El Mundo Indígena 2022: Kenia
En Kenia, los pueblos que se identifican con el movimiento indígena son principalmente los pastoralistas y los cazadores-recolectores, así como también algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Se estima que los pastoralistas constituyen el 25 % de la población nacional, mientras que la mayor comunidad de cazadores-recolectores es de aproximadamente 79.000 personas. Los pastoralistas ocupan principalmente las tierras áridas y semiáridas del norte del país y hacia la frontera entre Kenia y Tanzania en el sur. Entre los cazadores-recolectores se encuentran los ogiek, sengwer, yiaku, waata y awer (boni), mientras que en los pastoralistas figuran los turkana, rendille, borana, masái, samburu, ilchamus, somali, gabra, pokot, endorois, entre otros. Todos ellos se enfrentan a inseguridad en la tenencia de la tierra y los recursos, a deficiente prestación de servicios, escasa representación política, discriminación y exclusión. Su situación parece empeorar cada año, con una creciente competencia por los recursos localizados en sus zonas.
Las mujeres indígenas de Kenia se enfrentan a múltiples limitaciones y desafíos sociales, culturales, económicos y políticos. En primer lugar, por pertenecer a minorías y pueblos marginados a nivel nacional y, en segundo lugar, por prejuicios culturales y sociales internos. Estos prejuicios han seguido negando a las mujeres indígenas la igualdad de oportunidades para superar los altos niveles de analfabetismo y pobreza. También les han impedido que su voz sea escuchada para contribuir con sus conocimientos y puntos de vista e influir en la gobernanza cultural y política y en las políticas y procesos de desarrollo, debido a las desiguales relaciones de poder tanto a nivel local como nacional.
Kenia ha ratificado el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni el Convenio 169 de la OIT.
El capítulo cuatro de la Constitución de Kenia contiene una progresista Carta de Derechos que hace del derecho internacional un componente clave de las leyes del país y garantiza la protección de las minorías y los grupos marginados. En virtud de los artículos 33, 34, 35 y 36, se garantiza la libertad de expresión, los medios de comunicación y el acceso a la información y la asociación. Sin embargo, el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sigue siendo un reto para los pueblos indígenas de Kenia, aunque la Constitución garantiza la participación del pueblo.
Protección de las tierras comunitarias
Con la promulgación de la Ley de Tierras Comunitarias (Community Land Act, CLA) de 2016, las comunidades indígenas aprovecharon su efecto impulsor empleando este marco actual de tenencia de la tierra para autoorganizarse con la finalidad de tener en propiedad su tierra comunitaria y asegurar así sus plenos derechos a la tierra. Por tanto, en 2021 los pueblos indígenas y las minorías de Kenia pudieron celebrar que diez comunidades realizaron la transición a tierras comunitarias de conformidad con la mencionada ley y obtuvieron sus títulos de propiedad de la tierra[1]. El hito histórico fue el Memorando de Entendimiento entre la organización indígena, Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación del Conflicto (Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation, IMPACT), y la Comisión Nacional de Tierras, que culminó en la Cumbre Nacional sobre las Tierras que se celebró del 24 al 26 noviembre de 2021 y que reunió a delegados comunitarios de 24 condados (con más de 200 participantes), representantes gubernamentales de condados, Miembros del Comité Ejecutivo de Condados (County Executive Committee Members), registradores de tierra comunitaria de los condados, el Gobierno nacional (Ministerio de Tierras y Planificación Física, Ministerio de Interior y Coordinación del Gobierno Nacional), la Comisión Nacional de Tierras, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en cuestiones relativas a garantizar plenos derechos sobre las tierras comunitarias.
El empoderamiento jurídico ha jugado un papel crucial para potenciar la aplicación de la Ley de Tierras Comunitarias. Las comunidades han contado con el asesoramiento de asistentes jurídicos comunitarios para cumplir con todos los requerimientos de la ley, tales como mapear las tierras, crear acuerdos sobre delimitación y establecer normas para la gestión de las tierras[2]. Asimismo, esos asesores han ayudado a las comunidades a presentar sus solicitudes de registro ante el gobierno nacional, uno de los pasos finales para inscribir las tierras en el registro de la propiedad. Las mujeres indígenas han estado involucradas en el proceso y en el desarrollo de las ordenanzas territoriales. Son miembros de los Comités de Gestión de las Tierras Comunitarias y también participan en las asambleas comunitarias, actualizando los registros de las tierras comunitarias.
