión, desde la adquisición de tierras hasta la indemnización de las comunidades afectadas, han estado plagados de numerosas injusticias. El marco firmado durante la COP 27 pretende asentar un parque eólico y una planta de amoníaco en un paisaje predominantemente indígena, y si se toman como referencia las inversiones renovables anteriores, la cuestión de una transición energética justa pone de relieve innumerables injusticias energéticas.[7]
El caso de Lake Turkana Wind Power
El 19 de octubre de 2021, el tribunal superior de Meru dictó sentencia en el caso de Lake Turkana Wind Power, en la cual señaló que la revocación de las parcelas de tierra conocidas como LR 28031/1, de aproximadamente 40.000 acres, y LR 28031/2, de aproximadamente 110.000 acres, ambas situadas en Loiyangalani, South Horr (condado de Marsabit), era irregular, ilegal e inconstitucional. A su vez, indicó que los títulos expedidos a Lake Turkana Wind Power eran irregulares e ilegales, por lo que el tribunal declaró que debían ser anulados. Asimismo, el tribunal otorgó un plazo de un año al gobierno del condado de Marsabit, al fiscal general, al jefe del registro de tierras y a la Comisión Nacional de Tierras para cumplir estrictamente con las disposiciones de la ley vigente sobre el proceso de revocación, so pena de que los títulos queden anulados y las tierras en litigio se reviertan a la comunidad.[8]
El demandado en este caso interpuso un recurso de reconsideración cinco meses después de que se dictara la sentencia, en el que señalaba que no se habían tomado medidas tangibles para hacer cumplir las leyes vigentes relativas a la revocación de las tierras en litigio. La reconsideración está actualmente en curso; se ha dado una prórroga de seis meses al plazo para el cumplimiento dispuesto por el tribunal, hasta que se dicte sentencia con respecto al recurso.
Aunque la reconsideración afirma introducir “nuevas” pruebas al tribunal, es evidente que el demandado no discute el hecho de que el proceso de revocación de las tierras en litigio fue irregular. Por lo tanto, a pesar de la solicitud de reconsideración, no está en duda la irregularidad en el proceso de adquisición de dichas tierras.
Sentencia de reparación de los ogiek
La histórica sentencia de reparación del 23 de junio de 2022 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el caso de los ogiek[9] reafirmó y defendió los derechos del pueblo indígena Ogiek a su tierra ancestral, tras la histórica sentencia dictada en mayo de 2017.[10] La Corte ordenó al gobierno de Kenia a pagar una indemnización de 57.850.000 KES (unos 429.000 euros) en concepto de perjuicio material por la pérdida de bienes y recursos naturales, y de 100.000.000 KES (alrededor de 741.000 euros) por el perjuicio moral sufrido por los ogiek debido a la violación del derecho a la no discriminación, a la religión, a la cultura y al desarrollo.[11] Asimismo, la Corte ordenó reparaciones no monetarias, incluida la restitución de las tierras ancestrales de los ogiek y su pleno reconocimiento como pueblos indígenas. En concreto, la Corte ordenó al gobierno keniano que llevara a cabo la delimitación, demarcación y titulación para proteger los derechos de propiedad de los ogiek en torno a su ocupación, uso y disfrute del bosque de Mau y sus recursos.
Las dos sentencias sientan un precedente fundamental para los pueblos indígenas de Kenia y de toda África en su lucha por el reconocimiento, y son muy significativas para todos los pueblos indígenas del continente que han luchado contra injusticias históricas como los desalojos forzosos de sus tierras ancestrales. La sentencia de reparación consolida la de 2017, que hacía énfasis en las acciones y las prácticas de conservación dirigidas por los gobiernos que han perjudicado continuamente a los pueblos indígenas de toda África.