Creación de la Asociación de Propietarios de Tierras Comunitarias de Kenia (CLOAK)
La Asociación de Propietarios de Tierras Comunitarias (Community Land Owners Association of Kenya, CLOAK) se fundó y estableció en septiembre de 2021 por parte de comunidades de Laikipia que habían obtenido el título de propiedad de tierras. Se trata de una entidad jurídica coordinadora a nivel nacional, sin carácter político y sin ánimo de lucro, que representa a todos los propietarios de tierras comunitarias de Kenia. Su documento de inscripción se ha presentado en el registro de sociedades, adscrito a la Oficina del Fiscal General del país. CLOAK tiene una estructura gestora bien definida a través de la cual desempeña el mandato establecido en sus estatutos y en el documento de desarrollo de estrategias. Su objetivo general es amplificar, fortalecer y consolidar las voces y los derechos de los propietarios de tierras comunitarias en la gestión de sus recursos naturales. La formación de CLOAK sustentará y reforzará los derechos colectivos sobre tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y las minorías frente a amenazas actuales y emergentes de proyectos de inversión gubernamentales y privados que se propongan sobre sus tierras y territorios.
Declaración histórica de las personas mayores para poner fin a la mutilación genital femenina en Kenia
La Ley de Protección Contra la Mutilación Genital Femenina fue promulgada en 2011 y revisada en 2012. Sin embargo, no ha conseguido la aceptación ni la voluntad política de la élite de las comunidades que predominantemente perpetúan esta práctica. Cifras de World Vision indican una prevalencia estimada del 94 % y 95 % de dicha práctica respectivamente entre los pokot y samburu[3] y del 98 % en las comunidades somalíes. La mutilación genital femenina también es practicada entre hablantes de maa, además de los samburu, aunque sucede y se realiza en secreto. Tan solo salen a la luz los casos cuando la víctima muere por una gran hemorragia. El decreto presidencial sobre la ejecución de la Ley de Mutilación Genital Femenina y la declaración de los mayores, cuando los representantes de la Junta Contra la Mutilación Genital Femenina fueron a seis colinas en Samburu y Marsabit para concienciar sobre las negativas repercusiones de la práctica, llevó a la Declaración de Kisima, de la que fue testigo en marzo de 2021 el presidente de Kenia[4]. Mediante esta declaración, los mayores dieron su respaldo a la ley y compartieron la titularidad del proceso de abogar por la erradicación de la práctica de mutilación genital femenina.
Desafortunado antes de esta resolución de las personas mayores, 79 niñas que optaban al Certificado de Educación Primaria de Kenia en Samburu no pudieran realizar el examen de 2021 debido a la prevalencia cultural de la mutilación genital femenina. Penalizar las prácticas de mutilación genital femenina –por ejemplo, arrestando o amenazando a mayores y jefes gubernamentales– no ha sido efectivo. Algunas comunidades llevan a cabo esta práctica clandestinamente (por la noche), lo que resulta incluso más peligroso.
Campañas de consentimiento libre, previo e informado
El consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es un derecho específico que pertenece a los pueblos indígenas y está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Les otorga la potestad de dar o negar el consentimiento a un proyecto que podría afectarles a ellos o a sus territorios. Una vez que han dado su consentimiento, pueden retirarlo en cualquier momento[5]. Además, el CLPI les permite negociar las condiciones bajo las que el proyecto será diseñado, implementado, supervisado y evaluado. Esto está también integrado dentro del derecho universal a la libre determinación.
En 2021, los pueblos indígenas y las minorías de Kenia han realizado un enorme progreso en reivindicar el reconocimiento del CLPI en todas las esferas del desarrollo. IMPACT y la Alianza PARAN, compuesta por una mezcla de pueblos indígenas y minorías (pastoralistas, cazadores-recolectores, pescadores, comunidades forestales y agropastoralistas), desarrollaron, mediante un proceso participativo, un set de herramientas de CLPI que las comunidades pueden utilizar en negociaciones con gobiernos, inversores y el sector privado –e incluso internamente para formalizar acuerdos–. Estas herramientas aún tienen que finalizarse y se han de realizar pruebas piloto, y todo se hará con la participación de comunidades que están inmersas en graves circunstancias por la falta del CLPI. Por tanto, en 2022 un punto de partida para su aplicación práctica serán las comunidades afectadas por el proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana en el condado de Marsabit y los espacios de conservación de fauna y flora silvestre de Kipeto e Ingwesi en los condados de Nakuru y Laikipia, respectivamente.