Cumbre de las Tierras de los Pueblos Indígenas de África Oriental
La Cumbre de las Tierras de los Pueblos Indígenas de África Oriental se celebró del 21 al 25 de noviembre de 2022 en Nanyuki, condado de Laikipia, en Kenia. Fue convocada conjuntamente por el Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos (IMPACT) de Kenia y la Alianza de Pastores para la Resiliencia y la Adaptación en los Pastizales del Norte (PARAN). La Cumbre reunió a más de 350 representantes de organizaciones y redes de pueblos indígenas de África Oriental procedentes de Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Burundi, RDC y Etiopía, incluidos pastores, habitantes de humedales y bosques, cazadores y recolectores, mujeres, jóvenes y personas con discapacidades, así como a funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras de Kenia, el Ministerio de Tierras, Planificación Física y Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo Urbano, gobiernos condales (Laikipia, Samburu, Isiolo, Turkana, Mandera y Marsabit), la Asamblea Legislativa de África Oriental, la Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en el desarrollo que colaboran con otros socios. El lema de la Cumbre fue “Amplificación de las voces colectivas de los pueblos indígenas a través de diálogos inclusivos y aprendizaje para mejorar los derechos sobre la tierra para la subsistencia y la conservación en África Oriental”.[12]
Uno de los temas más debatidos fue la conservación, con especial atención en los modelos de los pueblos indígenas. Como punto de partida del debate sobre el valor y la importancia de la seguridad de los derechos sobre la tierra y la conservación tradicional, se señaló que asegurar los derechos sobre la tierra es uno de los principales retos a los que se enfrentan los modelos tradicionales de conservación. Del mismo modo, los efectos del cambio climático suponen un reto para la conservación, como lo demuestra el aumento de los conflictos entre el hombre y la fauna silvestre debido a la disminución de los recursos. Representantes de toda África Oriental señalaron que, a pesar de que los pueblos indígenas son los custodios de sus tierras, fauna y entorno natural, algunos de ellos viven como ocupantes ilegales lejos de sus tierras ancestrales, habiendo perdido miles de hectáreas en favor de la conservación estilo fortaleza.
Durante la Cumbre también se identificaron los siguientes retos:
- Los pueblos indígenas siguen luchando por el reconocimiento legal de sus tierras, territorios y aguas, así como de su identidad jurídica y cultural y otros derechos humanos, evidenciado en los casos por injusticias históricas que todavía están en curso en diversos tribunales nacionales y regionales.
- El aumento de casos y amenazas de desalojo forzoso y desplazamiento de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales, la pérdida de vidas, tierras y medios de subsistencia, y la consiguiente criminalización de tales medios de subsistencia en aguas y territorios disputados.
- Lentitud de los procesos y falta de compromiso por parte de los gobiernos nacionales y subnacionales en relación con el proceso de facilitar la documentación y el registro de las tierras de los pueblos indígenas, y de resolver las disputas sobre estas.
- Incumplimiento por parte de los gobiernos y los inversionistas privados de la aplicación del principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) a la hora de adquirir tierras de los pueblos indígenas, ignorando sus derechos a la toma de decisiones, la negociación para el reparto de beneficios, la valoración justa y la compensación oportuna.
- El intento de algunos gobiernos e inversionistas privados de realizar pruebas piloto de un nuevo “modelo de inversión en tierras” que pretende equiparar y sustituir la compensación justa y significativa de las tierras de los pueblos indígenas con la responsabilidad social corporativa.
- El aumento de la degradación de la tierra y los impactos de los peligros inducidos por el clima afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas, hombres, mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidades; reducen la productividad de la tierra, aumentan la pobreza y el hambre, y debilitan la capacidad de resiliencia y adaptación. En ocasiones, los pueblos indígenas han tenido que soportar el peso de las acciones de mitigación del clima y los esfuerzos implementados por los gobiernos, como los desalojos de tierras y territorios a fin de allanar el camino para proyectos de energía verde (solar, eólica e hidroeléctrica) implementados sin CLPI.
- La inadecuación o la falta de mecanismos, políticas y estrategias de coordinación a nivel nacional y subnacional o condal para la producción ganadera, la comercialización y el valor añadido siguen poniendo en riesgo los medios de subsistencia de las comunidades de pastores de los pueblos indígenas, que podrían sufrir grandes pérdidas debido a riesgos climáticos como la sequía.