Ley Nacional de Cambio Climático a nivel de condados
La Ley de Cambio Climático de 2016[6] preparó el camino para que los condados elaboraran su propia legislación de cambio climático. El Proyecto de Ley de Cambio Climático del Condado de Laikipia de 2021 se desarrolló para crear un mecanismo que mejorara, sustentara y financiara actividades, programas y proyectos relativos a la temática en el condado, integrando el cambio climático en diferentes sectores, coordinando la recopilación y divulgación pública de información para crear concienciación y preparación, y respaldando proyectos y actividades de mitigación y adaptación siguiendo la iniciativa de las comunidades. La ley asigna al condado el mandato de crear un fondo contra el cambio climático para ayudar a las comunidades a implementar directamente proyectos y actividades relacionados con el clima, intentando así crear una sociedad justa. Otro de los condados que ha promulgado dicha ley es Isiolo, donde el 2 % del presupuesto está reservado para acciones relacionadas con el cambio climático. El fondo también abrirá una vía para que organizaciones de la sociedad civil trabajen junto con el gobierno para facilitar e implementar algunos proyectos dentro de sus áreas de trabajo.
En línea con la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, y a través de la directiva del presidente, en 2021 el Gobierno nacional asignó dos mil millones de chelines kenianos para apoyar a los pastoralistas, para amortiguar las consecuencias de la sequía que ha devastado sus bienes productivos. A su vez, durante 2021, el agua escaseó y los conflictos originados por los recursos naturales se intensificaron entre los pueblos pastoralistas indígenas, con pérdida de vidas y mayor tensión. El daño y la pérdida en los bienes de los pueblos indígenas ha empobrecido aún más a muchos hogares. En respuesta a su grave situación, el gobierno proporcionó a los pastoralistas forraje, gránulos y multivitamínicos complementarios para su ganado.
Estrategia de recuperación económica por el COVID-19 y vacunación 2020-2022
La puesta en marcha de la estrategia de recuperación por el COVID-19 para los años 2020-2022 del Gobierno de Kenia propició la relajación de algunos impuestos a empresas y un período de gracia en préstamos e intereses debido al cierre de algunas de ellas. Además, estableció un fondo para empresarios y negocios con el fin de que pudieran reconstruirse y volver a funcionar. Sin embargo, esto no se aplicó a pastoralistas y minorías que no tenían una garantía subsidiaria con la que acceder a fondos de las instituciones de financiación.
Las mujeres sufrieron las peores consecuencias de la pandemia, teniéndose que trasladar a centros urbanos para trabajar como sirvientas domésticas en un entorno que no les es familiar, y se les maltrata y se les paga salarios muy bajos. Algunas mujeres optaron por la prostitución, lo que no es aceptable para pueblos indígenas y minorías y sus prácticas tradicionales. Sin embargo, tuvieron que recurrir a ello por falta de alternativas, exponiéndose a la explotación y al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
El programa nacional de vacunación obligatoria para el COVID-19 del gobierno ha comenzado y todos los gobiernos condales tienen su propia estrategia. Ha habido alguna oposición a la vacunación masiva. El Ministerio de Salud hizo pública la resolución de que no sería posible acceder a los servicios gubernamentales sin un certificado de vacunación. La Iglesia Católica y algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que esto es una vulneración de la Carta de Derechos y que negará a millones de personas el acceso a servicios esenciales. A su vez, Human Rights Watch presentó una demanda ante un juez del Tribunal Supremo de Kenia y el tribunal suspendió esta decisión[7]. Acceder a las vacunas supone un desafío para las comunidades que viven en áreas remotas, lejos de los hospitales gubernamentales y privados donde se administrará la vacuna del COVID-19.
Uno de los mayores impactos mundiales del COVID-19 fue la pérdida de salarios dignos y la interrupción de los medios de vida. Según un estudio realizado por ONU Mujeres, más de la mitad de las mujeres encuestadas indicó que habían experimentado maltrato físico y verbal desde el inicio de la pandemia. Adolescentes que no pudieron continuar en la escuela terminaron inmersas en el ámbito del sexo comercial e ilegal, una de las peores formas de explotación infantil, y en el consumo de drogas y sustancias, exponiéndose a hostigamiento por parte de sus clientes o jefes. La violencia de género en el hogar proliferó, así como también los matrimonios precoces forzados, los embarazos de adolescentes y las elevadas tasas de abandono escolar.
Sistema educativo de marcos curriculares articulados en torno a las competencias
Aunque bueno en el papel, el nuevo sistema escolar de planes de estudios enfocados en las competencias (Competency Based Curriculum, CBC), que fue introducido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para sustituir o eliminar gradualmente el sistema 8-4-4 del país, comenzó su implementación con un planteamiento equivocado. El carácter dogmático del enfoque del Ministerio bajo la secretaría del gabinete de educación se encontró con resistencia de los padres y el sector privado. El sector educativo ya se ha visto negativamente afectado por el COVID-19 y la transición está resultando muy cara para los padres. No hubo tiempo para llevar a cabo consultas en profundidad que permitieran a las partes interesadas analizar los requisitos necesarios para facilitar una transición fácil.
El nuevo plan de estudios centrado en competencias se basa en la consideración general de que todos los niños y niñas provienen de un mismo entorno en términos de desarrollo socioeconómico, tecnológico y de infraestructuras. El despliegue del aprendizaje digital, que estaba planeado antes de que estallara la pandemia del COVID-19 y que incluía proporcionar a cada niño una tableta, no se consiguió[8]. Con el COVID-19, la situación incluso empeoró en el caso de las zonas de pueblos indígenas y minorías, cuya infraestructura no está adaptada al aprendizaje digital porque viven en zonas pobres y remotas sin conexión a Internet ni electricidad.
El coste de ignorar los derechos humanos y a los pueblos indígenas
En una sentencia histórica del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Kenia en Meru, los títulos de propiedad de la tierra en la que se asienta el proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana (Lake Turkana Wind Power, LTWP) fueron declarados “irregulares e ilegales”. El caso, que comenzó en octubre de 2014 y concluyó finalmente el 19 de octubre de 2021, dictaminó que los títulos de propiedad fueron adquiridos de manera irregular.
Los pueblos indígenas de esta zona se han quejado desde hace mucho tiempo de que este proyecto, entre otras cuestiones, nunca siguió los debidos protocolos de CLPI o de adecuada compensación cuando se realizaron los arrendamientos de las tierras (99 años); y que todo ello, en suma, violaba leyes de tierras antiguas y actuales.
El 19 de octubre de 2021, tras siete años de espera, un tribunal compuesto por tres magistrados –el parlamentario Njoroge, (juez presidente), J. G. Kemei (juez) e Y. M. Angima (juez) – dictaminaron que la tierra concedida al proyecto LTWP (ascendiendo a 150.000 acres) fue adquirida de manera irregular, ilegal e inconstitucional y que los títulos de propiedad debían ser anulados. No obstante, el Tribunal dio al gobierno del condado de Marsabit, al jefe del registro de tierras, al fiscal general y a la Comisión Nacional de Tierras un año para cumplir con las leyes existentes en apartar la tierra en la que se ha establecido este proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana.
Mali Ole Kaunga es Laikipiak Masái y experto en pueblos indígenas, con especial interés en los derechos a las tierras, el impacto de inversiones/empresas en los pueblos indígenas y el fortalecimiento de acciones/movimientos colectivos y capacitación en materia de recursos naturales. Es el fundador y director de IMPACT (Indigenous Movement for Peace Advancement and Conflict Transformation – www.impactkenya.org) y coordinador de la Alianza PARAN (Pastoralists Alliance for Resilience in Northern Rangelands). Es asesor superior del equipo investigador de Shared Lands. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
David N. Silakan, coordinador de la Alianza PARAN, y miembros del equipo de IMPACT también participaron en la elaboración de este artículo.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Informe Anual 2021 de IMPACT, pág.6. No publicado.
[2] Climate Justice Resilience Fund. “Indigenous communities raise their voices to secure land rights in northern Kenya”. Climate Home News, 18 de octubre de 2021. https://www.climatechangenews.com/2021/10/18/indigenous-communities-raise-voices-secure-land-rights-northern-kenya/.
[3] Ooko, Sarah. “Elders make historic declaration to end FGM and child marriage in Kenya”. World Vision, 9 de abril de 2021. https://www.wvi.org/stories/kenya/elders-make-historic-declaration-end-fgm-and-child-marriage-kenya
[4] State House Kenya. “President Uhuru Kenyatta presides over the unveiling of a landmark declaration by Samburu elders to end Female Genital Mutilation (FGM) and child marriages among the community at Kisima Grounds in Samburu County”. Twitter, 5 de marzo de 2021. https://twitter.com/statehousekenya/status/1367820335328923649.
[5] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Pueblos Indígenas. Consentimiento Libre, Previo e Informado”. https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/es/.
[6] República de Kenia. Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. “Volumen especial. Suplemento del Boletín Oficial de Kenia N.º 68 (Leyes N.º 11). República de Kenia. Suplemento del Boletín Oficial de Kenia. Leyes, 2016. Nairobi, NAIROBI, 22 de marzo de 2016”. http://www.environment.go.ke/wp-content/uploads/2018/08/The_Kenya_Climate_Change_Act_2016.pdf.
[7] Yusuf, Mohammed. “Kenyan Court Suspends Directive Barring Unvaccinated from Government Services”. Voice of America (VOA), 14 de diciembre de 2021. https://www.voanews.com/a/kenyan-court-suspends-directive-barring-unvaccinated-from-government-services/6354409.html.
[8] Digital literacy programme on course. Kenya News Agency, 16 de septiembre de 2021. https://www.kenyanews.go.ke/digital-literacy-programme-on-course/.
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