- La falta de datos desglosados por género sobre los aspectos sociales y económicos de los pueblos indígenas, fundamentales para informar acerca de sus necesidades y su potencial, dificulta el desarrollo y la aplicación de políticas sobre pastoreo, medios de vida y conservación que sean sensibles en cuanto al tema de género.[13]
Mali Ole Kaunga es masái laikipiak y experto en pueblos indígenas con un interés especial en los derechos sobre la tierra, el impacto de las inversiones y negocios en los pueblos indígenas, y la acción y el movimiento colectivo, así como en el desarrollo de capacidades en torno a los recursos naturales. Es fundador y director de IMPACT (Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos)[14] y coordinador de PARAN (Alianza de Pastores para la Resiliencia y la Adaptación en los Pastizales del Norte). Es asesor principal del equipo de investigación de Tierras Compartidas.[15] Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] República de Kenia. “The 2022 Long Rains Season Assessment Report.” (Informe extenso de evaluación de la temporada de lluvias de 2022). Grupo Directivo para la Seguridad Alimentaria de Kenia (KFSSG). Julio de 2022. Disponible en https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-2022-long-rains-season-assessment-report-august-2022
[2] Ibídem.
[3] Roba, G.M. “Drought in Kenya: Time to shift from crisis to risk management.” (Sequía en Kenia: es hora de pasar de la crisis a la gestión de riesgos). The Elephant, 18 de marzo de 2022. Disponible en https://www.theelephant.info/op-eds/2022/03/18/drought-in-kenya-time-to-shift-from-crisis-to-risk-management/
[4] Chen, Kang-Chun. “Indigenous communities uncertain over proposed change to Kenyan Forest law.” (Incertidumbre entre las comunidades indígenas ante la propuesta de modificación a la ley forestal keniana). Mongabay, 21 de febrero de 2022. Disponible en https://news.mongabay.com/2022/02/indigenous-communities-uncertain-over-proposed-change-to-kenyan-forest-law/
[5] República de Kenia. “Remarks by His Excellency Hon. William Samoei Ruto, PhD., C.G.H., President of The Republic of Kenya and Commander-In-Chief of the Defence Forces, on Behalf of The African Group and Kenya at the 27th Conference of Parties (COP 27) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” (Discurso de su excelencia, el honorable William Samoei Ruto, PhD, C.G.H., presidente de la República de Kenia y Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa, en nombre del Grupo Africano y de Kenia en la 27.a Conferencia de las Partes [COP 27] de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC]). Egipto, 7 de noviembre de 2022. Disponible en https://unfccc.int/sites/default/files/resource/KENYA_cop27cmp17cma4_HLS_ENG.pdf
[6] O´Farell, Seth. “Kenya's FFI Green Hydrogen deal: ‘Other countries will follow suit’.” (El acuerdo de Kenia con FFI para hidrógeno verde: otros países seguirán su ejemplo). FDi Intelligence, 14 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.fdiintelligence.com/content/interview/kenyas-ffi-green-hydrogen-deal-other-countries-will-follow-suit-81645
[7] Kanyinke, Sena. “Renewable Energy Projects and the Rights of Marginalized/Indigenous Communities in Kenya.” (Los proyectos de energías renovables y los derechos de las comunidades marginadas e indígenas en Kenia). 2015.
[8] Sentencia del caso. República de Kenia en el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Meru. Caso ELC N.º 163 de 2014. Disponible en https://www.cases.sheriahub.com/the_case/S3huSWFobVMvTlluSlJTTnZVeE1SdFNwSnFHeHpnPT0/
[9] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia. 2022.
[10] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia. 26 de mayo de 2017.
[11] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia. 2022.
[12] “East Africa Indigenous Peoples’ Land Summit 2022 Final Declaration” (Declaración final de la Cumbre de las Tierras de los Pueblos Indígenas de África Oriental de 2022). 2022.
[13] Ibídem.
[14] IMPACT (Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos), www.impactkenya.org
[15] Tierras Compartidas, https://shared-lands.com/
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